Protección contra sus progenitores

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Pablo Rodríguez Lizana, en representación del Hospital Luis Tisné Brousse (Hospital Santiago Oriente), quien interpone recurso de protección en favor de la niña nombre reservado, nacida el NUM000 de 2026, en contra de sus progenitores, don nombre reservado y doña nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo a la inmunización definida por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondiente a la vacuna BCG (Bacillus de Calmette y Guérin) contra la tuberculosis, como asimismo las vacunas contra la Hepatitis B pediátrica y Virus Respiratorio Sincicial (VRS), lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°1 y 9 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte se proceda a la administración de dichas vacunas a la recién nacida, con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario, con costas.

Refiere que el NUM000 de 2026 en dependencias del Hospital Santiago Oriente nació la niña individualizada, y que las vacunas contra la tuberculosis, hepatitis B y virus respiratorio sincicial, conforme al plan nacional de inmunización, deben ser administradas rutinariamente a todos los lactantes debido al riesgo de exposición a dichas enfermedades, por lo cual, la vacunación a la recién nacida debe ser cuanto antes, ya que de la temprana administración resulta en un alto nivel de protección.

Menciona que no obstante aquello, y pese a haber entregado a los recurridos la información pertinente conforme a la Ley N°20.584, éstos manifestaron su consentimiento en la administración de vitamina K a la recién nacida, pero su expreso rechazo a la administración de las vacunas obligatorias que establece el PNI, a saber las vacunas contra la tuberculosis y hepatitis B, como asimismo la del virus respiratorio sincicial, que si bien no es obligatoria, está destinada a proteger a los lactantes frente a infecciones respiratorias graves causadas por dicho virus. Lo anterior, por considerar que generarían condiciones desfavorables, además de tener aprensiones por antecedentes de alergias de la madre, lo que formalizaron mediante la suscripción de la "Declaración de nombre reservado de Vacunación".

Argumenta que en estas circunstancias, y con el fin de proteger a la lactante de autos, resulta imperioso que esta Corte adopte medidas destinadas a resguardar sus derechos, por constituir la conducta de los progenitores una vulneración del derecho a la vida e integridad física de su hija, al privarla de contar con medios esenciales para evitar enfermedades infectocontagiosas, cuya prevención y eficacia han sido avaladas por la evidencia científica, y por lo mismo se han dispuesto por la autoridad sanitaria como obligatorias para la población por el Programa Nacional de Inmunización, en concreto, para todos los recién nacidos del territorio nacional, sin distinción de su condición previsional ni del establecimiento asistencial en el que se produzca el nacimiento, al menos tratándose de la tuberculosis y hepatitis B.

Manifiesta que el rechazo a la inmunización no puede considerarse una mera opción personal o de conciencia, pues la autonomía de los padres tiene como límite el interés superior del niño, atendido lo dispuesto en la Ley N°21.430, comprometiendo el acto impugnado la salud y vida de la lactante ante enfermedades prevenibles por vacunación, interrumpiendo además el efecto protector de la inmunidad de grupo, en tanto objetivo sanitario de la autoridad, valor protegido por la Constitución en el artículo 19 N°9.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que se acoja el presente arbitrio, y se restablezca el imperio del derecho, en los términos antes mencionados.

SEGUNDO: Que, informa la abogada Javiera Cabezas León, en representación de los recurridos, quienes solicitan el rechazo de la acción deducida, con costas.

Relata que la controversia se origina en el proceso de gestación, parto y hospitalización de su hija nombre reservado, período que califican como emocionalmente complejo, agregando que la madre habría experimentado reacciones adversas a diversos fármacos administrados durante el puerperio, sumado a antecedentes personales de alergias medicamentosas, circunstancias que, en su conjunto, motivaron la decisión de postergar, y no rechazar de manera absoluta o definitiva, la administración del esquema de vacunación correspondiente al período neonatal, mientras recababan mayores antecedentes sobre el estado de salud de su hija, tratándose entonces de una decisión adoptada desde la preocupación por el bienestar de su hija, y con la intención de informarse mejor antes de someterla a nuevas intervenciones.

Refiere que, tras su nacimiento, nombre reservado ha sido sometida a controles y seguimientos médicos periódicos por profesionales particulares, recibiendo orientación respecto de la conveniencia de eximir temporalmente a su hija del esquema de vacunación, luego de exponerles los antecedentes familiares y médicos que les generaban preocupación a los recurridos, manteniendo acompañamiento y controles médicos particulares, siendo una decisión adoptada a partir de la experiencia que vivieron durante su atención en el sistema de salud público, el que asocian a sentimientos de temor, alerta, angustia y un desgaste emocional significativo.

Sostiene que durante la hospitalización de su hija, cuando manifestaron su decisión de no administrar en ese momento la vacuna correspondiente al período neonatal, solo les hicieron presente que debían cumplir con la obligación de vacunación, pero sin explicarles detalladamente la información necesaria o darles alternativas frente a sus inquietudes, enfatizando que los recurridos se encuentran plenamente comprometidos con la protección de la vida, salud y bienestar integral de nombre reservado, asumiendo activamente las responsabilidades inherentes a su rol parental respecto de aquellas decisiones que puedan incidir en su desarrollo presente y futuro, no siendo su decisión una oposición general a las políticas públicas de salud ni a los programas de inmunización existentes, sino la manifestación de la preocupación que tienen por el bienestar de su hija.

Argumenta que existen antecedentes médicos que fundamentan y respaldan de la inoculación de las vacunas de autos, contemplando el artículo 33 del Código Sanitario la posibilidad de eximir temporalmente determinadas vacunaciones obligatorias cuando se mantiene tal respaldo, siendo deber de los recurridos como padres resguardar la vida, salud e integridad de su hija, que es precisamente lo que manifiestan estar haciendo, considerando su interés superior, puesto que no han abandonado la atención sanitaria para ella, sino que han procurado contar con orientación profesional respecto de las decisiones futuras relacionadas con su salud y con un eventual esquema de vacunación.

