Protección contra Instituto de Previsión Social

Santiago, veintidós de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), por haber dictado el ordinario NUM000 de 30 de diciembre de 2024, acto que estima ilegal y arbitrario, en cuanto rechazó declarar la imposibilidad material de continuar con un procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta NUM001, de 30 de mayo de 2022. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que habría significado una afectación grave a los principios de debido proceso y celeridad administrativa, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare el decaimiento del acto administrativo o, en subsidio, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone la recurrente que el IPS instruyó en su contra un sumario administrativo mediante la referida Resolución Exenta NUM001, el cual tenía por objeto investigar eventuales responsabilidades relacionadas con actos de maltrato y acoso laboral en su desempeño como jefa de la sucursal de Chile Atiende de Antofagasta, entre enero de 2020 y marzo de 2022.

Indica que, pese al tiempo transcurrido —más de dos años y siete meses—, el procedimiento no fue cerrado oportunamente, configurándose con ello una dilación excesiva, injustificada y contraria a la legalidad administrativa.

Agrega que, el 17 de octubre de 2024, le formularon cargos, a los cuales contestó en tiempo y forma, ofreciendo prueba y formulando descargos, que en parte fueron acogidos mediante la Resolución Exenta NUM002 de 6 de enero de 2025, la que impuso como sanción la medida de censura. Contra dicha resolución, dedujo recurso de reposición, el cual fue rechazado por Resolución Exenta NUM003, de 21 de enero del mismo año.

Añade que, en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución, solicitó formalmente al Director Nacional del IPS —el 24 de octubre de 2024— que se declarara la imposibilidad de continuar con el proceso disciplinario, invocando el principio del decaimiento del acto administrativo ante el exceso del plazo legal establecido por el artículo 27 de la Ley N° 19.880. No obstante, dicha solicitud fue rechazada mediante la ya citada Ordenanza NUM000.

Sostiene que la conducta administrativa de la recurrida infringe gravemente principios fundamentales del derecho público, tales como la celeridad, eficiencia, inexcusabilidad y resolución oportuna de los procedimientos administrativos. En su parecer, la prolongación del sumario por más de dos años excede los límites legales y razonables, desconociendo el estándar normativo que fija en seis meses la duración máxima del procedimiento, conforme al citado artículo 27 de la Ley N° 19.880. Alega, además, que dicha demora no tiene justificación razonable, pues la mayor parte del tiempo transcurrió sin avances significativos en la investigación, a excepción de actuaciones aisladas y dilaciones atribuibles a la propia administración.

Desde la perspectiva jurídica, fundamenta su pretensión en que el acto recurrido vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al haber sido sometida a un procedimiento prolongado, en condiciones distintas a las exigidas por el ordenamiento jurídico y distintas también a las vividas por otros funcionarios públicos en similares circunstancias. Denuncia, además, la transgresión del derecho al debido proceso legal, puesto que no se respetó el estándar de una investigación racional y oportuna, generándose con ello una afectación a su integridad psíquica y jurídica.

Así, indica que la privación, perturbación y amenaza de sus garantías constitucionales deriva directamente del acto impugnado, que al mantener abierto un procedimiento vencido en sus términos, se transforma en ilegítimo, tanto por transgresión al límite temporal legal, como por la ausencia de racionalidad que exige todo actuar estatal conforme al principio de juridicidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare el decaimiento del acto administrativo iniciado por la Resolución Exenta NUM001, de 30 de mayo de 2022, ordenando que se deje sin efecto el procedimiento disciplinario en su contra, o bien, se adopten las medidas que esta Ilustrísima Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, con expresa condenación en costas procesales y personales.

Segundo: Que evacúa informe el Instituto de Previsión Social (IPS), quien solicitó el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, por considerar que el acto impugnado —consistente en la Ordenanza D.N.

