Protección contra Director Nacional de Personal de Carabineros

Santiago, uno de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Al folio 1, recurrió de protección constitucional don René Orlando González Nieto, abogado, quien lo hizo en favor de los intereses de doña nombre reservado, Ingeniero de Ejecución Industrial, de la dotación de Sanidad de Carabineros de Chile, en contra del Director Nacional de Personal de Carabineros, por el acto arbitrario e ilegal materializado en la Resolución Exenta N° 1183 de 21 de noviembre del año 2019, que dispuso el término del contrato de la recurrente, por el vencimiento del mismo al 31 de diciembre del año 2019. Hizo presente que el referido actuar afectó las garantías constitucionales de su representada respecto al derecho de igualdad ante la ley, libertad del trabajo y libre elección y derecho de propiedad. Finalizó solicitando que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y en especial para que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 1183, de 21 de noviembre del 2019, y en consecuencia siga vigente su actual Contrato de Trabajo con el pago íntegro de sus remuneraciones y demás beneficios laborales.

Funda su recurso en las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

Explica que la recurrente ingresó a prestar servicios para la recurrida el 22 de octubre del 2002, lo que hizo en calidad de honorarios hasta el 5 de febrero del año 2005, oportunidad en que fue contratada bajo la modalidad a contrata por medio de resolución, vínculo que mantuvo de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre del año 2019.

En ese contexto, y luego de 19 años de carrera funcionaria, refiere que el 27 de noviembre del año 2019 su representada fue notificada personalmente de la Resolución Exenta N°1183, a través de la cual se puso término a su contrato por haberse verificado el vencimiento del plazo. Destaca que durante toda la relación funcionaria tuvo excelentes calificaciones, quedando en lista de distinción.

Señala que por el término de su contrato, el Jefe de la Contraloría Médica de Carabineros de Chile de su representada, manifestó en Documento Electrónico de 4 de diciembre del 2019 que se hacía indispensable la renovación de la contrata de la recurrente y que de hecho resulta incomprensible la no revocación del contrato, ya que era una pieza fundamental del departamento de licencias medida siendo la única persona capaz de resolver los problemas de los software de manejo institucional de licencias médicas, así como de aquellos que se utilizan para el trabajo de la comisión médica central.

Expone que la resolución por la cual se puso término al contrato de su representada adujo un cambio en las partidas presupuestarias lo que restringiría la contratación del personal, pero con una torcida y falsa motivación se puso término de forma ilegal a 19 años de relación laboral.

A lo resuelto, se presentó recurso de reconsideración, el que a la fecha de la redacción del recurso se encontraba pendiente de resolver.

En cuanto al derecho, cuestiona la falta de motivación del acto recurrido, ya que la resolución por la que se puso término al contrato de la recurrente solo tiene una argumentación aparente y artificiosa, la que no se condice con la realidad, contrariando de esta forma lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. Del mismo modo, la falta de fundamentación deviene en la afectación del principio de la confianza legítima, por la loable expectativa que tenía la recurrente que la Dirección de Carabineros de Chile seguiría mantenido el criterio de renovación de contratas como así lo había realizado por años.

En cuanto a las garantías que se denunciaron vulneradas, se estima en el recurso que la igualdad ante la ley se conculcó toda vez que el acto recurrido no fundamentó su actuar, siendo un claro obrar desproporcional y el resultado de un proceder que no siguió el principio de razonabilidad. Del mismo modo, se afectó su libertad de trabajo y el derecho de propiedad sobre el cargo y las remuneraciones que recibía.

Culminó pidiendo se decreten los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia dejar sin efecto el término de la contrata de su representada, con expresa condenación en costas.

Al folio 8, informó por el recurrido don nombre reservado, Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, quien pidió el rechazo del recurso. Indica que el término del contrato de la recurrente se sustentó en la aplicación de la causal expresa, contenida en la N°4 del artículo 57 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución, aprobado por la Orden General N°1957 de 18 de agosto del 2010. Todo lo anterior al tenor de las nuevas condiciones que dispuso la Ley de Presupuesto para el año 2020, la que redujo el presupuesto de Carabineros de Chile, sobre todo las contrataciones de personal externo en cerca de 6.000 millones de pesos. Señala que la recurrente presentó reconsideración administrativa en contra del término de su contrato, la que fue rechazada el 20 de diciembre del 2019 por no haberse aportado nuevos antecedentes que hicieran variar lo resuelto.

