nombre reservado con I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito de folio 85: estese al merito de autos.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, funcionario público, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, representada por su alcaldesa, doña Paulina Rebeca Bobadilla Navarrete, por haber dictado la Resolución Exenta N° 630/2025, de 11 de julio de 2025 que dispuso su tercer traslado en menos de siete meses, esta vez desde la Dirección de Administración y Finanzas hacia la Dirección de Gestión Ambiental, actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que carece de motivación suficiente, contraviene el ordenamiento jurídico vigente y se enmarca en una serie de actos reiterados de persecución administrativa en su contra, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°s 1, 2, 3, inciso quinto, 4, 6 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho y se adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio de sus garantías constitucionales.

En cuanto a los antecedentes de la carrera funcionaria del recurrente, señala que se desempeña en la Municipalidad de Quilicura hace 23 años, habiendo iniciado sus labores en modalidad de honorarios el año 2003, incorporándose a contrata desde 2004 y pasando a integrar la planta municipal en el grado 10° del escalafón profesional a contar del 1° de enero de 2019, al amparo de la Ley N° 20.922. Refiere que ha sido beneficiado con dos ascensos posteriores producto del retiro de colegas, encontrándose actualmente en el grado 8°, no obstante sostener que, por derecho propio y en conformidad al escalafón, le correspondería ocupar el grado 6°. Precisa que sus funciones fueron desarrolladas principalmente en la Dirección de Administración y Finanzas, donde se desempeñó hasta octubre de 2024.

En lo relativo a la cronología de los actos que impugna, el recurrente expone que, finalizado su fuero como dirigente de la Asociación de Funcionarios Municipales - cargo que ejerció entre los años 2021 y 2023 - la recurrida instruyó en noviembre de 2024 un primer traslado desde la Dirección de Administración y Finanzas hacia la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Exenta N° 1469/2024, sin que mediara notificación previa ni expresión de causa.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2025, mediante Oficio Alcaldicio N° 139/2025 y Resolución Exenta N° 140/2025, se dispuso un segundo traslado de regreso a la Dirección de Administración y Finanzas, estableciéndose mediante Oficio DAF N° 322/2025, de 17 de febrero de 2025, un conjunto de funciones calificadas expresamente como imprescindibles.

Sin embargo, con fecha 9 de mayo de 2025, mediante Oficio DAF N° 668/2025, esas mismas funciones fueron recalificadas como prescindibles, constituyendo dicho acto el antecedente inmediato del tercer traslado impugnado, materializado mediante la Resolución Exenta N° 630/2025, de 11 de julio de 2025, notificada al recurrente el 17 del mismo mes y año, ordenando su destinación a la Dirección de Gestión Ambiental a contar del 28 de julio de 2025, cuya es la resolución impugnada mediante la presente acción constitucional.

Refiere, en primer lugar, que los traslados instruidos infringen el artículo 70° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, toda vez que dicha norma exige que las destinaciones se ordenen por razones de buen servicio y que los funcionarios solo puedan ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados.

En segundo lugar, argumenta que los actos administrativos impugnados adolecen de falta de motivación razonable, por cuanto ninguno de los tres traslados explicita fundamentos que justifiquen la medida conforme al principio de juridicidad que consagran los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En tercer lugar, alega la vulneración de las normas sobre carrera funcionaria contenidas en los artículos 13°, 15°, 17°, 51°, 52° y 53° de la Ley N° 18.883, en cuanto a su derecho al ascenso al grado 6° del escalafón profesional, el que no se ha concretado pese a existir vacantes y a contar con calificación suficiente, invocando en apoyo de su posición los dictámenes N°s 49.715 de 2000 y 072527N11 de la Contraloría General de la República.

Asimismo, sostiene que la recurrida ha desconocido lo establecido en el artículo decimocuarto transitorio de la Ley N° 20.922, que garantiza el derecho al encasillamiento y ascenso de los funcionarios incorporados a la planta municipal.

