Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 21: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, con fecha 16 de agosto de 2025, comparece doña nombre reservado, por sí y en favor de su cónyuge, don nombre reservado, por intermedio del abogado patrocinante don Eduardo Alfonso Alfaro Ponce, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y de Clínica San Andrés S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el traslado forzoso de su cónyuge, paciente catalogado “gran inválido”, desde la Clínica San Andrés al Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) Los Alerces, el cual, a su juicio, no cuenta con los elementos necesarios ni el equipo especializado para atender las graves complicaciones de salud de su cónyuge.

Menciona que, con fecha 16 de agosto de 2019, su marido sufrió un accidente laboral grave en el Club Hípico, el cual le causó un trauma torácico severo, fractura de esternón, lesión ventricular, hemopericardio y un paro cardiorrespiratorio. Expone que, tras la cirugía, permaneció hospitalizado, siendo diagnosticado posteriormente con encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) y un historial de consumo crónico de alcohol que derivó en encefalopatía de Wernicke. Precisa que, debido a las graves secuelas, ha requerido de traqueostomía, gastrostomía, apoyo ventilatorio, y presenta un deterioro cognitivo y motor en curso, siendo evaluado con una invalidez del 85%.

Señala que, en marzo de 2025, fue informada del inminente traslado al ELEAM Los Alerces, a pesar de sus objeciones respecto a la falta de equipamiento esencial, como desfibrilador y cama clínica, para atender emergencias vitales, lo que motivó la interposición de un recurso de reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social. Dicho recurso fue rechazado mediante Resolución Exenta N NUM000, de fecha 18 de julio de 2025, confirmando la resolución previa que aprobó el traslado.

Plantea que la negativa de atención médica adecuada en un centro de alta complejidad vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, a saber, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la protección de la salud, por lo que el acto de traslado resulta ser ilegal y arbitrario. Expresa que el Centro Los Alerces, por su naturaleza de Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), es de mediana complejidad y solo está destinado a personas con dependencia moderada o severa y alta vulnerabilidad social, no siendo idóneo para un paciente con compromiso de salud vital 24/7.

Pide en definitiva, que se acoja el recurso, se conmine a la recurrida a que mantenga las atenciones que requiere el recurrente para recuperar su salud en el establecimiento denominado Clínica San Andrés S.A. u otro Hospital que tenga las condiciones adecuadas, y que la recurrida cese en sus actos ilegales y arbitrarios de privación del derecho a la vida, impidiendo que sea obligado a hacer abandono de la clínica mientras subsistan las amenazas a su vida y no se encuentre totalmente restablecida su salud.

Segundo: Que, comparece el abogado don Gabriel Fernando Castro Vargas, en representación de CLÍNICA SAN ANDRÉS S.A., evacuando el informe respectivo y solicitando el rechazo de la presente acción, toda vez que estima que la clínica carece de legitimación pasiva.

Expone que su representada mantiene un contrato vigente con la ACHS, en virtud del cual es esta última quien determina, regula y dispone la derivación de pacientes a la institución, sin que la clínica intervenga en la decisión inicial de traslado. Precisa que el ingreso del paciente don nombre reservado fue dispuesto directamente por la ACHS y, por consiguiente, si la ACHS dispone el traslado, la clínica se encuentra obligada contractualmente a ejecutarlo, careciendo de toda facultad discrecional en esa materia.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la negativa a ejecutar una derivación instruida por la ACHS constituiría un incumplimiento contractual grave que podría dar lugar a responsabilidad y resolución anticipada del contrato. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, limitándose únicamente a ejecutar la instrucción impartida por la ACHS, sin que exista una decisión propia en el traslado del paciente que pueda atribuirse como vulneración de garantías constitucionales a la Clínica San Andrés S.A.

Menciona que cualquier eventual cuestionamiento debe dirigirse a la entidad que resolvió la derivación, esto es, la ACHS, y no a la clínica que se limitó a cumplir con su obligación contractual. Solicita, en definitiva, declarar la falta de legitimación pasiva de Clínica San Andrés S.A. y rechazar en todas sus partes el recurso de protección intentado en su contra.

Tercero: Que, por su parte, comparece el abogado don Patricio Castillo Barrios, en representación de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS), evacuando informe y solicitando el rechazo del arbitrio, sin perjuicio de la improcedencia.

Expone que el señor nombre reservado corresponde a un Gran Inválido y es beneficiario de la cobertura del seguro de la Ley N°16.744, encontrándose incorporado en el Programa de Pacientes Institucionalizados (PPI), bajo la modalidad de institucionalización, lo que implica que permanece hospitalizado en un centro médico que le brinda los cuidados necesarios.

Señala que, producto de modificaciones en su red de prestadores, se ha considerado pertinente gestionar su traslado a otro centro médico (Clínica Los Alerces), el cual cuenta con óptimas condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, asegurándose la continuidad de los cuidados requeridos, sin alterar su tratamiento clínico. Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la forma en que se implementa la protección del seguro puede variar legítimamente en consideración a las circunstancias particulares de cada caso, y el cambio de centro se justifica en centralizar pacientes con un prestador, manteniendo indicadores de calidad y prestaciones médicas actuales. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, toda vez que la Ley N°16.744 faculta a la Mutualidad para gestionar y ocuparse de la forma de llevar a cabo las prestaciones médicas, comprendiendo en ello la ejecución de las acciones de salud y el seguimiento de un problema de salud, por lo que aceptar la pretensión de la recurrente implicaría que sea la familia la que escoja el prestador, asumiendo la administración del seguro. Precisa que lo obrado por su representada fue ratificado expresamente por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta N° NUM001 del 25 de marzo de 2025, confirmada posteriormente por Resolución Exenta N° NUM000 del 18 de julio de 2025, tras rechazarse el recurso de reposición. Manifiesta que el traslado a Clínica Los Alerces no se ha concretado a la fecha, manteniéndose con atenciones en la Clínica San Andrés. Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe y desestimar la acción de protección.

