nombre reservado con SUPERINTENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 11: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 23 de julio de 2024, doña nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el rechazo de las licencias médicas N°s 94657320-5, 97363176-4 y 98288282-6, extendidas por su médico tratante a partir del 17 de noviembre de 2023, por un diagnóstico de trastorno depresivo mixto y síndrome del cuidador. Lo anterior, debido a que la recurrida estimó que el reposo prescrito no se encontraba debidamente justificado, actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria, vulneratoria de los derechos fundamentales a la vida e integridad física consagrados en el artículo 19 N° 1 y al derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por carecer de motivaciones técnicas que le sirvan de sustento, deviniendo en un mero capricho de la autoridad administrativa, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución recurrida y se autoricen las licencias médicas en cuestión.

Los antecedentes de contexto revelan que la recurrente, nombre reservado, es una mujer de 63 años que se desempeña como enfermera en el Cesfam Juan Chiorrini, establecimiento administrado por la Corporación Municipal de Rancagua. Desde el 17 de noviembre de 2023, padece un trastorno de ansiedad y depresivo mixto, originado por la compleja situación de cuidado de sus padres de avanzada edad. Su madre, nombre reservado, de 89 años, sufrió una fractura de cadera en agosto de 2023 que requiere cuidados permanentes, presentando además una apoplejía hipofisiaria con infartos bitalámicos, problemas de memoria a corto plazo, movilidad reducida y pérdida de visión.

Simultáneamente, la recurrente debe atender a su padre, nombre reservado, de 93 años, quien padece una insuficiencia cardíaca severa en etapa terminal, cuenta con marcapasos, recambio de válvula cardíaca e hipoacusia bilateral severa. La situación se agrava por la ausencia de una red de apoyo familiar, dado que su otro hermano reside en Punta Arenas.

Este contexto ha provocado en la recurrente el desarrollo de un trastorno depresivo severo mixto, caracterizado por falta de concentración laboral, angustia, labilidad emocional, insomnio, crisis depresivas, crisis de pánico, fobia a las multitudes y cefaleas persistentes. Su médico tratante le extendió tres licencias médicas consecutivas por un total de 72 días, acompañadas de un tratamiento farmacológico intensivo con Sertralina y psicoterapia.

No obstante los informes médicos presentados, las tres licencias médicas fueron rechazadas sistemáticamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y posteriormente por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). La resolución recurrida, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-115635-2024, del 23 de julio de 2024, fundamentó el rechazo en que el reposo no se encontraba justificado, argumentando que los informes médicos ya habían sido previamente ponderados por sus especialistas.

La recurrente sostiene que dicha resolución carece de fundamentación objetiva, vulnerando principios de razonabilidad y motivación que deben regir los actos administrativos. Adicionalmente, alega que se han infringido los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, que establecen la obligación de motivar explícitamente las decisiones administrativas que afecten derechos de los particulares.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, la recurrente señala específicamente:

a) El derecho a la vida e integridad física (artículo 19 N° 1), al privársele del derecho de ausentarse o reducir su jornada laboral para restablecer su salud.

b) El derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), al impedírsele percibir el subsidio de incapacidad laboral o su remuneración regular durante el período de las licencias médicas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando la autorización de las licencias médicas cuestionadas, evitando cualquier descuento en sus remuneraciones.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Resolución Exenta N° R-01-IBS-115635-2024, de fecha 23 de julio de 2024; 2) Informes médicos acompañados a la COMPIN; y 3) Copia de Apelación ante el Compin, de fecha 11 de marzo de 2024.

Segundo: Que, evacuó informe el Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y proporciona los antecedentes administrativos relativos a las licencias médicas de la recurrente.

Conforme consta en esos registros, durante el año 2022 la señora nombre reservado presentó 6 licencias médicas, todas autorizadas, totalizando 122 días de reposo. En el año 2023, presentó 8 licencias médicas, de las cuales 7 fueron autorizadas con un total de 144 días de reposo, mientras que la licencia médica N° 94657320-5 fue rechazada bajo el código R-102, correspondiente a "Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología".

La Comisión, para fundamentar su decisión, solicitó antecedentes médicos adicionales a la usuaria que justificaran el reposo más allá de los períodos ya autorizados. Tras su revisión, determinó que los informes presentados no acreditaban una evaluación de funcionalidad global, carecían de ajustes terapéuticos y no evidenciaban tratamiento de psicoterapia.

En la cartola médica se consignan diversos movimientos administrativos, destacando una presentación del 10 de mayo de 2024 donde se aportaron informes de fechas 20 de enero, 10 de febrero y 26 de marzo de 2024. Dichos informes describían un trastorno mixto, pero adolecían de una evaluación de la funcionalidad global, carecían de examen mental, no presentaban ajustes terapéuticos ni psicoterapia.

Los antecedentes reflejan que la paciente relacionaba su condición con el síndrome del cuidador, manifestando que debió viajar a Talcahuano para cuidar permanentemente a su madre con una patología grave. Sin embargo, la Comisión concluyó que el reposo no cumplía un rol terapéutico.

La usuaria apeló ante la SUSESO, la que mediante resolución de 30 de mayo de 2024 ratificó el rechazo de las licencias. Posteriormente, con fecha 23 de julio de 2024, SUSESO emitió nueva resolución manteniendo idéntica decisión.

Finalmente, el informe destaca que la recurrente presentó las licencias médicas N°s 94657320-5, 97363176-4 y 98288282-6, todas rechazadas por no acreditar una justificación médica suficiente para un reposo prolongado.

