Protección contra Clínica Red Salud Santiago

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, quién deduce acción constitucional de protección en contra de Clínica Red Salud Santiago, por haber efectuado el cobro de $1.882.936 correspondiente a una hospitalización extendida producto de una reacción alérgica a un medicamento administrado en el marco de una histerectomía por cáncer de útero.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que previamente había notificado a la clínica su alergia a la amoxicilina, derivado de la penicilina, a pesar de lo cual se le administró ceftriaxona, antibiótico contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la penicilina, vulnerando con ello los derechos fundamentales de vida e integridad física y psíquica, y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 N°1 y N°24, por lo que solicita el cese del cobro correspondiente a los días de hospitalización producidos por la negligencia médica.

Indica que el 4 de abril de 2024 ingresó a la Clínica Red Salud Santiago para someterse a una histerectomía laparoscópica. Previo a la intervención, informó al equipo médico ser alérgica a la amoxicilina, información que fue consignada en el brazalete utilizado durante la operación. La cirugía se realizó sin inconvenientes; sin embargo, al día siguiente, al salir de pabellón, se le administró vía venosa el antibiótico ceftriaxona, provocándole una reacción alérgica durante la noche. Esta situación derivó en la realización de exámenes de sangre y scanner para determinar la causa de la reacción, concluyéndose que ésta fue consecuencia de la administración del medicamento asociado a la penicilina, lo que extendió su hospitalización por cinco días hasta el 9 de abril del mismo año.

Añade que posteriormente, el 10 de agosto de 2024, la Clínica informó un estado de cuenta por $1.882.936 con fecha de pago para el 25 de agosto de 2024. Este monto duplica lo presupuestado inicialmente, pues incluye tanto el copago de la operación como los días de hospitalización extendidos. Ante esta situación, la recurrente solicitó una reconsideración del cobro argumentando que los días extras se debieron a negligencia de la Clínica.

Explica que la solicitud fue rechazada por el Gerente General de la institución, quien sostuvo que la reacción fue a la ceftriaxona de la familia de las cefalosporinas. No obstante, la recurrente afirma que estos medicamentos son derivados que pueden generar alergias cruzadas, por lo que, al haber informado su alergia a la amoxicilina, no debió administrársele antibióticos pertenecientes a la misma familia o relacionados. Señala además que el médico tratante elaboró un listado de alergias donde se incluyeron todos los medicamentos que le provocan o están asociados a una reacción alérgica.

Añade que, si bien la Clínica sugirió a la recurrente efectuar un reclamo ante la Superintendencia de Salud, indicándole que esto le permitiría prorrogar el pago por un mes, ella considera que dicho plazo es insuficiente dada la demora que implica un reclamo administrativo, encontrándose en un estado de vulnerabilidad.

Sostiene que el cobro efectuado constituye un acto ilegal y arbitrario, contrario a derecho y producto del mero capricho de quien incurre en él, ya que comunicó oportunamente su alergia a la amoxicilina. Considera irracional exigir que un paciente sin conocimientos médicos conozca todos los medicamentos a los que es alérgico, habiendo depositado su confianza en la institución médica.

Argumenta que el cobro afecta su derecho a la vida e integridad física y psíquica, considerando su situación de recuperación del cáncer de útero y la operación realizada, provocándole preocupación y turbación por el monto adeudado no presupuestado, generándole estrés y ansiedad. Asimismo, alega la vulneración de su derecho de propiedad, pues el cobro importa una disminución concreta y efectiva en su patrimonio al tener que soportar una injustificada carga pecuniaria.

Solicita en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene: 1) El cese del cobro correspondiente a los días de hospitalización producidos por la negligencia en la administración del medicamento; 2) Que la Clínica realice una revisión del cobro solamente bajo el concepto de la operación de histerectomía; 3)

Subsidiariamente, que se reduzca el cobro de manera proporcional considerando la responsabilidad de la institución; 4) La condena en costas de la recurrida; y 5) Cualquier otra medida que el tribunal considere necesaria para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que a folio 18 informa Jorge Dip Calderón, Fiscal de la Superintendencia de Salud, quien señala que la recurrente efectivamente dedujo un reclamo ante ese ente en contra de la recurrida, solicitando el no cobro de los días adicionales de hospitalización.

Agrega que mediante Ordinario NUM000 de 7 de noviembre de 2024, se le informó a la recurrente que la Superintendencia no tiene facultades para resolver reclamos relaciones con prescripción de medicamente, indicaciones médicas y otros relacionados con la atención de salud, materias en las que esta inhibido de pronunciarse por expresa disposición del artículo 121 N°10 del DFL N°1 de 2005.

Además, se le señaló que podía presentar una solicitud de mediación ante el organismo en caso de buscar la determinación de responsabilidad por daños causados, y en consecuencia, el reclamo fue cerrado y archivado.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que en relación al fondo de lo discutido mediante el presente arbitrio, resulta pertinente indicar que lo fundamentalmente alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, es el hecho de habérsele efectuado un cobro excesivo por concepto de servicios médicos, alegando, en resumen, que su hospitalización durante el periodo que se extendió entre el 4 al 9 de abril del año 2024, al menos por cuatro días, habría obedecido a una negligencia médica - suministro errado de un medicamento- y que, por tanto, no podría ser de su cargo.

A su turno, la recurrida no evacuó informe y la Sala Tramitadora de esta Corte prescindió de él;

Quinto: Que como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -administrativo o judicial-, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

Sexto: Que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Clínica Red Salud Santiago, sin costas. Regístrese y, oportunamente, archívese. Protección Rol N° 18.459-2024.- Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y la Ministro (S) señora Paula Rodriguez Fondon.

En Santiago, veintinueve de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.