TIGRE CHILE S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

C.A. de Santiago.

Santiago, once de junio de dos mil veinte.

A los escritos folios 15 y 17: téngase presente.

VISTOS:

Al folio 1, recurrió de protección constitucional Raúl Montero López, abogado, quien lo hizo en favor de los intereses de Tigre Chile S.A, sociedad del giro de fabricación y comercialización de productos de plástico, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, por el acto arbitrario e ilegal materializado en la Resolución N°8654/19/86, de 27 de noviembre del 2019, que impuso a su representada una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales, por no pagar semana corrida respecto de la trabajadora y periodos que indica. Hizo presente que el referido actuar afectó las garantías constitucionales de su representada respecto del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 n°3 inciso 5°, y n°24 de la Constitución Política de la República. Finalizó pidiendo en su escrito de protección que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y en especial para que se deje sin efecto la Resolución n°8654/19/86.

Fundó su recurso en las siguientes consideraciones de hecho y derecho.

Explicó que su representada fue notificada el 27 de noviembre del 2019 de la resolución N°8654/19/86, por la que se condenó a Tigre Chile S.A. a pagar una multa administrativa de 60 UTM a pretexto de no haber pagado unas prestaciones laborales por concepto de semana corrida.

Enseguida, aclaró que la multa fue el resultado de un obrar arbitrario e ilegal, ya que la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo interpretó el contrato laboral, concluyendo que correspondía la semana corrida, sin perjuicio de haberse controvertido su procedencia por la empresa Tigre S.A en el respectivo comparendo. Sostuvo que correspondía a los tribunales de justicia resolver el conflicto y no a un fiscalizador de la administración.

En cuanto al derecho, defendió la procedencia de su recurso en la materia de que se trata, ya que es el propio artículo 20 de la Constitución señala que este procede sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes. Agregó que el procedimiento de reclamación de multa administrativa, consagrado en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, no vela por la constitucionalidad de las actuaciones de los fiscalizadores.

En cuanto a las garantías que se denunciaron como vulneradas, estimó que la fiscalizadora se constituyó en una comisión especial, ya que procedió a interpretar el contrato individual de trabajo, lo que le estaba vedado. Consecuencia de este obrar ilegal, fue la dictación de la multa, afectando así su derecho de propiedad.

Culminó pidiendo se decreten los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia dejar sin efecto la resolución de multa administrativa.

Al folio 11, informó por Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, Nicolás Zanzo García, abogado, quien pidió el rechazo del recurso por ser la acción intentada manifiestamente improcedente, ajena a la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de esta. Agregó que el recurso de protección no puede ser concebido como un sustituto procesal máxime si el ordenamiento jurídico ya contempló, precisamente en los artículos 503 inciso tercero y 512 del Código del Trabajo, un procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas.

Concluyó señalando que no se afectó ninguna garantía del recurrente ya que precisamente se obró al alero de las facultades legales conferidas a la Dirección del Trabajo en el artículo 1 letra a) y 24 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Como reiteradamente ha sostenido esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: No existe discusión sobre la existencia del acto, cuya copia por lo demás se agregó a los autos, y consiste en la resolución de multa administrativa N°8654/19/86, de fecha 14 de octubre de 2019, mediante la que se aplica a Tigre Chile S.A. una multa administrativa de 60 UTM, esgrimiendo los siguientes hechos “por no pagar la semana corrida a la trabajadora que se remunera por comisión respecto de los periodos de enero a agosto del 2019, por haberse verificado que de acuerdo a su sistema de remuneraciones variables se devenga diariamente en función de trabajo diario” sic.

Tercero: En definitiva, la discusión de autos se circunscribe a examinar las facultades de actuación de la Inspección del Trabajo, pues mientras la recurrente sostiene que se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales de justicia, la recurrida afirma haberse ajustado a la ley conforme a los hechos constatados.

Cuarto: Al momento de decidir cabe considerar que por mandato legal, en representación del Estado, compete a la Dirección del Trabajo fiscalizar la aplicación de la ley laboral, velando por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, facultades que está llamado a ejercer cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas, determinadas y manifiestas.

Quinto: Da cuenta de lo anterior lo dispuesto por el inciso primero del artículo 503 del Código del Trabajo, en cuanto prescribe “Las sanciones por infracción a la legislación laboral y de seguridad social como a sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los respectivos Inspectores del trabajo o funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuaran como ministros de fe”. Añade el inciso primero del artículo 505 del citado cuerpo normativo que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

Por su parte el artículo 1 letra a) del DFL N° 2 del año 1967 establece que “a la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”. Finalmente el artículo 23 del citado DFL señala que “los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministros de fe en todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

Sexto: Las atribuciones legales antes referidas, han de interpretarse en armonía con la finalidad para la que fue creada la entidad recurrida, esto es, para supervigilar la aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores , así como en el contexto de las normas que la rigen, pues de acuerdo al artículo 1 del DFL N° 2, de 1967, se trata de un organismo técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social al que se le encomienda, particularmente, y sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le entregan la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, precisando su artículo 5, que a su Director le corresponde especialmente -y en lo pertinente- velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República. A su turno, su artículo 20 consagra que los Inspectores Provinciales, tienen en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas. Por su parte, el artículo 23 de la referida normativa, confiere a los Inspectores del Trabajo el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, añadiendo que los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los fines de la prueba judicial.

Séptimo: Para poder cumplir su finalidad, las facultades con que cuenta la recurrida han de ser eficaces y, en tal sentido interpretarse. Por ello ante hechos precisos, claros y comprobados -como acontece en la especie- puede determinar si los mismos se ajustan a la legislación laboral que los regula, y según ello obrar en consecuencia, lo que implica, naturalmente, un ejercicio de subsunción de los hechos al derecho, toda vez que tal labor resulta inherente a la potestad sancionatoria conferida, ajustándose entonces la actuación de la recurrida a las facultades que por ley le han sido concedidas.

Octavo: Tampoco cabe calificar de arbitrario el acto impugnado, desde que la decisión impugnada se adoptó en base a antecedentes de hecho de los que se dejó constancia en la misma Resolución y en las actas que le sirvieron de base, lo que descarta que su actuación se haya debido al mero capricho.

Noveno: A mayor abundamiento, dicha decisión es reclamable a través de los procedimientos judiciales establecidos en el Código del Trabajo, siendo el propio legislador quien ante discrepancias del administrado con el organismo respectivo, ha contemplado las vías o los mecanismos que permiten enjuiciar el mérito y la justificación de la decisión, aspectos ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar.

Décimo: Al no encontrase acreditados los supuestos básicos del recurso interpuesto, a saber la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, sólo cabe desestimar el recurso, sin que resulte necesario analizar la vulneración de garantías denunciadas.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza el deducido por Raúl Montero López, en favor de Tigre Chile S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Nº Protección-184.046-2019.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.