En lo que respecta a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el conjunto de actos descritos afecta, en primer término, su derecho a la integridad psíquica, reconocido en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, toda vez que la permanente inestabilidad laboral y la incertidumbre derivada de los sucesivos traslados han deteriorado su salud mental y generado angustia y desazón que repercuten en su vida familiar; en segundo término, vulnera el principio de igualdad ante la ley y la interdicción de diferencias arbitrarias, consagrado en el artículo 19 N° 2, por cuanto otros funcionarios en idéntica situación de escalafón han sido ascendidos en circunstancias en que al recurrente se le ha negado ese derecho. En tercer término, afecta su derecho a un justo y racional procedimiento, garantizado en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política, al configurarse los traslados como sanciones anticipadas carentes de un debido proceso. En cuarto término, se lesiona su derecho a la honra y buena reputación, protegido por el artículo 19 N° 4, al convertirlo públicamente en un funcionario bajo permanente sospecha ante sus pares. En quinto término, se afecta su derecho a la libertad de trabajo y al ejercicio legítimo de sus derechos gremiales, amparado en el artículo 19 N° 6; y, finalmente, se conculca su derecho de propiedad sobre los derechos incorporales que emanan de su carrera funcionaria, particularmente su derecho al ascenso al grado 6° del escalafón, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitrario el traslado dispuesto mediante Resolución Exenta N° 630/2025, ordenando dejarlo sin efecto y disponiendo el retorno del recurrente a la Dirección de Administración y Finanzas; se ordene el cese y paralización de los actos administrativos asociados al concurso público 2025; se ordene la revisión y rectificación inmediata del escalafón municipal; se disponga el ascenso del recurrente al grado 6° de la planta municipal con los reembolsos retroactivos devengados; y se ordene que sea la Dirección de Administración y Finanzas quien practique la calificación funcionaria del año 2025.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al presentar el recurso de protección los siguientes instrumentos: 1) Publicación en el Diario Oficial de 21 de diciembre de 2028, del Reglamento Municipal que modifica la planta de personal de la Municipalidad de Quilicura; 2) Decreto Exento Nº 389/19, que determina cargos vacantes para concurso, de 11 de febrero de 2019, del departamento de recursos humanos de la Municipalidad de Quilicura; 3) Planilla con nómina de personal con código planta, nombre del cargo, grado y requisitos; 4) Escalafón de mérito año 2025, período de calificación: 1 de septiembre de 2023 a 31 de agosto de 2024 de la Municipalidad de Quilicura; 5) Escalafón de mérito año 2024, período de calificación: 1 de septiembre de 2022 a 31 de agosto de 2023 de la Municipalidad de Quilicura; 6) Oficio Alcaldicio Nº 589/23, de 20 de marzo de 2023, firmado por la Alcaldesa de la Municipalidad de Quilicura; 7) Oficio Alcaldicio N° 00139/2025, de 7 de febrero de 2025, que instruye el segundo traslado del recurrente; 8) Resolución Exenta Nº 00630/2025, de 11 de julio de 2025, que dispone traslado de funcionarios municipales que indica; 9) Oficio Nº DAF-00668/2025, de 9 de mayo de 2025, reorganización de la Dirección de Administración y Finanzas; 10) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información Ley de Transparencia Nº MU250T0008899 de 26/07/205; y,11) Nómina que informa el resultado del concurso público realizado por la Municipalidad de Quilicura.

Con posterioridad, el 29 de enero del año en curso, también presentó una resolución REF. Nº R004138/21, que acoge recurso de reposición interpuesto por don nombre reservado, en contra de Oficio Nº E132916, de 2021, de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, de acuerdo a los motivos señalados, donde se ordenó que el Municipio deberá determinar si aplicando el mecanismo general de ascenso a que se refiere el artículo 52 de la Ley Nº 18.883, el señor nombre reservado tenía derecho a ascender al grado 6 de la planta profesional a que alude, y en caso de ser procedente, adoptar las medidas tendientes a regularizar su situación funcionaria debiendo informar a esta sede regional sobre la procedencia de ascenso de funcionario, en el plazo indicado.

Segundo: Que la Ilustre Municipalidad de Quilicura, representada por don nombre reservado, abogado, evacuó el informe requerido solicitando el rechazo total del recurso de protección deducido por don nombre reservado, con costas, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

Reconoce que el recurrente es funcionario público y que se ha desempeñado en la Municipalidad de Quilicura durante 23 años, habiendo iniciado como prestador de servicios a honorarios el año 2003, incorporándose a contrata desde 2004 y pasando a integrar la planta municipal en el grado 10° del escalafón profesional a contar del 1° de enero de 2019, en virtud de la Ley N° 20.922. Asimismo, reconoce que el recurrente fue objeto de tres traslados sucesivos, materializados mediante Resolución Exenta N° 01469/2024, de fecha 26 de noviembre de 2024, que lo destinó a la Dirección de Asesoría Jurídica; Resolución Exenta N° 00140/2025, de fecha 13 de febrero de 2025, que lo trasladó de regreso a la Dirección de Administración y Finanzas por razones de reestructuración y buen servicio; y finalmente, mediante Resolución Exenta N° 00630/2025, de fecha 11 de julio de 2025, que ordenó su traslado a la Dirección de Gestión Ambiental, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 70 de la Ley N° 18.883.

