Protección contra Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Segur

C.A de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad dominicana, interponiendo acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por haber incurrido en la omisión ilegal y arbitraria en relación al pronunciamiento de la orden de expulsión, a raíz del acta de procedimiento sancionatorio, lo que genera agravio al no resolver sobre su solicitud en los plazos legales establecidos, ya que la recurrente se encuentra en un estado de incertidumbre jurídica que vulnera directamente sus derechos fundamentales al impedirle acceder a la permanencia definitiva y su desarrollo personal, económico y profesional, así como su proceso de arraigo en el país, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), a la vida y a la integridad psíquica (artículo 19 N°1), de acceso a la justicia y al debido proceso (artículo 19 N°3), que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se se ordene al recurrido pronunciarse sobre la orden de expulsión dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Expone que, la recurrente ingresó al país por paso no habilitado y se autodenunció ante la autoridad administrativa competente para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, hasta la fecha de interposición del recurso, no se ha dictado ni notificado la respectiva orden de expulsión, configurándose una omisión ilegal y arbitraria que la mantiene en un estado de incertidumbre jurídica.

Señala que no registra antecedentes penales en su país de origen ni en Chile, cuenta con pasaporte vigente y certificado de antecedentes legalizado.

Además, actualmente, desarrolla labores remuneradas de cuidado de menores de edad que dependen directamente de ella, lo que acredita su arraigo y aporte a la comunidad.

Afirma que, esta omisión le impide ejercer las acciones legales y administrativas posteriores que solo pueden interponerse una vez notificada la orden de expulsión, afectando gravemente su derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.

Sostiene respecto a la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado, que la actuación del recurrido es arbitraria e ilegal por el excesivo tiempo de tramitación (más de 14 meses) sin pronunciarse sobre su solicitud, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, lo que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, tal como ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema en fallos Rol N° 24.827-2020 y Civil / 22692- 2022. Asimismo, cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción (Rol 74521-2022) en cuanto a que el ejercicio de acciones cautelares no atenta contra garantías fundamentales.

Destaca la vulneración de los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental, imparcialidad y transparencia consagrados en los artículos 4°, 7°, 9° y 23 de la Ley N° 19.880, y el incumplimiento del plazo fatal de seis meses para los procedimientos administrativos establecido en el artículo 27 de la misma ley, salvo caso fortuito o fuerza mayor. La recurrente enfatiza que no procede la alegación de silencio administrativo positivo ni la de caso fortuito o fuerza mayor, citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (Civil / 81212-2021) y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción (Rol 48188-2022) que descartan la imprevisión de la pandemia.

Agrega la ausencia de un procedimiento reglado en los plazos, lo que contraviene los artículos 7° y 63 N°18 de la Constitución Política de la República, y recalca que la potestad discrecional no puede aplicarse cuando la ley establece plazos imperativos. Finalmente, argumenta la aplicación supletoria del artículo 27 de la Ley N° 19.880, en virtud del artículo 1° inciso 3° de la misma ley, ante la falta de plazos en la normativa migratoria sectorial, lo que busca solucionar justamente los problemas derivados de la inobservancia de plazos por parte de la Administración.

Reitera que, la omisión ilegal y arbitraria del Servicio Nacional de Migraciones vulnera los derechos fundamentales de la recurrente: el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), al no resolver su situación en plazos legales, generándole una discriminación y un impedimento para acceder a la permanencia definitiva y desarrollar su vida; el derecho a la vida y a la integridad psíquica (artículo 19 N°1), al someterla a un estado de permanente incertidumbre y angustia; el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso (artículo 19 N°3), al impedirle ejercer acciones legales posteriores; el derecho a la libertad personal y a residir y permanecer en el país (artículo 19 N°7), impidiéndole moverse en igualdad de condiciones y poniéndola en riesgo de retornar a su país donde su vida peligra; el derecho a la libre contratación (artículo 19 N°16), al no regularizar su situación migratoria; y el derecho a presentar peticiones a la autoridad (artículo 19 N°14), al no recibir una respuesta oportuna.

