nombre reservado con MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.

A los folios 30 y 31, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se ha deducido acción de protección por los abogados don Luis Acevedo Espínola y doña Gabriela Angel Araya en representación de nombre reservado, Ingeniero Civil, y en contra de la Ministra de Obras Públicas doña nombre reservado por los actos y omisiones ilegales y arbitrarios consistentes en establecer y mantener la suspensión de su cargo, como medida cautelar en el contexto de un sumario administrativo y por otra parte, la de omitir una resolución definitiva del sumario dentro de un plazo razonable, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 3° 4°, 16°, 24° y 26 de la Constitución Política de la República por lo que solicita acogerlo en todas sus partes, ordenar dejar sin efecto la medida cautelar detallada o se restablezca la medida originalmente impuesta de re-destinación y se ordene la resolución final del sumario en el más breve plazo, con costas en caso de oposición.

Como antecedentes indica que es de Profesión Ingeniero Civil y se desempeña en el Departamento de Regulación y Administración Vial del Ministerio recurrido desde el mes de julio del año 1996 manteniéndose en el mismo cargo sin problemas y con un desempeño intachable por más de 25 años.

Indica que a raíz de una denuncia presentada el 17 de mayo de 2022 por parte de doña nombre reservado gatica Valdebenito, quién es analista del departamento, por un supuesto maltrato o acoso laboral fundado en cinco hechos diversos, a saber:

a) El 26 de noviembre del 2020 en una reunión telemática habría subido el tono de su voz sin dejar intervenir a los demás denigrando al equipo de trabajo.

b) El 17 de marzo del 2022 generalmente las mañanas puso himnos marciales desde su celular o computador a un volumen inadecuado afectando el ambiente laboral.. el 17 de marzo de 2022 puso música un volumen elevado afectando el ambiente laboral e impidiendo la realización de reuniones telemáticas, Y ante una solicitud de bajar el volumen habría reaccionado de forma inadecuada.

c) El 28 de abril 2022 habría movido una figura de dinosaurio de juguete de un compañero en un biombo que separa los escritorios generando un conflicto con otra funcionaria, y d) Por último el 3 de mayo del 2022 se habría acercado al salón que se usa como comedor sentándose al lado de su jefa nombre reservado y nombre reservado, sacándose una foto sin aviso alguno, reclamándoles las antes nombradas lo cual habría generado una reacción inadecuada por parte del protegido.

Indica que a raíz de dichos hechos, el 26 de julio del 2022, el Director Nacional de Vialidad ordenó la instrucción de un sumario, instrucción que finalizó el 5 de enero del 2023, formulándose de cargos por una supuesta infracción al artículo 61 letra g) del estatuto administrativo, y, además, una supuesta infracción al artículo 84 letra m) del citado estatuto, actos que habrían sido calificados como acoso laboral conforme al artículo 2° del Código del Trabajo.

Afirma que claramente el sumario administrativo resulta totalmente desproporcionado, dado que existe una clara animadversión y además, los cargos imputados desde la perspectiva jurídica no concurren, dado que no reviste la relevancia suficiente para un procedimiento de tal magnitud, siendo el sumario altamente desproporcionado, haciendo mención que pudo haber de su parte existido una reacción inadecuada en las conductas, pero que se dieron luego las explicaciones y disculpas correspondientes, pero, a pesar de aquello, existen hechos que de manifiesto dan cuenta una cierta animadversión hacia el protegido, afectándole psicológicamente en su desempeño laboral.

Sostiene que de los hechos narrados, no hay infracción alguna al principio de probidad, no hay conducto y moral deshonesta, desleal, tampoco ha privilegiado el interés privado por sobre el público, no hay conducta que constituye agresión u hostigamiento que implica un menoscabo o maltrato u humillación y que afecte o perjudique la situación laboral de los denunciantes, siendo la reacción desmedida y las denuncias formuladas dan cuenta de un clima laboral hostil en contra del protegido por las denuncias que cataloga como pequeñeces.

