nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la decisión de fecha 24 de julio de 2025 mediante la cual la recurrida rechaza su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, formulada al amparo de la Ley N° 18.156, decisión que le fue notificada por correo electrónico.

Sostiene que dicho acto vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad reconocidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto el rechazo impugnado, se ordene reconocer como válidos los documentos acompañados y se disponga que la recurrida emita nuevo pronunciamiento y, dentro de un plazo razonable, proceda a la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que se estime conforme a derecho.

Expone que solicitó a la AFP recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de los fondos previsionales registrados a su nombre, en calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N° 18.156, acompañando para ello, entre otros antecedentes, su título profesional, una declaración jurada ante notario público chileno, su contrato de trabajo y anexos con la Fundación Educacional Colegio Hispanoamericano, y una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento que –afirma– acredita su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

Refiere que, no obstante haber cumplido con los requisitos establecidos en la normativa especial, la AFP Modelo rechazó su solicitud por estimar que dicha constancia y la declaración jurada no serían suficientes para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Expresa la recurrente, en el correo de rechazo de fecha 24 de julio de 2025 la AFP Modelo le indicó, en síntesis, que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS no cumple con las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, por cuanto no sería un “certificado de afiliación”, no señalaría las prestaciones específicas que cubre, ni se encontraría firmada, apostillada o legalizada; y que la declaración jurada presentada tampoco es idónea por no emanar de la entidad de seguridad social extranjera ni de la representación consular respectiva. Sobre esta base, la Administradora concluyó que no se encontraba acreditado el requisito de afiliación previsto en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, rechazando la solicitud de devolución de fondos.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal, desde que introduce exigencias no contempladas expresamente en la Ley N° 18.156 ni en su artículo 7, tales como la necesidad de que la constancia de afiliación sea apostillada, legalizada o suscrita físicamente por una autoridad, cuando la finalidad de la norma es únicamente que el trabajador se encuentre efectivamente afiliado a un sistema de previsión o seguridad social extranjero que otorgue determinadas prestaciones.

Alega que la constancia electrónica emanada del IVSS cumple dicha finalidad, toda vez que señala su afiliación y puede ser verificada en línea mediante código alfanumérico en el sitio web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañando para ello capturas de pantalla y enlaces que permitirían a la AFP corroborar la autenticidad del documento.

En cuanto a la arbitrariedad del acto, la recurrente hace valer, en primer término, que la AFP Modelo omite verificar la constancia electrónica por los medios tecnológicos disponibles, limitándose a descartar su valor probatorio con fundamentos meramente formales, pese a que el propio certificado indica la forma de comprobar su autenticidad en línea.

En segundo término, denuncia un trato desigual respecto de otros afiliados en condiciones análogas, a quienes –según señala– la misma AFP Modelo y otras Administradoras, como AFP Cuprum, habrían autorizado retiros de fondos previsionales con documentación similar, acompañando ejemplos de aprobaciones previas. Afirma que ello configura una diferencia de trato injustificada, vulneratoria del derecho de igualdad ante la ley.

Finalmente, sostiene que la interpretación excesivamente formalista de la recurrida se desentiende del contexto público y notorio de la crisis institucional en Venezuela y de la ausencia de representación consular regular en Chile, que hace particularmente gravosa –cuando no imposible– la obtención de certificados apostillados, motivo por el cual la exigencia de tales formalidades se traduciría en una barrera irrazonable y desproporcionada para el ejercicio de su derecho a disponer de sus ahorros previsionales, afectando su propiedad sobre ellos.

Solicita se deje sin efecto el rechazo impugnado, se ordene reconocer como válidos los documentos acompañados y se disponga que la recurrida emita nuevo pronunciamiento y, dentro de un plazo razonable, proceda a la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que se estime conforme a derecho.

Segundo: Que, evacuando informe, AFP Modelo S.A. solicita el rechazo del recurso, describiendo, en primer lugar, la solicitud de devolución presentada por la actora, identificada con número interno 24.434, referida al período cotizado entre octubre de 2022 y julio de 2025, y los documentos acompañados para acreditar los requisitos de la Ley N° 18.156, esto es, título profesional, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS y contrato de trabajo con la Fundación Educacional Colegio Hispanoamericano.

Indica que, sobre la base de esos antecedentes, la Administradora efectuó el análisis de rigor para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas tanto en la ley como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, concluyendo que tales requisitos no se encontraban satisfechos.

Explica que la Ley N° 18.156, en su artículo 7, permite a los trabajadores extranjeros solicitar la devolución de los fondos previsionales registrados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que den cumplimiento a las condiciones del artículo 1 del mismo cuerpo legal, entre las cuales se exige que el trabajador “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile (…) que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”. Precisa que, en uso de las facultades que el Decreto Ley N° 3.500 confiere a la Superintendencia de Pensiones para interpretar la legislación del sistema, dicho órgano ha establecido, mediante Oficios y el Compendio de Normas, que esta condición debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada o apostillada, en la que conste de forma específica que el trabajador contó con cobertura en todos los riesgos mencionados durante el tiempo de prestación de servicios en Chile; agregando que también se ha considerado cumplida la exigencia respecto de quienes detentan la calidad de pensionados, en tanto ello se acredite mediante certificación idónea de la entidad extranjera.

Refiere, además, que la Superintendencia de Pensiones, a través de los Oficios N° 3.141 de 20 de febrero de 2024, N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017 y N° 12.954 de 17 de julio de 2025, ha reiterado que no son suficientes para acreditar la cobertura exigida por la Ley N° 18.156: (i) los documentos que se limiten a describir en forma genérica las coberturas del sistema previsional de un país, sin indicar que el trabajador en particular contó efectivamente con dichas prestaciones durante todo el período relevante; (ii) las constancias electrónicas no firmadas ni apostilladas o legalizadas; y (iii) las declaraciones juradas otorgadas por el propio afiliado ante notario chileno, aun cuando se encuentren apostilladas, por no emanar de la autoridad previsional competente. En esa línea, señala que la constancia electrónica presentada por la recurrente no da cuenta de manera específica de la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte respecto de ella, no está firmada por autoridad alguna ni legalizada o apostillada, de modo que no satisface el estándar fijado por la Superintendencia, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para las Administradoras.

Sostiene que, en tales condiciones, la decisión de rechazar la solicitud de devolución de fondos se encuentra plenamente ajustada a derecho, al haberse adoptado en estricto cumplimiento de la Ley N° 18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de los Oficios impartidos por la Superintendencia de Pensiones, órgano encargado de la supervigilancia y fiscalización del sistema y de fijar la interpretación obligatoria de la normativa previsional.

Añade que la Administradora aplica criterios uniformes a todas las solicitudes de devolución por técnico extranjero, sin efectuar distinciones arbitrarias, de modo que no se produce vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, y que la negativa a restituir los fondos en tanto no se acredite debidamente el cumplimiento de los requisitos legales no configura afectación ilegítima al derecho de propiedad de la recurrente, pues dicha devolución constituye una facultad condicionada al cumplimiento previo de las exigencias que la ley establece.

Solicita, en definitiva, que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

Quinto: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

Sexto: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de A.F.P. Modelo S.A., sin costas.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Parada, quien fue de parecer de acoger la acción cautelar, por darse los presupuestos fácticos y jurídicos para su procedencia Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-18537-2025.