Concluye solicitando que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al recurrido pronunciarse sobre la orden de expulsión dentro de un plazo razonable, conforme con los principios de su reglamentación, o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, el Servicio Nacional de Migraciones evacúa informe, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección interpuesta en favor de doña nombre reservado, fundándose en que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir un acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, ni que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, de nacionalidad dominicana, no registra ingreso por pasos fronterizos habilitados, presumiéndose su entrada al país eludiendo los controles migratorios, lo cual fue constatado mediante Informe Policial N° NUM000, de fecha 28 de febrero de 2024, de la Policía de Investigaciones de Chile, encontrándose, por consiguiente, de manera irregular en el país. Debido a este ingreso clandestino y posterior denuncia, mediante Oficio Ordinario N°NUM001 de la misma fecha, la Policía de Investigaciones de Chile le notificó el inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra, informándole de un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos, lo cual la recurrente hizo el 11 de marzo de 2024 mediante carta.

Destaca que esta autoridad no ha dictado sanción migratoria alguna contra la recurrente, ya sea de multa, orden de abandono, expulsión, o cualquier otra, considerando improcedente el recurso al no existir vulneración constitucional.

Señala que la situación migratoria irregular tiene su origen en el ingreso irregular, siendo responsabilidad exclusiva de la recurrente, y sus consecuencias no pueden imputarse al Servicio Nacional de Migraciones.

Concluye que existe un procedimiento sancionatorio administrativo vigente, sin acto terminal alguno, y que el recurso reclama un Oficio Ordinario que solo indica el inicio del procedimiento, encontrándose en una etapa procesal de presentación de prueba, sin una resolución de expulsión.

Hace presente que, la facultad de resolver la expulsión recae en el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, conforme a los artículos 157 N° 7 y 132 de la Ley 21.325. La causal de expulsión por ingreso irregular se consagra en el artículo 127 N° 1 en relación con el artículo 32 N° 3 de la misma ley.

Reitera que no existe sanción migratoria alguna dispuesta contra la recurrente. Es más, la notificación del ingreso por paso no habilitado no es el inicio de una solicitud administrativa, sino que puede dar lugar a un procedimiento administrativo sancionatorio, el cual, de iniciarse, debe ser notificado al afectado para permitirle su defensa y presentación de antecedentes pertinentes, en conformidad con los artículos 132 y 132 bis de la Ley 21.325 y el artículo 141 de su Reglamento. Adicionalmente, cita jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (recurso de protección N° 2.094-2022) que rechazó una acción solicitando una resolución de expulsión, al no existir órdenes de aprehensión, arresto, arraigo o expulsión, ni peticiones pendientes de resolución, concluyendo que no es posible exigir o perseguir por la vía del recurso de protección que se dicte o no una sanción administrativa.

Concluye solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas, por no existir un acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de garantías protegidas por la acción de protección, no siendo procedente la condena en costas a esta parte.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, esto es, que prive, amenace o perturbe alguna de las garantías que se señalan como vulneradas al amparo de lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Constitucional.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de no haber dictado el acto terminar de un procedimiento sancionatorio, esto es, la orden de expulsión del país por haber ingresado por un paso no habilitado realizada por la recurrente, lo que a su juicio vulneraría las garantías contempladas en los números 1, 2, 3, 7, 14 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que de lo informado por la recurrida, dar noticia del ingreso por paso no habilitado no significa el inicio de una solicitud administrativa de regularización migratoria, sino solo da lugar a que la autoridad inicie un procedimiento sancionatorio, el que será notificado al afectado para que evacúe sus descargos y adjunte la documentación requerida en tiempo y forma.

SEXTO: Que, en cuanto a la demora en la tramitación de la solicitud, si bien es cierto que el artículo 27 de la Ley Nº19.880 contempla un plazo de 6 meses para la tramitación de un procedimiento administrativo, este término no se trata de uno fatal tal como lo ha razonado la jurisprudencia de la Excma.

Corte Suprema y la doctrina citada por la parte recurrida, estimándose que el plazo de tramitación de la solicitud se encuentra dentro de un margen de razonabilidad, atendido la materia a que se refiere.

SEPTIMO: Que encontrándose en trámite el procedimiento sancionatorio, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que el retardo en el trámite de orden de expulsión, no infringe garantía constitucional alguna del recurrente, puesto que no es la vía, para regularizar su situación migratoria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-18402-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Rafael Plaza Reveco.