nombre reservado con MUTUAL SEGURIDAD - SUSESO

C.A. de Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Mutual de Seguridad y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Refiere que en septiembre de 2019 sufrió un accidente laboral, y que durante cuatro años ha estado reclamando ante la Superintendencia de Seguridad Social, en razón de diversas negligencias médicas cometidas en su contra por la Mutual de Seguridad, sin obtener respuesta satisfactoria y en desmedro de los subsidios que percibe.

Describe que mediante la Resolución de Incapacidad Permanente N°20200638, de 20 de abril de 2020, la comisión médica de la Mutual ha incurrido en graves negligencias, pues el accidente fue sufrido en el lado izquierdo de su cuerpo (rodilla y dedo meñique), mientras que la Mutual menciona incorrectamente su rodilla derecha, y procedió a rebajar su porcentaje de invalidez de 17,5% a 15%. Considera que el porcentaje de invalidez total debe ascender a un 25%, lo que se obtiene mediante la suma del 15% y 7,5% por su dedo meñique.

Explica que la situación descrita le ha acarreado problemas en lo físico, al mantener dolor crónico en su rodilla izquierda, y en lo monetario, al variar los porcentajes de invalidez.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando que se revisen y se reevalúen los porcentajes de invalidez, con el correspondiente pago del subsidio por invalidez en relación con su rodilla y dedo meñique izquierdo.

SEGUNDO: Que, evacuó informe el abogado don Roberto Torres Rebolledo, en representación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Previo a referirse al fondo del asunto, argumenta que el recurso es improcedente, por cuanto la decisión de calificar y recalificar un caso, así como determinar si procede o no un beneficio médico o económico, se encuentra regulado por la interpretación normativa que hace el fiscalizador de la Mutual de Seguridad, la Superintendencia de Seguridad Social, conforme lo señala su jurisprudencia y el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la Ley N°16.744 y sus reglamentos, los que son una manifestación concreta del derecho a la seguridad social, garantía constitucional que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto a los hechos objeto del recurso, sostiene que el recurrente ingresó a la Mutual con fecha 26 de septiembre de 2019, en virtud de un accidente laboral que le causó la fractura del dedo meñique izquierdo, como también una lesión de ligamento cruzado posterior izquierdo, según anamnesis. En virtud de lo anterior, la Mutual procedió a determinar el porcentaje de incapacidad en un 22,50%, según da cuenta la Resolución de Incapacidad Permanente N° 2022638, de fecha 20 de abril de 2020. Dicha resolución fue impugnada por el trabajador afectado, y la Comisión Médica de Reclamos, subió el porcentaje de incapacidad a un 30%, lo que consta en Resolución de dicho organismo N° B101/20200806/04-08-2020.

Sin perjuicio de aquello, en un error que no afecta la evaluación realizada, se identificó la rodilla afectada como la derecha, cuando lo que correspondía era la izquierda, cuestión que ha hecho presente el recurrente para fundar, en parte, su recurso.

Añade que el recurrente reclamó a la Superintendencia de Seguridad Social el 7 de noviembre de 2019, pues a su juicio no se encontraba correctamente determinado el monto de la base de cálculo que se utilizó para calcular el subsidio por su incapacidad temporal. Aquello fue resuelto por el organismo fiscalizador, mediante Resolución Exenta N° R-01-UCA-10693-2020, con fecha 10 de febrero de 2020, rechazando el reclamo efectuado, por “encontrarse correctamente configurados los subsidios por incapacidad médica laboral temporal que se le ha concedido al interesado.”.

Luego, y una vez recibida dicha resolución, con fecha 12 de febrero de 2020, el recurrente recurrió de reconsideración a la misma Superintendencia, indicando nuevamente que el beneficio cursado está mal calculado. Con fecha 11 de abril de 2020, mediante Resolución Exenta N° R-01-S-30519-2020, fue rechazado este nuevo reclamo, por los mismos argumentos esgrimidos anteriormente.

