nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL-COMPIN

C.A. de Santiago Santiago, diez de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 27: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social -en adelante, SUSESO- por haber dictado la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-111572-2025, de fecha 13 de agosto de 2025, mediante la cual dicho organismo rechazó la solicitud de reconsideración de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado, que otorgaron 60 días de licencia médica al recurrente a contar del 16 de febrero de 2024. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 9 y 24 de la Carta Fundamental.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que se desempeña como funcionario del Departamento de Educación de la Municipalidad de La Cruz desde el mes de enero del año 2013, encontrándose su relación laboral regida por las normas del Código del Trabajo. Señala que en el mes de febrero del año 2023 comenzó a padecer un cuadro de depresión y estrés laboral que, en conjunto con otras situaciones de índole personal, motivó que su médico tratante le extendiera licencia médica.

Indica que dicho cuadro clínico se agravó significativamente a partir del 17 de julio de 2023, fecha en que su pareja -con quien convivió por más de diez años- sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) fulminante que provocó su deceso el 23 de julio del mismo año, es decir, tan solo seis días después del evento. Refiere que como consecuencia directa de dicho acontecimiento, desarrolló diversas patologías clínicas, a saber: cuadro depresivo moderado, Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y duelo en resolución; todo ello con sintomatología que incluía insomnio, labilidad emocional, anhedonia y episodios de angustia, los cuales le impedían desarrollar tanto sus labores de trabajo como las actividades domésticas cotidianas, presentando además falta de concentración.

Por estas razones, debió someterse a reposo médico continuado, debidamente respaldado por licencias médicas extendidas por profesional competente. Sin embargo, COMPIN de Viña del Mar–Quillota procedió al rechazo de dichas licencias, motivando la interposición de recursos ante la SUSESO.

Agrega que, con fecha 30 de junio de 2025, la SUSESO dictó la Resolución Exenta N°R-01-S-90317-2025, confirmando el rechazo de las licencias médicas sin alterar su criterio, pese a la existencia de un nuevo informe emitido por su médico tratante. Contra dicha resolución, el recurrente solicitó reconsideración, acompañando nuevos antecedentes médicos que daban respuesta a los requerimientos formulados por la propia SUSESO en sus resoluciones de rechazo. No obstante, mediante la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-111572-2025, de 13 de agosto de 2025, la SUSESO desestimó la reconsideración, argumentando que los documentos aportados no constituían "nuevos antecedentes" y que lo ya presentado había sido ponderado previamente.

En lo relativo a los antecedentes médicos específicamente aportados, refiere que, en tres oportunidades distintas y sucesivas, se acompañaron informes elaborados por el especialista tratante: en primer término, un informe de fecha 28 de febrero de 2025, que constata la persistencia de síntomas clínicos incompatibles con la reincorporación laboral y prescribe reposo absoluto; en segundo lugar, un informe de fecha 9 de abril de 2025, que reitera la incapacidad laboral del recurrente, detallando el diagnóstico, la evolución clínica y la necesidad de reposo prolongado conforme a la lex artis médica; y, finalmente, un informe de fecha 4 de julio de 2025, que confirma la evolución desfavorable de la patología y la necesidad de mantener el reposo, descartando en forma explícita la posibilidad de alta médica durante el período correspondiente. Todos estos antecedentes, a juicio del recurrente, fueron ignorados por la autoridad recurrida al dictar la resolución impugnada.

En lo que dice relación con los fundamentos jurídicos esgrimidos, sostiene que el acto impugnado adolece de ilegalidad, por cuanto desconoce la finalidad de las licencias médicas como instrumento de protección de la salud y la seguridad social, contraviniendo lo dispuesto en la Ley N°16.395 y en el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

Asimismo, arguye que la resolución impugnada infringe los principios que informan la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, en particular el deber de fundamentación de los actos administrativos, toda vez que el dictamen cuestionado se limita a descartar los antecedentes médicos sin efectuar un análisis clínico actualizado conforme a lo informado por el médico tratante.

