nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario en virtud del cual rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, que le fuera notificado el 23 de julio de 2025.

Refiere que su representada en el mes de julio de 2025 solicitó ante la Administradora de Modelo S.A. el retiro de fondos previsionales para extranjeros, de acuerdo con la ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y con fecha 23 del mismo mes y año su representada recibió el comprobante de rechazo, en el que se indica que:

¨Documento enviado no cumple lo solicitado.

Certificado de instituto de organismo de seguridad social y/o previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador (el certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte) legalizado ante el ministerio de relaciones exteriores o apostillado" Expone la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones rechaza argumentando que debe adjuntar certificado de afiliación apostillado, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Destaca que la recurrente ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Señala que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que, desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Sostiene que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N°db4363074-2025609.

Indica que, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente.

Menciona que la recurrida insiste en señalar que los documentos acompañados no se pueden comprobar, más aún, que el certificado expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es un documento de imposible obtención, desconociendo el hecho cierto de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre los estados de Chile y Venezuela, por lo que es forzoso concluir que actualmente el recurrente encuentra un obstáculo imposible de superar, no obstante, puede acreditar la mentada afiliación, por lo que incorporar requisitos no expresamente establecidos en la ley deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Expone a efectos de evidenciar el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, a) el rechazo se obtuvo de forma verbal, sin que medie una debida fundamentación; b) se acompañó declaración jurada, notariado y apostillado y; c) la recurrida cuenta con distintos medios para acreditar que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado, por lo que la interpretación realizada por la AFP recurrida es a todas luces arbitrario e ilegal.

Previas citas legales y jurisprudenciales, pide que se tenga por interpuesto recurso de protección ordenando que se reconozca la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que este tribunal estime conforme al mérito de autos.

Acompaña a su recurso: 1. Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero. 2. Cedula de identidad para extranjeros. 3. Cedula de identidad para extranjeros país de origen. 4. Constancia de cotizaciones previsional del país de origen. 5. Título universitario apostillado. 6. Contrato y anexo de contrato de trabajo. 7. Declaración jurada notariada y apostillada.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, por la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, solicitando su rechazo, con costas.

Indica que con fecha 21 de julio de 2025, la recurrente, a través del sitio web de su representada, ingresó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, buscando ampararse en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros. En virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, su representada realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se debía dar curso a la solicitud de devolución de fondos regulada por la ley 18.156. Así, ese mismo día, a través de respuesta ticket 2641997, envía el siguiente requerimiento al correo electrónico de la recurrente: “Para poder continuar con el proceso de validación, será necesario que puedan enviarnos en un plazo máximo de 4 días hábiles desde notificado esta comunicación, los siguientes documentos:

Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador (El certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte) Legalizado ante el ministerio de relaciones exteriores o Apostillado”.

Lo anterior, debido a que la documentación aportada, específicamente la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración efectuada ante notario no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el compendio de normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de su representada.

Agrega que el 23 de julio del presente, la recurrente adjuntó una carta explicativa, además de la misma declaración jurada junto a la constancia electrónica por lo que el mismo día se le envió la siguiente respuesta: “Te informamos que tu Solicitud Técnico extranjero, no fue ingresado por los siguientes motivos: Documento enviado no cumple con lo solicitado”.

Sostiene que el motivo por el cual AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros se debe a que la recurrente aportó una declaración jurada y una constancia electrónica de cotizaciones, la cual no estaba apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y no es un certificado emitido por una institución extranjera que acredite su afiliación a un sistema de seguridad social o previsional fuera Chile, tal como lo exige la normativa.

Dado lo anterior, explica que, que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a cada uno de los requisitos establecidos por las normas vigentes que regulan la materia, específicamente, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Hace presente que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales. Asimismo, las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980. La supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

No obstante, lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 94 del D.L. 3.500, a la Superintendencia de Pensiones, como órgano contralor del sistema de pensiones chileno, le corresponde, además de las atribuciones y obligaciones que establece la ley, las siguientes funciones generales:

“2. Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados, y el funcionamiento de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.

3. Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 y las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación.”

Cita, además, jurisprudencia emanada de La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ha fallado en el sentido de que la Constancia Electrónica de Pensiones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no estando apostillada ni legalizada, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, en Sentencia dictada en causa Rol Libro Protección 2023-2025 (la cual fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema mediante sentencia dictada con fecha 10 de junio de 2025 en causa Rol Libro Civil / 18581 – 2025).

Concluye que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

En mérito de lo anterior, pide rechazar en todas sus partes la acción deducida, por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, con expresa condena en costas.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., comunicado mediante correo de 23 de julio de 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Quinto: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y… b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que en la documentación presentada por la recurrente consistente en la Constancia Electrónica de Cotizaciones, y la declaración efectuada ante notario no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, no siendo idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N° 18.156, ya que este debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Modelo S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, es importante consignar que al ingresar a web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N°db4363074-2025609, datos proporcionados por la recurrente, figura el siguiente mensaje: “lo sentimos no se pudo realizar la operación, los datos suministrados no coinciden con ninguna autorización activa”, por lo tanto, no es factible verificar la autenticidad del documento.

Noveno: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de la acción deducida sólo por lo expresado en el considerando octavo de este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18535-2025.

En Santiago, diez de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.