nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veinte.

A los folios N° 22, 23 y 24: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Se deduce acción de protección constitucional a favor de nombre reservado, Comisario grado 8º de la PDI, nombre reservado, técnico financiero, conviviente del anterior y madre de nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber incluido a nombre reservado en la lista anual de retiro con fecha 21 de noviembre de 2019, afectando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º, 4º y 16º del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando se adopten de inmediato las providencias necesarias para asegurar la debida protección de los miembros de la familia.

Expresa que nombre reservado, es oficial activo de la recurrida, Comisario, grado 8º, siendo calificado para el período 2018 a 2019 con nota 6.41, siendo clasificado en lista Nº 3 y propuesto por la Honorable Junta Calificadora de Oficiales y Jefes en la lista anual de retiro.

Indica que lo anterior, se debe a una sanción administrativa impuesta conforme a la Resolución Nº 472-2016 de 12 de septiembre de 2018, dictada en el sumario correspondiente, por la que fue sancionado con un día de arresto.

Precisa que el hecho motivante de la sanción tiene su origen en una destinación de la que fue objeto en el año 2015, desde la Octava Región a Santiago, exponiendo que en el años 1992 contrajo matrimonio con nombre reservado, sin embargo en el año 2011 el vínculo terminó por sentencia de divorcio.

En ese contexto, refiere que esta situación le fue comunicada a la recurrida el 10 de febrero de 2014 y luego, el 1 de enero de 2016 informó el funcionario que su actual pareja es la recurrente de autos, quien tiene un hijo de nombre nombre reservado, además que en la actualidad ambos son padres de una niña de dos años de edad de nombre Sofía.

Precisado lo anterior, indica que a raíz de la nueva destinación a Santiago, en principio su representado viajó sin familia, solicitando el 25% de asignación por cambio de guarnición y posteriormente pidió el 75% ya que se cambiaba de domicilio junto con su familia. Sin embargo, la recurrida tomó conocimiento que el funcionario no se trasladaba con su cónyuge, de modo que inició un procedimiento administrativo en su contra, siendo sancionado por incurrir en faltas contempladas en el Reglamento de Disciplina del Personal de la recurrida, particularmente, el numeral 3º del artículo 6º, por actuar contra el buen servicio, en relación a la letra f) de la misma disposición, esto es, declarar ante cualquier funcionario superior o autoridad, hechos falsos ocultando detalles intencionalmente para tergiversar la realidad de lo que sucedió. Además de atentar contra el numeral 2º de la misma, en orden a contravenir el sistema jerárquico y el compañerismo, respecto a la letra b), esto es, negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores, por haber solicitado y cobrado el 100% de asignación por cambio de residencia, habiendo señalado, haberse trasladado en compañía de su grupo familiar hasta la Región Metropolitana, de acuerdo a lo señalado en su cuenta por escrito el 10 de febrero del año 2016, hecho que nunca ocurrió, dado que su cónyuge nombre reservado, en ningún momento viajó a Santiago a radicarse con el citado funcionario, lo anterior, atendido que el actor indicó como grupo familiar a su conviviente y el hijo de la misma, los cuales no mantienen ningún vínculo legal con el funcionario.

Estima que la PDI infringe tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente el artículo 16 Nº 3, que consigna que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, en relación al artículo 1º de la Carta Fundamental, que si bien no define familia, alude a su resguardo y protección.

En ese escenario, refiere que la Orden General Nº 2233 del citado Reglamento Interno, no cuenta con el examen de legalidad y constitucionalidad que debe llevar a efecto la Contraloría General de la República, disponiendo en su artículo 19, inciso tercero, hacer símil el estado civil de una persona “casado” con “familia”, limitando el sentido de familia a un sentido estrictamente jurídico, infringiendo con ellos la Constitución y los tratados internacionales vigentes y suscritos por chile, en relación al inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que lo ha sido la igualdad ante la ley, desde que la recurrida ha limitado el concepto de familia, con las perniciosas consecuencias aludidas.

Respecto al derecho a la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, indica que ha sido transgredido, en razón que la PDI concurrió en varias oportunidades a la casa de esta familia, ingresó al domicilio de éstos para “indagar” y revisar in situ si se encontraba viviendo con su cónyuge u otras personas, además de informar en una acto administrativo que tanto su actual conviviente y madre de su única hija de dos años, además del hijo de su conviviente, no son su familia y que sólo corresponde esa categoría a su cónyuge con quien no mantiene vínculo afectivo y se encuentra separado de hecho hace más de 8 años.