Añade que la resolución resulta además arbitraria, en cuanto se apoya en una mera presunción administrativa -la supuesta falta de justificación del reposo- sin respaldo médico concreto, y desconoce informes clínicos válidamente emitidos por profesional competente.

Sostiene que se afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, por cuanto el rechazo de la licencia médica -instrumento de protección de la salud- importa una revictimización del recurrente, quien además de padecer sus dolencias debe enfrentar una resolución ilegal que desconoce su condición clínica; que se vulnera la igualdad ante la ley garantizada en el artículo 19 N°2, al haberse fundado la resolución en un criterio meramente temporal y no en las condiciones clínicas particulares del afectado, omitiendo el trato proporcional que exige la igualdad sustantiva; que se lesiona el derecho a la protección de la salud del artículo 19 N°9, al privársele del ejercicio pleno de los derechos que el sistema de salud escogido le confiere, entre los cuales se encuentra precisamente el uso de la licencia médica extendida por el facultativo habilitado; y que se conculca el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, toda vez que el rechazo de la licencia genera la obligación de reintegro de las remuneraciones percibidas durante el período de reposo, privándole de un derecho patrimonial incorporado a su patrimonio conforme al artículo 110 de la Ley N°18.883 y al artículo 63 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud.

Por estas razones, solicita que se declare que la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-111572-2025 es ilegal y arbitraria; se dejen sin efecto los rechazos de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado; se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social disponer la autorización de dichas licencias para todos los efectos legales; y se condene a la recurrida al pago de las costas del recurso.

SEGUNDO: Que, informa el Secretario Regional Ministerial de salud de la Región Metropolitana en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (Compin R.M), quien refiere que las licencias médicas reclamadas por el usuario, fueron tramitadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Valparaíso, por lo que señala que debe solicitarse informe a esa subcomisión.

TERCERO: Que, a su turno informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de esa región.

En cuanto a los antecedentes de hecho, refiere que el recurrente presentó licencias médicas por patología psiquiátrica desde el mes de febrero del año 2023 hasta el mes de marzo del año 2025, acumulando un total de 420 de reposo autorizados por dicha causa.

Refiere que dicho rechazo, no fue adoptado de manera arbitraria, sino que se sustentó en informes médicos requeridos a los profesionales que extendieron las licencias, conforme consta en la cartola médica en la que se registran las anotaciones de tres médicos contralores, quienes concluyeron que los antecedentes presentados resultaban insuficientes para justificar el reposo prolongado más allá del ya autorizado.

Agrega recurrida la decisión de la COMPIN ante la Superintendencia de Seguridad Social, este organismo dictó la Resolución Exenta N°R-01-IBS-123503-2024, de fecha 2 de agosto de 2024, por medio de la cual instruyó autorizar cuatro de las licencias reclamadas -completando un total de trescientos sesenta días autorizados- pero confirmó el rechazo de las licencias N°RUT reservado y N°RUT reservado, materia del presente recurso, por estimar que el reposo ya autorizado resultaba suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral del recurrente, de acuerdo con los antecedentes médicos evaluados.

Interpuesta posteriormente una solicitud de reconsideración, la Superintendencia de Seguridad Social emitió la Resolución Exenta N°R-01-S-69696-2025, de fecha 23 de mayo de 2025, que confirmó los rechazos, y luego, ante recurso de reposición, reiteró dicho rechazo mediante la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-111572-2025, de fecha 13 de agosto de 2025, al no haberse aportado nuevos antecedentes a los ya examinados previamente.

En cuanto al derecho aplicable y los fundamentos para solicitar el rechazo del recurso, en primer lugar, en lo que respecta al marco normativo aplicable, sostiene que la tramitación, aprobación, rechazo o modificación de una licencia médica se encuentra regulada por el D.S. N° 3 de 1984 y por el D.S. N°7 de 2013, ambos del Ministerio de Salud. Conforme al artículo 3° del D.S. N°7 de 2013, en los casos de reposo continuo y a partir de la tercera licencia médica, la COMPIN se encuentra en la obligación de adoptar alguna de las medidas contempladas en las letras a), b), d) y e) del artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, entre las cuales se cuenta la de solicitar al profesional que expidió la licencia que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento.