En lo relativo a la defensa sobre la legalidad del acto impugnado, la recurrida sostiene que el artículo 70 de la Ley N° 18.883 confiere al alcalde la potestad de redistribuir al personal entre las distintas unidades municipales, en función de las necesidades del servicio y la búsqueda de eficiencia institucional, con la única condición de que las funciones asignadas sean propias del cargo y de la misma jerarquía.

Esta facultad, afirma, se inscribe en los principios de eficiencia y probidad administrativa consagrados en los artículos 3° y 7° de la Ley N° 18.575. En apoyo de lo anterior, cita jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, específicamente los dictámenes N° 58.556 de 2012 y N° 78.688 de 2016, que reconocen la atribución privativa del alcalde de disponer traslados de manera discrecional, aunque no arbitraria.

Asimismo, invoca la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N° 54.650-2024, que confirmó el rechazo de un recurso de protección en un caso análogo, razonando que la destinación funcionaria efectuada por la autoridad edilicia competente, fundada en razones de buen servicio, no constituye un acto ilegal ni arbitrario.

Argumenta, respecto de cada una de las garantías invocadas como vulneradas por el recurrente, lo siguiente. En primer lugar, en relación con el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, señala que el recurrente no ha presentado evidencia médica que acredite un nexo causal directo entre los traslados y una lesión efectiva a su integridad psíquica, siendo insuficientes las meras molestias subjetivas para configurar una vulneración de esta garantía. En segundo lugar, respecto del artículo 19 N° 2, sostiene que todos los funcionarios municipales están sujetos a la posibilidad de destinaciones en función de las necesidades del servicio, y que el recurrente no ha aportado prueba fehaciente de haber recibido un trato discriminatorio o arbitrario en comparación con otros funcionarios en situación equivalente.

En tercer lugar, en cuanto al artículo 19 N° 3, inciso quinto, afirma que la garantía del justo y racional procedimiento es aplicable únicamente a procedimientos de carácter sancionatorio o jurisdiccional, y que un traslado de personal no constituye una sanción, por lo que no requiere procedimiento disciplinario previo. En cuarto lugar, en lo tocante al artículo 19 N° 4, indica que la reasignación de funciones no implica imputación ni reproche alguno que menoscabe la honra del recurrente, constituyendo una medida organizacional sin connotación punitiva. En quinto lugar, respecto del artículo 19 N° 24, señala que el recurrente conserva su condición de funcionario de planta, su grado y sus remuneraciones, sin que el traslado implique privación de derechos adquiridos ni paralización de su carrera funcionaria.

Adicionalmente, opone una defensa relativa a la improcedencia del recurso de protección para resolver materias de escalafón, ascensos y concursos públicos, argumentando que dichas cuestiones exceden el objeto cautelar de la acción constitucional y deben ventilarse ante la Contraloría General de la República o la sede contencioso-administrativa.

En lo que respecta a la materia de ascensos, la recurrida sostiene que el propio pronunciamiento de la Contraloría General de la República concluyó que, al haber ingresado el recurrente a la planta en virtud de su calidad jurídica a contrata, no formó parte del escalafón de mérito del personal de planta vigente al 1° de enero de 2019, razón por la cual no le correspondería el ascenso fundado en la letra c) del artículo 49 ter de la Ley N° 18.695.

Agrega que la expresión legal relativa a la preferencia para ascender contenida en el artículo 54 de la Ley N° 18.883 constituye una mera expectativa y no un derecho subjetivo consolidado, por lo que no goza de la protección constitucional del artículo 19 N° 24.

Finalmente, en lo relativo al control de convencionalidad invocado por el recurrente, la recurrida concluye que el traslado no vulnera derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que el recurrente conserva íntegramente su condición estatutaria, su estabilidad laboral y su remuneración.

