nombre reservado con AFP MODELO S.A.

Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., impugnando el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como técnico extranjero, acto que estima ilegal y arbitrario, y que vulnera las garantías del artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley) y N° 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos bajo la Ley N° 18.156. El 28 de julio de dos mil veinticinco, la administradora rechazó la solicitud aduciendo la "Falta de certificado de afiliación el cual debe estar apostillado o legalizado". Sostiene que este rechazo es una interpretación formalista y restrictiva de la norma, y que la imposibilidad de obtener la legalización consular en Venezuela constituye un caso de fuerza mayor debido al quiebre de relaciones diplomáticas. Destaca que acompañó la constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada de afiliación ante notario chileno, las cuales deben ser consideradas prueba suficiente del cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156.

Cita, para respaldar su acción, el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, el artículo 45 del Código Civil, el artículo 345 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156. Invoca, además, jurisprudencia diversas Cortes de Apelaciones Pide en definitiva, tener por interpuesto el Recurso de Protección, ordenando reconocer la validez de la documentación aportada y conminar a la Administradora a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Segundo: Que, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora De Fondos De Pensiones Modelo S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes y con costas.

Expone, que la recurrente presentó el 24 de julio de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, acompañando, entre otros documentos, un título profesional, una declaración jurada otorgada ante notario con fecha 4 de julio de 2025, un contrato de trabajo con fecha 19 de febrero de 2020 y una constancia electrónica de cotizaciones. Consecuentemente, la entidad procedió al análisis documental con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder a la devolución solicitada.

Agrega que en su oportunidad le requirió a la requirente, la presentación de certificación expedida por el instituto u organismo de seguridad social extranjero que acredite la afiliación del trabajador y las prestaciones mínimas exigidas por la ley, debidamente legalizada o apostillada. De manera sistemática, se advirtió a la recurrente que la documentación remitida —en particular la declaración jurada y la constancia electrónica— no cumplía con las exigencias de legalidad y formalidad previstas por el ordenamiento aplicable, lo que motivó la denegación de ingreso de la solicitud por falta de la certificación exigida y el consecuente cierre de la tramitación.

Plantea que la inexistencia de certificado expedido por el instituto de seguridad social extranjero o de atestado consular, la falta de apostillado o legalización de los documentos aportados y la ausencia de manifestación contractual inequívoca constituyen obstáculos jurídicos insubsanables para reconocer la devolución pretendida; así, se argumenta que la normativa es taxativa en cuanto a los requisitos y que la presentación de documentos que no reúnan las formalidades prescritas no puede sustituir la carga probatoria que recae sobre el solicitante. Por ende, la procedencia del recurso de protección queda afectada, puesto que no se configuran actos u omisiones arbitrarios o ilegales que vulneren garantías constitucionales, toda vez que la acción administrativa se ajustó a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa y judicial invocada Agrega que como antecedentes que el rechazo se fundamenta en que la constancia de afiliación al IVSS no acredita el cumplimiento del requisito del N° 2 del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y que no se encuentra apostillada o legalizada, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y las normas del artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para debatir materias contractuales o de lato conocimiento.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal, sino que se ajusta a la Ley N° 18.156, norma excepcional y de interpretación restrictiva, y al D.L. N° 3.500, que obliga a las AFP a destinar los fondos exclusivamente al financiamiento de pensiones. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la Superintendencia de Pensiones ha instruido de forma reiterada, incluso mediante Oficio Ordinario N° 21.480, que ni las certificaciones electrónicas genéricas no apostilladas ni las declaraciones juradas ante notario son medios idóneos, dado que la acreditación de la cobertura previsional es competencia exclusiva de la autoridad previsional extranjera. Finalmente, cita fallos recientes de la Excelentísima Corte Suprema (tales como ROL N°s 17856-2025, 17666-2025, 20788-2025, 21226-2025, 21686-2025, 22791-2025, 23461-2025, 23620-2025, 25416-2025, 25160-2025) y de Cortes de Apelaciones (como Santiago Rol 1818-2024, San Miguel Rol 169-2025, Valparaíso Rol 1611-2025, Concepción 1271-2025) que respaldan su negativa a la devolución de fondos ante el incumplimiento de las formalidades normativas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Provida de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y no se encuentra legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 18345-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Ministro (I) señor Pablo Toledo González.