nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, e interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, Técnico Superior en Hidrocarburos, de nacionalidad venezolana, y en contra de AFP Provida S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales acompañando los documentos requeridos, a saber, contratos de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente que acredita su residencia definitiva, y constancia del seguro social de Venezuela. No obstante lo anterior, su petición fue denegada por la administradora recurrida, mediante correo electrónico de 8 de julio de 2025, en atención a que faltaba acompañar constancia de afiliación vigente apostillada en el país en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Afirma que el actor dio íntegro cumplimiento a las exigencias legales establecidas para el retiro de sus fondos, acorde con los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, salvo la mencionada apostilla, debido a la ausencia de representación consular en Chile de su país de origen, existiendo una imposibilidad material de realizar ese trámite, que en la especie configura un caso fortuito, en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Señala que, pese a dicha imposibilidad, acompañó constancia de afiliación electrónica vigente emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en el portal oficial de dicha institución mediante el ingreso de la cédula de identidad venezolana o del código alfanumérico que contiene el documento. La constancia acredita cobertura en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, cumpliendo así con las prestaciones mínimas exigidas por el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Argumenta que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política y el deber de motivación establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.880.

Destaca, asimismo, que la constancia electrónica emana de un organismo público, fue acompañada junto a una declaración jurada legalizada y es plenamente verificable por medios electrónicos.

Concluye que la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución, al exigir requisitos no establecidos en la normativa y retener injustificadamente los fondos previsionales sobre los cuales el recurrente ejerce dominio.

Por lo anterior, solicita se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión del actor; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo.

Sostiene en primer lugar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, desde que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues mediante ella se pretende modificar los cuerpos normativos que rigen el sistema de pensiones y discutir la constitucionalidad del DL 3.500, objetivo que excede la finalidad del recurso de protección a lo que se suma el hecho de que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado.

Expone sobre el particular que el día 18 de agosto de 2025 esa institución previsional negó la solicitud de devolución de fondos previsionales que el recurrente realizó al amparo de la Ley N° 18.156, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Indica que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, AFP Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero y que el recurrente no formuló reclamo alguno al regulador sectorial por ese motivo.

Postula que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que el recurrente no ha dado cumplimiento íntegro al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Puntualiza que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asevera que a la luz de esa exigencia queda claro que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, limitándose a comprobar que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que la Ley N°18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales y de fiscalización, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, exige que la certificación de cobertura previsional sea específica respecto a las coberturas y se encuentre debidamente legalizada o apostillada, según corresponda, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, reiterando que las certificaciones electrónicas que no cumplan con esta formalidad no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito.

QUINTO: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por la recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que el documento consistente en el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque verificable en línea, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los oficios e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular o apostilla de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que, si bien la situación descrita por la recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N°18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

SEXTO: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección para dirimir un asunto como el planteado, considera la Corte que esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como lo es la Superintendencia de Pensiones, facultada expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

SÉPTIMO: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud de la recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de don nombre reservado y en contra de AFP Provida S.A.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Parada, quien fue partidario de acoger la acción de protección impetrada, debido a que en su concepto sí se dan los presupuestos exigidos en la norma para la entrega de los fondos previsionales del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 18505-2025.