nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Proveyendo a folio 4: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 3 de abril de 2024, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado, venezolano, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por no haber emitido pronunciamiento alguno respecto a su solicitud de nacionalización chilena presentada el 22 de noviembre de 2022, excediendo los plazos legales. Actuación que consideran ilegal y arbitraria, ya que importa un trato desigual en relación a otros solicitantes que, encontrándose en iguales o incluso menos favorables circunstancias, sí han obtenido una respuesta, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y a un debido proceso, garantizados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitan se ordene al recurrido resolver la solicitud, otorgándole sin más demora la nacionalización requerida.

Fundando el recurso expone que el recurrente envió su solicitud de nacionalización con fecha 22 de noviembre de 2022, a través de la plataforma online del Servicio Nacional de Migraciones, quedando ingresada bajo el número 58265894. Habiendo transcurrido más de 16 meses desde su presentación, la autoridad no ha pronunciado resolución alguna, excediendo los plazos legales, manteniendo al solicitante en una constante incertidumbre. Lo único que ha recibido el recurrente es una solicitud de subsanación el 21 de julio de 2023, la que fue debidamente realizada y recepcionada el 27 del mismo mes, sin obtener posteriormente ninguna otra información o actualización sobre el avance del trámite. Esto se traduce en una vulneración al derecho de igualdad ante la ley en relación a otros extranjeros en su misma situación que sí han podido acceder a un pronunciamiento oportuno sobre sus solicitudes.

Respecto a los fundamentos de derecho, en primer término el recurrente invoca la norma constitucional del artículo 10 N°3 que permite a los extranjeros obtener la nacionalidad chilena en conformidad a la ley, y las disposiciones pertinentes del Decreto Supremo N°5142 que regula los requisitos y procedimiento para solicitar la carta de nacionalización, los cuales el recurrente afirma cumplir cabalmente. Si bien reconoce que no es obligatorio para la autoridad acceder a este tipo de solicitudes, sostiene que en caso de rechazarlas debe fundamentar sus decisiones conforme a la normativa aplicable y los antecedentes aportados.

En segundo lugar, argumenta que al tratarse de un procedimiento administrativo, resultan plenamente aplicables los principios contemplados en la Ley N°19.880, especialmente los de celeridad, inexcusabilidad, transparencia, publicidad e imparcialidad, ninguno de los cuales se ha respetado en este caso al no emitirse resolución fundada alguna ni entregarse información sobre el estado de tramitación, excediendo largamente el plazo de 6 meses previsto en el artículo 27 de dicha ley.

Finalmente, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, el recurrente afirma que se ha infringido su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al recibir un trato desigual y discriminatorio en relación a otros solicitantes que, encontrándose en iguales o incluso menos favorables circunstancias, sí han obtenido una respuesta a sus requerimientos de nacionalización. Agrega que también se ha vulnerado su derecho a un debido proceso, reconocido en el numeral 3 del mismo artículo 19, al no poder conocer los fundamentos del acto administrativo que afecta sus derechos ni ejercer un adecuado control jurisdiccional sobre el mismo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que, cumplidos como han sido todos los requerimientos legales y constitucionales, resuelva su solicitud, otorgándole sin más demora la nacionalización requerida.

Segundo: Que informando doña nombre reservado, mandataria judicial de la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por no configurarse los presupuestos constitucionales y legales para su interposición, al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que atente contra las garantías del artículo 20 de la Constitución.

En cuanto a los antecedentes de hecho, informa que la solicitud de nacionalización del recurrente fue ingresada el 22 de noviembre de 2022. El 21 de julio de 2023 se le notificó a través del Folio 42881795 que su solicitud no reunía los requisitos exigidos, otorgándole un plazo de 60 días para subsanar, lo que el recurrente cumplió el 27 de julio de 2023. Actualmente, la solicitud se encuentra en etapa de primer análisis, estado pendiente.

Respecto a los fundamentos de derecho, sostiene en primer lugar que la situación de pendencia de la solicitud no conlleva perjuicio al estatus migratorio del recurrente, quien mantiene un permiso de permanencia definitiva vigente, ni al ejercicio de sus garantías fundamentales. Explica que la nacionalización es una concesión constitucional graciosa que otorga el Estado, previa verificación de los requisitos legales establecidos en el Decreto Supremo N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, entre los que se cuenta la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones que debe evacuar en un plazo de 15 días previa entrevista al solicitante.

En segundo término, en cuanto al plazo de tramitación, si bien el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece un máximo de 6 meses, sostiene que dicho plazo no es fatal para la Administración cuando existe caso fortuito o fuerza mayor, como ocurrió con la pandemia que afectó los tiempos normales de tramitación durante los años 2020 y 2021, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia como excusa a la dilación sin que ello implique vulneración de derechos fundamentales. Cita al efecto sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Agrega que no existe un nexo causal entre la demora y las "molestias" alegadas por el recurrente, quien mantiene su situación migratoria regular mientras penda la resolución de su solicitud.

