Protección contra Director Nacional de Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 55 y 56: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Felipe Ignacio Hazbún Marín, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública, quien deduce recurso de protección en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile, por el acto que califica arbitrario e ilegal consistente en la dictación y notificación de la Resolución NUM000, de fecha 7 de julio de 2025, de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, que declaró su salud como "No Apta" para el servicio, sirviendo de fundamento para el posterior cese de su carrera funcionaria mediante la declaración de vacancia de su cargo, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los numerales 2, 9, 18 y 24 de su artículo 19.

Expone que su representada, quien se desempeña como Administrativo Grado 16° E.U.S. en el Centro de Reinserción Social (C.R.S.) de Talca, se encontraba con licencias médicas desde mayo de 2023 debido a un cuadro ansioso-depresivo que evolucionó hacia un episodio depresivo mayor y agorafobia. Sostiene que, tras someterse a tratamientos ambulatorios psiquiátricos y psicológicos, logró mejorías sustanciales que le permitieron reincorporarse a sus labores en agosto de 2024, manteniéndose activa hasta septiembre de dicho año. Añade que, con fecha 10 de septiembre de 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) emitió una resolución declarando expresamente que el estado de salud de la funcionaria era "recuperable".

Alega que la decisión impugnada invoca la aplicación del artículo 151 la Ley N°18.834, que establece el Estatuto Administrativo, el cual faculta al jefe superior del servicio para considerar incompatible con el cargo el uso de licencias médicas por más de seis meses en un lapso de dos años. Sin embargo, argumenta que existe una contraposición normativa, ya que por mandato del artículo 1° de la Ley N°19.195, el personal civil de Gendarmería de Chile adscrito a DIPRECA se sujeta al régimen previsional de Carabineros de Chile. En consecuencia, sostiene que resultaría aplicable el artículo 73 del DFL N°2 de 1968, que otorga competencia exclusiva a la Comisión Médica Central de Carabineros para establecer la capacidad física del personal, constituyendo una norma especial que primaría sobre la aplicación supletoria del Estatuto Administrativo, razón por la cual la autoridad no habría podido ejercer la potestad de vacancia omitiendo la declaración de recuperabilidad de la COMPIN, estando la recurrente plenamente apta para sus funciones al momento de la notificación.

Finalmente, acusa un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios en similar situación, viéndose privada ilegítimamente de la propiedad sobre su cargo público.

Segundo: Que, informando el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Director Nacional de Gendarmería de Chile, solicita que la acción constitucional sea rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas, sosteniendo que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno.

En primer término, expone que la protegida registra un total histórico de 1.446 días de licencia médica, correspondiendo 625 de ellos a los últimos dos años. Afirma que el actuar de la institución se ajusta estrictamente a la normativa legal vigente, pues fue la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, en ejercicio de su competencia exclusiva establecida en el artículo 73 del D.F.L.

N°2 de 1968 —aplicable a Gendarmería en virtud de la Ley N°19.195—, la que mediante Resolución Exenta (R) NUM000, de 7 de julio de 2025, declaró "No Apta" la salud de la funcionaria, tras ponderar un cúmulo de informes médicos y psiquiátricos, tanto del extrasistema como peritajes institucionales, que diagnosticaron trastornos de personalidad y episodios depresivos graves incompatibles con las exigencias del servicio penitenciario.

Explica que la dinámica legal aplicable no es la del artículo 151 del Estatuto Administrativo, como erróneamente confunde la recurrente, sino la dispuesta en el artículo 152 del referido cuerpo legal, D.F.L. N°29 de 2005. Conforme a este precepto, una vez declarada la salud irrecuperable o no apta por el órgano técnico competente, en este caso, la Comisión Médica de Carabineros y no la COMPIN, el funcionario dispone de un plazo de seis meses para acogerse a retiro, transcurrido el cual, si no lo hiciere, procede imperativamente la declaración de vacancia del cargo. Señala que el certificado de la COMPIN invocado por la recurrente resulta inoponible y carece de eficacia frente a la resolución de la Comisión Médica institucional, y hace presente, además, que la actora retomó de forma ininterrumpida sus licencias médicas desde el 11 de septiembre de 2024 hasta una fecha posterior a la notificación del acto que impugna.

Concluye que no se vulnera la igualdad ante la ley, pues se aplicó la normativa estatutaria de forma uniforme; que no existe afectación a la protección de la salud, toda vez que recibió tratamiento a través de su sistema previsional; y que la calidad de funcionario público no constituye un derecho de propiedad adquirido que ampare la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, sino una relación estatutaria sujeta a causales legales de expiración.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente enumerados en dicha norma, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. Para su procedencia, se requiere la concurrencia copulativa de una actuación u omisión ilegal, es decir, contraria a derecho o arbitraria, esto es, carente de fundamento, y que de ella se derive una afectación a un derecho constitucional indubitado.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados al proceso, constan como hechos no controvertidos los siguientes: a) La recurrente es funcionaria de Gendarmería de Chile y registra un total de 1.446 días de licencias médicas, de los cuales 625 días corresponden a los últimos dos años. b) Con fecha 10 de septiembre de 2024, la COMPIN emitió una resolución estableciendo que el estado de salud de la recurrente era "recuperable". c) La Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, emitió la Resolución Exenta (R) NUM000, de 7 de julio de 2025, declarando "No Apta" la salud de la actora, fundamentándose en diversos informes y peritajes médicos de la especialidad de psiquiatría.

