Protección contra dicho establecimiento educacional

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, mediante formulario comparece doña nombre reservado, en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, estudiante del Liceo nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de dicho establecimiento educacional, por haber dispuesto la expulsión del alumno mediante la aplicación del denominado protocolo “Aula Segura”, decisión que estima ilegal y arbitraria, por cuanto no se habrían respetado los derechos y garantías constitucionales de su hijo, en especialmente las consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que la medida disciplinaria adoptada carece de proporcionalidad, vulnera los principios de inclusión educativa y desconoce las particularidades del diagnóstico médico del adolescente, por lo que solicita se deje sin efecto la expulsión y se ordene su reincorporación al establecimiento educacional.

Expone que el 14 de agosto de 2025 fue informada por la dirección del colegio de la decisión de expulsar a su hijo nombre reservado, alumno del curso 2° medio A del referido liceo, tras un incidente ocurrido en sala de clases en que el adolescente, luego de una diferencia con su profesora de lenguaje, habría manifestado una actitud considerada inadecuada. Relata que, tras dicho episodio, su hijo fue retirado de la sala, reducido por docentes de manera violenta y posteriormente dejado solo, mientras se instruía el procedimiento interno. Señala que, a pesar de la intervención del inspector general y de su concurrencia al establecimiento, no se le permitió participar en un proceso de mediación o descargos reales, limitándose la institución a comunicarle que el Consejo de Profesores, al amparo de la Ley N° 21.128 “Aula Segura”, resolvió su expulsión definitiva.

Agrega que el 11 de agosto de 2025 presentó una apelación formal ante la dirección del liceo, exponiendo que su hijo presenta un diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional con impulsividad, condición médica debidamente acreditada y tratada, la cual incide directamente en su comportamiento y capacidad de autorregulación. Argumenta que la aplicación de una sanción de expulsión desconoce esta condición, vulnerando los principios de inclusión y adaptación razonable establecidos en la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, así como las obligaciones de los establecimientos educacionales que se declaran inclusivos. No obstante, el 14 de agosto de 2025, fue notificada de que el Consejo de Profesores, tras analizar su apelación, resolvió mantener la expulsión del estudiante, decisión que le fue comunicada como definitiva.

Explica que el acto recurrido resulta ilegal, toda vez que el establecimiento habría excedido las facultades que le confiere la Ley “Aula Segura”, al no acreditar una conducta constitutiva de violencia grave, ni respetar el procedimiento establecido en la normativa educacional y en el propio reglamento interno, el cual exige la existencia de un debido proceso, con posibilidad efectiva de defensa y proporcionalidad en la sanción.

Asimismo, sostiene que la medida resulta arbitraria, por cuanto no considera la condición neurodivergente del adolescente ni las medidas de apoyo que la propia institución debía implementar conforme a sus obligaciones inclusivas, optando por una sanción extrema y carente de fundamento pedagógico.

En el plano jurídico, invoca la Ley N° 20.422, el Decreto Exento N° 83 del Ministerio de Educación, que regula las adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, y los principios del interés superior del niño reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Sostiene que el establecimiento, al aplicar mecánicamente la Ley “Aula Segura”, ha desconocido la obligación estatal y de los organismos privados que colaboran en la función educativa de promover la inclusión, la dignidad y el bienestar de los estudiantes, incurriendo así en una vulneración de derechos fundamentales.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la resolución del Liceo nombre reservado que dispuso la expulsión del alumno nombre reservado, ordenándose su reincorporación inmediata al establecimiento, con todas las medidas de apoyo que correspondan a su condición, además de disponerse que el colegio se abstenga de adoptar nuevas medidas disciplinarias que vulneren sus derechos fundamentales.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe el abogado Pedro Venegas Villavicencio, en representación del Liceo nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Fundamenta tal petición en que los hechos expuestos por la recurrente no configuran vulneración de garantías constitucionales, en tanto la actuación del establecimiento educacional se enmarca en el cumplimiento estricto de la Ley N.º 21.128, denominada “Aula Segura”, y del Reglamento Interno Escolar (RIE) del año 2025, así como en la debida observancia del principio de debido proceso escolar.

