EUROFINS TESTING CHILE S.A. con nombre reservado CON nombre reservado

Santiago, cinco de marzo de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 36, 37 y 38: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 21 de agosto de 2024, comparece Eurofins Testing Chile S.A., interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, la Central Nacional De Trabajadores, y contra toda persona integrante de dicha organización que hubiere participado en los hechos materia del recurso, por haber intervenido ilegítimamente en las manifestaciones producidas en el marco de la huelga legal que ha tenido lugar en las oficinas de recurrente desde el 30 de julio de 2024, actuación que consideran ilegal y arbitraria, atendido a que los recurridos no son trabajadores de Eurofins ni miembros del sindicato en huelga, vulnerando con ello los derechos a la integridad física y psíquica, al trabajo, y a negociar colectivamente que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicitan se ordene el cese de tales actuaciones.

Exponen que, a propósito del proceso de negociación colectiva reglada entre Eurofins y el Sindicato de Trabajadores de Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., los recurridos han restringido ilegalmente tanto la huelga legal en curso desde el 30 de julio de 2024, como el acceso de trabajadores no sindicalizados y proveedores.

Señala que, por medio de barreras humanas coordinadas y lideradas por los recurridos en nombre de la Central Nacional de Trabajadores, han impedido el acceso de personas y bienes muebles al inmueble ubicado en domicilio reservado, impidiendo concretamente el acceso al inmueble de buses de acercamiento, trabajadores a pie, vehículos particulares y proveedores.

Indican la recurrente que los recurridos nombre reservado y nombre reservado, afirmando falsamente ser trabajadores dependientes de Eurofins, han intervenido con violencia las manifestaciones, frenando vehículos, golpeándolos, violentando a trabajadoras, profiriendo amenazas e incluso siguiendo a personal fuera del inmueble.

Agregan que la actuación de los recurridos es ilegal por no ser trabajadores de Eurofins y por afirmar actuar en nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores, organización que no se encuentra vigente en el registro público de organizaciones sindicales.

Exponen que Eurofins cuenta con dos establecimientos, ubicados en Parque Antonio domicilio reservado, y en domicilio reservado, siendo el establecimiento de Vitacura un inmueble arrendado a Fundación Chile donde también operan otras siete empresas.

Señalan que el Sindicato de Empresa Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. tiene una tasa de afiliación del 40%, contando con 73 trabajadores, existiendo 109 trabajadores no afiliados al Sindicato.

Afirman que la huelga comenzó el 30 de julio de 2024, y a partir de los registros de imágenes han advertido que los participantes más violentos no son miembros del sindicato, sino aparentemente miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Chile.

Argumentan la recurrente que la participación de terceros ajenos a la negociación colectiva en un proceso de huelga desplegando actos arbitrarios e ilegales vulnera el derecho a negociar colectivamente consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, sostienen que los hechos descritos constituyen una clara afectación del derecho a la integridad física y psíquica garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución.

Solicitan, por este recurso, que se ordene a los recurridos cesar en su participación en la huelga del sindicato individualizado, especialmente en las dependencias de Parque Antonio domicilio reservado, y abstenerse de realizar actos que perturben o priven a los miembros del Sindicato y a Eurofins de desarrollar autónomamente su derecho a huelga.

Que, con fecha 27 de agosto de 2024, la recurrente presenta un segundo recurso de protección, acumulado en los presentes autos, en contra de los mismos recurridos, fundado en las mimas actuaciones que considera ilegal y arbitrarias realizadas en el contexto de la negociación colectiva y la huelga legal que llevaba a cabo con el Sindicato de Trabajadores de Gestión de Calidad y Laboratorios S.A., solicitando que se ordene a Carabineros de Chile que preste la debida protección y resguardo a los trabajadores de la recurrente, proveedores y público general para el ejercicio de sus derechos, así como cualquier otra medida que esta Corte estime conveniente para restaurar el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la parte recurrida evacúa informe solicitando el íntegro rechazo del recurso de protección, señalando que, con fecha 30 de julio de 2024, el Sindicato de Empresa Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., en el marco de un proceso de negociación colectiva, hizo efectivo su derecho a huelga. En este contexto, el Sindicato recibió la solidaridad y apoyo de la Confederación Nacional de Trabajadores, organización a la cual se encuentra afiliado.

Esgrime la recurrida que el derecho a huelga está expresamente reconocido en el artículo 345 del Código del Trabajo, siendo un derecho fundamental que emana de la libertad sindical.