Hace presente que las vacunas correspondientes al período neonatal fueron diseñadas para ser administradas durante los primeros días de vida del lactante, por lo que a la fecha ha transcurrido la oportunidad originalmente prevista para su administración conforme al calendario establecido en el Esquema Nacional de Inmunización contenido en el Decreto Exento N°50, de Salud, lo que resulta especialmente relevante en estos autos.

Precisa que los recurridos deben adoptar decisiones sobre la base de información suficiente, actualizada y comprensible, considerando las circunstancias particulares de la niña, y tratándose de acciones que afectan a personas menores de edad, son sus padres, en tanto representantes legales de nombre reservado, quienes tienen la potestad de decidir sobre cuestiones vinculadas con su salud, no pudiendo en consecuencia derivarse de la sola oposición o postergación de la inoculación de las vacunas que se pretende aplicar a la niña, una conducta arbitraria o ilegal que vulnere derechos fundamentales, ya que no existe en autos una negativa absoluta e irreflexiva a la atención sanitaria, sino una determinación adoptada en consideración a las circunstancias particulares que rodearon el nacimiento de su hija, a sus antecedentes familiares, y a las preocupaciones que surgieron a partir de la experiencia hospitalaria vivida vinculada con su nacimiento.

Por estas consideraciones, solicitan en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado los padres de la niña de autos la inmunización definida por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud de Chile, correspondiente a la vacuna contra la tuberculosis y hepatitis B pediátrica, como asimismo al virus respiratorio sincicial, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°1 y 9 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajustó o no a derecho.

QUINTO: Que, el artículo 32 del Código Sanitario dispone que: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

A su turno, el artículo 8° del mismo cuerpo normativo prevé: “Para el cumplimiento de las órdenes que expida en conformidad a las facultades que le concede el presente Código y sus reglamentos, el Director General de Salud podrá requerir el auxilio de la fuerza pública directamente de la Unidad del Cuerpo de Carabineros de Chile más cercana y éstas estarán obligadas a proporcionarla".

SEXTO: Que, respecto a la legalidad de la vacunación impetrada por la parte recurrente, la norma transcrita precedentemente otorga la prerrogativa que describe para declarar obligatoria la vacunación de la población contra enfermedades inmunoprevenibles.

Así, en ejercicio de dicha facultad, se ha dictado el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud que establece la obligatoriedad del Programa Nacional de Inmunizaciones. Por tanto, la administración de las vacunas BCG y Hepatitis B, no pueden quedar al arbitrio o voluntad de los particulares, sino que constituye un deber legal cuyo cumplimiento resulta imperativo.

Lo anterior se ve reforzado por la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la cual, en su artículo 38, es taxativa al señalar que “todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles” y que los padres son los “garantes inmediatos de la salud de sus hijos”, estando obligados “a cumplir con los controles médicos y adoptar todas las medidas necesarias con el fin de velar por la salud de los niños, niñas y adolescentes”.

En consecuencia, la omisión de los recurridos no solo contraviene normas administrativas, sino que infringe directamente el estatuto de protección integral del cual la lactante de autos es titular.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la decisión de los padres carece de un sustento científico comprobado que justifique el riesgo de exponer a la niña a patologías como la Tuberculosis Miliar o Hepatitis B, las cuales poseen altas tasas de morbilidad y mortalidad.

En ese sentido, los antecedentes referidos por los recurridos no constituyen una contraindicación médica específica y técnica para la lactante en particular, ni ha sido validada por la autoridad sanitaria institucional, por lo que no pueden sobreponerse a la política pública de salud que protege no solo a la niña, sino a toda la comunidad a través de la inmunidad colectiva, frente a enfermedades de alta letalidad como las ya mencionadas.

OCTAVO: Que, respecto de la alegación de las recurridas sobre la autonomía para rechazar tratamientos médicos, cabe precisar que la propia Ley N° 20.584, en su artículo 15, establece límites claros a dicha autonomía cuando la falta de tratamiento —en este caso, la inmunización— supone un riesgo para la salud pública o pone en peligro la vida o integridad del paciente, situación que se configura en la especie al tratarse de una lactante expuesta a enfermedades erradicadas o controladas únicamente mediante la vacunación obligatoria.

De este modo, la potestad parental no puede ejercerse de forma que vulnere el núcleo esencial del derecho a la vida e integridad física y psíquica de la niña.

NOVENO: Que, finalmente, siendo un hecho indiscutido que la niña no cuenta con su esquema de vacunación al día por la sola voluntad de sus padres, se configura una amenaza real a su salud que amerita la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho; por lo que esta Corte para resguardar su vida e integridad física y psíquica, dispondrá que se le apliquen todas las vacunas, que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

DÉCIMO: Que, para así resolverlo, esta Corte tiene además en consideración que, conforme aparece de la normativa citada en el motivo Quinto de este fallo, el Director del Servicio Nacional de Salud se encuentra facultado para adoptar las medidas que sean necesarias que permitan a las autoridades controlar el cumplimiento del Programa de Vacunación del Ministerio de Salud, pudiendo requerir para ello, el auxilio de la fuerza pública, lo que refuerza la relevancia de las medidas aludidas para la salud de los habitantes del país y de la niña de autos, en particular.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de la niña nombre reservado, nacida el NUM000 de 2026, en contra de sus progenitores, don nombre reservado y doña nombre reservado, sólo en cuanto, se dispone que de forma inmediata se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-18572-2026.