NUM000, de 30 de diciembre de 2024, que rechazó la solicitud de declarar la imposibilidad de continuar un procedimiento disciplinario— no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna, sino que se encuentra plenamente ajustado a derecho, habiéndose dictado dentro del marco de las competencias legales de la institución y con respeto al principio de juridicidad.

Sostiene el ente recurrido que el procedimiento disciplinario en cuestión se inició por medio de la Resolución Exenta NUM001, de 30 de mayo de 2022, para investigar eventuales conductas constitutivas de maltrato laboral por parte de la funcionaria recurrente, doña nombre reservado, durante el ejercicio de su cargo como jefa de la sucursal Antofagasta de Chile Atiende, entre los años 2020 y 2022. Agrega que, en atención a la naturaleza de los hechos y a la necesidad de adoptar medidas conducentes a su esclarecimiento, el procedimiento se prolongó por un lapso superior al ordinario, pero siempre dentro de márgenes razonables, considerando la complejidad del caso, las diligencias necesarias para su desarrollo y las limitaciones operativas derivadas de la pandemia por COVID-19.

Aduce que el sumario no estuvo paralizado ni inactivo de manera injustificada, sino que tuvo diversos hitos relevantes: en primer lugar, la recopilación de antecedentes mediante entrevistas a funcionarios; en segundo término, el análisis de antecedentes aportados por la Unidad de Prevención de Riesgos Psicosociales; en tercer lugar, que la recurrente se encontró durante meses con licencia médica por enfermedad catastrófica y finalmente, la formulación de cargos mediante resolución notificada a la sumariada el 17 de octubre de 2024. La parte recurrida resalta que dicha notificación generó efectos jurídicos inmediatos en el procedimiento, abriendo la etapa de descargos y defensa por parte de la sumariada, quien contestó formalmente y presentó prueba.

Indica que el procedimiento culminó con la dictación de la Resolución Exenta NUM002, de 6 de enero de 2025, mediante la cual se impuso a la funcionaria la sanción de censura, resolución que fue objeto de recurso de reposición, el que fue debidamente tramitado y resuelto mediante la Resolución Exenta NUM003, de 21 de enero del mismo año, confirmando lo resuelto. Por tanto, el procedimiento no solo fue impulsado con regularidad, sino que concluyó con una resolución fundada, luego de haberse garantizado el derecho a defensa y el principio de contradicción.

En cuanto al fondo del recurso, afirma que la recurrente incurre en una errónea interpretación del artículo 27 de la Ley N° 19.880, ya que, si bien dicho precepto establece un plazo de seis meses para la tramitación de los procedimientos administrativos, también autoriza su extensión por causas justificadas. En este caso, las causas justificadas habrían consistido en la naturaleza de los hechos, la necesidad de cautelar los derechos de múltiples funcionarios afectados, así como la revisión por parte de unidades especializadas del IPS. En este sentido, la demora no configuraría una causal de nulidad ni de decaimiento automático, sino que responde a circunstancias objetivas que fueron debidamente ponderadas por la autoridad administrativa.

Añade que la decisión de rechazar la petición de declarar la imposibilidad de continuar el procedimiento fue debidamente fundada en la Ordenanza D.N. NUM000, donde señaló expresamente que no se advertía inactividad injustificada ni imposibilidad material para continuar con el proceso. Por el contrario, se indicó que el procedimiento había finalizado conforme a derecho, dictándose resolución sancionatoria debidamente motivada, lo cual excluye cualquier afectación al principio de juridicidad.

Desde la perspectiva constitucional, el IPS rechaza que se haya producido una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto la actuación administrativa fue conforme a normas objetivas y aplicables a todos los funcionarios en iguales condiciones. Asimismo, niega que se haya desconocido el debido proceso legal, toda vez que la sumariada fue notificada, pudo presentar descargos, ofrecer prueba y presentar recurso administrativo, todos los cuales fueron conocidos y resueltos por la autoridad competente. No se verificó, en consecuencia, afectación alguna a garantías fundamentales que amerite el acogimiento de una acción constitucional de protección.

