Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinte.

Al folio 10: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que con fecha 26 de febrero de 2020 comparece el señor nombre reservado e interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, exponiendo que ha apelado respecto de sus licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado de enero de 2018 las que han sido denegadas. Además, señala que tiene 2 licencias anteriores autorizadas por el SEREMI de Salud que no han podido ser pagadas debido al rechazo de las licencias médicas antes señaladas. Refiere que tiene 76 años de edad y solicita se le paguen las ya citadas licencias.

2°) Que comparece el señor nombre reservado, Superintendente de Seguridad Social en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, e informa solicitando se le tenga por parte en la respectiva acción de protección. Sostiene la extemporaneidad de la acción de protección debido a que, a su entender, la acción ha sido interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos para ejercer dicha acción.

En lo que se refiere al cómputo del plazo, la recurrida señala que el señor nombre reservado ha reclamado ante la Superintendencia en 4 oportunidades. La primera de ellas con fecha 12 de junio de 2018, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, la que rechazó las licencias médicas ya señaladas, extendidas por un total de 107 días a contar del 16 de enero de 2018, por reposo no justificado. Ante esta solicitud, la Superintendencia y previo estudio de los antecedentes, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas no se encontraba justificado, conclusión que tiene su fundamento en que los antecedentes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el que alcanzaba los 187 días por la misma patología. Dicha conclusión consta en Resolución Exenta IBS N°31025 de 21 de septiembre de 2018.

La segunda oportunidad en que el señor nombre reservado concurre a la Superintendencia tiene lugar el día 6 de noviembre de 2018, en dicha oportunidad, solicita se reconsidere la Resolución Exenta recién citada. La Superintendencia, previo estudio de los antecedentes concluyó que el reposo prescrito en las licencias médicas no se encontraba justificado conclusión que se basó en que el informe médico aportado no permitía establecer la incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo autorizado, el que alcanzaba 171 días, por la misma patología. Dicha conclusión consta en Resolución Exenta IBS N°3736 de 18 de marzo de 2019. La tercera oportunidad en que el señor nombre reservado recurre ante la Superintendencia tiene lugar el día 13 de mayo de 2019, en dicha oportunidad, y pese a ya haber resuelto la Superintendencia la solicitud de reconsideración, solicita se vuelva a reconsiderar el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N° RUT reservado. En esta oportunidad, nuevamente la Superintendencia, a partir de los antecedentes tenidos a la vista y del análisis del registro histórico de licencias médicas, considera que no es posible establece la incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el que alcanzaba a 169 días. Dicha conclusión consta en Resolución Exenta N° R-01-S-34694-2019 de 21 de agosto de 2019.

Finalmente, el señor nombre reservado recurre por cuarta vez a la Superintendencia con fecha 11 de septiembre de 2019, solicitando nuevamente se reconsidere el rechazo de las ya citadas licencias médicas. Nuevamente, la Superintendencia consideró que el reposo no se encontraba justificado puesto que no se aportan nuevos antecedentes que permitan establecer la existencia de incapacidad laboral temporal, más allá del periodo ya autorizado, lo que consta en Resolución Exenta N°R-01-DRBS-06101-2020 de 24 de enero de 2020.

Señala la recurrida que, debido a estas presentaciones y resoluciones en las que se da a conocer la decisión de la Superintendencia, a lo menos, al momento de presentar el señor nombre reservado su tercera solicitud, con fecha 13 de mayo de 2019 en contra de la Resolución Exenta IBS N°3736 de 18 de marzo de 2019, ya se encontraba el recurrente en conocimiento del rechazo efectuado por la Superintendencia. Por lo anterior, señala la recurrida, han transcurrido a lo menos 289 días desde la fecha en que era posible interponer la acción de protección, pues desde ese momento es que el recurrente tuvo conocimiento del rechazo de las licencias médicas y de los fundamentos que motivaron dicha decisión, los que a su entender, y dadas las causales del recurso de protección podrían considerarse como ilegales o arbitrarios. A causa lo anterior, la recurrida señala que dicho plazo, debe ser computado desde a lo menos la tercera presentación del señor nombre reservado, es decir, el 13 de mayo de 2019.

Señala la recurrida que el recurrente contraría la naturaleza y finalidad de la acción de protección al pretender que esta sea la última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que habrían sido rechazadas en las diversas instancias administrativas del ordenamiento jurídico y que como señala el DS N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE. Esto, según la recurrida bastaría para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, pues, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Finalmente señala que el hecho de haber reclamado el señor nombre reservado ante la Superintendencia, no significa que el plazo para recurrir de protección se suspenda como es la regla general según el artículo 54 de la ley N°19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa pues, como señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esta acción debe ejercerse sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En subsidio, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social. Solicita se declare improcedente el recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por la acción de protección al no encontrarse en la numeración taxativa de derechos protegidos establecidos en el artículo 20.

