GSTI CHILE SPA con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Santiago, diez de agosto de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, quien en representación de GSTI Chile SpA, interpone acción constitucional de protección contra la Comisión para el Mercado Financiero, representada legalmente por su presidente, por el acto que considera arbitrario e ilegal cometido por la recurrida, que conculca sus garantías fundamentales dispuestas en los numerales 3°, 4° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso, señalando como antecedentes preliminares que GSTI Chile SpA, es una empresa que entrega servicios especializados en áreas como la automatización de procesos mediante Software BPM o Business Process Management, así como en la implementación de Aplicativos de Gestión para Departamentos de Tecnologías de la Información, desarrollando además soluciones para Call Centers, Servicios Generales, Servicio al Cliente, Servicios de Post Venta y, en todo tipo de departamentos que entreguen servicios de apoyo a la cadena de valor.

En el contexto descrito, indica que contrató los servicios de Telefónica Chile S.A., para que ésta le brindara un servicio de “Consumo Huawei Cloud”. No obstante, tiempo después Movistar y Huawei se separaron y el servicio de consumo Huawei Cloud lo continuaron pagando directamente a Huawei, informando dicha circunstancia a la empresa.

Sostiene que, tras ese hito, Telefónica Chile S.A., comenzó a emitir facturas por un monto muy elevado, informando el cobro de otros servicios no contratados ni recibidos; por lo que objetó dichos documentos en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sin recibir respuesta alguna por parte de la empresa, siendo informadas 28 facturas a Equifax como morosas, el día 28 de febrero de 2021, por un monto $11.675.000.

Refiere que, se comunicó con Equifax, enviando todos los comprobantes que daban cuenta que las facturas publicadas, las que fueron reclamadas dentro de plazo ante el SII y, además, remitió copia de todos los reclamos efectuados a Movistar, y las respuestas que dicha entidad dio, en las que informaba que solucionaría este problema, procediendo a eliminar íntegramente la publicación que había hecho contra su empresa, tal como consta en Informe empresarial de fecha 5 de mayo de 2021, emitido por Equifax, siendo eliminadas también del Boletín Comercial.

No obstante lo anterior, expone que el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), le informó que no le podrían otorgar un crédito Fogape aprobado, porque las referidas publicaciones, aun figuran en el Informe de Deudas de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), las que se habrían obtenido del Boletín Comercial y de Equifax, habiendo sido ya eliminadas, cometiendo la recurrida un acto ilegal y arbitrario al mantener vigente la publicación de deudas, infringiendo el artículo 9 de la Ley N°19.628, sobre tratamiento de datos personales.

Luego de individualizar las garantías que estima vulneradas, solicita a esta Corte que acoja la acción interpuesta, ordenando a la recurrida disponer el retiro inmediato de GSTI CHILE SpA de su base de datos como empresa morosa, restableciendo así el imperio de derecho, y declarando que la Comisión Para El Mercado Financiero, no puede publicar como morosas facturas debidamente rechazadas ante el Servicio de Impuestos Internos, ni reclamadas y pendientes de corrección.

SEGUNDO: Que, evacua informe el abogado José Antonio Gaspar Candia, en representación de la Comisión para el Mercado Financiero, y solicita el rechazo de la acción interpuesta, señalando, en primer término, que dicho organismo no cuenta -como principio general- con los antecedentes particulares de las operaciones realizadas entre las entidades sujetas a su fiscalización y sus clientes, y que, no cuenta en sus registros con presentaciones efectuadas por la recurrente de autos.

Informa que, el artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos (en adelante, la “LGB”), establece que la Comisión debe mantener una información permanente y refundida sobre los deudores de las instituciones fiscalizadas en virtud de la citada ley y los saldos de sus obligaciones referidas a un mes determinado, para el uso de las entidades antes señaladas.

Expone que, para dar cumplimiento a la citada disposición legal, se solicita a las instituciones fiscalizadas, información respecto de sus deudores con periodicidad mensual, conforme a pautas precisas que se establecieron en el Capítulo 18-5 Información sobre deudores de las instituciones financieras, de la Recopilación Actualizada de Normas (en adelante “RAN”), fijándose las modalidades de la entrega de acuerdo a las instrucciones contenidas en el archivo D10 de la sección Sistema de Deudores del Manual de Sistema de Información para Bancos y Financieras. Luego de recopilada dicha información, se emite el denominado “Estado de Deudores”, que contiene información a una fecha determinada y que es distribuido a los bancos y cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas.

Precisa en relación con lo expuesto, que la información remitida por las instituciones fiscalizadas, indica el estado de las deudas en un mes determinado, sin el detalle del tipo de crédito a que se refiere, los documentos que le dieron origen, ni ningún otro antecedente adicional, cuyo contenido es de exclusiva responsabilidad de la respectiva institución bancaria, limitándose la Comisión sólo a refundir la información proporcionada.

De esta forma, indica que, si la entidad informante no ha cumplido con alguno de los principios para la inclusión o exclusión de una determinada deuda morosa, conforme a lo dispuesto en la normativa citada, el deudor puede solicitar directamente a la entidad financiera que, en cumplimiento con la normativa, excluya esa deuda del Estado de Deudores, haciendo presente que el referido Estado de Deudores es renovado mensualmente, por lo que no mantiene información histórica, perdiendo vigencia la información anteriormente publicada.

Finalmente agrega que, la empresa referida en el recuro -Telefónica Chile S.A. - no es de aquellas entidades que, de conformidad a la LGB y otros cuerpos legales, se encuentre sujeta a la fiscalización de la Comisión, por lo que no se encuentra afecta a la obligación legal de informar deudas, no registrando la sociedad GSTI CHILE SPA, Rut N°RUT reservado, alguna obligación morosa informada.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y, que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes.