Cuarto: Que, comparece el abogado don Francisco Ortega Bello, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), solicitando, en lo principal, que se declare la improcedencia de la acción y, en subsidio, que sea rechazada.

Expone, en lo principal, que la presente acción resulta improcedente, toda vez que la materia de la controversia, que radica en la calificación de una enfermedad o la determinación de las prestaciones, desborda los límites de la acción de protección, siendo propia de un juicio de lato conocimiento en sede ordinaria. En subsidio, informa respecto del fondo, señalando que su actuación se ajusta a las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N°16.744).

Menciona que, requerida la Mutualidad sobre el reclamo de la recurrente respecto del cambio de prestador médico, profesionales de la Superintendencia procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales, concluyendo que el Centro Los Alerces tiene todas las atenciones médicas indicadas por médicos tratantes, otorgándose asistencia al trabajador de forma continua, 24/7. Comenta que se trata de una modificación administrativa en cuanto a los prestadores, la cual cuenta con óptimas condiciones para el adecuado cuidado crónico y permanente del señor nombre reservado. Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la Resolución Exenta N° NUM001 del 25 de marzo de 2025, y la Resolución Exenta N° NUM000 del 18 de julio de dos 2025, fueron dictadas dentro del ámbito de sus competencias legales de fiscalización, y no se advierte cómo este Servicio habría vulnerado la garantía del artículo 19 N°1, no teniendo competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud. Reitera que la pretensión de la recurrente, en orden a modificar el prestador médico, carece de fundamento fáctico de orden médico laboral y desborda los límites de la acción de protección. Solicita, en definitiva, declarar la improcedencia del presente recurso y, en subsidio, desestimarlo en todas sus partes, con costas.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que la recurrente aduce como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N NUM000, de fecha 18 de julio de 2025 por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual se confirma la resolución que dispuso el traslado de su cónyuge desde Clínica San Andrés a Clínica Los Alerces por la ACHS.

Séptimo: Que, en razón de lo anterior y teniendo en especial consideración la documentación acompañada, el presente recurso no podrá prosperar respecto de Clínica San Andrés, institución que no tiene injerencia alguna en la decisión adoptada que ha sido motivo de este recurso, por lo cual no puede imputársele ningún acto ilegal o arbitrario a su respecto.

Octavo: Que, en cuanto a las recurridas ACHS y Superintendencia de Seguridad Social cabe señalar lo que sigue. Acerca de la legalidad de la actuación cuestionada por esta vía, resulta preciso apuntar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 16.744 Sobre Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, corresponde al Instituto de Seguridad Laboral o a las respectivas mutualidades la administración del aludido seguro social obligatorio;

Noveno: Que, consecuentemente, en su condición de mutualidad de empleadores, la recurrida, ACHS, está legalmente facultada para gestionar y ocuparse de la forma de llevar a cabo las prestaciones médicas asociadas a dicho seguro, comprendiendo en ello la ejecución de las acciones de salud que conforman un tratamiento o el seguimiento de un problema de salud determinado, en los términos que describe el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, atingentes a la materia (Libro V, Título I, literal B, N° 1);

Décimo: Que, en consecuencia, resulta claro que no existe fundamento legal para cuestionar la actuación de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en este caso. En efecto, la decisión de modificar el prestador de servicios médicos se ha realizado dentro del marco de las competencias y atribuciones que le otorgan tanto la Ley N°16.744 como la normativa específica aplicable. Por lo tanto, el proceder de la ACHS se encuentra plenamente ajustado a derecho, ya que ha ejercido sus facultades legales y administrativas conforme a lo estipulado para la administración del seguro social obligatorio y la gestión de las prestaciones médicas correspondientes.

Undécimo: Que, en rigor, los reclamos de quien recurre apuntan a algo mucho más concreto y específico, relacionado con la pretensión de mantener al prestador que ha venido prestando los servicios. A ese respecto ha de indicarse que aceptarlo implicaría admitir también que sea la familia o representante del paciente quienes escojan el prestador y que, por lo mismo, sean ellos quienes asuman la administración o gestión del seguro obligatorio, en circunstancias que esa definición es de responsabilidad del órgano gestor.

Debe relevarse que no se trata acá de la contratación efectuada en el ámbito exclusivamente privado, que pudiera asegurar la posibilidad de elección, sino de la administración de prestaciones que son proporcionadas sin costo para el beneficiario.

Décimo Segundo: Que, en cuanto a la Superintendencia de Seguridad Social cabe señalar que su actuación se ajusta a derecho, toda vez que tanto la resolución recurrida como aquella que confirmó inicialmente la decisión de cambiar de prestador médico por parte de la ACHS, fueron dictadas dentro del ámbito de sus competencias legales de fiscalización, no teniendo competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud.

Décimo Tercero: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre la afectación de las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección, sin costas, deducida por nombre reservado, por sí y en favor de su cónyuge, don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-18292-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Ministro (I) señor Pablo Toledo González.