Posteriormente, el 15 de julio de 2020, el recurrente concurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta revise el cálculo de la última indemnización global de la Ley N° 16.744, toda vez que indica que, a propósito de la resolución que fija el porcentaje de incapacidad de ganancia en un 22.5%, el que le daba lugar a una prestación de seis sueldos base, la Mutual le descontó los tres sueldos base a que tuvo derecho a propósito de la fijación de un 17.5% de incapacidad de ganancia, en virtud del accidente sufrido con fecha 19 de marzo de 2012. Dicha reclamación fue nuevamente rechazada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UCA-77120-2020, de fecha 12 de agosto de 2020, aduciendo que lo obrado la Mutual “se ajusta a las disposiciones legales vigentes y a los antecedentes que se han tenido a la vista en esta oportunidad.”.

El 21 de diciembre de 2020, el recurrente solicita nuevamente pronunciamiento por parte de la Superintendencia, a propósito de que la Resolución N° B101/20200806/04-08-2020, pronunciada por la Comisión Médica de Reclamos había incurrido en un error en la individualización de la rodilla afectada por el accidente, indicando que correspondía a la rodilla derecha, cuando lo cierto es que era la izquierda, adicionando que habría una eventual confusión con el porcentaje de incapacidad anterior que mantenía el recurrente.

Mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-27855-2021, de fecha 10 de marzo de 2021, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó lo obrado por la Comisión Médica de Reclamos en cuanto al porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia otorgado al recurrente, aclarando que “dicha Comisión incurrió en un error al dictar su Resolución B101/20200806, de 04 de agosto de 2020, ya que es la rodilla izquierda la afecta y evaluada, no la derecha como ésta menciona.”.

Luego, en una nueva presentación, el 18 de marzo de 2021, el recurrente reclamó nuevamente a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se analice el cálculo de la última indemnización global de la Ley N° 16.744, otorgada por la Mutual, puesto que, en virtud del aumento desde el 22.5% al 30% de su incapacidad de ganancia, se encontraría en desacuerdo con el cálculo, solicitando a dicho organismo que revise el procedimiento de cálculo y se reliquide el valor cursado por dicho concepto. En dicha ocasión, con fecha 26 de junio de 2021, mediante Resolución Exenta N° R-01-UCA-81533-2021, se acogió el reclamo, indicándole la Mutual reliquidar el beneficio, por la diferencia de los 4.5 sueldos base a los que el trabajador tenía derecho, que corresponde a la diferencia de los 10.5 sueldos base provenientes del 30% y de los 6 sueldos base ya pagados.

De esta forma, con fecha 2 de julio de 2021, mediante Resolución N° 29149-R2, la Mutual reliquidó la indemnización, otorgando a favor del trabajador la suma de $90.473 que corresponde a la diferencia entre lo reliquidado y lo pagado con fecha 24 de septiembre de 2020.

Con fecha 3 de enero de 2022, el recurrente reclama nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de la Comisión Médica de Reclamos por la incapacidad otorgada. Dicho reclamo nuevamente fue rechazado, confirmando lo obrado por dicha Comisión, según Resolución Exenta N° R-01-UME-02690-2022, de fecha 9 de enero de 2022.

El 14 de enero de 2022, el recurrente nuevamente ingresa reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, aduciendo varias de las situaciones reclamadas anteriormente, esto es el siniestro anterior del año 2012 y la indemnización global correspondiente al nuevo siniestro del año 2019; el porcentaje otorgado por la Comisión Médica de Reclamos; y finalmente que se ha confundido y mezclado sus patologías. A este último reclamo, y mediante Resolución Exenta N° R-01-F-26132-2022, de fecha 7 de marzo de 2022, la Superintendencia de Seguridad Social estimó como “debidamente resuelta y aclarada la situación planteada por don nombre reservado, a quien se le otorgó adecuadamente la cobertura de la Ley N° 16,744, tanto médica como económica, por las secuelas provocadas por los accidentes ocurridos en los años 2012 y 2019.”.

En virtud de lo anterior, manifiesta que el recurrente ha reiterado en varias oportunidades la reclamación que subyace del mismo recurso, y en todas las oportunidades el organismo llamado a determinar si procede o no un beneficio médico o económico, la Superintendencia de Seguridad Social, ha señalado de forma contundente que la Mutual ha cumplido de forma adecuada con el otorgamiento de dichos beneficios, razón por la que, a su juicio, el recurso carece absolutamente de fundamentos.