Al respecto, e sostiene que la COMPIN dio cabal cumplimiento a dicha exigencia, al requerir informes médicos complementarios a los profesionales tratantes, los cuales fueron analizados por los médicos contralores competentes, quienes estimaron que los antecedentes recibidos resultaban insuficientes para avalar el reposo solicitado.

En segundo lugar, argumenta que las licencias médicas rechazadas no dan cumplimiento a las guías clínicas referenciales establecidas en el artículo 4° del D.S. N°7 de 2013, específicamente en lo relativo a las patologías mentales. En efecto, la compareciente señala que las licencias reclamadas presentan las siguientes deficiencias: no fueron otorgadas por médico psiquiatra, siendo que las guías exigen dicha especialidad a partir del día sesenta y uno de reposo continuo; no contienen informe de especialista en psiquiatría; no se adjunta antecedente que explique la refractariedad o resistencia al tratamiento, ni se da cuenta de evaluaciones periódicas ni de tratamiento farmacológico, psicoterapia o intervenciones psicosociales; carecen del peritaje psiquiátrico requerido para la prórroga del reposo entre sesenta y ciento ochenta días; y la duración de cada licencia excede el plazo máximo de quince días señalado en las guías clínicas para su otorgamiento. En suma, la compareciente concluye que las licencias cuestionadas no satisfacen los requisitos de admisibilidad establecidos por la normativa vigente al momento de su emisión.

En tercer lugar, el informe refuta la alegación del recurrente en cuanto a que las resoluciones de la COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social carecerían de fundamentación. Al respecto, sostiene que, si bien las anotaciones en la Cartola Médica pueden ser escuetas, ello obedece a la necesidad práctica de sintetizar los elementos dirimentes del análisis efectuado, sin que tal circunstancia implique ausencia de estudio integral de los antecedentes. Por lo demás, las resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social expresan con claridad los razonamientos y motivaciones que sustentan la decisión final, de modo que la afirmación de la recurrente en cuanto a la falta de fundamentación resulta manifiestamente errada.

En cuarto lugar, la compareciente arguye la ausencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Al efecto, argumenta que las decisiones adoptadas por la COMPIN y por la Superintendencia de Seguridad Social se enmarcan dentro de las facultades que el ordenamiento jurídico les confiere, habiendo sido adoptadas por profesionales competentes, dentro de un procedimiento legalmente tramitado y respetando las vías de impugnación correspondientes, a las que el recurrente efectivamente recurrió. Por ende, no cabe calificar tales actuaciones de ilegales, arbitrarias, caprichosas, irracionales o carentes de motivación.

En quinto lugar, destaca que la acción de protección constitucional tiene naturaleza eminentemente cautelar, por lo que no resulta la vía idónea para revisar las decisiones de fondo adoptadas por los organismos administrativos competentes en materia de licencias médicas. Si la recurrente pretende la revisión judicial de dichas decisiones, deberá ejercerla mediante el procedimiento de lato conocimiento que corresponda. A mayor abundamiento, la compareciente sostiene que la recurrente carece de un derecho indubitado, toda vez que el derecho al goce del descanso y del subsidio patrimonial nace únicamente una vez que la autoridad administrativa competente aprueba la licencia y los antecedentes clínicos que la respaldan, situación que no ha ocurrido respecto de las licencias cuestionadas.

Por lo expuesto requiere que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en autos, con costas, habida cuenta de la falta de fundamento de la acción intentada.

