nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Uno S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que con fecha 24 de Julio de 2025, la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales en virtud de lo establecido en los artículos 1° y 7° del texto legal ya citado. Posteriormente, recibe correo donde se le pide subsanar solicitud enviado constancia de seguro social debidamente legalizada o apostillada, motivo por el cual ingresa carta explicando la imposibilidad material de obtener la legalización y apostilla de la constancia de seguro social de su país de origen, y solicita respuesta de su requerimiento.

Agrega que el 11 de agosto de 2025 se le informa a través de correo electrónico del rechazo de su petición, debido a que el documento aportado como constancia de afiliación no cumple con los requisitos no la normativa vigente, pues debe estar apostillado en el país en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Reclama que recurrente cumplió íntegramente los requisitos legales que la habilitan para obtener la devolución de sus fondos salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, situación que se encuentra en la hipótesis descrita por el artículo 45 del Código Civil, siendo constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor.

Observa que pese a esa imposibilidad, la actora sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano, lo que puede ser verificado en el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o ingresando su N° de cédula de identidad en sitio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/ y que de la afiliación del seguro social que acompaña el recurrente en su solicitud, se desprende que aquella le otorga cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, motivo por el cual el rechazo de la entidad previsional carece, a su juicio, de fundamento y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880.

Advierte que la recurrente ya no reside en Chile, actualmente se encuentra viviendo en España, donde posee visa de residencia vigente, y se encuentra afiliada al sistema de seguridad social español, por lo que persiste la condición de afiliación a un régimen de previsión social extranjero, como exige la ley.

Pide, en definitiva, se ordene a la recurrida que reconozca como valida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y que, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece la abogada Romina Dalbosco Cornejo, en representación de AFP Uno S.A., quien solicita su rechazo.

Sostiene en primer lugar que la presente acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, pues la recurrente no ha sufrido privación, perturbación ni amenaza arbitraria o ilegal que impida el ejercicio de sus derechos, ya que no ha sido privada ni desconocida en su titularidad sobre los fondos previsionales, carece de un derecho indubitado al beneficio que pretende y aquel no reviste los caracteres de riesgo o peligro que justifique medidas urgentes propias de la acción constitucional.

Expone sobre el particular que con fecha 24 de julio de 2025, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, inició ante esa administradora su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.156, respecto del empleador “Sonnedix Chile Holding SpA”, acompañando: contrato de trabajo y su respectivo anexo, título de Licenciado en Relaciones Industriales otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello con su respetiva apostilla, certificado de constancia de cotizaciones y declaración jurada ante notario.

Añade que el 11 de agosto de 2025, se le informa el rechazo de la solicitud en atención a que presentó documentos que no cumplían con los requisitos, específicamente, el Certificado de la Institución de Seguridad Social, que “(…) no cumple criterios de aceptación para esta solicitud.”

Explica que los requisitos para acceder al beneficio en comento están regulados en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, 345 del Código de Procedimiento Civil y el Libro II Título XI del el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de los cuales se deriva que los extranjeros deben acreditar que se encuentran afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo anterior mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Dicho aserto habría sido confirmado mediante el oficio Reservado N° 2966, de fecha 3 de agosto 2023, la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a la Superintendencia de Pensiones.

Argumenta que, en consecuencia, no ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva ni formalista del marco normativo aplicable, sino que ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes e instrumentos previamente citados, y a lo manifestado en Oficios N°s. N°25057, de 2023 y 12954, de 2025, ambos de la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos para el reconocimiento válido de instrumentos públicos otorgados en el extranjero, todos los cuales confluyen a exigir que los documentos emitidos fuera del país deben ser debidamente legalizados.

Precisa que, si bien es cierto, actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el gobierno chileno, esto no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley, pues ello constituye una circunstancia de hecho ajena a la Administradora que no la habilita para prescindir de una exigencia legal expresa destinada a garantizar la autenticidad y validez de documentos extranjeros.

Comenta que, en búsqueda de soluciones para extranjeros venezolanos que cotizan en Chile, el 24 de enero de 2025 la administradora consultó a la Superintendencia de Pensiones sobre la posibilidad de otorgar un plazo de validez de hasta un año para certificados verificables mediante la plataforma oficial venezolana, propuesta que fue rechazada por tratarse de una materia que se encontraba fuera del ámbito de competencia de dicho organismo.

Afirma que la exigencia de que el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se presente debidamente legalizado no constituye un requerimiento antojadizo o arbitrario, sino que cumple la función de acreditar fehacientemente la incorporación del solicitante al sistema previsional del país de origen y la cobertura de prestaciones respectivas exigencia que no puede ser suplica por un enlace web para consultar información sobre cotizaciones.

Indica que mediante Oficio Ordinario N°12954, 2025, la Superintendencia de Pensiones clarificó que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana sin firma del emisor y sin apostilla o legalización no sirven como medio de prueba, a su turno el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, por lo que los documentos venezolanos deben ser apostillados por la autoridad competente venezolana Concluye que el rechazo que se reclama se fundamenta en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y no en criterios arbitrarios, aspecto en el cual esa administradora se ciñó a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, velando por la seguridad jurídica del sistema previsional.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Uno, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18309-2025.