nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 20 de agosto de 2025, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber dictado y comunicado un acto que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado el 21 de julio de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto se habría fundado en exigencias no contempladas en la ley y en una interpretación formalista de la normativa aplicable, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 12 de diciembre de 2024 solicitó ante la AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, normativa que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos acumulados cuando se cumplan los requisitos legales. Se indica que dicha solicitud fue presentada a través del portal web de la administradora y que, con fecha 21 de julio de 2025, el recurrente fue notificado por correo electrónico del rechazo de su petición, comunicación que fue reiterada posteriormente vía mensajería instantánea, en la que se le informaron los motivos del rechazo.

Refiere que la recurrida rechazó la solicitud por estimar que la documentación acompañada no cumplía con exigencias formales adicionales, particularmente en lo referido a la apostilla o vigencia de los certificados presentados. Sostiene que tales exigencias no se encuentran contempladas en la Ley N° 18.156 y que, además, resultan de imposible o muy difícil cumplimiento atendida la situación institucional y diplomática del país de origen del recurrente, circunstancia que habría sido desconocida por la administradora.

Cita los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, destacando que la normativa exige únicamente que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social en su país de origen que otorgue determinadas prestaciones y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos que —según se afirma— el recurrente cumple íntegramente. Se argumenta que la AFP habría incorporado requisitos no previstos por el legislador, efectuando una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, contraria a su finalidad, que es permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando se cumplen las condiciones legales.

Añade que la documentación acompañada - constancia electrónica de cotizaciones- acredita la afiliación del recurrente a la seguridad social venezolana y que dicha información es verificable por medios electrónicos oficiales, reprochando a la recurrida no haber efectuado dichas verificaciones y haber rechazado la solicitud sin una motivación suficiente. Afirma que este proceder configura un actuar ilegal, por apartarse de la normativa especial aplicable, y arbitrario, por basarse en criterios discrecionales no razonados ni explicitados.

Finalmente, arguye que el rechazo impugnado vulnera la igualdad ante la ley, al dar al recurrente un trato distinto respecto de otros solicitantes en iguales condiciones, exigiéndole formalidades adicionales no contempladas en la ley, y afecta asimismo el derecho de propiedad, en cuanto impide al actor disponer de los fondos previsionales de su titularidad sin existir una habilitación legal que justifique dicha privación o limitación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que el acto impugnado, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, es ilegal y arbitrario; que, en consecuencia, se deje sin efecto dicha decisión; que se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida reconocer como válida la documentación acompañada por el recurrente y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho; y que, dentro de un plazo razonable, proceda a efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando además todas las providencias que resulten necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe requerido en estos autos, comparece nombre reservado Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condenación en costas, fundado, en primer término, en que la acción cautelar no sería la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, en que su representada no habría incurrido en acto ilegal ni arbitrario, por cuanto habría dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las consideraciones que desarrolla .

En cuanto a la primera defensa, la recurrida sostiene que la materia sometida al conocimiento de esta Corte no sería propia del recurso de protección, por cuanto éste constituye una acción cautelar destinada a otorgar amparo inmediato frente a actos u omisiones ilegales que priven, perturben o amenacen el ejercicio de garantías constitucionales. En esa línea, desarrolla que el arbitrio constitucional no se concibió como un procedimiento de declaración de derechos, ni como instancia apta para resolver controversias que requieren debate y prueba extensos. A partir de ello, afirma que lo pretendido por la parte recurrente excedería la finalidad del recurso, pues importaría discutir cuestiones normativas del sistema de pensiones en sede cautelar, estimando que no existiría en autos un derecho indubitado, sino uno controvertido, razón por la cual postula la improcedencia de la acción.

En subsidio, al referirse al mérito de los hechos, la recurrida reconoce que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, don nombre reservado, formulada en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, precisando que se trataría de una norma de carácter excepcional, cuyo beneficio solo procede si se cumplen íntegramente sus requisitos. Indica que con fecha 21 de julio de 2025 se rechazó la solicitud, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraría vencida, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Agrega que, conforme a la jurisprudencia administrativa de dicho órgano, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad competente y que, además, no señalen las coberturas con que cuenta el afiliado o no permitan inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar genéricamente las coberturas del sistema previsional venezolano, no serían idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156 .

Enseguida, expone el fundamento normativo de la exigencia de apostilla, señalando que, desde el 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela es Estado Parte, se exigiría que la certificación viniese apostillada por la autoridad competente, con apoyo en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del referido Convenio. Añade que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la constancia de afiliación emitida por la delegación consular de ese país era útil para acreditar el requisito de cobertura previsional, y sostiene que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

A continuación, desarrolla fundamentos de derecho vinculados al Decreto Ley N° 3.500, indicando que el sistema previsional fue creado para otorgar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y que las AFP tendrían por objeto exclusivo administrar fondos y otorgar las prestaciones y beneficios establecidos por la ley, encontrándose impedidas de ofrecer u otorgar beneficios distintos. Explica, además, que el destino de los fondos previsionales es financiar las prestaciones y beneficios que el ordenamiento contempla, salvo las excepciones legales, dentro de las cuales ubica la devolución regulada por la Ley N° 18.156, cuya procedencia exige el cumplimiento copulativo de los requisitos referidos en el artículo 1° y su regulación en el Compendio de Normas, destacando, entre otros, la calidad de técnico, la afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero y la manifestación expresa de voluntad de mantener dicha afiliación, todo ello sujeto a acreditación mediante certificación debidamente legalizada .

Finalmente, al abordar la procedencia del recurso conforme al artículo 20 de la Constitución, la recurrida sostiene que no concurren los requisitos copulativos exigidos, por cuanto no existiría acto u omisión ilegal o arbitraria, tampoco habría agravio derivado de tal conducta y, en consecuencia, no se configuraría privación, perturbación o amenaza de las garantías del artículo 19, afirmando que su parte no ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal – contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

CUARTO: Que la Ley N° 18.156 establece una excepción de carácter restrictivo al principio de territorialidad de la seguridad social en Chile, permitiendo a técnicos extranjeros retirar sus fondos previsionales si cumplen requisitos copulativos: a) Calidad de técnico; b) Afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Cláusula de voluntad en el contrato de trabajo.

Sobre el particular, la Superintendencia de Pensiones, como órgano regulador técnico, ha instruido mediante el Compendio de Normas y diversos Oficios Ordinarios (específicamente el N° 12.954 de 2025) que el cumplimiento de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 debe acreditarse mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o apostillada, y que dicha cobertura debe ser verificable respecto del periodo solicitado;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento: “Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” vigente y con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

SEXTO: Que el actuar de AFP Provida S.A. no puede ser calificado de ilegal, por cuanto se sustenta en la aplicación de la normativa legal vigente y en las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Tampoco puede tildarse de arbitrario o caprichoso, ya que su decisión se encuentra motivada en una deficiencia formal del documento presentado —la falta de apostilla o legalización válida conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil —, estándar que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha validado como un requisito exigible por las Administradoras.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, al no constatarse un actuar que se aparte de la legalidad o de la razón, y existiendo una controversia técnica sobre la suficiencia de los medios de prueba para acceder a un beneficio excepcional, la presente vía cautelar no resulta idónea para declarar un derecho que no tiene el carácter de indubitado. Las alegaciones sobre fuerza mayor y validez de certificados electrónicos sin apostilla exceden el marco de este recurso, debiendo ventilarse, en su caso, ante la autoridad administrativa superior o en un procedimiento de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, en virtud de lo expuesto, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, la acción de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°18.568-2025.