CUARTO: Que, informa la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, refiere que el recurrente interpone la presente acción de protección en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-111572-2025, de fecha 13 de agosto de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual se rechazó el cuarto recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente con fecha 7 de julio de 2025, confirmando así el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 16 de febrero de 2024. Dicho rechazo había sido dispuesto originariamente por la Subcomisión Viña del Mar–Quillota COMPIN Región de Valparaíso, al estimar que el reposo prescrito por el médico tratante no se encontraba justificado conforme a los antecedentes médicos del caso.

En este contexto, la parte recurrida hace presente que la resolución impugnada no constituye sino la sexta confirmación de una decisión de rechazo que ha sido objeto de sucesivas revisiones tanto en sede administrativa como ante la propia Superintendencia, que son la Resolución Exenta N°R-01-S-47122-2024, de 21 de marzo de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado; la Resolución Exenta N°R-01-IBS-123503-2024, de 2 de agosto de 2024, que acogió parcialmente el primer recurso de reposición autorizando cuatro licencias pero confirmando el rechazo de las licencias que son objeto del presente recurso; y, posteriormente, las Resoluciones Exentas N°R-01-S-43728-2025, N°R-01-S-69696-2025 y N°R-01-S-90317-2025, de fechas 2 de abril, 23 de mayo y 30 de junio de 2025, respectivamente, que rechazaron sucesivamente los recursos de reposición interpuestos por el recurrente respecto de las mismas licencias médicas.

En primer lugar, alega la manifiesta falta de oportunidad en la interposición de la acción constitucional, señalando que ésta habría sido deducida una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos que establece el numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. En efecto, refiere que consta en autos que el actor tuvo conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas desde que optó por reclamar de ello ante la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 2024, ocasión en que impugnó lo resuelto por la COMPIN sin ejercer en ese momento la acción constitucional. En consecuencia, al interponer el recurso de protección recién el 20 de agosto de 2025, la parte recurrente dejó transcurrir sobradamente el plazo legal previsto para el ejercicio de esta acción cautelar.

En subsidio de la excepción de extemporaneidad, solicita el rechazo del recurso en cuanto al fondo, en virtud de los siguientes fundamentos:

En primer término, hace presente respecto los antecedentes clínicos del recurrente fueron examinados por tres médicos psiquiatras pertenecientes a la Unidad Médica del Departamento Contencioso de dicho organismo, a saber, la Dra. nombre reservado, la Dra. nombre reservado y el Dr. nombre reservado, todos los cuales coincidieron en concluir que el reposo prescrito por el médico tratante respecto de las licencias médicas reclamadas en autos no se encontraba justificado. En particular, los informes dieron cuenta de que el recurrente contaba ya con 360 días de licencia médica autorizados por la misma patología -episodio depresivo moderado-, y que los informes médicos complementarios aportados por éste no describían evolución clínica, compromiso funcional, ajustes farmacológicos ni plan de reintegro laboral que justificara la extensión del reposo más allá de dicho período.

En segundo lugar, sostiene que su actuación se ajustó íntegramente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, en particular, a lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N°16.395, que le confiere el carácter de autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión social; al D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud; y al D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas. En consecuencia, sostiene que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte.

Como tercer punto, refiere que el recurrente no es titular de un derecho preexistente e indubitado que haya podido ser objeto de privación, perturbación o amenaza en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que el derecho al subsidio por incapacidad laboral no nació a la vida jurídica al no haberse cumplido el requisito fundamental de contar con una licencia médica previamente autorizada por el organismo competente. Recalca que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no genera, por sí solo, derecho de propiedad alguno sobre el eventual subsidio, pues para ello se requiere, además, la autorización de la licencia por la COMPIN o la ISAPRE correspondiente y el cumplimiento de los requisitos de afiliación y cotizaciones previstos en el D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Finalmente, aduce que la materia debatida en autos dice relación esencialmente con el derecho a la seguridad social, garantía consagrada en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la cual se encuentra expresamente excluida del ámbito de amparo de la acción de protección por no estar contemplada en la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental. En consecuencia, sostiene que la acción deducida resulta improcedente desde una perspectiva constitucional.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— que provoque alguna de las situaciones descritas.

