nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en favor de doña nombre reservado, licenciada en Contaduría Pública, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, por haber rechazado ilegalmente y de forma arbitraria su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrente cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, presentando la documentación correspondiente que acredita su afiliación al régimen de seguridad social venezolano y su voluntad de mantener dicha afiliación, siendo rechazada su solicitud mediante correo electrónico de fecha veintiuno de julio de dos mil veinticinco, bajo argumentos que no se ajustan a derecho, obstaculizando de manera caprichosa y formalista el proceso de devolución de fondos previsionales, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad privada, consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a la administradora recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho.

En cuanto a los antecedentes fácticos que sirven de sustento al presente recurso, el recurrente expone que doña nombre reservado, licenciada en Contaduría Pública, de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. La recurrente realizó la solicitud de retiro de fondos mediante la plataforma dispuesta para ello, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado.

Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha veintiuno de julio de dos mil veinticinco, fue informada por la administradora de fondos sobre las razones del rechazo de su solicitud, indicándole que respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, la administradora recurrida señaló que el contrato y anexos de trabajo suscritos con el empleador K Cinco SPA, RUT RUT reservado, no cumple con lo establecido en la Ley N°18.156 ni el Compendio de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia, debido a que no se ha manifestado de forma clara e inequívoca por parte del solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del recurso, el recurrente argumenta, en primer lugar, que en relación a la legalización del certificado de afiliación es importante traer a colación lo establecido en el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil chileno, que dispone que la autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes, entre ellos, el atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. De este modo, sostiene que la administradora recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de esta que es que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión.

En ese sentido, en el caso puntual y en relación con la causal de rechazo invocada, el recurrente precisa el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS como se hacía anteriormente, pues se trata de una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

Al respecto, invoca lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil chileno, que establece que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros. En este orden de ideas, sostiene que consta el hecho público y notorio de la ausencia de representación diplomática por parte de Venezuela por el mero capricho del mandatario venezolano, encontrándose ante una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos a obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS que se obtenía anteriormente y que a posterior era convalidada por el Ministerio correspondiente.

Aun en consideración de ello, señala que la parte recurrente presenta el documento debidamente apostillado a través de declaración jurada ante notaría chilena, lo que reviste al documento de la debida formalidad, y al ser emitido en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana. En esa misma línea de hechos y para dar sustento de ello, se adjunta certificado de aprobación de retiro de fondos de administrado por AFP Cuprum, junto a declaración jurada notariada que sirvió de sustento para dicho retiro de fondos. Enfatiza que dicha declaración jurada cumplía con las mismas formalidades que las del recurrente de autos, por lo que al estar todas las AFP sin importar su denominación regidas por las mismas leyes, y la misma normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones, no corresponde a cada AFP aplicar de forma desigual y arbitraria la aplicación de las normas que rigen la materia, pues implicaría de forma ilegal dispensar un trato desigual a los administrados, que en condiciones iguales no podrían tener acceso a sus fondos previsionales por el mero capricho y arbitrariedad según la AFP de la cual se trate, debiendo existir un criterio uniforme de aplicación por parte de todas las AFP.

Argumenta que el legislador en protección del derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad ya ha establecido los requisitos pertinentes para la devolución de fondos, no siendo pertinente que las administradoras de fondos establezcan requisitos adicionales a los previamente establecidos por el legislador, el cual no tiene otra intención que la de corroborar que el trabajador se encuentra afiliado a algún sistema de previsión social, más allá del formalismo documental. En ese sentido, cualquier interesado puede verificar la existencia de dicha afiliación pues la misma planilla ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) en plataforma http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

El recurrente explica de forma detallada cómo cualquier persona puede verificar la autenticidad del certificado de afiliación al IVSS mediante el portal web oficial de dicha institución, ingresando el código de verificación que contiene cada planilla de afiliación. Señala que al introducir la frase "CERTIFICADO DE AFILIACIÓN IVSS VENEZUELA" en el motor de búsqueda de Google se despliegan opciones que conducen al portal web oficial del IVSS, el cual permite acceder al documento que comprueba la efectiva afiliación al sistema previsional con el código único que posee cada planilla de afiliación. Una vez ingresado el código en el recuadro señalado en la interface del portal oficial del IVSS, se accede al documento original digital que dispone el propio Instituto venezolano.