En consecuencia, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez ratifica la improcedencia de autorizar las licencias médicas cuestionadas, al no haberse acreditado fehacientemente la necesidad de un reposo que cumpla un rol terapéutico para la recuperación de la salud de la recurrente.

Tercero: Que, la SUSESO, al informar el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, opuso dos excepciones previas.

En primer término, alegó la extemporaneidad de la acción constitucional, argumentando que el recurso fue interpuesto el 22 de agosto de 2024, cuando el plazo fatal de 30 días corridos ya había vencido con creces. Sostuvo que la recurrente tenía conocimiento del rechazo de sus licencias médicas desde marzo de 2024, fecha en que presentó su primera reclamación ante dicha Superintendencia, e incluso solicitó reconsideración el 3 de junio de 2024 de la resolución que confirmaba el rechazo de las licencias.

Como segunda excepción, planteó la improcedencia de la acción de protección por versar sobre materias de seguridad social, específicamente el derecho a licencia médica consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política, que no se encuentra amparado por la acción cautelar establecida en el artículo 20 constitucional.

En cuanto a los antecedentes del caso, consta que la recurrente, nombre reservado, solicitó tres licencias médicas por un total de 72 días a partir del 17 de noviembre de 2023, todas extendidas por el médico Leisli Salvatierra, con diagnósticos relacionados con trastornos de ansiedad, depresión y reacción al estrés.

Los informes médicos de la Superintendencia, suscritos por los doctores nombre reservado y nombre reservado, dan cuenta de los fundamentos para el rechazo de dichas licencias. Destacan que los informes médicos presentados no acreditaban la necesidad de un reposo prolongado, no se evidenció psicoterapia y los informes médicos de control (IMC) de fechas 20 de enero y 10 de febrero de 2024 no variaban entre sí.

El informe de la Dra. Alcaíno específicamente señaló que no había "rol terapéutico del reposo", y que la paciente fundamentaba su necesidad de reposo en el cuidado de sus padres, adjuntando citaciones y exámenes realizados en la Región del Biobío.

Los fundamentos jurídicos de la Superintendencia para solicitar el rechazo del recurso se sustentan en varios aspectos. Primero, argumenta que actuó dentro de sus facultades legales de fiscalización y control técnico, establecidas en la Ley N° 16.395. Segundo, sostiene que no ha existido vulneración de derechos constitucionales, puesto que su intervención se limitó a resolver la situación administrativa de las licencias médicas conforme a la normativa vigente.

Argumenta además que no se ha vulnerado el derecho a la vida, integridad física o derecho de propiedad, toda vez que la recurrente siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y realizar los tratamientos indicados. Finalmente, enfatiza que la emisión de una licencia médica por un facultativo no genera per se un derecho al subsidio, siendo necesaria su autorización por el organismo competente.

Por consiguiente, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, declarándose su improcedencia por extemporáneo o, en subsidio, por no configurarse los elementos que dan lugar a la acción de protección.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de una licencia médica del recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta Resolución Exenta N° R-01-IBS-115635-2024, del 23 de julio de 2024, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 22 de agosto de 2024, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

Este tribunal no desconoce que las referidas resoluciones exentas contra las que se recurre, sólo vinieron a desestimar la reconsideración deducida contra la decisión de rechazo de las licencias resuelta por la COMPIN, mas, sin embargo, resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a partir de la resolución final de la Superintendencia, desde que ella marca, como se dijo, el término definitivo de la vía administrativa, que deja como único camino para procurar revertir la decisión que se estima arbitraria e ilegal la del recurso de protección de garantías constitucionales.

No puede exponerse al recurrente a que en el evento de deducir el recurso contra la decisión que le afecta, se le responda que debe agotar primero la vía administrativa y que luego cuando lo haga, agotada esa vía, se le diga que debió reclamar contra el acto original. Otorga mayor certeza la postura de esperar el agotamiento de la sede administrativa, mediante el ejercicio de todos los recursos que prevea el ordenamiento para el asunto de que se trate, antes de exigir que se recurra a la tutela constitucional ante los tribunales ordinarios de justicia.

Séptimo: Que en cuanto a la defensa relativa a la improcedencia del recurso de protección por guardar relación con materias de seguridad social, ésta será rechazada, considerando que del relato expuesto por la recurrente, denuncia como conculcada la garantía prevista en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión en los términos en que el recurso ha sido intentado.

Octavo: Que, el otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

Asimismo, en su artículo 11 y siguientes, se regula su tramitación, y el artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas”. Describiendo que se puede “disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”, presupuestos para acceder al pago del subsidio temporal.

Noveno: Que, en relación con el fondo del asunto, acorde a los antecedentes que se tuvieron a la vista en las instancias en que el órgano técnico se pronunció sobre el derecho a descanso por enfermedad, es menester precisar que los informes médicos aportados fueron emitidos por un médico general, sin haber sido derivada a psicoterapia ni a tratamiento psiquiátrico ni a GES y, a su vez, tampoco se indica evaluación tórpida o refractariedad al tratamiento, razón por lo cual se mantuvo el rechazo de la licencia médica. Luego, el órgano competente resuelve que no resulta procedente autorizar más licencias por esa causa. Ello, tomando en especial consideración que en la normativa que rige la materia dispone que no es posible otorgar licencias médicas más allá de 87 días por la misma patología. Lo anteriormente explicitado evidencia el incumplimiento de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales exigidos en el Decreto Supremo N° 7 de 2013.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve que se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18448-2024.

En Santiago, quince de enero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.