SEXTO: Que, en primer término, en relación con la alegación de extemporaneidad formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, cabe señalar que el recurrente tomó conocimiento de lo resuelto por esa entidad desde la primera Resolución dictada por dicha Superintendencia, esto es, la R-01-IBS-123503-2024, de 2 de agosto de 2024, sin que en esa oportunidad ejerciera la acción constitucional. Si bien formalmente se encontraría dentro del plazo respecto de la resolución impugnada, dictada el 13 de agosto de 2025, consta que la recurrente ha presentado diversas solicitudes de reconsideración ante la instancia administrativa; en concreto, solo respecto de las resoluciones de la Superintendencia, se dictaron las Resoluciones Exentas N° R-01-S-43728-2025, R-01-S-69696-2025 y R-01-2-90317-2025, de fechas 2 de abril, 23 de mayo y 30 de junio, todas de 2025, lo que lleva a concluir que el actor al impugnar el último rechazo, ha generado artificiosamente el plazo para recurrir de protección.

Sostener lo contrario, implicaría que al instar por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, y aún agotado en todas sus instancias el procedimiento administrativo, lo que contraviene la finalidad de la presente acción cautelar.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio que lo anterior basta para desestimar la presente acción, en relación con las demás alegaciones cabe tener en cuenta lo siguiente.

Respecto de la alegación de improcedencia de la acción de protección basado en la exclusión que realiza el artículo 20 de la garantía prevista en el artículo 19 N°18, cabe señalar que el recurso no se funda en el derecho a la seguridad social- sino en las garantías consagradas en los numerales 1°, 2°, 9° y 24° del mismo artículo, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad. Por lo tanto, la alegación de improcedencia formal formulada por la Superintendencia de Seguridad Social en razón de tratarse de una materia de seguridad social debe ser rechazada.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, de la lectura de las Resoluciones Exentas impugnadas -en particular la N°R-01-UNAAD-111572-2025, de 13 de agosto de 2025, así como las que le precedieron- se advierte que las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado, que otorgaban 60 días de reposo al recurrente a contar del 16 de febrero de 2024, fueron rechazadas por la causal de reposo no justificado, atendida la falta de cumplimiento de los criterios técnico-médicos establecidos en la normativa vigente. En consecuencia, las autoridades competentes estimaron que no se justificaba la prolongación del reposo más allá de los 360 días previamente autorizados por la misma patología.

NOVENO: Que, el artículo 149 del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud -texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.469- regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea el régimen de prestaciones de salud. El artículo 156 del mismo cuerpo legal contempla el beneficio de licencia médica, definido en el artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud como el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, en cumplimiento de una indicación profesional certificada y autorizada por la COMPIN o la institución de salud previsional correspondiente. De acuerdo con dichas normas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, lo que resulta particularmente relevante en el presente caso, en que el recurrente ya contaba con 360 días de reposo autorizados por idéntica patología psiquiátrica.

DÉCIMO: Que, a su vez, el procedimiento para la autorización de licencias médicas se encuentra regulado en los artículos 11 y siguientes del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, correspondiendo a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -en el caso de trabajadores cotizantes de FONASA, como el recurrente- pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias extendidas por el facultativo tratante. En el presente caso, la Subcomisión Viña del Mar–Quillota de la COMPIN Región de Valparaíso actuó dentro del marco de su competencia al rechazar las licencias N°RUT reservado y N°RUT reservado, fundando su decisión en los informes emitidos por tres médicos contralores, quienes concluyeron que los antecedentes presentados resultaban insuficientes para justificar la extensión del reposo solicitado, considerando además que las licencias cuestionadas no cumplían con las exigencias del D.S. N°7 de 2013 en materia de patologías de salud mental -entre ellas, la exigencia de que las licencias extendidas más allá del día 61 de reposo continuo sean otorgadas por médico psiquiatra-.