Por consiguiente, expone que conforme a lo anteriormente expuesto y evidenciado, si la intención de la recurrida es la verificación real de la afiliación y cobertura del trabajador en un sistema previsional extranjero, basta con realizar el ejercicio anteriormente señalado, mismo ejercicio que en el caso planteado realizó la AFP Cuprum dando como resultado la entrega de sus fondos al administrado ya señalado. Así las cosas, como se evidencia, la constancia electrónica es verificable, no obstante la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y que se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuando el informe comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto, fundándose en que el rechazo de la Administradora a la solicitud de devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero en virtud de la Ley N°18.156 no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a los antecedentes de hecho expuestos por la parte recurrida, señala que la recurrente ha presentado una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador K Cinco SPA, RUT RUT reservadoCon fecha 17 de julio de 2025, ingresó la solicitud N°24386 por el período cotizado comprendido entre mayo de 2019 a mayo de 2025.

Indica que con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos: título profesional, declaración jurada realizada ante notario público chileno, constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente, y contrato de trabajo y anexo suscrito con el empleador K Cinco SPA, RUT RUT reservado

Expone que en virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, la Administradora realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de la Administradora.

Tras el análisis de los antecedentes, la Administradora dio respuesta a la solicitud de la recurrente rechazándola por los siguientes motivos: en primer lugar, respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, informa que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

No obstante lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas. Por tanto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales la solicitante se encuentra cubierta, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Por su parte, la declaración jurada de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente. A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°3141 de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, ha señalado que el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Adicionalmente, expone que para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Por lo anterior y para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En segundo lugar, señala que el contrato y anexos de trabajo suscritos con el empleador K Cinco SPA, RUT RUT reservado, no cumple con lo establecido en la Ley N°18.156 ni el Compendio de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia, debido a que no se ha manifestado de forma clara e inequívoca por parte del solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile. Lo anterior, con el objeto de cumplir con lo establecido por la Superintendencia de Pensiones en el Libro II, Título XI sobre exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, así como también con lo establecido en la propia Ley, para acceder a la devolución de fondos por concepto de técnico extranjero, ya que la solicitante no manifestó su voluntad de mantener afiliación a un régimen de previsión y seguridad social fuera de Chile, como prescribe la letra b) del artículo 1° que señala: "…Que en el Contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida…".

De lo anterior se concluye que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a cada uno de los requisitos establecidos por las normas vigentes que regulan la materia, específicamente, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

De lo expuesto, se puede determinar que la Administradora no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, el recurrente no cumplía, especialmente con los presupuestos contenidos en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten.

En cuanto a los fundamentos de derecho del informe evacuado, la recurrida expone que la citada ley establece la exención de la obligación de cotizar para los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Esta ley en su artículo 7° establece que en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Por su parte, el artículo 1° establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Tras lo expuesto, cabe concluir que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Explica que la Superintendencia de Pensiones es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones del país. Su función principal es velar por la aplicación correcta de las leyes y reglamentos que rigen a las Administradoras, y dictar instrucciones pertinentes para su adecuado funcionamiento. A mayor abundamiento, y en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N°3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, normas especiales, y oficios ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Por las razones antes esbozadas, solicita que se tenga por evacuado informe para el presente recurso de protección, y en definitiva se solicita rechazar el recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la AFP recurrida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento: “Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal.

Asimismo, la administradora recurrida para complementar el rechazo de la solicitud formulada por la actora, argumentó que el contrato de trabajo y los respectivos anexos suscritos con su empleador, no cumplirían con lo establecido en la Ley N°18.156 ni el Compendio de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia, debido a que no se habría manifestado de forma clara e inequívoca por parte del solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley N°18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N°18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado.

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N°18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

SEXTO: Que, la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de aquella ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

SÉPTIMO: Que, en primer término, esta Corte discrepa del parecer de la entidad recurrida en orden a que no se acreditó en la especie la voluntad de la actora de ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156, al no haberse suscrito ante la correspondiente Administradora un formulario de "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156”, toda vez que se trata de una mera formalidad que puede ser satisfecha de manera diversa como aconteció en la especie, en la que tal voluntad se subentiende de la sola circunstancia de haber acompañado a su petición tanto el contrato de trabajo, como los respectivos anexos suscritos con su empleador.

Entenderlo de un modo diverso, por cierto, limitaría indebidamente el ejercicio de su derecho, haciéndolo ilusorio.

OCTAVO: Que, no obstante lo antes razonado, y al tratarse de exigencias de carácter copulativo, no puede obviarse que del mérito de autos surge que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente acreditar, mediante los documentos pertinentes, su afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito este último que no fue cumplido por parte de la protegida mediante la aportación de los certificados respectivos y que, al no verificarse, necesariamente condujo al rechazo de su petición.

NOVENO: Que, en ese entendido, no se observa ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal -en lo que respecta a la acreditación, mediante los documentos pertinentes de la afiliación de la solicitante a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte-, conclusión que conduce necesariamente al rechazo de la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado, y en contra de AFP Modelo S.A, sin costas.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez.

N°Protección-18539-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por el ministro señor Fernando Valderrama Martínez y la abogada integrante señora Catalina Infante Correa.