En primer término, opone como defensa principal que la aplicación de la medida de expulsión impugnada fue consecuencia directa de hechos graves protagonizados por el alumno, los cuales constituyen faltas gravísimas conforme al Reglamento Interno y a la normativa educacional vigente. Señala que el día 23 de julio de 2025 el estudiante ingresó tardíamente al establecimiento y al incorporarse a la sala de clases, adoptó una conducta disruptiva, alterando el orden y amenazando de muerte a dos docentes del liceo. Tal situación, agrega, motivó la activación del Protocolo Anexo N.º 15, correspondiente a la Ley “Aula Segura”, en atención al peligro y gravedad de las amenazas vertidas contra los educadores.

Expone que los hechos fueron debidamente constatados y registrados en el sistema institucional LIRMI por tres docentes distintos -los profesores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado-, quienes relataron de manera coincidente los episodios de agresión verbal, amenazas e intentos de amedrentamiento por parte del alumno. Añade que incluso fue necesaria la intervención de otros profesores para impedir que el estudiante ingresara por la fuerza a la sala de profesores, donde se encontraba uno de los docentes amenazados, y que la profesora nombre reservado resultó lesionada en dicho forcejeo, debiendo constatar lesiones ante Carabineros de Chile.

Sostiene, además, que la madre del adolescente fue debidamente informada en reiteradas ocasiones de la situación, siendo requerida para retirar al alumno del establecimiento ante el descontrol y la agresividad que éste manifestaba. Sin embargo, dicha solicitud fue desoída, advirtiéndose una actitud de desentendimiento respecto de la gravedad de los hechos. Por ello, el establecimiento debió comunicar lo sucedido a Carabineros y a la Fiscalía Local de La Florida, lugar donde se ingresó denuncia por amenazas y lesiones leves.

En cuanto al procedimiento seguido, destaca que el colegio actuó conforme a su Reglamento Interno y a la normativa educacional vigente. Se convocó a la madre y apoderada del estudiante a entrevistas formales, se le explicaron los pasos del Protocolo “Aula Segura” y se garantizó el derecho a ser oída y a presentar descargos. Asimismo, se concedió la posibilidad de apelar ante el Consejo de Profesores, instancia que sesionó el día 4 de agosto de 2025 y resolvió, por votación unánime, aplicar la medida de expulsión en virtud de la gravedad de los hechos comprobados.

En apoyo de su defensa, invoca los artículos 10, 13, 15, 113, 114 y 122 del Reglamento Interno Escolar, los cuales establecen los principios de buena convivencia escolar, el respeto a la dignidad de las personas, el derecho a un debido proceso y la tipificación de las faltas gravísimas que atentan contra la integridad física o psíquica de los miembros de la comunidad educativa. En tal sentido, sostiene que las amenazas de muerte proferidas por el estudiante y su conducta violenta constituyen faltas gravísimas que, conforme a la Ley Aula Segura y al propio RIE, justifican plenamente la expulsión, tanto por razones disciplinarias como por la protección de la integridad de docentes y alumnos.

En lo jurídico, argumenta que no se ha configurado vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. Afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario que afecte el derecho a la vida e integridad física y psíquica (artículo 19 N.º 1), ni se advierte discriminación o trato desigual (artículo 19 N.º 2), por cuanto las actuaciones del establecimiento se ajustaron a la ley y se aplicaron sin distinción ni arbitrariedad. Del mismo modo, descarta la vulneración del derecho a la libertad de enseñanza (artículo 19 N.º 11), señalando que el colegio, en ejercicio legítimo de dicha garantía, actuó dentro de sus atribuciones legales para resguardar la convivencia escolar y la seguridad de su comunidad.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección, declarando que la medida disciplinaria de expulsión aplicada al alumno nombre reservado se encuentra ajustada a derecho y no constituye vulneración de derechos fundamentales.

Asimismo, pide que el rechazo se decrete con costas, por estimar que la acción carece de fundamento jurídico y se dirige contra una actuación legítima y debidamente motivada de la autoridad educativa.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Educación, mediante Ord.

N.° 3463 de 15 de octubre de 2025, expuso que, conforme a la Ley N.° 20.529 -que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media-, su objeto es fiscalizar el ajuste a la normativa educacional, controlar la legalidad del uso de recursos estatales y conocer denuncias y reclamos, contando para ello con facultades interpretativas, normativas, inspectivas y sancionatorias, ejercibles de oficio o a petición de interesado.