En efecto, del expediente administrativo acompañado por la recurrida SUSESO, consta que la licencia médica objeto del recurso fue emitida por un médico general, sin contar con la especialidad en psiquiatría, requisito exigido por el D.S. N° 7 del Ministerio de Salud, a fin de autorizar las licencias médicas por patología psiquiátrica, superiores a sesenta días.

UNDÉCIMO: Que la Ley N°16.395 otorga a la COMPIN la calidad de organismo técnico de fiscalización en materia de previsión, conforme a cuyas facultades conoció y resolvió, dentro del ámbito de su competencia, el rechazo de las licencias médicas materia del presente recurso. Asimismo, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 N°18 inciso 4° de la Constitución Política y al artículo 2° de la Ley N°16.395, modificado por la Ley N° 20.691 de 2013, en concordancia con los artículos 27 y 38 del mismo cuerpo legal. En ejercicio de dichas atribuciones, la SUSESO revisó en reiteradas oportunidades la decisión de rechazo, confirmándola mediante las Resoluciones Exentas N° R-01-IBS-123503-2024, N° R-01-S-43728-2025, N°R-01-S-69696-2025, N° R-01-S-90317-2025 y, finalmente, la N°R-01-UNAAD-111572-2025, objeto del presente recurso.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo expuesto, la actividad desplegada por la Superintendencia de Seguridad Social se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, la SUSESO confirmó el rechazo de las licencias impugnadas previo examen de los antecedentes clínicos del actor, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejando debida constancia de los fundamentos de su decisión.

DÉCIMO TERCERO: Que, si bien el recurrente sostiene que los informes médicos aportados no fueron debidamente valorados al dictarse la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-111572-2025, de 13 de agosto de 2025, del examen del expediente administrativo es posible advertir que el único antecedente cuya fecha es posterior a la Resolución Exenta N°R-01-S-90317-2025, de 30 de junio de 2025 -que rechazó el tercer recurso de reposición-, lo sería el informe médico de 4 de julio de 2025. Sin embargo, revisado el contenido de dicho documento, se constata que no hace sino reiterar los mismos antecedentes clínicos ya contenidos en el informe de 9 de abril de 2025, sin aportar nuevos elementos relativos a la evolución del estado de salud del recurrente, a modificaciones en el esquema farmacológico, a la respuesta al tratamiento ni a la existencia de un compromiso funcional no descrito con anterioridad. Por lo tanto, bien hizo la autoridad recurrida al estimar que dicho documento no constituía un antecedente nuevo que justificara alterar lo ya resuelto, no pudiéndose calificar de arbitraria o ilegal dicha apreciación técnica.

DÉCIMO CUARTO: Que, por consiguiente, lo decidido guarda plena correspondencia con el concepto de temporalidad inherente a las licencias médicas que establece el artículo 1° del D.S. N° 3 de 1984, en cuanto define la licencia médica como el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada durante un determinado lapso de tiempo, con la finalidad de recuperar su salud y reintegrarse a sus labores. En el caso de autos, habiéndose autorizado ya 360 días de reposo por la misma patología psiquiátrica que afecta al recurrente -episodio depresivo moderado con comorbilidades-, y no habiéndose acreditado mediante antecedentes médicos idóneos la necesidad de extender dicho período en los términos que exige la normativa aplicable, la decisión de rechazo adoptada por los organismos recurridos no puede calificarse de ilegal ni arbitraria, más aún, teniendo en cuenta que según consta de la documentación adjunta al expediente administrativo, hay un certificado emitido por la encargada del Departamento de Personal de la Municipalidad de la Cruz dando cuenta del reintegro del recurrente a sus labores desde el 16 de abril de 2024, motivo por el cual la resolución impugnada constituye el resultado de un análisis técnico fundado, adoptado por autoridades competentes en el ejercicio regular de sus atribuciones.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18574-2025.