En virtud de lo expuesto, la recurrida solicita que se tenga por evacuado el informe y que, en definitiva, se rechace totalmente la acción de protección deducida por don nombre reservado, con costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al evacuar el informe los siguientes instrumentos: 1) Mandato judicial de fecha 25 de febrero de 2025, otorgado ante el Notario Público Interino de la Primera Notaría de Quilicura, anotado en su Repertorio bajo el N° 213-2025; 2) Acta de Proclamación de Alcalde y Concejales de la Comuna de Quilicura, Rol N° 3996/2024, emitida por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de 6 de diciembre de 2024; 3) Resolución Exenta N° 01469/2024, de 26 de noviembre de 2024, que dispone el traslado de don nombre reservado desde la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección de Asesoría Jurídica, señalando como función a realizar “Apoyo profesional sección de contratos”; 4) Oficio Alcaldicio N° 00139/2025, de 7 de febrero de 2025, que da cuenta del traslado de don nombre reservado desde Asesoría Jurídica a Administración y Finanzas, señalando como función a realizar “Apoyo profesional”; 5) Resolución Exenta N° 00140/2025, de 13 de febrero de 2025; 6) Oficio DAF N° 00668/2025, de 9 de mayo de 2025, sobre Reorganización de la Dirección de Administración y Finanzas, señalando que no se hace imprescindible los servicios prestados por dos colaboradores, uno de los cuales es don nombre reservado; 7) Providencia de Alcaldía N° 01605/2025, de 13 de mayo de 2025, donde se pone en conocimiento el acto anterior para efectos de que se traslade o destine a los funcionarios; 8) Oficio DGP N° 00464/2025, de 27 de mayo de 2025, donde se sugiere que don nombre reservado sea trasladado a la Dirección de Gestión Ambiental (Apoyo profesional); 9) Providencia de Alcaldía N° 01942/2025, de 15 de junio de 2025; y, 10) Resolución Exenta N° 00630/2025, de 11 de julio de 2025, que es la que dispone el traslado de don nombre reservado a la Dirección de Gestión Ambiental (Apoyo profesional).

Ampliando lo informado, según lo ordenado por esta Corte, la Municipalidad acompañó el 24 de marzo de 2026 (folio 54) los siguientes documentos: 11) Resolución Exenta Nº 01469/2024; 12) Resolución Exenta Nº 00630/2025; y,13) Resolución Exenta Nº 00140/2025, los cuales ya habían sido acompañados cuando evacuaron el informe.

Se solicitó también con posterioridad - por escrito presentado el 15 de abril de 2026, folio 65 - por la recurrida, tener a la vista los siguientes documentos: 14) Decreto Alcaldicio Nº 151/2019, Encasilla personal Municipal; 15) Publicación en el Diario oficial de 21 de diciembre de 2018, que establece el Reglamento Municipal que modifica la planta de personal de la Municipalidad de Quilicura; y,16) Oficio jurídico Nº 47/2019, de 17 de enero de 2019, remite observaciones al Decreto Alcaldicio que sanciona encasillamiento de la planta de personal de la Municipalidad de Quilicura. Por escrito de la misma fecha, presentado separadamente (folio 66), se acompañaron los siguientes documentos, solicitando tener por cumplido lo ordenado informar: 17) Oficio DAF Nº 00322/2025 de 17 de febrero de 2025, que designa funciones a don nombre reservado; 18) Certificado de funciones Nº DGP-05088/2026, de 15 de abril de 2026, que señala las funciones que ha realizado nombre reservado durante el período 2024 y 2025; 19) Decreto Alcaldicio Nº 6234/20, que aprueba texto refundido del reglamento de estructura, funciones y coordinación interna.

A su turno, por la presentación de 16 de abril de 2026 (folio 67) se solicitó tener a la vista los siguientes documentos: 20) Decreto Alcaldicio R Nº SECMUN-00050/2026, que acepta renuncia voluntaria de funcionario nombre reservado de 22 de enero de 2026; 21) Decreto Exento Nº 398/2019, que determina cargos vacantes para concurso; 22) Decreto Alcaldicio R Nº SECMUN 02042/2025, reconoce ascenso de funcionarios municipales por sucesión de vacantes; 23) Decreto Alcaldicio R Nº SECMUN 02043/2025, reconoce ascenso de funcionarios municipales por sucesión de vacantes; 24) Escalafón de mérito año 2025; y, 25) Oficio Nº DGP-00427/2026 de 15 de abril de 2026.