Respecto de la normativa aplicable a expulsiones/cancelaciones de matrícula, hizo alusión al artículo 6 letra d) del DFL N.° 2 de 1998 (Ley de Subvenciones) que exige que las sanciones estén previstas en el reglamento interno y se apliquen con sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria, mediante un procedimiento previo, racional y justo que garantice descargos y reconsideración. La decisión corresponde al director, quien debe previamente advertir al apoderado e implementar apoyos pedagógicos o psicosociales pertinentes, resguardando el interés superior del niño.

Asimismo, tratándose de establecimientos subvencionados, el director debe informar a la Dirección Regional de la Superintendencia dentro de cinco días hábiles una vez aplicada la medida, para revisión formal del procedimiento; la infracción de la normativa puede dar lugar al inicio de procedimiento sancionador conforme a los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529. La Superintendencia carece de potestad para ordenar la reincorporación, correspondiendo al Ministerio de Educación la reubicación y medidas de apoyo para la adecuada inserción del estudiante.

En relación con el caso concreto, la Superintendencia informó que el 19 de agosto de 2025 se ingresó expediente de expulsión correspondiente al estudiante afectado, bajo el código NUM000, verificándose tras su revisión que la medida disciplinaria adoptada no se ajustaría a la normativa educacional vigente, toda vez que el establecimiento sólo habría informado al apoderado la sanción impuesta, sin acompañar los fundamentos que la motivaron, incumpliendo así el procedimiento previsto en el artículo 6° del citado DFL N° 2.

Señala que, en consecuencia, el 14 de octubre del año en curso, el expediente fue derivado la Unidad de Fiscalización, a fin de instruir la revisión y eventual inicio del procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.

Finalmente, el órgano fiscalizador precisó que, si bien carece de competencia para ordenar la reincorporación del alumno expulsado, la infracción al procedimiento disciplinario constituye una falta grave a la normativa educacional que puede ser objeto de sanción conforme a los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, y que, de acuerdo con la ley, corresponde al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante y adoptar las medidas de apoyo necesarias para su adecuada reinserción escolar.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el acto que la recurrente denuncia como ilegal y arbitrario corresponde a la medida de expulsión del alumno nombre reservado del Liceo nombre reservado, adoptada por la recurrida, por la aplicación del denominado protocolo “Aula Segura”, lo que en su concepto vulneraría las garantías constitucionales que se particularizan en su libelo.

SEXTO: Que para analizar lo planteado en el recurso, resulta consignar que los antecedentes de autos se constata lo siguiente: 1.- Que el 23 de julio de 2024 el Liceo nombre reservado activó la aplicación del Protocolo Aula Segura, contemplado en el Anexo N° 15 del Reglamento Interno Escolar, a raíz de la conducta presentada por nombre reservado, alumno de 2° Medio l, procediéndose a su suspensión preventiva por 10 días hábiles. 2.- Que en la entrevista informativa con el alumno y su apoderada, realizada en la misma fecha, se consignó que ese mismo día -23 de julio de 2025-, se registraron hechos graves en el contexto de una clase, donde el estudiante ingresó al aula de manera violenta, pasó a llevar a una educadora diferencial y profirió amenazas verbales hacia dos docentes, manifestando expresiones intimidatorias como 'los voy a matar a los dos'. Posteriormente, se dirigió de manera exaltada hacia la sala de profesores, intentando ingresar por la fuerza, lo que generó temor en el personal presente y derivó en la intervención de varios docentes y en la denuncia formal presentada ante la Fiscalía por amenazas y lesiones. Asimismo se señala que todos los hechos fueron documentados en el sistema Institucional LIRMI, corroborados por testigos (profesores y estudiantes) y acompañados de denuncias formales, entrevistas y constatación de lesiones. También se expresa que de acuerdo con el artículo 122 del RIE 2025, las 'faltas gravísimas' incluyen agresiones físicas o verbales, amenazas y cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de los miembros de la comunidad educativa. 3.- Que en la hoja de vida del estudiante se dejó constancia de la situación ocurrida el 23 de julio de 2025, de la activación del protocolo Anexo 15 Aula Segura y de las entrevistas sostenidas con distintos alumnos y profesores respecto de dichos sucesos. 4.- Que el 4 de agosto de 2025 se convoca a Consejo de Profesores y se aprueba la medida de expulsión del estudiante nombre reservado, propuesta por Rectoría, la que se comunica a su apoderada el día siguiente, indicándosele el plazo para apelar de la medida. 5.- Que el 11 de agosto de 2025, doña nombre reservado, apoderada y madre el afectado, apela de dicha decisión, haciendo presente el trastorno de déficit atencional por impulsividad que padece su hijo y los efectos que implica la medida adoptada. 6.- Que con fecha 12 de agosto de 2025, el Consejo General de Profesores ratifica la medida de expulsión del alumno, la que se puso en conocimiento de la Superintendencia de Educación.

