nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección a favor de nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en los descuentos realizados de su remuneración en razón de una deuda por un crédito social, lo que vulnera a su respecto la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Funda el presente arbitrio constitucional, en que la protegida, quien trabaja en Banco Scotiabank, como ejecutiva de servicio telefónico, al momento de recibir su remuneración del mes de noviembre de 2019, se percató de la existencia de un descuento automático informado por la recurrida, por la suma de $91.143, y que ante a consulta en las oficinas de la aludida Caja de Compensación, se le informó que el descuento procedía de un crédito social que fue solicitado el 31 de octubre de 2014 a la Caja de Compensación La Araucana, por un monto de $2.286.696.

Aclara que el mencionado crédito social se le otorgó inicialmente por $2.286.696 en 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $178.132, con vencimiento los días 30 de cada mes, a una tasa de interés correspondiente al interés máximo convencional existente para operaciones de crédito de dinero, venciendo la primera cuota el 30 de noviembre de 2014, pagándose en la fecha mencionada, y que posteriormente se procedió a una reprogramación de dicho crédito, el 28 de agosto de 2017, por el saldo pendiente de la operación antes descrita, correspondiente a $2.076.000, el que se pagaría en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $91.143, venciendo la primera cuota el 30 de septiembre de 2017, y cuyo el último pago, según reconoce, se efectuó el día 31 de mayo de 2018, reconociendo su mora desde la décima cuota y siguientes.

Afirma que la Caja de Compensación Los Andes se encuentra realizando los mencionados descuentos, fundándose en la facultad que le otorga el artículo 22 de la Ley N°18.833, lo que sin embargo, estima ilegal y arbitrario en la especie, pues no puede solicitar tal retención a su empleadora, y en forma paralela haber iniciado la Caja de Compensación La Araucana en su contra un juicio ejecutivo seguido ante el 3° Juzgado Civil de San Miguel, bajo el Rol C-2157-2019, que se encuentra actualmente en tramitación y con la excepción de prescripción opuesta, fundado en el pagaré que suscribió el mismo pagaré, el que no pagó al momento de ser presentado para su cobro, esto es, desde 30 de junio de 2018.

Refiere que todo lo anterior, la ha privado del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, por lo que solicita a esta Corte que acoja su acción, ordenando a la recurrida que cese la retenciones en las remuneraciones del actor y que proceda a la restitución de las cuotas descontadas y todos las deducciones que se produzcan en lo sucesivo mientras se tramite este recurso, con costas.

Segundo: Que informando la recurrida, solicitó el rechazo de la acción deducida, fundado en que no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria de ninguna índole.

Explica que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “proyecto intercajas”, la Caja de Compensación La Araucana les solicitó la gestión de descuentos en la remuneración de la señora nombre reservado, por concepto de pago de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución, por lo que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social, la recurrida informó al empleador de la actora, para la realización de descuentos en su remuneración, por la suma de $91.143.

Hace presente que ha procedido al cobro de cuotas en calidad de mandataria de la Caja de Compensación La Araucana y que no posee mayor información del crédito otorgado a la protegida.

Aclara que el “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que fue suscrito por las cajas de compensación el 15 de abril de 2013, tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la nueva Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas insolutas por el crédito social moroso o vigente.

Añade que para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios de la empresa SINACOFI, a quien, cada Caja de Compensación se ha comprometido a proveer la información necesaria, la que además es remitida mensualmente a la Superintendencia de Seguridad Social.

En virtud de lo anterior, sostiene, la Caja de Compensación Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado a la señora nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de su deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley N°18.833, por lo que al no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte en relación con los hechos expuestos, reitera su solicitud de rechazo de la acción constitucional incoada.

Tercero: Que, informando Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana explica en primer término en qué consisten las Cajas de Compensación, de acuerdo a la Ley N°18.833, administrando prestaciones de seguridad social.

Expone que a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una central de riesgo financiero de las C.C.A.F.

Es en este contexto y para dar efecto a dicha normativa, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, la Caja a la que actualmente se encuentra afiliado el deudor, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud del carácter social de los mismos.

Señala que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación.

En consecuencia, entiende que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social, el que opera, mediante el descuento de dicho crédito de las remuneraciones del trabajador, retención por parte del empleador y la obligación legal por parte de este de remesar la suma de dinero descontada a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas, la que a su vez remesa dicho monto a la Caja acreedora.

Además, hace presente las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Refiriéndose al caso de la recurrente, señala que se le otorgó a la afiliada Sra. nombre reservado en su calidad de trabajadora el crédito social folio N°3000783370, suscrito el 23 de octubre de 2014 por la suma de $2.286.696 pesos, más intereses, pagadero en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $102.805 pesos, venciendo la primera de ellas el 30 de noviembre de 2014. Crédito respecto del que se constituyó en mora, hasta que el 28 de agosto de 2017 concurrió a La Araucana, reprogramando el crédito social cuyo folio es el N°130- 000130186, mediante el que reconoce adeudar la suma de $2.076.000 pesos, pagaderos en 36 cuotas mensuales y sucesivas por la suma de $91.143 pesos, venciendo la primera cuota el 30 de septiembre de 2017 y la última el 31 de agosto de 2020.

Señala que respecto de esta reprogramación la recurrente sólo pagó desde la cuota N°1 a la N°9 en forma íntegra y abonó a la cuta N°10, esta última en septiembre de 2018, no existiendo más pagos por dicho concepto. En consecuencia, se procede a iniciar en abril de 2019 la respectiva demanda ejecutiva y se envió la información al sistema integrado de cajas, hasta que en el mes de junio de 2019, es posible ubicarla por encontrarse nuevamente trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, enviándose la respectiva planilla de descuento y remesando dicha Caja descuentos que han servido para el pago del total de la cuota N°10 hasta la cuota N°21, existiendo a la fecha 15 cuotas pendientes de pago.

Respecto a la demanda interpuesta, agrega que a la fecha sólo consta la resolución de 23 de diciembre de 2019, en que se concedió traslado en virtud de las excepciones opuestas por la Sra. nombre reservado.

Afirma que los descuentos practicados son legales al tratarse de una obligación actualmente vigente y que no ha sido declarada prescrita. Así las cosas, en este caso en concreto y atendida la demanda existente, procesalmente el recurso de protección no es la vía idónea para alegar los descuentos practicados más aún por cuanto la competencia se encuentra radicada en un tribunal de primera instancia y se trata de una obligación vigente y por tanto exigible para la Caja acreedora.

Concluye que en todo momento ha actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia.

En cuanto al descuento efectuado a la recurrente por medio del Sistema InterCajas, indica que este no sólo es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social que sirven para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma de descuento también validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011.

En consecuencia, estima que La Araucana C.C.A.F., no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la actora si en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, conforme lo señala la normativa descrita.

Cuarto: Que el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga, sin que sea procedente su utilización en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama.

Quinto: Que así, en el presente caso, no existe un derecho indubitado que pueda ser protegido por la presente vía de acción de protección.

Sexto: Que de esta forma, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente; ni de que el recurrente posea un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que, como se indicó, protege la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Séptimo: Que, a su vez, cabe además consignar que la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada por el recurrente, por existir procedimientos establecidos de lato conocimiento establecidos al efecto, en los cuales se puede rendir la prueba que se estime pertinente a fin de acreditar los supuestos de hecho en los que se basan las alegaciones planteadas, por lo que procede el rechazo de la presente acción, lo que se corrobora que actualmente se encuentra pendiente ante un tribunal civil una acción ejecutiva en que la misma recurrente ha opuesto excepciones a dicha ejecución.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-184409-2019.

En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.