Destaca que en el recurso no se estipula de manera clara qué garantías constitucionales se verían afectadas; sin perjuicio, argumenta que la Mutual no ha incurrido en ninguna vulneración, toda vez que las prestaciones otorgadas encuentran sustento en la normativa aplicable, como también en virtud de la fiscalización que la Superintendencia ha efectuado a propósito de los múltiples reclamos del recurrente sobre el particular.

TERCERO: Que, evacúa informe el abogado don Roberto Barraza Saavedra, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, solicita que se declare su improcedencia, por cuanto la calificación de un accidente o enfermedad como de etiología común o laboral, y la evaluación de incapacidad, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio, y en cuanto al fondo, refiere que consta en el expediente administrativo que se acompaña al informe, que el Sr. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, solicitando un pronunciamiento en relación al beneficio que le ha sido pagado vinculado a las lesiones que sufrió con ocasión del accidente ocurrido durante el mes de septiembre de 2019. Destaca que con anterioridad, en el año 2012 el recurrente sufrió otro accidente que le dio derecho a un beneficio de la Ley N° 16.744, en virtud del porcentaje de incapacidad que le fue fijado. En el intertanto, se ha aumentado su porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia varias veces; sin embargo, reclama que al realizar el cálculo del beneficio, no se toma en cuenta el porcentaje adecuadamente. Además, señala que al evaluar su porcentaje de incapacidad y determinar el respectivo beneficio al que tiene derecho, se han confundido y mezclado las patologías que padece.

Al respecto, hace presente que la Superintendencia indicó, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-27855-2021, de 10 de marzo de 2021, que a raíz del accidente ocurrido durante el año 2012, al trabajador se le determinó un 17,5% de incapacidad, porcentaje confirmado por la Comisión Médica de Reclamos (COMERE) y por la Superintendencia. Por su parte, en virtud del infortunio laboral ocurrido durante el año 2019, a través de la Resolución N° 20200638, de 24 de abril de 2020, la CEIAT de la aludida Mutual de Seguridad le fijó un 22,5% de incapacidad, el cual fue aumentado por la COMERE a un 30%, mediante Resolución N° B101/20200806, de 4 de agosto de 2020.

Manifiesta que en su oportunidad, se hizo presente que la COMERE incurrió en un error al registrar la rodilla equivocada, ya que es la rodilla izquierda la que presenta la lesión. Sin embargo, se mencionó que dicho error no afectó la evaluación de incapacidad. Posteriormente, la Superintendencia declaró, mediante Resolución Exenta N° R-01-UCA-81533-2021, de 26 de junio de 2021, que la base de cálculo utilizada por la referida Mutualidad había sido errónea, impartiendo la instrucción de revisar dicho cálculo y en caso de ser procedente, reliquidar el beneficio.

Posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° R-01-UME-02690-2022, de 9 de enero de 2022, la Superintendencia confirmó el 30% de incapacidad fijado por la COMERE, toda vez que fueron adecuadamente consideradas todas las patologías que el trabajador presenta.

Adicionalmente, la Superintendencia sometió todos los antecedentes del caso al estudio de sus especialistas, quienes en primer término, determinaron que por los dos siniestros sufridos por el Sr. nombre reservado, el 19 de marzo de 2012 y el 26 de septiembre de 2019, se le fijaron cronológicamente un 17,5%, 22,5% y un 30% de incapacidad, porcentajes que le dieron derecho a percibir indemnizaciones globales de la Ley N° 16.744, por 3, 6, y 10,5 sueldos base respectivamente. Sin embargo, agregaron los citados especialistas, que al asignarle un 22,5%, ya se le habían pagado 3 sueldos base correspondiente al 17,5% de pérdida de capacidad de ganancia original, el trabajador sólo tuvo derecho al pago de la diferencia de los restantes 3 sueldos base. Situación similar ocurrió con el 30% de incapacidad, ya que como se le habían pagado 6 sueldos base anteriormente, el recurrente tuvo derecho a percibir los restantes 4,5 sueldos base.

