nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Makarena García Dinamarca, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, chileno, Ingeniero Agrónomo, Doctor en nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Universidad de Chile, representada por su rector, don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, por haber dictado el Decreto Exento N°0047628/2019 de fecha 21 de Noviembre de 2019, mediante el cual dispone la no renovación de la contrata del recurrente.

Refiere en lo pertinente que ingreso a la Universidad de Chile a partir del 1 de julio de 2011 en calidad de contrata como Profesor Asistente, contratación que fue renovada sucesiva e ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Detalla que ha sido calificado en tres oportunidades, que abarcan los períodos 2011 – 2012; 2013 – 2014 y 2015 -2016, en todas ellas obtuvo un puntaje final académico de 3 (bueno) en una escala de 1 a 3, conforme al Reglamento General de Calificación Académica de la Universidad de Chile.

Explica que el acto objeto del presente reclamo tuvo en consideración: para no renovar su contrata la pobre actividad académica del recurrente, que según la Comisión Académica de la nombre reservado, presenta insuficientes resultados de investigación, docencia de postgrado y publicaciones durante los dos últimos períodos calificatorios. Qué, la decisión de no renovación de la contrata fue solicitada por la directora del Departamento Desarrollo en Productos nombre reservado, Prof. nombre reservado, petición analizada y ratificada por el Comité de Resoluciones, en su Sesión N°10 de fecha 11 de noviembre de 2019, con la participación de la nombre reservado, el Vicedecano y el Director Económico y Administrativo, quienes ratificaron por unanimidad no renovar el nombramiento a contrata de don nombre reservado, para el año 2020.

Acusa la vulneración de lo dispuesto por el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental y para su caso concreto lo relaciona con ausencia de una fundamentación adecuada que no permite conocer las razones de interés público en base a las cuales se adopta la decisión, calificando sus argumentos como vagos e imprecisos pues no se logra determinar porque de un día para otro el funcionario que durante 8 años fue necesario e idóneo para el cumplimiento de las funciones ya no lo es, por ello concluye que lo razonado por el decreto en comento deviene en discriminatorio.

En cuanto a la vulneración de su garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República alude al derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo. Incorporando consideraciones asociadas a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico y el cual fue percibido por más de 8 años.

Invoca finalmente el derecho a la libertad de trabajo consagrada en el artículo 19 Nº 16 de la Carta Fundamental, entendiendo dicha garantía como la posibilidad de continuar ejerciendo las funciones como docente como lo desempeñó el funcionario históricamente, circunstancias avaladas en el concepto de confianza legítima que se produce en la administración del estado, en cuanto a que ésta ejercerá las renovaciones de contratas como es su caso, mientras no exista fundamento fáctico o legal para adoptar un proceder distinto.

Solicita en definitiva invalidar la no renovación de la contrata con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informando la recurrida ratificó que el recurrente se incorporó el 1° de julio de 2011 a la nombre reservado y de Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, en calidad de Profesor Asistente, jornada completa, grado 09 ESU, modalidad a contrata, por los períodos indicados en los respectivos decretos de nombramiento y de prórrogas, o hasta que sean necesarios sus servicios.

Explica que las razones que se tuvieron en consideración para poner fin a la contrata del académico Dr. nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2020, obedecen a la falta de los avances esperados en su desempeño, luego que un plan de actividades fuera pactado con él tendiente a mejorar la productividad del Departamento.

Detalla que durante los últimos dos períodos calificatorios ha alcanzado un promedio de 2,7 en su calificación y ha recibido observaciones de la citada Comisión referente a su insuficiente dedicación en actividades de postgrado, investigación y publicaciones, producto de lo cual se le ha recomendado concentrarse en un área disciplinaria específica para desarrollar acciones y productos relevantes. Por lo tanto, la revisión de la información académica del Dr. nombre reservado que he tenido a la vista revela la pobre valoración que la Comisión de Calificación otorga al resultado de su trabajo de desarrollo científico.

Argumenta seguidamente que esta acción constitucional está destinada a restablecer el imperio del derecho a través de medidas urgentes, siendo incompatible con un pronunciamiento de carácter declarativo.

Sostiene que la actuación de la Sra. nombre reservado y de Conservación de la Naturaleza con relación al caso del señor nombre reservado está amparada por el régimen jurídico que regula las atribuciones que correspondían al primero respecto de este último.

Dicho régimen jurídico –expresa- reconoce su fundamento en los artículos 1 y 12 del Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por D.F.L. N° 3, de 10 de marzo de 2006, publicado en el Diario nombre reservado de 2 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981.

Acompañó a su presentación: 1. Copia del Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por D.F.L. N° 3, de 10 de marzo de 2006, publicado en el D. nombre reservado de 2 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981; 2. Copia de D.U. N° 906, de 2009, que aprueba Reglamento General de Facultades de la Universidad de Chile. 3. Copia de D.U. N° 1.937, de 1983, que delega atribuciones en Decanos de nombre reservado y Directores de Institutos de la Universidad de Chile. 61429464.

Tercero:

Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil– o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto:

Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

Quinto:

Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitoria que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. Sin embargo, en el caso de autos lo que ha ocurrido es la no renovación de la contrata del recurrente por estimar que los servicios ya no son necesarios.

Sexto:

Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra de la Universidad de Chile, representada por su rector, don nombre reservado.

Redacción del ministro (s) Sr. Juan Carlos Silva Opazo.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-185001-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firma el Ministro señor Poblete por encontrarse suspendido de sus funciones.