SINDICATO N° 2 DE TRABAJADORES DE EMPRESA LABORATORIO MAVER S.A. con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN

Santiago, treinta y uno de enero del año dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de Laboratorio Maver S.A., junto a representantes del Sindicato de Trabajadores y del Sindicato N° 2 de Trabajadores de dicha empresa, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lampa, el Gobierno Regional Metropolitano y el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, por la omisión ilegal y arbitraria de ejercer sus atribuciones legales en relación al deficiente estado de mantención y sistema de evacuación de aguas lluvias de las calles del sector Parque Industrial Valle Grande de Lampa, particularmente en la intersección de calle Las Encinas con Los Boldos, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1°, 16°, 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que Laboratorio Maver S.A. es propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, donde opera una planta dedicada a la elaboración y acondicionamiento de productos farmacéuticos y cosméticos, que cuenta con aproximadamente 300 trabajadores. Señala que las calles que circundan el sector, especialmente la intersección entre calle Las Encinas y Los Boldos -único acceso a las dependencias de la empresa-, se encuentran en deplorable estado de mantención, con numerosos hoyos e irregularidades en el pavimento y carentes de un sistema eficaz de evacuación de aguas lluvias, lo que provoca su completa inundación durante episodios de precipitaciones, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal.

Indica que, desde el año 2017, la situación ha sido representada formalmente a las autoridades municipales mediante diversos correos electrónicos y cartas, sin obtener una respuesta efectiva. Si bien a inicios de 2023, comenzaron reuniones con autoridades municipales para abordar el problema, estas no prosperaron en soluciones concretas, evidenciándose además desconocimiento sobre la regulación legal aplicable y las competencias de cada organismo involucrado.

Argumenta que, conforme al artículo 5° de la Ley N° 18.695, corresponde a la Municipalidad la administración de los bienes nacionales de uso público; según el artículo 16 de la Ley N° 19.175, compete al Gobierno Regional la construcción, reposición y conservación de obras de pavimentación; y de acuerdo a la Ley N° 8.946, el SERVIU debe fiscalizar las obras de pavimentación. Así, afirma que ninguna de estas entidades ha ejercido efectivamente sus atribuciones legales, actuando de manera arbitraria al omitir injustificadamente el cumplimiento de sus deberes.

Alega que la omisión denunciada vulnera el derecho a la vida e integridad física de los trabajadores por el riesgo de accidentes; la libertad de trabajo al impedirse el normal acceso al lugar de trabajo; el derecho a desarrollar actividades económicas al afectarse las operaciones de la empresa; y el derecho de propiedad al impedirse el pleno uso y goce del inmueble y su explotación comercial.

En definitiva, solicita que se ordene a las recurridas actuar de manera coordinada y eficaz para ejecutar las obras de reparación y mejoramiento necesarias en las calzadas del sector, especialmente en la intersección señalada, debiendo informar sobre la aprobación o planificación de los respectivos proyectos dentro del plazo de 6 meses o el que esta Corte determine, junto con adoptar las demás medidas que se estimen pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Segundo: Que informando el recurso, el Gobierno Regional Metropolitano solicita su rechazo, argumentando en lo medular que no existe una actuación ilegal ni arbitraria de su parte.

En primer término, señala que, conforme al artículo 13 de la Ley N° 19.175, es un servicio público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de modo que no le empecen los compromisos u obligaciones de las municipalidades ni de los servicios descentralizados. Explica que si bien el artículo 16 letra n) de la citada ley, le otorga funciones en materia de pavimentación, estas se limitan a construir, reponer, conservar y administrar obras en áreas urbanas con cargo a los fondos que asigne la Ley de Presupuestos, pudiendo celebrar convenios con municipalidades y otros organismos del Estado para contar con respaldo técnico.

Sostiene que su responsabilidad es de carácter financiero, limitándose a dotar de recursos presupuestarios para proyectos que deben ser propuestos por otros organismos como municipalidades y SERVIU, careciendo de capacidad técnica y orgánica para ejecutar directamente labores de construcción y conservación. Agrega que, en el presente caso, no ha sido emplazado para dar solución al problema que afecta los espacios públicos ni para actuar coordinadamente.

Argumenta, además que las obligaciones establecidas en la letra n) del artículo 16 de la Ley N° 19.175, se circunscriben a "áreas urbanas" y no rurales como sería el caso de la comuna de Lampa, que está fuera del límite urbano del Plano Regulador de la Región Metropolitana según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

En cuanto a las responsabilidades de otros organismos, indica que corresponde a la Municipalidad la administración de los bienes nacionales de uso público conforme al artículo 5° de la Ley N° 18.695 y artículo 589 del Código Civil; al MINVU y SERVIU la planificación y mantención de la red secundaria de aguas lluvias según Ley N° 19.525; y a la DOH del MOP lo relativo a la red primaria de aguas lluvias.

Por estas consideraciones, solicita tener por evacuado el informe, poniendo a disposición al organismo público para solucionar los problemas expuestos dentro del marco de sus competencias, y que no se le condene en costas por no existir oposición.

Tercero: Que, igualmente, informó el recurso, el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, solicita su rechazo, argumentando que conforme al artículo 11 de la Ley N° 8.946, su función se encuentra limitada a fiscalizar las obras de pavimentación, con excepción de aquellas que se ejecuten en la comuna de Santiago y las reparaciones de emergencia. Explica que dicha fiscalización comprende únicamente la aprobación y revisión de proyectos de pavimentación, la inspección y vigilancia de su ejecución, y la recepción de las obras una vez finalizadas, conforme a las normas técnicas contenidas en el Manual de Obras de Vialidad, Pavimentación y Aguas Lluvias.

