Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, médico cirujano, interponiendo recurso de protección en favor de sí mismo, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), específicamente su Oficina Metropolitana, por haberle negado, sin justificación, la posibilidad de emitir licencias médicas, impidiéndole así el ejercicio legítimo de su profesión y afectando el derecho de sus pacientes a recibir atención médica con cobertura laboral y previsional.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida le ha privado de una facultad inherente a su profesión sin notificación previa ni resolución fundada, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, a desarrollar una actividad económica lícita y a la propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Señala el recurrente que es médico cirujano debidamente habilitado para ejercer la profesión en Chile, cumpliendo con todas las exigencias legales y reglamentarias, y que, en ejercicio de su labor, ha emitido licencias médicas conforme a la normativa vigente, siempre velando por el bienestar de sus pacientes.

Expone que, sin notificación previa ni resolución fundada, el día 29 de enero de 2025, la COMPIN le ha impedido emitir licencias médicas electrónicas, privándole arbitrariamente de una facultad inherente a su profesión y, en consecuencia, afectando a los pacientes que requieren justificación médica para su incapacidad laboral. Añade que, previamente, el 07 de enero de 2025, la COMPIN solicitó antecedentes de licencias médicas emitidas, los cuales fueron aportados dentro del plazo requerido, y que actualmente, en la página de 'Mis Licencias Fiscalizadas' de la COMPIN, no existen solicitudes de documentos pendientes hacia él. Sostiene que, pese a sus intentos de obtener una explicación o regularizar la situación, la institución no ha entregado fundamentos ni ha otorgado derecho a defensa ante esta restricción, y además, no cuenta con una forma de contacto que no sea presencial, y el Ministerio de Salud no proporciona ningún otro medio de comunicación para resolver este tipo de situaciones.

Estima que la actuación de la recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al ser privado arbitrariamente de una facultad profesional que otros médicos sí pueden ejercer sin restricción. Asimismo, considera vulnerado su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, consagrado en el numeral 21 de la misma norma constitucional, dado que la negativa injustificada de COMPIN le impide ejercer plenamente su profesión, afectando sus ingresos y la atención de sus pacientes. Finalmente, invoca la vulneración de su derecho a la propiedad, garantizado en el numeral 24 de la Constitución, al impedirle emitir licencias médicas sin causa justificada, afectándose su derecho a percibir honorarios y desarrollar su labor profesional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida restituir de inmediato su facultad de emitir licencias médicas, sin restricción ni discriminación, se adopten las medidas necesarias para evitar que se repitan estos actos arbitrarios en perjuicio de otros profesionales de la salud, y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, informando el recurso comparece don nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), solicitando el rechazo de la acción, con expresa condenación en costas. Fundamenta su defensa señalando que el recurrente, interpuso recurso de protección en contra de la COMPIN por la aplicación de sanciones establecidas en el artículo N° 2 de la Ley N° 20.585/12, a raíz de una fiscalización sobre la emisión de licencias médicas.

Expone que la Ley N° 20.585 de 2012 confiere a la COMPIN la obligación de fiscalizar la fundamentación terapéutica de las licencias médicas para resguardar su apego a derecho, protegiendo a los cotizantes y beneficiarios de FONASA. Además, el artículo 49 del decreto N° 3 de 1984 establece que los profesionales deben mantener un registro de los pacientes a quienes han indicado descanso y los antecedentes que lo justifican. Subraya que el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 20.585 faculta a la Comisión para sancionar con multas o suspender la facultad de emitir licencias médicas por la negativa reiterada a entregar o la no remisión de los antecedentes solicitados dentro del plazo máximo de siete días corridos.

Argumenta que la negativa del recurrente a entregar los antecedentes solicitados resulta infundada, inexcusable y obstruye la labor fiscalizadora.

Sostiene que la acción de protección es improcedente, ya que no se mencionan hechos que constituyan una vulneración a las garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución, sino que la denuncia se dirige contra prerrogativas de la COMPIN expresamente regladas. En cuanto a la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, señala que la fiscalización se enmarca en el “Plan de fiscalización a altos emisores de licencias médicas”, con la finalidad de proteger a los cotizantes de FONASA frente a gastos asociados a licencias médicas sin fundamento terapéutico.

Defiende la razonabilidad del requerimiento, señalando que el recurrente es un profesional no especialista que emitió 568 licencias médicas entre el día 28 de agosto de 2023, y 29 de agosto de 2024, lo que justifica el proceso de fiscalización. Aduce que el plan no se sustenta en un límite de licencias, sino en el control técnico necesario ante el gasto público. Asimismo, explica que el artículo 2 de la Ley N° 20.585 no exige expresar los motivos en el propio acto de solicitud, siendo inherente a la naturaleza fiscalizadora.