De igual forma, estima que la recurrida expuso no sólo su vida privada, sino también la de su familia, incluyendo los dos menores de edad al conocimiento público de todos los miembros de las juntas de calificaciones y de apelaciones de la PDI.

Por último en relación a la libertad de trabajo y su protección, afirma que ha sido afectado, dado que se le ha discriminado por vivir con su grupo familiar.

Respecto de los demás recurrentes, en general reitera lo expuesto en relación a las garantías constitucionales que acusa afectadas.

Culmina su presentación, solicitando se adopten de inmediato las providencias necesarias para asegurar la debida protección de los miembros de la familia.

Segundo: Que el abogado Omar Castro Torres, en representación del Director General de la recurrida, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo de la acción.

En primer lugar, alega lo pretendido por la recurrente es que la recurrida celebré una nueva sesión calificadora, que excluya ciertos antecedentes de su hoja de vida, de modo que lo señalado en el libelo recursivo excede la naturaleza cautelar de la acción de autos.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que la medida disciplinaria de un día de permanencia en el cuartel, corresponde al hecho que el actor recibió indebidamente el pago del 100% correspondiente a la asignación por cambio de residencia, fundado en la cuenta escrita prestada por el funcionario el 10 de febrero de 2016, en la que refirió que a partir de esa fecha su grupo familiar y él, se encontraban radicados en Santiago, sin embargo, se logró determinar que con quienes se encontraba radicado en esta ciudad eran nombre reservado y su hijo menor, quienes no tienen vínculo legal con el actor.

Lo anterior, unido a los propios dichos del recurrente, que adujo que, debido a su precaria situación económica, dispuso que su familia se trasladara de inmediato a Santiago, a fin de poder cobrar la asignación completa y poder cumplir con las obligaciones económicas apremiantes del momento.

En ese contexto, el actor incurrió en las faltas contempladas en el Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, Título II “De las Faltas”, artículo 6° N° 2 “contra el sistema jerárquico y compañerismo”, letra b) La negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores; N° 3, “contra el buen servicio”, letra f) “Declarar ante cualquier funcionario superior o autoridad, hechos falsos u ocultar detalles intencionadamente, para tergiversar la realidad de lo sucedido”.

Aclara que de acuerdo al artículo 4º del Reglamento, solo fueron consideradas las sanciones administrativas cuando se encontraban afinadas y notificadas.

Así las cosas, consigna que la Junta Calificadora únicamente ha cumplido sus funciones con independencia y autonomía, ponderando el cúmulo de anotaciones positivas y negativas del actor.

Asimismo, la Junta atendido el mérito de los antecedentes le bajó al actor su nota en los ítems:

Factor 1 “espíritu de cuerpo” de nota 7 a 5, atendida la actitud y conducta, faltando a sus obligaciones funcionarias y demostrando falta de identificación con las obligaciones que le son inherentes a su cargo y grado.

Factor 2 “disciplina”, de nota 5 a 4, por cuanto, falseó su cuenta escrita, logrando percibir un beneficio monetario que no le correspondía, demostrando inobservancia de las instrucciones superiores, no alcanzando un grado satisfactorio, superior ni de excelencia.

Factor 6 “ética profesional”, de 6 a 4, dado que cuenta con constancia desfavorable en su hoja de vida, de la que queda de manifiesto su falta de observancia y promoción de los preceptos y valores contenidos en el Código de Ética Profesional.

Factor 8 “criterio”, se mantuvo en 5 que fue lo propuesto por el jefe calificador.

En los demás factores se mantuvo con 7.0, por lo que, es calificado con 6,41 y clasificado en lista 3, regular.

Latamente alude a la normativa interna aplicable al caso, en particular que el funcionario fue calificado y clasificado de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 a 67 del Estatuto del Personal de la PDI y el Reglamento de Calificaciones de la misma, precisando que de acurdo al artículo 19 del Reglamento nombre reservado, consigna que la asignación a funcionario con menos de 20 años de servicio, soltero o viudo sin hijos o casado o viudo con hijos, corresponde al 25% del mes de remuneración, respecto de aquellos cuya familia no se radique en el lugar de su nueva destinación.