Indica que consecuencia de aquello el 2 de enero del 2023, se dictó una medida cautelar cambiándose la destinación la cual cumplió cabalmente, pero que el 10 de enero del 2024, se sumió una nueva anotación adicional al proceso, modificándole la destinación por la suspensión preventiva de sus funciones y nuevos cargos por los mismos hechos por una supuesta infracción artículo 61 letra i) del estatuto administrativo.

Adiciona que desde la denuncia que se formuló el 17 de mayo del 2022 hasta fines de agosto de 2024 fecha en la que se interpuso el presente libelo ha transcurrido más de dos años desde el inicio del sumario sin tener resolución definitiva, lo cual deviene en una ilegalidad y arbitrariedad de la recurrida.

Afirma que dichos hechos vulneran claramente los derechos fundamentales señalados preferentemente, dado que estos han impactado negativamente en su salud mental, vulnerando la estabilidad del empleo, la proporcionalidad, perturbándose el ejercicio legítimo de sus derechos como es la indemnidad laboral y la estabilidad en empleo y finalmente la proporcionalidad que toda medida disciplinaria debe tener, por lo que solicita acogerlo en todas sus partes con costas.

Segundo: Que, evacuando informe doña nombre reservado, en su calidad de fiscal Nacional del Ministerio de obras públicas, solicita el rechazo del recurso.

Luego de extractar la parte general del recurso y el historial de antecedentes de hecho del mismo, sostiene que existe una extemporaneidad del recurso en la interposición de este, dado que la resolución tomada el 10 de enero del 2024 y notificada el 16 de enero mediante el cual decreta la suspensión preventiva, con todas luces excede del plazo de 30 días para la interposición.

Adiciona que la presente acción cautelar es impertinente, toda vez que los hechos en que se fundamenta y las peticiones formuladas exceden del ámbito de materias que puedan ser conocidas por el presente recurso dadas cautelar, dado que las actuaciones no revisten la calidad de acto administrativo que importe la afectación amenaza o transgresión de las garantías del actor.

Afirma que en la tramitación del sumario administrativo no existe acto o misión o conducta ilegal y arbitraria por parte del servicio, toda vez que se ha desarrollado conforme a derecho, instruyendo el procedimiento administrativo, formulándose de cargos conforme a la investigación respectiva, dictándose la suspensión preventiva de manera preventiva únicamente con el objeto de asegurar el éxito de la investigación, la cual se encuentra fundamentada, específicamente según lo constado a fojas 110 a 121 de la pieza sumarial, a la cual se allegó una anotación de deméritos, en la que se consigna dos situaciones de tratos inapropiados hacia funcionarios del servicio donde fue destinado el protegido, las cuales son conductas agresivas e irrespetuosas, tomándose dicha medida cautelar en base a dichos antecedentes, suspensión que bajo ninguna circunstancia es un reproche o una sanción, encontrándose dentro de la facultades legales conferidas por el estatuto administrativo a la administración, no pudiendo catalogarse entonces como atentados a las garantías constitucionales.

Con respecto a la dilación en la tramitación del procedimiento, arguye que la tardanza en la inclusión no puede constituir un vicio que se traduzca en su invalidación, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios cuyo retraso fuera imputable, lo cual deberá ser ponderado por la superioridad del servicio.

Con respecto a dicho punto, sostiene que el 10 de septiembre del 2024 el fiscal instructor remitió el expediente a la Dirección Nacional adjuntando el Dictamen Fiscal encontrándose este en la fase de resolución del sumario administrativo, no existe acto arbitrario cometido por la administración durante la tramitación del respectivo sumario encontrándose este apegado al cumplimiento de las normas que rigen el debido proceso.

Previo finalizar niega la existencia de vulneraciones a las garantías constitucionales por lo que solicita el rechazo de la acción.