QUINTO: Que, por el recurso de autos, la recurrente estima que la Comisión para el Mercado Financiero ha actuado en forma arbitraria e ilegal al mantener la publicación en su base de datos la morosidad de unas facturas por una supuesta deuda con Telefónica Chile S.A., la que ya no está publicada en Equifax ni en el boletín comercial, y que se lo habría informado el banco BCI, cuando le fue negado un préstamo Fogape por dicha entidad bancaria, fundada en el informe de deudas de la Comisión Para el Mercado Financiero. La recurrida por su parte, niega la publicación en sus registros de alguna morosidad con Telefónica S.A. de la recurrente.

SEXTO: Que, para resolver, es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de autos:

1.- Decreto Ley N° 3538, del Ministerio de Hacienda. Crea la Comisión para el Mercado Financiero:

“TÍTULO I.

Objetivo y Funciones de la Comisión para el Mercado Financiero Artículo 1.- Créase la Comisión para el Mercado (…)

“Corresponderá a la Comisión, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público. (..)”

2.- Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, dispone:

“Artículo 14.- La Comisión dará a conocer al público, a lo menos cuatro veces al año, información sobre las colocaciones, inversiones y demás activos de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley, así como su clasificación y evaluación conforme a su grado de recuperabilidad, debiendo la información comprender la de todas las entidades referidas. Podrá, también, mediante norma de carácter general, imponer a dichas instituciones la obligación de entregar al público informaciones permanentes u ocasionales sobre las mismas materias.

Con el objeto exclusivo de permitir una evaluación habitual de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley por firmas especializadas que demuestren un interés legítimo, la Comisión deberá darles a conocer la nómina de los deudores de las entidades antes señaladas, los saldos de sus obligaciones y las garantías que hayan constituido. Lo anterior sólo procederá cuando la Comisión haya aprobado su inscripción en un registro especial que abrirá para los efectos contemplados en este inciso y en el inciso cuarto del artículo 154. La Comisión mantendrá también una información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley. Las personas que obtengan esta información no podrán revelar su contenido a terceros y, si así lo hicieren, incurrirán en la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

En todo caso, los bancos deberán cumplir con la obligación que establece el artículo 9º de la ley Nº 18.045, sobre nombre reservado, sea que sus acciones estén o no inscritas en el Registro de Valores. En caso de incumplimiento de dicha obligación, podrá proporcionar la información la Comisión.

La Comisión deberá mantener permanentemente una nómina de los depositantes de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley, indicando su rol único tributario (RUT), la identificación del tipo de cuenta o producto y su número de registro interno.”

3.- RECOPILACION ACTUALIZADA DE NORMAS, SBIF, Capítulo 18-5.

En la Recopilación de Normas, Capítulo 18-5, que se refiere a la “Información sobre deudores de las Instituciones Financieras”, se establece:

1). Operaciones de crédito que deben informarse; 2). Información sobre créditos morosos por 90 días o más; 3). Información de los importes adeudados; 4). Oportunidad y forma de entrega de la información que se refundirá; 5). Responsabilidad en la entrega de la información; 6). Manejo de la información por parte de las instituciones financieras; y, 7). Disposiciones transitorias.

SÉPTIMO: Que, de la normativa señalada, es importante destacar que, en la Recopilación actualizada de Normas, Capítulo 18-5, punto 1), respecto a las deudas que deben informarse, no está aquella que la recurrente señala como publicada, esto es, facturas morosas de Telefónica S.A.

OCTAVO: Que, resulta útil considerar, para la resolución del presente arbitrio, el documento acompañado por la recurrida, La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que informa que el detalle de las deudas consignadas a nombre de: GSTI CHILE SPA, Rut RUT reservadoen el Estado de Deudores del artículo 14 de la Ley General de Bancos (incluye bancos, cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, y las filiales y sociedades de apoyo al giro de éstas, según corresponda), referido al 31/08/2021, es el siguiente:

1.- Información de Deuda Directa: Banco de Chile; Banco de Crédito e Inversiones; y, Banco Santander-Chile, por los montos que en éste se indican.

No se indica ninguna otra deuda vigente del recurrente.

NOVENO: Que, luego de lo dicho, lo cierto es que no ha resultado acreditada la existencia del supuesto fáctico en que el recurrente fundamenta la presente acción cautelar, y, por lo demás, la recurrida sostiene que, tal como se adelantara en el motivo séptimo de la presente sentencia, la morosidad respecto de las deudas referidas, no son de aquellas que se deban informar, razón por la cual, en sus registros no está GSTI Chile SpA, acompañando los informes de deudas que lo demuestran, por lo que en tal escenario jurídico, esta Corte no vislumbra la existencia de un acto arbitrario o ilegal que importe amenaza o vulneración a alguna de las garantías fundamentales que se tutelan por esta vía.

DÉCIMO: Que, de acuerdo con lo razonado precedentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la recurrida, y de la ausencia del ejercicio ilegítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

En tales condiciones, como se adelantó, la acción ejercida debe, necesariamente, ser declarada sin lugar Fundamentos por los cuales, normas citadas y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de GSTI Chile SpA, contra la Comisión para el Mercado Financiero.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactado por la ministro Sra. María Paula Merino Verdugo.

Ingreso Corte Protección Nº 18470-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Carolina Brengi Zunino e integrada, además, por la ministra señora María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva. No firma la ministra señora Brengi, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.