Arguye que, en ninguna disposición de la Ley N° 8.946 se establece alguna forma de control, vigilancia o fiscalización, o deberes de conservación o mantención respecto a la administración de aceras y calzadas comunales, siendo esta una función exclusiva y excluyente de las Municipalidades según el artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695. Agrega que el nuevo artículo 77 bis de la Ley N° 8.946 faculta a las municipalidades para ejecutar reparaciones de emergencia sin requerir aprobación, inspección o recepción del SERVIU.

En cuanto a la mantención y limpieza de colectores de aguas lluvias, señala que si bien por mandato de la Ley N° 19.525, los SERVIU están a cargo de la red secundaria, esto se limita a la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación y mantención, pero en ningún caso a su limpieza, citando los dictámenes N° 11.777 y 20.828 de 1991 de la Contraloría General de la República que asignan dicha responsabilidad a las Municipalidades.

Afirma que la acción de protección es una vía inidónea al tratarse de derechos disputados y no indubitados, existiendo una clara controversia sobre la interpretación de las normas que establecen las competencias de cada organismo, sin perjuicio de carecer actualmente de objeto el recurso al no existir medidas cautelares que esta Corte pudiera adoptar para restablecer el imperio del derecho. Finalmente, invoca jurisprudencia que establece que no corresponde a los tribunales decidir sobre políticas públicas como la mantención y reparación de calles, siendo ello facultad del Poder Ejecutivo.

Cuarto: Que informando el recurso, la Ilustre Municipalidad de Lampa solicita su rechazo.

Señala que la acción de protección no tiene como finalidad la cautela de derechos indubitados, sino que lo requerido por los recurrentes excede la protección de derechos del catálogo de garantías constitucionales, pretendiendo obtener una prerrogativa o privilegio ante las políticas públicas para que sus necesidades sean atendidas prioritariamente.

En cuanto al contexto fáctico, señala que Laboratorio Maver S.A. posee una patente industrial provisoria desde el año 2002, y que las vías cuestionadas forman parte del Parque Industrial Valle Grande, cuyo certificado de recepción definitiva de obras de urbanización data del 9 de noviembre de 2001, tratándose de un sector con intenso tránsito de vehículos de alto tonelaje que naturalmente deterioran con mayor rapidez el pavimento. Agrega que conforme al artículo 135 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las calles en cuestión son bienes nacionales de uso público.

Esgrime que no existe nexo causal entre los hechos descritos y una posible privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, desarrollando específicamente que: i) respecto al derecho a la vida e integridad física, es el conductor quien debe mantener el control del vehículo y estar atento a las condiciones del tránsito según la Ley de Tránsito; ii) en cuanto a la libertad de trabajo, la garantía solo se refiere a la libre elección y contratación; iii) sobre el derecho a desarrollar actividades económicas, no existe impedimento para explotar el giro autorizado; y iv) respecto al derecho de propiedad, la empresa sigue explotando normalmente su giro sin limitación a los atributos del dominio.

Argumenta además que la reparación de vías urbanas y rurales constituye una política pública, debiendo considerar que la comuna de Lampa posee una superficie de 452 km² con distintas necesidades que deben priorizarse según diversos factores como la existencia de servicios, tipo de sector, impacto social y densidad poblacional. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones que ha establecido que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para impugnar supuestas omisiones en materia de mantención y reparación de calles, por corresponder al Poder Ejecutivo determinar la oportunidad, factibilidad y disponibilidad de recursos para la ejecución de obras públicas.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que surge de lo anterior entonces que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto u omisión ilegal,-esto es-contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de la acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate, respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Séptimo: Que lo que se denuncia mediante la presente acción cautelar es que la escasa o nula mantención de las calzadas de las calles aledañas a la planta del Laboratorio Maver dificultan el acceso o tránsito vehicular y /o peatonal, provocando hoyos, baches o irregularidades que se acrecientan durante el período de precipitaciones afectando las garantías constitucionales que particularizan en el recurso.

Octavo: Que las recurridas en sus informes expresamente han señalado que no han incurrido en las omisiones que se le imputan por cuanto carecen de las competencias legales para ello, tanto respecto de las labores que se le señala que no han ejecutado tanto respecto de los recursos que se indican no haber empleado.

Noveno: Que respecto de la mantención y pavimentación de las calles de las distintas comunas de la Región Metropolitana, sean estas rurales o urbanas corresponden a políticas públicas de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, quien a través de las autoridades administrativas pertinentes deben determinar en razón de la oportunidad, factibilidad, disponibilidad de recursos a través de la licitación de una obra pública, siendo ajeno al pronunciamiento entonces al Poder Judicial y menos a través de una acción de emergencia como es el presente arbitrio constitucional de protección careciendo, por lo demás, los actores de derechos indubitados.( sentencia Corte Suprema Rol N°3342-2020) ( Corte de Apelaciones Santiago Rol N°108759-2022)

Décimo: Que por todo lo precedentemente razonado; y por no existir medida alguna que pueda esta Corte adoptar para reestablecer el imperio del derecho si los actores carecen de un derecho indubitado, el recurso en examen necesariamente deberá rechazarse, siendo innecesario analizar la procedencia de las garantías denunciadas.

Y de acuerdo, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el Sindicato N°2 de Trabajadores de Empresa Laboratorio Maver y otro contra Servicio de Vivienda y Urbanismo y otros.

Redacción de la ministra señora Marisol Rojas Moya Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°18.503-2024.- No firma la ministra señora Marisol Rojas Moya, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.