nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, empleada, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de derecho privado, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Señala que con fecha 30 de agosto de 2019 suscribió, en calidad de deudora, el pagaré correspondiente al Código de Crédito N° 191CON101612068 en favor de la recurrida, por la suma de $3.964.820, obligándose a pagar dicho monto, con los intereses pactados, en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $122.053, habiéndose pactado que, en caso de mora o simple retardo, la Caja podría exigir el pago del saldo total adeudado.

Explica que, debido a circunstancias de fuerza mayor, se vio impedida de continuar cumpliendo regularmente con su obligación, lo que la llevó a repactar la deuda con la misma Caja de Compensación. Sin embargo, a pesar de dicha repactación, no pudo seguir pagando, razón por la cual la recurrida dedujo, con fecha 25 de marzo de 2024, una demanda en procedimiento ejecutivo de obligación de dar en su contra, en virtud del referido pagaré, ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-5339-2024, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes/nombre reservado”.

Refiere que dicha causa ejecutiva se encuentra aún en estado de tramitación y que, no obstante, lo anterior, por resolución de fecha 20 de enero de 2025, el tribunal decretó el archivo de los antecedentes por inactividad procesal de la demandante durante un lapso de al menos seis meses, sin que la Caja hubiera desplegado actuaciones útiles para la prosecución del juicio.

Relata que, pese a la existencia de dicho proceso ejecutivo en su contra, con fecha 23 de julio de 2025 recibió un correo electrónico enviado por doña nombre reservado., encargada de administración y finanzas de su lugar de trabajo, “Escuela La Ronda de San Miguel”, en el que se le informó que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes había comunicado al empleador que, en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2025, se realizaría un descuento por planilla en razón de una deuda pendiente con dicha institución.

Añade que, efectivamente, en su liquidación de sueldo del mes de julio de 2025, dentro del acápite de descuentos, se le practicó un rebajo por la suma de $155.044, identificado bajo la glosa “Crédito CCAF”, monto que fue detraído de su remuneración sin previo aviso ni comunicación directa de la recurrida y en circunstancias de existir un juicio ejecutivo pendiente derivado del mismo pagaré que dio origen a la deuda.

Alega que tal proceder constituye un acto ilegal y arbitrario, en cuanto priva y perturba su derecho de propiedad sobre las remuneraciones que le corresponden, al decidir la Caja de manera unilateral la realización de descuentos sobre su sueldo, desconociendo que con anterioridad optó por judicializar el cobro del crédito, esto es, llevarlo al conocimiento de los tribunales ordinarios, de modo que ya no resulta procedente volver a servirse del mecanismo excepcional previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que habilita el descuento por planilla de créditos sociales.

Sostiene que el actuar de la recurrida configura autotutela, por cuanto, existiendo un proceso judicial en curso o al menos no fenecido respecto de la misma obligación, la Caja simultáneamente exige el pago mediante descuentos directos de remuneraciones, asumiendo por sí el rol de ejecutora de la obligación y privándola de su ingreso sin mediar orden de un órgano jurisdiccional.

En cuanto al derecho, indica que el descuento referido vulnera el derecho de propiedad asegurado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la remuneración constituye parte esencial de su patrimonio y le es detraída sin una base legal legítima, al utilizar un mecanismo excepcional de cobro que la propia institución había dejado de lado al judicializar la deuda. Asimismo, estima conculcado el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N° 2, en la medida en que, mientras a otros deudores les resultan aplicables los procedimientos ordinarios de cobro de créditos civiles, a ella se la somete simultáneamente a la vía judicial y a descuentos directos por planilla, colocándola en una situación de desmedro injustificado.

Funda su acción en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, citando además jurisprudencia de esta Corte y del máximo Tribunal, que ha calificado de arbitrarias actuaciones similares de cajas de compensación cuando, habiendo optado por demandar judicialmente el cobro de un crédito social, reanudan o inician descuentos directos por planilla con posterioridad, desconociendo así el carácter excepcional del mecanismo que les otorga la ley para cobros oportunos.

En consecuencia, solicita que se acoja el recurso y se ordene: a) Que la recurrida C.C.A.F. Los Andes se abstenga de efectuar descuentos por planilla sobre su remuneración mensual por concepto de cuotas del pagaré referido; b) Que la recurrida restituya la suma de $155.044 descontada unilateralmente de su liquidación de sueldo correspondiente al mes de julio de 2025; c) Que se la condene al pago de las costas de la acción.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien solicita el rechazo del presente arbitrio constitucional.