SÉPTIMO: Que la normativa vigente exige, para la aplicación de medidas disciplinarias en establecimientos educacionales, particularmente la de expulsión de un alumno o la no renovación de su matrícula, que la misma se encuentre establecida dentro del reglamento interno como sanción y luego, para proceder a ella, que exista un procedimiento previo, racional y justo, el cual debe estar contemplado dentro de dicho reglamento interno. Así lo dispone el artículo 6° letra d) del DFL 2 de 1988, del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 21.128 Aula Segura.

Lo anterior, tiene su fundamento constitucional en el debido proceso al cual debe someterse toda potestad sancionatoria, y que no es más que una manifestación concreta del derecho a la igualdad ante la ley, reconocida como derecho fundamental y amparado por el recurso de protección en nuestra Carta Fundamental.

OCTAVO: Que, en tal contexto, la exigencia de sujeción a los estándares mínimos del debido proceso no es sólo un requerimiento que tenga lugar en el proceso penal, sino que también en todo procedimiento sancionatorio o punitivo, cualquiera sea su naturaleza, ya que existe una relación en la cual una de las partes tiene la potestad para imponer una sanción que la otra no tiene, y si bien el Estado se la reconoce, le impone el deber de respetar un mínimo común a toda persona en cualquier comunidad.

En ese derrotero, el inciso artículo 6 letra d), en su inciso antepenúltimo dispone: “El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores”.

NOVENO: Que, en cumplimiento de esa obligación de revisión, la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación dirige a la Unidad de Fiscalización del mismo organismo, el Memo N° NUM001 N° NUM002 de 14 de octubre de 2025, por el cual deriva expediente de medida de expulsión o cancelación de matrícula para procedimiento de fiscalización regulado en el Párrafo 2 de la Ley N°20.529, en el cual se concluye que: “la medida aplicada NO se ajustaría a la normativa educacional vigente debido a que no daría cumplimiento al procedimiento dispuesto en el Art. 6° del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación”, en atención a que “habría informado por escrito al apoderado sólo la medida disciplinaria aplicada, pero no sus fundamentos”. Además, en el cuerpo del informe también se reprocha que el Consejo de Profesores, al revisar la solicitud de reconsideración presentada por la apoderada y ratificar la aplicación de la medida de expulsión, no tuvo a la vista todos los antecedentes psicosociales y/o académicos del alumno.

DÉCIMO: Que de lo expuesto precedentemente, se advierte que el establecimiento educacional recurrido ha incurrido en un incumplimiento a las disposiciones contenidas en el DFL N°2 del Ministerio de Educación, al faltar a su deber de fundamentación de la medida aplicada, lo que, además, se advierte claramente del tenor de la comunicación efectuada a la apoderada.

En consecuencia, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, se evidencia que la decisión de la entidad recurrida fue adoptada fuera del marco normativo que regula la materia, con infracción al debido proceso, configurándose así un acto ilegal, que vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, dado que es un derecho del alumno el ser tratado, en un proceso sancionatorio como el que se llevó en su contra, en iguales condiciones que otros niños que en igual situación han sido sometidos a un justo y racional procedimiento para decidir la imposición de una sanción, y arbitrario, desde que en su determinación no se explicitaron las razones por las cuales se dispuso su expulsión ni los motivos por los que se descartaron otras medidas de menor intensidad aplicables a la infracción, sin perjuicio que tampoco se advierte la consideración de sus antecedentes de trastorno de déficit atencional ni salud mental, por lo que necesariamente debe concluirse que existió falta de motivación en el acto impugnado.

Por todo lo dicho, el actuar de la recurrida debe ser enmendado por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hijo menor de edad nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida de expulsión decretada a su respecto, debiendo la institución recurrida permitir a la apoderada del alumno, matricularlo para el siguiente año escolar.

Procédase a la anonimización, por referirse a un menor de edad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección 18.322-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.