Finalmente, la recurrida indica que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar procedimientos disciplinarios concluidos, pues ello implica una revisión de mérito propia de la justicia administrativa o contencioso-funcionaria.

Por todo lo anterior, el Instituto de Previsión Social solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que el recurso impugna el acto administrativo correspondiente al ordinario NUM000 de 30 de diciembre de 2024, dictado por el director del ISP y que se enmarca dentro de una solicitud de la recurrente al interior del sumario administrativo dirigido en su contra, iniciado por Resolución Exenta NUM001, de 30 de mayo de 2022, el que culminó con una aplicación de censura, la que fue impugnada y conformada por la Resolución Exenta NUM003, de 21 de enero del año en curso.

Luego el objeto del recurso no es lo decido en el sumario, sino lo decido por el señor director del ISP al interior de éste y que correspondió a la negativa de dejar sin efecto el sumario por un eventual decaimiento del mismo.

Quinto: Que en lo pertinente, el ordinario NUM000, la autoridad recurrida dispuso: “II.- De la presentación de la señora nombre reservado.

Que, de acuerdo con su presentación, la que indica. EN LO PRINCIPAL: Solicita se declare de oficio la imposibilidad material de continuar con el proceso disciplinario iniciado por la Resolución Exenta NUM001 de 30 de mayo de 2022. PRIMER OTROSI: Designa Apoderada:

SEGUNDO OTROSI: Forma de notificación especial. Al respecto señalo.

Como cuestión previa, es pertinente indicar que la señora nombre reservado hizo uso en tiempo y forma de su derecho a la presentación de descargos, solicitando se abriera un término probatorio, a lo que se accedió y se recogieron las probanzas solicitadas, siendo estas debidamente ponderadas por el Fiscal Instructor.

Precisado lo anterior en relación con lo que solicita en lo Principal de su presentación, el proceso disciplinario a la fecha no se encuentra afinado, encontrándonos en la etapa resolutoria. Que en cuanto a lo particular, este alegato no ha sido interpuesto ni expuesto en el referido proceso sumarial, en ninguna de las oportunidades procesales que le asisten, por lo que sin perjuicio que este Servicio estima que no es la instancia ni la sede idónea al efecto, no corresponde pronunciarse al respecto.

Que, sin perjuicio de lo indicado, se estima procedente que el asunto sea conocido ante la instancia pertinente, derivando estos antecedentes al Fiscal Instructor del proceso disciplinario para que, en el ámbito de sus facultades, conozca de ellos, agregando dichos antecedentes al proceso, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al jefe del Servicio para resolver el proceso disciplinario a través de la dictación de la Resolución de Término.”

Sexto: Que el recurrido no ha cometido acto arbitrario o ilegal alguno, puesto que actuó dentro de facultades, respetando el debido proceso según se aprecia del mismo acto impugnado, pues aun careciendo de facultades legales para dejar sin efecto un sumario que se desarrollaba, puso en conocimiento el fundamento de lo alegado por la recurrente para que el fiscal a cargo del sumario lo tuviese presente en la sede que correspondía, la que culminó como ya se indicó por Resolución Exenta NUM003, de 21 de enero del año en curso.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo dicho, no escapará a un análisis atento que la petición concreta del presente recurso tendría un efecto en el resultado final del sumario administrativo dirigido contra la recurrente y el cual no aparece impugnado por la presente acción, lo que naturalmente demuestra que no es vía idónea la presente impugnación cautelar pues pretende dejar sin efecto, en los hechos, el resultado mismo del sumario que se siguió en su contra.

Octavo: Que, conforme lo dicho, no es posible apreciar ilegalidad o arbitrariedad alguna en la resolución impugnada, pues el recurrido actúo dentro de sus facultades legales, y el acto no aparece como producto del mero capricho, expresado sin razón alguna, esto es, una simple veleidad.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto.

Redacción del ministro interino señor Avilés.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-1852-2025.-