Quinto: Que, para resolver la presente controversia, resulta indispensable delimitar la naturaleza del acto impugnado. La recurrente dirige su reproche contra la Resolución Exenta NUM000 de la Comisión Médica Central de Carabineros y la posterior notificación que le otorga el plazo de seis meses previsto en el artículo 152 de la Ley N°18.834. Sin embargo, de la sola lectura de la normativa, fluye que dicho pronunciamiento médico y su notificación constituyen, en rigor, un acto trámite o preparatorio dentro de un procedimiento administrativo más complejo. En efecto, el artículo 152 del Estatuto Administrativo señala que, declarada irrecuperable la salud de un funcionario, este deberá retirarse en un plazo de seis meses, lapso durante el cual no está obligado a trabajar y goza de todas sus remuneraciones. Solo una vez transcurrido este plazo legal, si el empleado no se retirare, procede la dictación del acto administrativo terminal: la declaración de vacancia del cargo.

Sexto: Que, de los antecedentes que obran en la causa se desprende que el recurso ha sido dirigido formalmente en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile; sin embargo, el acto que genera el agravio y que constituye el fundamento basal de la pretensión de la actora —esto es, la declaración de salud "No Apta"— emana de la Resolución Exenta (R) NUM000, de 7 de julio de 2025, la cual fue dictada de manera exclusiva por la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.

Al respecto, es imperativo precisar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.195, en armónica relación con el artículo 73 del D.F.L. N°2 de 1968, que establece el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, corresponde privativa y excluyentemente a dicha Comisión Médica Central la realización del examen del personal para establecer su capacidad física o determinar la dolencia que lo imposibilita para continuar en la institución. Consecuentemente, la institución recurrida, Gendarmería de Chile, carece de competencias legales y técnicas para dictar, alterar, modificar o dejar sin efecto el dictamen médico que se cuestiona, limitándose su actuar administrativo a la estricta sujeción y aplicación de los efectos estatutarios que derivan de la evaluación emanada de un órgano distinto y autónomo en esta materia.

Por consiguiente, al no ser Gendarmería de Chile la entidad autora del acto administrativo impugnado, resulta material y jurídicamente imposible atribuirle a ésta una conducta ilegal o arbitraria susceptible de ser enmendada mediante la adopción de medidas de resguardo por esta vía cautelar. La falta de correspondencia entre el ente demandado y el órgano emisor de la resolución reprochada impide a esta Corte adoptar providencia alguna tendiente a restablecer el imperio del derecho en contra de la recurrida, lo que sella, ineludiblemente, por esta sola circunstancia el rechazo de la acción intentada.

Séptimo: Que, en todo caso, siendo pacífica la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en esta materia, el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar actos de trámite o preparatorios, por cuanto estos no deciden el fondo del asunto ni producen por sí mismos la extinción de la relación estatutaria, que es el gravamen que la recurrente alega. La resolución médica que la declara "No Apta" y la notificación de los seis meses no la han privado de su cargo ni de sus remuneraciones; por el contrario, la han sometido a un régimen legal de protección transitoria. Por consiguiente, al no existir un acto administrativo definitivo que declare la vacancia, no se configura en la actualidad una privación, perturbación o amenaza concreta y actual a su derecho de propiedad sobre el empleo o a las demás garantías invocadas.

Octavo: Que, finalmente, y haciéndose cargo de las alegaciones de fondo, aun si se estimara procedente revisar el acto en sede cautelar, este no reviste caracteres de ilegalidad ni de arbitrariedad. El acto se encuentra estrictamente fundado en antecedentes técnicos y normativos. Conforme a la Ley N°19.195 y al artículo 73 del DFL N°2 de 1968, es la Comisión Médica Central de Carabineros el órgano exclusivamente competente para examinar y determinar la capacidad de la funcionaria de Gendarmería, primando esta norma especial sobre determinaciones genéricas de la COMPIN invocadas por la recurrente. La Resolución Exenta NUM000 expone de manera pormenorizada el historial clínico de la actora, citando informes de médicos psiquiatras y psicólogos, tanto del extrasistema como de la institución, razonando médicamente que los trastornos diagnosticados (Clúster B y depresión severa) son incompatibles con los factores estresores propios de la función en Gendarmería de Chile. En consecuencia, la autoridad ha obrado dentro del marco de su competencia legal, emitiendo una decisión motivada en la técnica médica y en el deber de servicialidad del Estado, que exige contar con personal idóneo para funciones críticas, descartándose de plano el capricho o el mero arbitrio.

Noveno: Que, de este modo se impugna un acto de trámite, previo a una eventual y futura declaración de vacancia y que, de tal suerte, emana de una autoridad distinta a aquella investida de potestades para resolver la mencionada terminación de los servicios de la actora por salud incompatible.

Como es sabido, la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible los derechos fundamentales.

En tales condiciones, el recurso intentado no puede prosperar, dejándose a salvo los derechos que pueda hacer valer la recurrente conforme a los procedimientos administrativos pertinentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por el abogado Felipe Ignacio Hazbún Marín, en representación de nombre reservado, en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18545-2025.