Protección contra Fundación nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, acciona de protección nombre reservado, en representación de su hijo adolescente nombre reservado alumno de tercero medio, en contra de la Fundación nombre reservado, sostenedora del “Liceo nombre reservado”, de su director subrogante nombre reservado y de nombre reservado, por la dictación y ejecución de la Resolución Final de Dirección N.º NUM000, de 29 de julio de 2026, que rechazó la reconsideración y mantuvo la medida disciplinaria de expulsión de que ha sido objeto el protegido, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Relata que el 6 de julio de 2026, en la sala de computación, el estudiante nombre reservado accedió a la cuenta de otro alumno (nombre reservado) que había quedado abierta, visualizando imágenes íntimas de connotación sexual. En dicho contexto, el recurrente reconoce haber facilitado su teléfono celular para registrar dichas imágenes de la pantalla y haberlas enviado inicialmente a su compañero nombre reservado, eliminando el archivo inmediatamente después. Manifiesta que, tras activarse los protocolos de la Ley Nº21.128, se le notificaron cargos y se le suspendió. Sin embargo, acusa que la Resolución Final agravó sustancialmente la imputación inicial, atribuyéndole haber difundido el video entre estudiantes de diversos cursos.

Argumenta que dicha imputación de difusión masiva carece de prueba conocida por la defensa, toda vez que el establecimiento omitió entregar acceso íntegro al expediente, negándose a exhibir las declaraciones testimoniales que sustentarían el cargo agravado. Pide que se deje sin efecto la expulsión y se reintegre al alumno o, en subsidio, se retrotraiga el procedimiento disciplinario permitiendo una defensa real y material.

Segundo: Que, evacua informe la Fundación nombre reservado, señalando que la acción del adolescente fue deliberada y afectó gravemente la dignidad, honra e integridad psíquica del estudiante víctima, al registrar imágenes privadas de índole sexual. Indica que se activó correctamente el protocolo respectivo y la Ley "Aula Segura".

Reconoce expresamente que durante la investigación otros estudiantes declararon haber recibido las imágenes directamente desde el teléfono del recurrente y haberlo observado exhibiendo el material.

Respecto a la presunta indefensión, la recurrida admite que no facilitó copia de las entrevistas de dichos testigos a la defensa, justificando este actuar en la necesidad de resguardar la identidad de los declarantes y evitar represalias en su contra. Agrega que, por esta misma razón, optó por no acompañar dichas declaraciones a esta Corte, dejándolas a disposición sólo "si se estima pertinente".

Posteriormente, comunica que el estudiante nombre reservado se encontraría actualmente matriculado y asistiendo a clases en otro establecimiento educacional (Colegio nombre reservado).

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad y procedencia de la acción cautelar la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, consta que el procedimiento disciplinario que culminó con la expulsión del estudiante se inició a partir de una denuncia de un alumno recibida por el establecimiento educacional con fecha 8 de julio de 2026 referida a filtración de imágenes de connotación sexual intimas que el denunciante mantenía en su teléfono con respaldo en su cuenta de Google fotos, imputándose participación al alumno nombre reservado y a otro estudiante.

Quinto: Que, según se desprende de la resolución de término de la investigación y de la resolución final emitida por la rectoría del establecimiento, para la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión del estudiante, se tomó en cuenta el daño ocasionado, el impacto generado en la comunidad y se tuvo por acreditada la responsabilidad del alumno en la realización del ilícito.

Sexto: Que, en lo relativo al procedimiento seguido, consta que este fue iniciado formalmente con fecha 8 de julio del actual, oportunidad en que se notificó personalmente al estudiante y a su apoderado el inicio de la investigación y los cargos formulados en su contra, otorgándoseles un plazo para formular descargos y acompañar antecedentes. Asimismo, atendida la gravedad de los hechos imputados, se decretó una medida cautelar de suspensión preventiva conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno.

Séptimo: Que la normativa interna aplicada al caso se encuentra contenida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar vigente del “Liceo nombre reservado”, el cual regula expresamente el procedimiento aplicable a las faltas gravísimas, (artículo 246) , entre las cuales destaca “exhibir o almacenar registros audiovisuales de imágenes o sonidos de una interacción sexual que involucre a miembros de la comunidad educativa, o imágenes íntimas de carácter sexual de éstos, aun cuando fueren obtenidas con el consentimiento del afectado”.

El artículo 346 refiere al procedimiento de aplicación de medida disciplinaria contemplando el inicio formal del proceso, la notificación de cargos, el derecho a formular descargos, la adopción de medidas cautelares, la decisión fundada de la autoridad y la posibilidad de solicitar reconsideración de la sanción impuesta, etapas todas que se observan cumplidas en la especie, conforme se desprende de los antecedentes acompañados.

Octavo: Que, en cuanto a la determinación de los hechos, las resoluciones administrativas dan cuenta de que la decisión se fundó en los antecedentes recabados durante la investigación interna, en el relato del denunciante canalizado a través de instancias externas, así como en la ponderación de los descargos presentados por el propio estudiante, los que fueron analizados por la autoridad del establecimiento y estimados insuficientes para desvirtuar los hechos imputados, sin que corresponda a esta sede cautelar sustituir la valoración efectuada por la autoridad educacional dentro del ámbito de sus competencias regladas.

Noveno: Que, los recurrentes manifestaron su disconformidad con la medida, apelando de la misma decisión. Con posterioridad, el día 23 de julio de 2026, la recurrente y su hijo presentaron la solicitud de reconsideración de la medida por intermedio de su abogado.

La apelación de la medida fue expuesta ante el consejo de profesores de la institución, quienes fueron convocados al efecto, realizándose el día 28 de julio de 2026, entre las 17:15 horas y las 18:00 horas del mismo día.

En el participaron 21 docentes de enseñanza media, quienes conocieron de la apelación y de los antecedentes del caso, pronunciándose en su totalidad por mantener la medida disciplinaría de expulsión del estudiante.

Décimo: Que, el establecimiento educacional fundó su decisión disciplinaria en la existencia de una conducta calificada como gravísima conforme al reglamento de convivencia escolar, puesto que altera gravemente la convivencia escolar y provocan perjuicio físico, psicológico o moral a miembros de la comunidad educativa. Así, la entidad de la falta habilita al establecimiento para adoptar la sanción disciplinaria más severa, la expulsión o cancelación de matrícula.

Undécimo: Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, toda vez que la resolución que dispuso la expulsión del alumno fue dictada en el marco de un procedimiento reglado, con observancia de las garantías mínimas exigibles y fundada en antecedentes suficientes, razón por la cual el recurso de protección interpuesto no puede prosperar y deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de su hijo adolescente nombre reservado alumno de tercero medio, en contra de la Fundación nombre reservado, sostenedora del “Liceo nombre reservado”.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó el ministro (S) señor Hernán López.

Protección N°18.301-2026.