Por otra parte, en subsidio de las alegaciones anteriores, el recurrido informa respecto del fondo del asunto que motiva la acción de protección. Luego de exponer acerca del marco legal regulador y de las presentaciones hechas por el señor nombre reservado ante la Superintendencia y las resoluciones de esta ya mencionadas previamente, señala que los informes de los médicos tratantes de fechas 22 de abril, 31 de agosto y 2 de septiembre de 2019 no determinaron discapacidad medida por la EEAG (escala de evaluación de la actividad global). En virtud de lo anterior, señala la recurrida, las resoluciones impugnadas se encontrarían justificadas a partir de los antecedentes médicos tenidos a la vista, los que no lograron respaldar la necesidad de reposo otorgado a la recurrente. En efecto, señala, no se incluyó el puntaje en relación a la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) ni tampoco se tuvieron como referencias las Guías Clínicas del Ministerio de Saludo, todos los anteriores, requisitos establecidos para la evaluación del reposo laboral de 15 a 30 días, prorrogable hasta 60 días, estipulados en el citado D.S. N°7. De esta manera, señala la recurrida que la decisión de la Superintendencia se encontraría médico-administrativamente justificada, pues lo antecedentes médicos no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Además, señala la recurrida que la pretensión de la recurrente desborda los límites de la aplicación de la Acción de Protección pues esta fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, lo que se colige, del tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República el que señala “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, de esta manera, señala la recurrida, es evidente que el derecho a la licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, pues precisamente luego de varias revisiones de la COMPIN y la Superintendencia se llegó a la conclusión de que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Finalmente, la recurrida señala que además de no existir un acto ilegal o arbitrario, pues la Superintendencia se limitó a resolver la situación del señor nombre reservado dentro del ámbito de sus competencias, tampoco existiría vulneración o amenaza del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, a la protección de la salud ni del derecho de propiedad respecto del eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, ni, en general de ningún derecho garantizado por la Carta Fundamental.

En lo que se refiere al derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la salud, garantizado en los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señala la recurrida, que la Superintendencia simplemente se ha limitado a resolver o pronunciarse respecto de cuestiones que se encuentran en el ámbito de su competencia y que en ningún caso ello se traduce en un impedimento para que el señor nombre reservado consulte a su médico o acceda a los tratamientos a los que tiene derecho de acuerdo a su cobertura de salud.

Por último, en cuanto a una eventual vulneración del derecho de propiedad consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señala que el solo hecho de que se otorgue una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad sobre un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Así, expone que de acuerdo a lo señalado en el D.S. N°3 de 1984 y DFL N°44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho a dicho subsidio sería necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos, a saber, una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) y cumplir con los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, lo que varían según se trate de un trabajador dependiente o independiente. En la especie, señala la recurrida, el recurrente no cuenta con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente, de manera que no es posible concluir que exista derecho de propiedad sobre dicho subsidio a partir del solo otorgamiento de la licencia médica.

Por todo lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 19 N°18 y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N°16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N°3 de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, solicita, en subsidio de anterior, tener por evacuado el informe y que se desestime la acción de protección en todas sus partes.

3°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) El acto que la recurrente califica de arbitrario e ilegal es la decisión de rechazo de diversas licencias médicas emitidas en favor del actor, verificándose que por Resolución Exenta R-01-DRBS-06101-2020 de 24 de enero de este año la Superintendencia recurrida desestimó una reconsideración efectuada por el recurrente en contra de la decisión de rechazo de sus licencias médicas.

5°) Corresponde pronunciarse, en primer término, sobre las alegaciones formales en cuanto se sostuvo la improcedencia de la acción por estar referida a un aspecto específico del derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Política. Sin embargo, tal alegación debe rechazarse por cuanto el acto recurrido puede afectar otras garantías constitucionales que sí se encuentran comprendidas en la enumeración que realiza el artículo 20, como es el derecho a la integridad física o psíquica del actor sin perjuicio del análisis de procedencia que se hará en los razonamientos posteriores.

6°) En segundo término se alegó la extemporaneidad de la acción. Sabido es, que el plazo para recurrir es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sobre el particular, la recurrente funda su reclamo a partir de la Resolución N° 0601 de la Superintendencia de Seguridad Social que desestimó una reconsideración de fecha 5 de septiembre de 2019 que confirmó a su vez el rechazo anterior de las licencias médicas cuestionadas en el mes de agosto de ese año, por lo que dentro de esa perspectiva, el recurso actual debe ser desechado, por ser evidente su extemporaneidad al solo recurrir en el mes de febrero de este año 2020. Cabe agregar además que por el rechazo a una reconsideración se pretende volver a plantear una alegación ya desestimada por esa institución y de la que la recurrente tuvo necesario conocimiento previo pues, es evidente que el rechazo de las licencias médicas implicaron el no pago de los beneficios asociados a ella.

7°) Con todo, aun pasando por alto la extemporaneidad de la acción, tampoco se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, porque para proceder al rechazo de las licencias médicas discutidas, se tuvo como fundamento los antecedentes médicos del actor, sin que esta Corte se encuentre en condiciones de desestimar dichas conclusiones técnicas a falta de antecedentes que así lo permitan.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

N°Protección-18334-2020.