En primer término, expone detalladamente la historia del crédito social otorgado a la recurrente por la Caja, indicando que con fecha 30 de agosto de 2019 se concedió a doña nombre reservado el crédito código N° 191CON101612068, por un capital inicial de $3.311.756, a una tasa de interés mensual de 2,15%, pagadero en 60 meses, con una cuota mensual de $122.053, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de octubre de 2019, y que las primeras cuotas fueron pagadas con retraso, difiriéndose varias de ellas, mientras que otras se pagaron en distintas fechas, describiendo pormenorizadamente las imputaciones efectuadas al capital e intereses.

Señala luego que, a raíz de la mora persistente de la deudora, con fecha 17 de mayo de 2021 se procedió a una reprogramación de la deuda, por la suma de $3.687.833, con una tasa de interés de 1,569%, pagadera en 48 meses, con una cuota mensual de $113.748, cuyo primer vencimiento fue el 31 de julio de 2021. Precisa que sólo la primera cuota fue pagada, también con desfase, difiriéndose sucesivas cuotas posteriores y generándose con ello un aumento del saldo insoluto y una morosidad relevante.

Indica que, conforme a la normativa especial que rige a estas instituciones y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, que exigen iniciar cobranza judicial a deudores morosos de créditos sociales cuando las sumas adeudadas superan cierto umbral —por ejemplo, 50 UF—, la Caja no tuvo otra alternativa que iniciar el correspondiente juicio ejecutivo, lo cual se materializó en la causa Rol C-5339-2024 del 17° Juzgado Civil de Santiago, en la que se persigue el cobro del saldo adeudado por la recurrente.

Sostiene que, no obstante, la existencia de dicha causa judicial, el crédito social se encuentra plenamente vigente, sus cuotas son actualmente exigibles y las acciones emanadas del mismo no se encuentran prescritas, por lo que la utilización del mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 —descuento por planilla— resulta enteramente procedente y legítima.

Añade que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social, cuyo régimen jurídico se encuentra regulado en la ya citada Ley N° 18.833, que las define como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a administrar prestaciones de seguridad social. En particular, el artículo 19 N° 3 del referido texto legal les faculta para administrar un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero destinados a satisfacer necesidades de trabajadores afiliados, sus deudores y causantes de asignación familiar, todo lo cual se vincula indisolublemente con su objeto social y con la protección del patrimonio afecto a dichas prestaciones.

Destaca que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece un régimen especial para el pago de créditos sociales, disponiendo que lo adeudado por tal concepto “deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora”, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Subraya que esta norma tiene carácter imperativo, por lo que el empleador está obligado a efectuar el descuento correspondiente una vez que la deuda ha sido debidamente informada, siendo dicho mecanismo inherente al crédito social, en cuanto reduce el riesgo crediticio y permite ofrecer tasas de interés más convenientes al trabajador.

Manifiesta que el descuento por planilla no constituye una “gestión de cobro” de la Caja, pues su operatividad no depende de la voluntad de ésta, sino que es consecuencia directa de la obligación legal que pesa sobre el empleador afiliado. De hecho —añade—, una vez practicado el descuento al trabajador, se entiende extinguida la obligación en la parte correspondiente de la deuda, aun cuando el empleador no remese los fondos a la Caja, debiendo esta última ejercer sus acciones sólo en contra del empleador para obtener las sumas no enteradas, todo ello conforme al inciso segundo del artículo 22 citado y a las disposiciones pertinentes del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social.

Afirma que la recurrente no ha obtenido judicialmente declaración alguna de prescripción de la deuda, ni ha logrado desvirtuar la existencia y exigibilidad del crédito social en su contra, de modo que carece de sustento pretender, mediante esta acción cautelar, impedir la aplicación de un mecanismo que el legislador ha diseñado precisamente para asegurar el financiamiento de las prestaciones sociales cuya administración está entregada a las Cajas.

Insiste en que el actuar de la recurrida se encuentra plenamente ajustado a derecho, pues se limita a dar cumplimiento a la normativa especial que regula el crédito social y a resguardar el patrimonio de afectación destinado a tales fines, por lo que no puede calificarse de arbitrario ni ilegal.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, señalando que el descuento practicado no importa privación injustificada del derecho de propiedad de la actora ni la discrimina frente a otros trabajadores afiliados en situación análoga, quienes se encuentran sometidos al mismo régimen legal de cobro de créditos sociales. En virtud de lo anterior, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías preexistentes que en dicha disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas inmediatas de resguardo frente a un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —entendido como carente de fundamento racional o producto del mero capricho— que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

De esta manera, para que la acción prospere resulta indispensable que concurran copulativamente: (a) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; y (b) que dicho acto u omisión tenga como efecto la privación, perturbación o amenaza de una o más de las garantías que el artículo 20 de la Carta Fundamental ampara.