Para hacer efectivo el beneficio, se requiere de una cuenta escrita en la que conste que hizo efectivo cambio de residencia desde donde habilitaba en su anterior destinación hasta donde lo hace en la actual y otras exigencias.

Por lo anterior, cabe señalar que en el respectivo Sumario Administrativo N° 472-2016, quedó establecido el recurrente, recibió indebidamente el pago del 100% correspondiente a la asignación por cambio de residencia, fundado en la cuenta escrita presentada por éste, con fecha 10 de febrero de 2016, en la cual señaló que a partir de esa fecha, su grupo familiar y él, se encontraban radicados en la Provincia de Santiago, logrando establecerse que en realidad se encontraban radicados con las personas antes señaladas.

En conclusión, en el caso del actor la Policía de Investigaciones de Chile dio estricto cumplimiento a la ley y a sus Reglamentos de Calificaciones y Destinaciones, calificando al funcionario conforme a su reglamento. Asimismo, es dable señalar que estos órganos colegiados han ejercido en forma racional y objetiva sus potestades con el objeto apreciar el comportamiento funcionario del periodo calificatorio correspondiente, el que se ha ponderado cualitativa y cuantitativamente, debiendo tenerse presente que los antecedentes consignados en su hoja de vida se reflejan en cada factor evaluado, conformando un cumulo antecedentes que permiten calificar la carrera funcionaria, sin alterar la autonomía del órgano calificador.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que no ha afectado la igualdad ante la ley, desde que no aparece que haya sido tratado en forma diferente a otro persona. Respecto al derecho a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, afirma que raramente podría ser conculcada dicha garantía.

En relación a la libertad de trabajo y su protección, indica que sólo se protege el derecho a elegir libremente el empleo pero no protege la permanencia en el mismo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que los actos que se estiman arbitrarios e ilegales son el rechazo por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile del recurso de reconsideración deducido contra las resoluciones de la Junta Calificadora y de la Junta Calificadora de Oficiales y Jefe de dicha institución, que ordenó la inclusión del funcionario en la lista anual de retiro, previa rebaja de las calificaciones y clasificación en Lista N° 3.

Quinto: Que consta de autos que en la especie se ha cumplido en el proceso calificatorio en examen lo que dispone el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones, advirtiéndose que el recurrente ejerció los recursos administrativos que allí se contemplan; y, que en definitiva, se decidió, incluirlo en la Lista 3, Regular e incorporarlo en la Lista Anual de Retiros, expresándose tanto en la decisión de la Junta Calificadora como la de la Junta de Apelaciones, los fundamentos de ella decisión.

Sexto: Que no es procedente por esta vía cuestionar los fundamentos de la inclusión del recurrente en la Lista 3, Regular o en la Lista Anual de Retiros, pues ello significaría una nueva revisión de los mismos antecedentes, a fin de revertir la decisión que resulta contraria a los intereses de su parte.

Séptimo: Que en definitiva, hubo un proceso legalmente tramitado en que se adoptó una decisión debidamente fundada y en la que el actor hizo valer sus derechos para impugnar tal decisión, lo que no prosperó.

Octavo: Que a todo lo dicho, debe agregarse que la decisión de incluirlo en la Lista Anual de Retiros, es facultad de la Junta Calificadora, como establece el artículo 28 letra c) del Reglamento y el artículo 64 del DFL 1 de 1980, decisión revisada y confirmada por la Junta de Apelaciones. A lo anterior se agrega que no consta de autos que la inclusión en lista de retiro se haya adoptado vulnerando el orden consignado en la norma legal, por cuanto es un hecho de la causa que el recurrente está calificado en Lista N° 3, sin que sea esta vía el mecanismo idóneo para revisar las demás alegaciones vertidas por el recurrente.

Noveno: Que sin perjuicio que lo antes expresado, lo que en concepto de esta Corte es suficiente para desestimar desde ya el arbitrio, tampoco se configura la vulneración de ninguna de las garantías que se han denunciado como conculcadas, ya que no se probó la discriminación alegada; así como tampoco las transgresiones al derecho a la honra y vida privada de los recurrentes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-183026-2019.