Por último, ampliando el informe por disponerlo así esta Corte, por escrito de 13 de mayo de 2026 (folio 75) acompañó los siguientes antecedentes: 26) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-00002/2026, de 2 de enero de 2026; 27) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-00042/2026, de 8 de enero de 2026; 28) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-00092/2026, de 15 de enero de 2026; 29) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-00252/2026, de 28 de enero de 2026; 30) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-01094/2026, de 31 de marzo de 2026; 31) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-02042/2025, de 18 de diciembre de 2025; 32) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-02930/2025, de 30 de julio de 2025; 33) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-02030/2025, de 17 de diciembre de 2025; 34) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-00007/2026, de 5 de enero de 2026; 35) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-01983/2025, de 1 de diciembre de 2025; 36) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-02025/2025, de 15 de diciembre de 2025; 37) Decreto Alcaldicio E.Nº: SECMUN-02043/2025, de 18 de diciembre de 2025; 38) Resolución Exenta Nº 6565, de 1 de octubre de 2025, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; 39) Providencia Nº: DE ALCALDÍA-0237/2025, de 27 de julio de 2025; 40) Escalafón de mérito 2025; 41) Oficio Nº DGP-00574/2026, de 12 de mayo de 2026; 42) Oficio Nº DGP-00427/2026, de 15 de abril de 2026; 43) Lista vacantes planta 2025; 44) Oficio Nº DGP-01211/2025, de 12 de noviembre de 2025; 44)Código planta con sus requisitos; 45) Bases concurso público para la provisión de cargos vacantes de la planta Municipalidad de Quilicura 2026; 46) Acuerdo Nº SECMUN-00204/2025, de 27 de noviembre de 2025; 47) Acta Nº 1 Comité de selección concurso público; 48) Notificación de derecho de ascenso nombre reservado; 49) Notificación de derecho de ascenso nombre reservado; 50) Notificación de derecho de ascenso nombre reservado; 51) Notificación de derecho de ascenso nombre reservado; 52) Notificación de derecho a ascenso nombre reservado; 53) Notificación de derecho a ascenso nombre reservado; 54) Notificación de derecho de ascenso nombre reservado; 55) Notificación de derecho de ascenso nombre reservado; 56) Notificación de derecho a ascenso nombre reservado; y, 57) Notificación de derecho a ascenso nombre reservado.

Tercero: Que, por disponerlo esta Corte, informó la Contraloría General de la República al tenor del recurso (folio 25).

Señala que el señor nombre reservado fue designado a contrata por la Municipalidad de Quilicura, durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2018, para luego ser nombrado como titular a contar del 1 de enero de 2019, en virtud del proceso de encasillamiento derivado de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 bis de la Ley N° 18.695.

Indica, también, que el recurrente ha formulado reclamaciones en contra de la Municipalidad de Quilicura sobre la misma materia, las que han sido respondidas por dicho organismo mediante los oficios Nºs 4.563, de 2020, y E515714 de 2024. Refiere que se hizo presente al actor que la Ley N° 20.922, en su artículo 4°, numeral 5), incorporó los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quater y 49 quinquies, a la Ley N° 18.695, para los efectos de regular la facultad de los alcaldes para fijar o modificar las plantas de personal de las entidades edilicias, estableciendo límites y requisitos para su ejercicio.

Afirma que ese organismo fiscalizador rechazó el reclamo formulado en relación con el derecho a ascender que estima corresponderle, como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento N° 1, de 2018, que modificó la planta de personal de la Municipalidad de Quilicura, por lo que dicha entidad edilicia cumplió lo dispuesto en el artículo 49 ter de la Ley N° 18.695, lo que implicó a su respecto, ser encasillado en uno de los cargos grado 10 vacantes una vez aplicada la regla contenida en el literal a) de la anotada norma, como se advierte del Decreto Alcaldicio N° 151, de 2019.

Siendo así, y dado que el señor nombre reservado fue encasillado en la planta de personal de la Municipalidad de Quilicura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 ter, letra b), de la Ley N° 18.695, en su calidad de funcionario a contrata, el organismo contralor concluyó que aquel no tuvo derecho a ser ascendido de conformidad con el literal c) de la referida norma, pues se encuentra previsto respecto de los funcionarios que tenían la calidad de titulares con anterioridad, y no de quienes estaban designados a contrata y pasaron a la planta en virtud de la regla descrita.