Concluye que no existe en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales del recurrente, pues su solicitud se encuentra en actual tramitación, siguiendo el mismo curso que cualquier otro extranjero, sin diferencia arbitraria o ilegal, manteniendo además plena libertad para ejercer sus derechos civiles conforme al artículo 57 del Código Civil.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe, rechazando el recurso de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales invocadas, con expresa condena en costas.

Tercero: Que comparece don Felipe Cerda Sepúlveda, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando el informe requerido:

Indica que conforme a la normativa actual es el Servicio Nacional de Migraciones el organismo encargado de tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego remitirlas a la recurrida para su resolución, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325.

Precisa que el otorgamiento de cartas de nacionalización a extranjeros se encuentra regulado en el Decreto Supremo N°5.142 de 1960, norma que no fue modificada por la Ley N°21.325.

Refiere que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización efectuada por el actor se encuentra aún en poder del Servicio Nacional de Migraciones, tal como señala la referida institución, siendo la revisión de la misma por parte de la referida institución una etapa previa a la remisión de los antecedentes a esa Cartera de Estado, mismo informe que indica que el actor cuanta con permiso de residencia definitiva vigente.

Destaca que la acción de protección de derechos constitucionales es de naturaleza cautelar, autónoma, excepcional y de urgencia, y goza de tramitación informal y sumaria, teniendo como contrapartida que su ámbito de aplicación se limita a aquellas acciones u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad exige la urgente adopción de medidas de emergencia para subsanar manifiestas amenazas, violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales.

Sostiene que de la revisión de la acción de protección se advierte que no se invoca acción u omisión alguna que pueda importar una afectación a sus garantías constitucionales protegidas, de aquellas señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Alega que la situación de pendencia de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de su garantáis fundamentales, razonamiento que ha sido respaldado por la Excma. Corte Suprema en sentencias Roles N°64.934-2023 y 149.658-2023, entre otras.

Expresa que nuestros tribunales superiores de justicia han rechazado innumerables acciones de protección de similares características a la presente, al advertir la falta de concurrencia de una vulneración a las garantías de quienes recurren que requiera la adopción de medidas de urgencia para esta vía cautelar.

Añade que conforme a la jurisprudencia que cita, la demora en la tramitación de solicitudes de este tipo no permite apreciar alguna vulneración en los derechos que la Constitución garantiza a las personas. Que, en el mismo sentido el mero vencimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no puede ser considerado, por si mismo, como vulneratorio al derecho de igualdad ante la ley, ya que se hace necesario aportar antecedentes que permitan comprender por qué esa eventual demora significa en trato desigual en relación con otros casos debidamente especificados.

Concluye que no se han invocado acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que importen una vulneración a las garantías constitucionales de la parte recurrente, sumado a la complejidad del proceso de otorgamiento de cualquier carta de nacionalización, no es posible vislumbrar que la recurrida haya incurrido en alguna acción u omisión lesiva a los derechos de la parte recurrente, por lo que sólo procede el rechazo de la acción.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, el acto denunciado mediante la interposición del presente recurso de protección corresponde a la demora en la respuesta a la petición de Carta de Nacionalización, efectuada por la recurrente con fecha 20 de septiembre de 2022.

Séptimo: Que, la autoridad recurrida asevera que no existiría omisión ilegal ni arbitraria de su parte; y que actualmente el asunto se encuentra en etapa de “Primer Análisis”. Empero, lo cierto es que hay datos suficientes que dan cuenta de la demora en la tramitación del referido procedimiento administrativo, el que más de un año en tramitación, a la fecha de dictación de esta decisión.

Octavo: Que, puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado, con creces, el plazo razonable para emitir la decisión, el que supera ampliamente aquel que fija el artículo 27 de la Ley N° 19.880, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, por lo que la demora, deviene en arbitraria.

Noveno: Que, en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece al recurrente -Artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental-, dado que no existe razón atendible que justifique la falta de respuesta por parte de la requerida, la que se encuentra en tramitación por más de 2 años.

Décimo: Que por todo lo antes razonado, la acción constitucional será acogida; correspondiéndole a esta Corte, arbitrar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones remitir a la Subsecretaria del Interior los antecedentes necesarios para una acertada resolución de la petición de nacionalización de la recurrente, dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de esta sentencia.

Acordado con el voto en contra del Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo, quien estuvo por rechazar el recurso por estimar:

1°) Que el solicitante de nacionalización se encuentra en situación migratoria regular y por tanto, goza de todos los derechos inherentes a tal calidad, por los cuales no existe menoscabo actual por este motivo.

2°) Que el otorgamiento de carta de nacionalización por parte del Estado de Chile es una concesión por gracia, atendido los méritos del solicitante y su aporte al país;

3°) Que, finalmente, la excesiva carga de trabajo que hoy está sometido el Servicio, no permite dar una celeridad mayor al procedimiento en los términos y plazos establecidos en la Ley N° 19.880.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18344-2024.