Por último, mediante Resolución Exenta N° R-01-UCA-140156-2021, de 21 de octubre de 2021, la Superintendencia aprobó lo obrado por la citada Mutual de Seguridad en cuanto al cálculo y pago de los beneficios a los que el afectado ha tenido derecho, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-F-26132-2022, de fecha 7 de marzo de 2022.

Sin perjuicio de lo ya señalado, estima que la pretensión del recurrente, en orden a dejar sin efecto la resolución impugnada en autos, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales, ciertamente desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados preexistentes.

Asevera que la Superintendencia se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, sin que haya existido vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni al derecho de propiedad del recurrente, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la Carta Fundamental.

Por último, descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la Superintendencia, ya que en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a las conclusiones indicadas, sin que exista un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en la Superintendencia.

CUARTO: Que, a folio 12, el recurrente solicitó que los recurridos ampliaran su informe, por estimar que no se pronuncian sobre los porcentajes de invalidez, reiterando lo expuesto en su recurso, así como también la confusión que habría existido en las extremidades lesionadas.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Asimismo, se ha sostenido por la jurisprudencia, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Por otra parte, el artículo 1º del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, previene que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación planteada por las recurridas de improcedencia de la acción de protección, al tratar el recurso de una materia relacionada con el derecho a la seguridad social, establecido en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dicha petición debe ser desestimada, dado que si bien resulta ser efectivo que el recurrente no menciona expresamente las garantías que habrían sido vulneradas, del tenor del recurso se desprende la existencia de una eventual afectación, a lo menos, de su derecho de propiedad, en relación al pago de los subsidios por invalidez que corresponden, garantía contemplada en el numeral 24° que sí se encuentra protegida por esta acción constitucional.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la solicitud de ampliación de informe, según lo reseñado en el motivo cuarto, esta Corte la estima improcedente, pues los recurridos evacuaron sus presentaciones haciendo detallada y expresa referencia a los aspectos indicados.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, el recurrente pretende a través del presente arbitrio constitucional que se reevalúen los porcentajes de invalidez y el pago de los subsidios que corresponden, pese a que mediante las diversas actuaciones y actos administrativos emanados por las recurridas, su situación ha sido analizada en variadas oportunidades, según se expuso latamente en los informes evacuados.

NOVENO: Que al efecto, preciso es recordar, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, para la procedencia de la acción constitucional de protección, que es indispensable que quien recurre ostente un derecho de carácter cierto, determinado e indubitado, que amerite su cautela en un procedimiento breve y concentrado, como el de autos.

En este caso, de lo informado por las recurridas, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta evidente que el actor discrepa de la calificación que se ha hecho por los organismos competentes, en cuanto a los porcentajes de invalidez y pago de los subsidios que corresponden, en relación a dos accidentes que el actor sufrió en el año 2012 y 2019, no obstante que en todas las instancias administrativas han sido rechazadas sus alegaciones, luego de analizar los antecedentes médicos y técnicos pertinentes.

DÉCIMO: Que, de acuerdo con lo expuesto, los pronunciamientos emitidos por las recurridas se encuentran debidamente fundados, sin que sea posible advertir la existencia de un acto arbitrario e ilegal, como lo alega el recurrente, por cuanto se advierte que los porcentajes de invalidez han sido calificados y recalificados de acuerdo a los criterios técnicos y la normativa que rige la materia, teniendo además presente que ambas recurridas dieron razones fundadas para justificar que el error que en su oportunidad se verificó respecto a la rodilla que presentó la lesión, no tuvo la aptitud de afectar la evaluación de incapacidad.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la discusión que se plantea podría ser resuelta con la minuciosidad, detalle y carga argumentativa de un procedimiento que admita el debate y la rendición de pruebas, como es el establecido en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, lo que permite dar cuenta que la presente acción constitucional no se erige como la vía idónea para la resolución del asunto.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, al no existir un acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas, así como tampoco la vulneración de las garantías constitucionales amparadas por el presente arbitrio, corresponde rechazar el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Mutual de Seguridad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1837-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, e integrada, además por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y el abogado Integrante señor Joel Arturo González Castillo.

En Santiago, catorce de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.