En cuanto a la protección de datos, señala que las fichas clínicas solicitadas se enmarcan en las competencias del Ministerio de Salud según el DFL N° 1 de 2005 y la Ley N° 19.628, que permiten el tratamiento de datos personales y sensibles para proteger la salud de la población y el cumplimiento de funciones fiscalizadoras, sin que el consentimiento del titular sea necesario ni que la solicitud entorpezca dichas funciones. Concluye que la actuación de la COMPIN no es abusiva o arbitraria, contando con habilitación jurídica, procedimiento establecido y enmarcada en una necesidad pública concreta.

En relación a las garantías constitucionales alegadas como vulneradas, argumenta que no existe discriminación por fiscalizar a profesionales en iguales condiciones (altos emisores), que el debido proceso no se vulnera al no requerirse motivación explícita en el acto de solicitud de antecedentes, que la libertad de trabajo no es conculcada ya que la licencia médica es un derecho del trabajador y no del prestador, y que la afectación al derecho de propiedad por la sanción es una consecuencia prevista legalmente.

TERCERO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante informe evacuado solicitó el rechazo de la acción interpuesta, fundando su defensa en la improcedencia formal de la acción de protección.

Sostuvo que la presente acción ha sido deducida exclusivamente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) por la supuesta afectación de garantías constitucionales derivada de la imposibilidad de emitir licencias médicas por parte del recurrente. No obstante, la normativa vigente, en particular la Ley N° 21.746 en su artículo único, contempla procedimientos administrativos especiales y recursos específicos para impugnar actos como el cuestionado, lo que excluye la procedencia de la acción de protección como mecanismo idóneo. Señaló que contra la resolución que impone la sanción puede deducirse recurso de reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de cinco días, y contra la resolución que rechace la reposición, se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado, en los términos del artículo 58 de la Ley N° 16.395.

Concluyó que el ordenamiento jurídico establece una vía legal, idónea, específica y eficaz para la revisión jurisdiccional de los actos administrativos impugnados, por lo que no corresponde su revisión a través de una acción de protección de naturaleza excepcional y subsidiaria.

Agregó la existencia de procedimientos legales específicos, indicando que las leyes N° 20.585 y N° 21.746 han perfeccionado la regulación aplicable al ejercicio y control del derecho a licencia médica, otorgando a las COMPIN y a la Superintendencia facultades fiscalizadoras y sancionatorias, y regulando expresamente los procedimientos administrativos y medios de impugnación correspondientes, incluidos los recursos judiciales idóneos, excluyendo así acciones constitucionales paralelas o sustitutivas.

En cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, informó que no ha emitido pronunciamiento alguno que implique la aplicación de sanción administrativa en contra del Dr. nombre reservado, no existiendo resolución de esta Superintendencia que haya suspendido o restringido su facultad para emitir licencias médicas, ni medida alguna que provenga de esta autoridad y que afecte su ejercicio profesional. Por ello, argumenta que la falta de acto administrativo que emane de esta entidad, unido a la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, debe llevar a desestimar cualquier imputación formulada.

En lo principal, solicitó tener presente lo indicado y, en definitiva, rechazar la acción de protección intentada por improcedente, al existir una vía legal específica y eficaz para impugnar el acto administrativo en cuestión, conforme lo establece la Ley N° 21.746, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que, la COMPIN Metropolitana complementa su informe indicando que el recurrente, Sr. nombre reservado, se encuentra actualmente con “término de sanción”, la cual fue levantada con fecha 11 de marzo de 2025, dado que el profesional dio cumplimiento a lo solicitado, acompañando los antecedentes y documentación requerida en el proceso de fiscalización.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Que, para la procedencia de esta acción, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado, esto es, un derecho cierto y no discutido.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto respecto de la COMPIN, la pretensión del recurrente consistía fundamentalmente en que esta Corte ordenara dejar sin efecto la suspensión de su facultad para emitir licencias médicas.

Sin embargo, del mérito de los antecedentes, y específicamente de lo informado por la propia recurrida a folio 22, consta que la medida de suspensión que motivó la interposición del presente arbitrio cesó sus efectos con fecha 11 de marzo de 2025, habiéndose restituido al facultativo la potestad para emitir licencias médicas tras haber subsanado las observaciones administrativas y acompañado la documentación faltante.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, la situación fáctica que dio origen al recurso ha variado sustancialmente durante la tramitación del mismo. Al haberse levantado la sanción y restituido la facultad reclamada hace más de diez meses a la fecha de este fallo, la presente acción cautelar ha perdido su oportunidad.

En efecto, la naturaleza de esta acción constitucional exige la existencia actual de una privación, perturbación o amenaza a los derechos fundamentales. Al haber cesado el acto impugnado y haberse satisfecho la pretensión del actor por la vía administrativa, no existe en la actualidad una medida que esta Corte deba adoptar para restablecer el imperio del derecho, deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Metropolitana (COMPIN RM).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-1855-2025