A solicitud de esta Corte, se amplió el informe respectivo, en lo pertinente se indicó que el sumario respectivo fue ordenado reaperturarse el 21 de noviembre del 2024, con el objetivo de reformular y notificar nuevamente los cargos al protegido, ya que este alegó falta de precisión, decidiéndose retrotraer el procedimiento para reformular las imputaciones inicialmente planteadas, encontrándose actualmente manos del fiscal instructor para su correspondiente tramitación.

Previa concluir sostiene que el protegido dejó de pertenecer al servicio a partir del 1 de diciembre del 2024 tras presentar su renuncia voluntaria.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, según se desprende del libelo del recurso, por su intermedio se impugna la suspensión de sus funciones de que fue objeto el recurrente y la excesiva dilación del procedimiento administrativo sin que se haya dictado resolución de término.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, será desestimada por cuanto, en lo que respecta a la suspensión dispuesta por la autoridad respecto de las funciones del actor, se continuaron produciendo hasta el 29 de noviembre de 2024, fecha en la que fue aceptada su renuncia voluntaria; y en lo que dice relación con el reproche consistente en la excesiva dilación del sumario administrativo sin que se hubiese dictado acto terminal, éste continúa aún en tramitación; circunstancias en las cuales resulta evidente que no ha transcurrido el plazo previsto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema para deducir la presente acción cautelar.

Sexto: Que, por otra parte, en lo atingente al reproche acerca de la medida de suspensión de las funciones del recurrente, tanto la autoridad recurrida, en su ampliación de informe, como el abogado de la parte recurrente en estrados, coincidieron que el actor presentó su renuncia voluntaria y ésta fue aceptada por la autoridad el 29 de noviembre de 2024; oportunidad a partir de la cual y, por ende, ya no presta funciones en el Ministerio de Obras Públicas.

Así entonces, considerando que la petición del recurso en relación con esta materia consiste, precisamente, en que la suspensión de sus funciones sea dejada sin efecto, resulta evidente que la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, por cuanto, en la situación fáctica descrita, aparece jurídicamente imposible que esta Corte acceda a la petición concreta indicada, dejando sin efecto una medida de suspensión de funciones que, actualmente y debido a la renuncia, ya dejó de producirlos.

Séptimo: Que, finalmente, en cuanto al reproche relativo a la excesiva dilación del procedimiento administrativo, viene al caso consignar que, según consta de los antecedentes acompañados a los autos por las partes, el sumario administrativo aludido en el recurso, fue ordenado instruir mediante Resolución Exenta DV N° 1926 de fecha 26 de julio de 2022, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución de término que le ponga fin, tal como ha sido reconocido por la recurrida.

Octavo: Que, para resolver sobre este punto, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Noveno: Que, en este escenario y de acuerdo a lo informado en autos, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad recurrida ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Décimo: Que, por tanto, la dilación de la autoridad en el pronunciamiento en la resolución final del sumario, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal por infracción de las normas transcritas, además de vulneradora de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Undécimo: Que, así entonces, aparece inconcuso que se satisfacen en la especie las exigencias previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para que la presente acción cautelar pueda ser acogida; situación que permite desechar la alegación de impertinencia del recurso, dado que éste, para prosperar, exige que se reúnan las exigencias de la norma citada, tal como ocurre en la especie; motivos por los cuales el recurso en estudio será acogido, parcialmente, del modo que se dirá a continuación.

En razón de lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el deducido en el folio 1 por nombre reservado en contra del Ministerio de Obras Públicas, sólo en cuanto se dispone que éste deberá acelerar la tramitación y emitir el pronunciamiento final que en derecho corresponda, que ponga término al sumario administrativo seguido contra el recurrente, dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia; y se rechaza, en lo demás pedido, el referido recurso.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-18544-2024.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Inelie Durán Madina, el Ministro (S) señor Matias Felipe De La Noi Merino y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.