nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 10: téngase presente.

Vistos:

1°) Que, comparece Marlyn Andreina Bastidas Velasquez, abogada, en representación de nombre reservado, ciudadana venezolana, accionando de protección contra la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto que estima como ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud para la devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero -educadora de párvulos- en virtud de lo que dispone la Ley Nro.18.156, lo que vulneraría sus garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Explica que solicitó la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley Nro.18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, respecto de las cotizaciones previsionales enteradas por su empleador Actividades Creativas, Artísticas y de Entretenimiento Joel Manuel Vivas González E.I.R.L., correspondientes al período trabajado. Para respaldar dicha acción, acompañó entre otros documentos, un anexo de contrato de trabajo, y la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), sin embargo, la recurrida le comunicó que su solicitud no fue ingresada por no haber recibido la documentación solicitada, en particular el último antecedente referido, por no estar debidamente legalizado o apostillado y que no se acreditó fehacientemente la expresión de voluntad de su representado de permanecer afiliado a un sistema previsional extranjero durante toda la relación laboral. Hace presente que, respecto del Certificado de Constancia de Cotizaciones, el mismo es generado de forma electrónica con un código de validación, aduciendo que la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela impide la tramitación de apostilla o legalización, situación que constituye fuerza mayor.

Pide, en definitiva, se dé curso a los autos y se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente.

2°) Que evacuando informe la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la solicitud de devolución fue rechazada tras el análisis de la documentación, atendido que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple con la normativa vigente, pues no constituye un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado que acredite de manera fehaciente la cobertura para todos los riesgos exigidos por la Ley Nro.18.156. Y la declaración jurada efectuada por la misma trabajadora tampoco resulta idónea ni apta para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Así, su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal puesto que se ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, organismo que tiene la facultad de fijar la interpretación obligatoria de la legislación.

Cita oficios de la Superintendencia (Oficio Nro.21.480) y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen una certificación de afiliación debidamente legalizada o apostillada que acredite la cobertura específica para los riesgos exigidos por la ley, estimando que su actuar se ha ajustado estrictamente a derecho, ya que la Ley Nro.18.156 constituye un régimen de excepción con requisitos copulativos, y la Administradora está obligada a dar cumplimiento a las normas procesales nacionales (artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil) sobre la validez de instrumentos públicos extranjeros.

3°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4°) Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

5°) Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Plan Vital S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, se fundó en el incumplimiento de los requisitos formales y reglamentarios previstos en la Ley Nro.18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente y vinculante en materia de interpretación previsional para las Administradoras.

6°) Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional para surtir efectos probatorios plenos. Ello, por cuanto dicho documento emitido en el extranjero no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, omitiendo la exigencia ineludible dispuesta en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. A su vez, la declaración jurada rendida unilateralmente por la propia solicitante ante notario en Chile no reemplaza la certificación oficial requerida ni acredita fehacientemente las coberturas mínimas exigidas por la ley.

7°) Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley Nro.18.156 y de su reglamentación, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente, esto es, la Superintendencia de Pensiones, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. Nro.3.500 de 1980. Una Administradora carece de facultades discrecionales para eximir a los solicitantes de las formalidades procesales que la propia ley general impone a los documentos públicos extranjeros.

8°) Que, por consiguiente, no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo antojadizo o caprichoso, sino a una exigencia imperativa de autenticidad y veracidad que encuentra sustento normativo de orden público en nuestro país. Las circunstancias fácticas relativas a las dificultades para la obtención de dichos trámites diplomáticos no autorizan a la institución privada a inobservar el principio de legalidad al que se encuentra sometida en el pago de beneficios previsionales.

9°) Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre la vulneración de las garantías fundamentales invocadas por la actora, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, desde que al no existir un obrar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, no se configura el presupuesto básico indispensable para que esta judicatura adopte medidas de tutela o resguardo a través de esta vía excepcional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-185-2026.