Sostiene que, para que este derecho sea efectivo y no meramente declarativo, la huelga debe constituir una herramienta real de paralización de las actividades de la empresa. Cita al profesor nombre reservado quien expresa que la definición clásica de huelga como "abstención colectiva de trabajo" ha sido superada, proponiendo la doctrina una noción más amplia que comprende todo tipo de perturbación del proceso productivo.

Afirma que lo acontecido durante la huelga constituye simplemente la expresión amplia de su definición, intentando generar una paralización que presionara al empleador para lograr un acuerdo salarial con el sindicato. Reconoce que el conflicto laboral provocó roces y discusiones, sin embargo, sostiene que procuraron mantenerse dentro de la legalidad vigente, negando haber incurrido en acciones ilícitas.

Agrega que, en caso de existir ilícitos como los que señala el recurso, existen los tribunales en materia penal competentes para conocer tales asuntos, rechazando como sindicato haber incurrido en falta alguna.

Refuerza su posición señalando que Carabineros se hizo presente durante la huelga, garantizando que no existieran mayores inconvenientes para la empresa y para los trabajadores que no participaban en la huelga. Por tanto, niega haber vulnerado garantías constitucionales, afirmando que su única acción ha sido luchar y solidarizar con el sindicato para que el derecho a huelga sea efectivo.

Argumenta además que la libertad sindical no implica exclusivamente el derecho a asociarse, sino también el derecho a ejercer autonomía sindical con las acciones colectivas que otorga la ley. En este marco, sostiene que el derecho a huelga pertenece a los trabajadores que participan de una negociación colectiva, quienes pueden realizar las acciones que estimen pertinentes dentro de los márgenes legales. Por tanto, el actuar del Sindicato, la Confederación y los trabajadores en el ejercicio de esta huelga no puede considerarse ilegal ni arbitrario.

Finalmente, la recurrida hace presente que el proceso de negociación colectiva y la huelga finalizó, por cuanto el 27 de agosto de 2024 se firmó el contrato de trabajo colectivo entre la recurrente y el sindicato referido, por lo que las medidas solicitadas en el recurso no solo eran improcedentes durante la huelga, sino que actualmente resultan extemporáneas, pues no existe ninguna huelga en curso.

Por lo expuesto, la parte recurrida solicita tener por evacuado el informe requerido y que el recurso de protección interpuesto sea rechazado íntegramente, con costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que lo que se alega como acto ilegal y arbitrario por parte de los recurrentes es la intervención que los recurridos habrían realizado desde, por lo menos, el 30 de julio de 2024 en la huelga legal que el Sindicato de Trabajadores de Gestión de Calidad y Laboratorios S.A., haciéndose pasar por trabajadores de la recurrida e incurriendo en vías de hecho en las protestas que se han realizado en torno a esta huelga legal.

Para lo anterior, se solicita a esta Corte que determine si efectivamente los recurridos realizaron los hechos de los cuales se les acusa en la presente acción constitucional, para posteriormente determinar si aquellas acciones lesionan las garantías constitucionales denunciadas.

QUINTO: Que, por otra parte, del tenor del informe, los documentos acompañados al proceso, especialmente el Contrato Colectivo de Trabajo de 27 de agosto de 2024 entre la recurrente y el Sindicato Gestión de Calidad y Laboratorios S.A., y los alegatos rendidos en la vista de la causa se puede tener por establecido que la huelga legal iniciada por el referido sindicato y que se relacionaba con los antecedentes de hecho del presente recurso se encuentra terminada con la firma del referido documento.

SEXTO: Que, por lo ya expuesto, y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles.

Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, las alegaciones planteadas por el actor en su recurso dan cuenta de un conflicto que requiere determinación a través de un procedimiento distinto de este arbitrio constitucional, por el juez natural que corresponda y en juicio de lato conocimiento, motivo por el cual el presente recurso necesariamente deberá ser rechazado.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, habiendo terminado la huelga legal en la que se acusa a los recurridos haber intervenido, esta Corte no vislumbra ninguna acción o medida que deba tomar para reestablecer el imperio del derecho, acorde a lo pedido en este recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado a favor de la empresa Eurofins Testing Chile S.A. y en contra de nombre reservado, nombre reservado y la Central Nacional De Trabajadores.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 18381-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra suplente señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.