Enseguida, explica el marco normativo que corresponde tener a la vista, enfatizando que el artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile establece que La Dirección General podrá contratar en forma temporal, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente. Este personal no integrará la Planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán con cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos internos. Para concretar esta facultad se dictó la Orden General N°1957, de 18 de agosto del año 2010, que aprobó el Reglamento del Personal contratado por resolución.

Manifiesta la improcedencia del recurso, ya que la materia puesta en debate es ajena a la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de la acción de protección, siendo más acorde lo pedido a lo declarativo, toda vez que en el presente recurso existe un derecho que se encuentra precisamente en discusión. Luego señala que resulta acorde a la jurisprudencia administrativa, ya que no se conculcó la confianza legítima, toda vez que se explicitaron las razones y se dieron fundados argumentos para proceder como se hizo lo que se aviene a los dictámenes de la Contraloría General de la República N° 85.700 del año 2016 y 6.400 del año 2018.

Concluye señalando que no se afectó ninguna garantía de la recurrente ya que precisamente se obró al alero de las facultades legales conferidas a la Dirección de Carabineros de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°.- Que no existe discusión que la recurrente ingresó a prestar sus servicios bajo la modalidad de Honorarios el 22 de octubre de 2002 y, bajo la modalidad a contrata con fecha 19 de enero de 2005, la que fue prorrogada año tras año hasta la dictación de la Resolución Exenta N° 1.183 de 21 de noviembre de 2019, hechos todos no discutidos.

3°.- Que cabe tener presente que por expresa disposición del Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia esencial con los contratados radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. El artículo 10 de la Ley N°18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

4°.- Que en el caso de marras, la autoridad competente, en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los procesos internos de calificación y desempeño, considerando el interés del Servicio, determinó, contratar a la recurrente en los términos señalados por existir justificación legal y presupuestaria para ello.

La autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella opera por el solo ministerio de la ley. Por otro lado, si se pretende no renovar la contrata, debe justificarse tal proceder, máxime si en el caso de marras asistía a la recurrente la confianza legítima, lograda después de 19 años de desempeñarse sin interrupción en el cargo encomendado y detentar funciones para las que estaba capacitada en opinión de su jefe director quien la consideraba esencial para la unidad, en razón de ser la única persona que manejaba las licencias médicas en el software, circunstancia no desconocida en estrados por la contraria.

5°.- Que la circunstancia de haberse despedido a más de doscientas personas, por razones presupuestarias, no es óbice para estimar que el acto impugnado este fundamentado, toda vez que, no especifica cómo se redujo la unidad en la que la recurrente se desempeñaba. A su respecto no existen fundamentos específicos, que permitan desvirtuar la presunción que emana del principio de la confianza legítima que en la especie debe primar por el tiempo en que le ha sido renovada su contratación, sin que haya existido sumario administrativo o mala calificación en cuanto a su desempeño. Por consiguiente, en este caso, el acto de que se trata no se encuentra debidamente motivado.

6°.- Que a mayor abundamiento ha de tenerse en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicables en forma supletoria a todo acto administrativo, se encuentra el inciso cuarto del artículo 41, que dispone que toda decisión enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, deben ser fundadas con argumentos que se vinculen al funcionario desvinculado o que se desprendan de su mérito.

7°.- Que la conducta de la recurrida, vulnera el derecho de igualdad ante la ley respecto a su cargo a contrata, pues no se ha demostrado que la terminación de la contrata, en los términos en que se hizo, haya obedecido a una causa legal o al menos debidamente justificada. Con ello se ha producido una privación arbitraria del derecho a permanecer en el cargo después de 19 años al servicio de la entidad recurrida, toda vez que le asiste, como se señalara, la confianza legítima.

8º.- Que así las cosas, y por concurrir en la especie todos los presupuestos que estructuran el arbitrio cautelar instituido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, procede que éste sea acogido, respecto de lo que se indicará más adelante.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se acoge el deducido por don René Orlando González Nieto, en representación de doña nombre reservado, y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 1.183, de fecha 21 de noviembre de 2019, debiendo la recurrida mantener vigente la contrata de la señora nombre reservado por todo el año en curso hasta el 31 de diciembre de 2020 y pagar a ésta las remuneraciones por el tiempo que ha permanecido separada de sus labores.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción de la Ministro Sra. Gloria Solís R.

Protección N° Nº 184.371-2019.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso e integrada por las Ministros señora María Rosa Kittsteiner Gentile y señora Gloria Solís Romero.