Señala, por último, que se otorgó al recurrente un plazo de cinco días para interponer recurso de reposición, lo que no habría ocurrido.

Acompañó como antecedentes los siguientes documentos: 1) Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre protección respecto de asignación de antigüedad contenida en el artículo 49 ter de la Ley Nº 18.695, se extiende a todo el procedimiento de encasillamiento, de 27 de mayo de 2021 (Nº E108769/2021); 2) Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre encasillamiento municipal contemplado en la Ley Nº 20.922 es un procedimiento reglado que considera etapas consecutivas que no pueden ser alteradas, de 19 de agosto de 2019; 3) Pronunciamiento de la Contraloría General de la República acerca del derecho al ascenso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 ter, letra c), de la Ley Nº 18.695, favorece al personal de planta que fue encasillado de conformidad con el literal a) de dicha norma; 4) Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre reclamo de la servidora que indica resulta extemporáneo, de 27 de abril de 2020; y 5) Planilla de un documento emanado de la Contraloría General de la República, donde aparecen los diversos decretos alcaldicios registrados a propósito de los cargos desempeñados por don nombre reservado. Sin perjuicio de lo anterior, atendido lo expuesto por el municipio no resulta procedente que aquella desempeñe labores de otros estamentos. A funcionario que indica no le corresponde ascender en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 ter, letra c), de la Ley Nº 18.695.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, en lo que respecta a la legalidad del acto administrativo impugnado, el artículo 70 de la Ley Nº 18.883, consagra, dentro de la esfera de atribuciones del Alcalde, el ordenar una destinación de un funcionario desde un departamento municipal a otro.

Con todo, el ejercicio de toda facultad reconocida por el ordenamiento jurídico supone la racionalidad y la justificación de las medidas que en ese ejercicio se adopten, la que solo puede ser advertida en la medida en que el acto administrativo en cuestión cuente con la suficiente fundamentación. Una decisión de traslado de un funcionario municipal, contenida en el respectivo decreto alcaldicio, es, sin duda, un acto administrativo, entendido como una decisión formal que emite un órgano de la administración del Estado, en el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, de acuerdo a la definición del inciso 2° del artículo 3° de la Ley N° 19.880. A su turno, el artículo 16 del mismo cuerpo legal, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, hace referencia al principio de transparencia, que apunta, entre otros objetivos, a contar con los fundamentos de las decisiones administrativas. Del mismo modo, el inciso 2° de esta ley exige que los hechos y fundamentos de derecho siempre se expresen en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, exigencia que, aunque no está expresamente formulada en relación con los propios integrantes de la administración del Estado, razonablemente debe extenderse a ellos. A mayor abundamiento, la propia regulación constitucional de la acción de protección deja absolutamente en claro que la Carta Magna prohíbe que las acciones u omisiones de las autoridades administrativas sean arbitrarias e ilegales.

De esta forma, para saber si una acción u omisión es ilegal o no basta con un contraste de ella con aquello que la ley prohíbe u ordena; mientras que para saber si ella es arbitraria o no resulta esencial examinar las razones o fundamentos que se han tenido a la vista para ejecutarla o incurrir en ella, máxime si conforme al inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad, presunción que no se extiende a su razonabilidad. En otras palabras, para descartar la arbitrariedad de un acto administrativo o de una decisión de la autoridad administrativa es crucial contar con los fundamentos de ella.

Sexto: Que, a partir de lo informado por la propia recurrida y de los antecedentes documentales acompañados, corresponde tener como hechos ciertos los siguientes:

1. Que, el recurrente, nombre reservado, administrador público, se desempeña como funcionario de la Municipalidad de Quilicura, en la planta de profesionales, grado 8º, habiendo desarrollado diversas funciones a lo largo de 23 años en distintas unidades municipales;

2. Que, en virtud de la Resolución Exenta N° 1469/2024, de 26 de noviembre de 2024, fue trasladado desde la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad a la Dirección de Asesoría Jurídica;

3. Que, habiendo transcurrido menos de tres meses en la nueva destinación, por Resolución Exenta N° 140/2025, el 13 de febrero de 2025 fue trasladado nuevamente de regreso a la unidad de Administración y Finanzas;

4. Con posterioridad, sin haber alcanzado los cinco meses desde la última destinación, fue nuevamente trasladado por la Resolución Exenta N° 630/2025, de 11 de julio de 2025, a la Dirección de Gestión Ambiental, que es el acto en contra del cual se recurre.