CUARTO: Que, de acuerdo con lo expuesto por la recurrente, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en el descuento por planilla efectuado en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2025, por parte de la Caja de Compensación recurrida, por la suma de $155.044, bajo la glosa “Crédito CCAF”, descuento que se realiza respecto de la remuneración que percibe la actora como trabajadora de la “Escuela La Ronda de San Miguel”, por concepto de cuotas del crédito social otorgado por la Caja y cuyo cobro, previamente, fue judicializado mediante la demanda ejecutiva ya individualizada.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados al proceso, en particular del propio libelo del recurso, del informe de la recurrida y de la documentación agregada, aparece asentado que: (i) la actora obtuvo efectivamente un crédito social con la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, mediante suscripción del pagaré de 30 de agosto de 2019; (ii) que, a raíz de la mora en el cumplimiento de la obligación, la Caja dedujo en su contra demanda ejecutiva en autos Rol C-5339-2024 del 17° Juzgado Civil de Santiago, proceso que se encuentra archivado por resolución de 20 de enero de 2025, por falta de impulso procesal de la ejecutante; y (iii) que, no obstante haber optado por la vía judicial para el cobro del crédito, la recurrida comunicó al empleador de la actora la existencia de la deuda y, a resultas de ello, se practicó en la liquidación de remuneraciones de julio de 2025 el descuento mensual de $155.044 por concepto de “Crédito CCAF”.

SEXTO: Que, en tales circunstancias, resulta evidente que la Caja recurrida ha hecho uso simultáneo y paralelo de dos vías de cobro respecto de una misma obligación: por una parte, la vía judicial ejecutiva ante el tribunal civil competente, y por la otra, la vía extrajudicial configurada por el descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Si bien es cierto que la norma citada constituye un mecanismo especial y excepcional de cobro, instituido por el legislador para asegurar el pago oportuno de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, de manera que puedan cumplir adecuadamente con su finalidad de previsión social, también lo es que, una vez que la propia institución decide someter el conflicto al conocimiento de los tribunales de justicia, queda radicado en dicha sede el debate sobre la existencia, monto y exigibilidad de la deuda y, en su caso, sobre los modos de ejecución de la obligación.

En efecto, al presentar una demanda ejecutiva fundada en el pagaré suscrito por la deudora, la Caja recurre al sistema jurisdiccional de cobro coactivo que el ordenamiento contempla para este tipo de obligaciones, renunciando, en los hechos, a mantener el conflicto dentro del ámbito puramente extrajudicial. Resulta entonces injustificado que, sin mediar resolución judicial que así lo autorice y manteniéndose pendiente la causa ejecutiva, la recurrida reactive o inicie en forma autónoma el beneficio excepcional del artículo 22, ordenando o instando ante el empleador de la actora para que se le practiquen descuentos directos de su remuneración por el mismo crédito.

SÉPTIMO: Que, en armonía con lo que ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema y esta misma Corte de Apelaciones en casos análogos, el carácter excepcional del mecanismo de descuento por planilla exige que su aplicación sea restrictiva y coherente con su finalidad de asegurar el cobro oportuno de los créditos sociales. No se aviene con dicho carácter que, habiendo la Caja optado por judicializar el cobro del crédito originado en el pagaré de la actora, pretenda, además, y con posterioridad, obtener el pago directo a través de la referida vía administrativa, reviviendo un beneficio que la ley concede para situaciones de morosidad en que todavía no se ha hecho uso de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios.

En el caso de autos, esta Corte estima que la decisión de la recurrida de mantener o disponer descuentos por planilla respecto de la remuneración de la actora, paralelamente a la existencia de un juicio ejecutivo pendiente —aun cuando archivado provisionalmente por inactividad—, importa un abuso de las facultades legales que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 le otorga, desnaturalizando su finalidad y situando a la recurrente en una condición desventajosa, al quedar expuesta a distintas vías de cobro por la misma deuda. Tal proceder no puede considerarse razonable ni ajustado a la finalidad de la institución, por lo que aparece revestido de arbitrariedad manifiesta.

OCTAVO: Que la actuación descrita, además de arbitraria, afecta directamente el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, desde que éstas forman parte integrante de su patrimonio y de los medios económicos indispensables para su subsistencia. El descuento de $155.044 practicado en la liquidación de sueldo de julio de 2025 —y eventuales descuentos futuros de naturaleza similar— constituye una privación de parte de su remuneración que no se encuentra suficientemente justificada en la normativa especial cuando la propia Caja ha optado por la vía judicial para obtener el pago del crédito.

En consecuencia, se configura la vulneración de la garantía prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, lo que autoriza el acogimiento de la presente acción cautelar, con las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del derecho afectado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se resuelve que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y, procediendo al reestablecer del imperio del derecho, es que se dispone que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al recurrente vía descuentos de sus remuneraciones, y procederá a reintegrar el o los descuentos que haya efectuado por dicho concepto y que fueran objeto de la presente acción cautelar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18445-2025.