De esta forma, no cabe duda alguna que en un plazo inferior a siete meses el recurrente ha sido trasladado en tres ocasiones consecutivas.

La resolución impugnada, en virtud de la cual se ordenó este último traslado, señala: “Dispónese a contar de día 14 de julio del 2025, el traslado de los funcionarios municipales, para desempeñar funciones propias de sus plantas municipales, acorde a lo dispuesto en el artículo Nº 70 y siguientes de la Ley Nº 18.883 que se indican a continuación (…) nombre reservado, RUT reservado, planta profesionales 8º, dirección de origen: dirección de administración y finanzas, dirección de destino: dirección de gestión ambiental, función a realizar: apoyo profesional”, mientras que el Oficio Nº DAF-00668/2025, que hace referencia a una reorganización de la Dirección de Administración y Finanzas, solo indica que es necesario realizar una reorganización del equipo para optimizar de mejor manera los recursos, sin que sean imprescindibles los servicios prestados por dos funcionarios, siendo uno de ellos el recurrente.

Lo anterior deja en evidencia que en el acto administrativo impugnado no se expresan los fundamentos de la decisión, ya que no puede estimarse como suficiente que se realice una referencia genérica a la optimización de recursos municipales. Como se ha dicho, esos fundamentos deben ser suficientes como para advertir la prudencia, razonabilidad, sensatez y lógica de la medida adoptada. Pues bien, en concreto, desafía a la lógica la idea de que el traslado frecuente de un funcionario a distintas secciones o áreas dentro de la Municipalidad apunte a la optimización de recursos, en este caso humanos. Por el contrario, si se considera que cada vez que un trabajador se integra a un espacio o unidad nueva debe aprender ciertas habilidades, adquirir confianza y coordinación con nuevos compañeros, conocer las expectativas que sus superiores tienen con respecto a su desempeño, adecuarse a exigencias específicas del cargo o función que se le asigna, habrá de concluirse que tres traslados en un lapso de siete meses es un uso altamente ineficiente de las habilidades y capacidades del funcionario en cuestión.

En consecuencia, tratándose del tercer traslado del funcionario en un lapso de siete meses, la decisión no parece obedecer en modo alguno un uso racional de los recursos humanos ni propender al mejor servicio. Al mismo tiempo, no se advierte racionalidad alguna en que quien se ha desempeñado en aspectos relacionados con finanzas preste sus servicios en un área vinculada con medioambiente. Menos aún si, como la misma recurrida ha señalado, el funcionario siempre ha ejecutado de forma correcta y eficiente sus labores, obteniendo calificaciones sobresalientes.

Séptimo: Que, en consecuencia, esta Corte acogerá el presente recurso de protección en lo que a este capítulo concierne, por aparecer que la decisión analizada ha obedecido a un mero arbitrio de la autoridad, atendida la exigua fundamentación que, por genérica, no permite dotar de basamento al ejercicio de la potestad que la ley confiere al alcalde.

Octavo: Que, sin embargo, en los demás capítulos, esta Corte no advierte infracciones que justifiquen acoger el presente recurso de protección, desde que se trata de decisiones adoptadas por la autoridad dentro del ámbito de su competencia y sin infringir normas legales o constitucionales, sumado al hecho de que el ascenso del recurrente a un determinado grado dentro de la escalafón es una expectativa y no un derecho absoluto, que, además, se encuentra sometido a un procedimiento establecido en la ley en el que esta Corte no puede incidir, teniendo además en consideración, lo informado por la Contraloría General de la República en la materia, que descartó el derecho que el funcionario invoca sobre la base de razones de texto que excluyen la existencia de la prerrogativa que el recurrente invoca.

En el mismo sentido, las restantes peticiones del recurrente, atendida su naturaleza, exceden el ámbito del recurso de protección, por lo que ésta no es la vía pertinente para su conocimiento y resolución.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº 630/2025, que instruyó el traslado del recurrente a la Dirección de Gestión Ambiental, debiendo ser reintegrado a sus funciones en la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Quilicura; desestimándolo en lo demás.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactada por la abogada integrante Francisca Amigo Fernández.

N° Protección-18293-2025.