nombre reservado con ASOCIACION NACIONAL DE OFICIALES PROFESIONALES DE GENDARMERIA DE CHILE ( ANOPRO )

Santiago, quince de junio de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 32 comparece nombre reservado, Teniente Primero de Gendarmería de Chile, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección contra la Asociación Nacional de Oficiales de Gendarmería de Chile “ANOPRO”, representada por don nombre reservado, en calidad de presidente, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que respetando las garantías constitucionales que esgrime, se restablezca el imperio del derecho disponiendo que se deja sin efecto la medida disciplinaria que le fuera impuesta por esa Asociación -expulsión- adoptada en sesión de asamblea de 16 de febrero de 2016 o lo que este tribunal estime de acuerdo al mérito de autos.

Señala el recurrente que el 16 de febrero de 2016 fue informado que en Santiago la directiva de ANOPRO tomó la decisión de expulsarlo a través de una sesión de asamblea extraordinaria, llevada a cabo de manera ilegal y arbitraria, ya que no contaba con los requisitos para hacer la convocatoria, además incumplía el quórum requerido para sesionar y adoptar acuerdos conforme a lo señalado en el Título II De las Asambleas, artículos 4, 5 y 8 de los Estatutos del Gremio. Agrega que el proceder de la recurrida es irregular por cuanto adopta una medida de expulsión no establecida en los Estatutos respecto a conductas, prohibiciones, restricciones y/u obligaciones de un dirigente gremial que estarían sujetas a dichas sanciones, respaldándose los directivos de la recurrida en que supuestamente habría existido una falta en su conducta. Reclama que ANOPRO debió seguir el procedimiento sancionatorio del artículo 46 de los Estatutos, lo que no hizo, apartándose de esa normativa y de la Ley N° 19.296, por cuanto no se cumplió con la citación a asamblea extraordinaria, no se respetó el quórum para sesionar y adoptar sanciones, no se le formularon cargos, no le dieron la oportunidad de defenderse, no le notificaron formalmente la sanción ni tampoco le dieron la posibilidad de impugnarla. Agrega que en el evento de existir hechos graves e imputables a su persona, no existe proporcionalidad entre ellos y la sanción de expulsión aplicada.

Señala que los verdaderos motivos de su expulsión radican en que habría tomado conocimiento de diversas irregularidades que están sucediendo en ANOPRO, las que se traducen en infracciones contables como no haber rendido cuenta de los dineros recibidos de los socios, carecer de cuenta corriente o ahorros del gremio y también infracciones estatutarias por no haber entregado copia fiel de los Estatutos del gremio e infracciones laborales, por no haber adoptado las medidas pertinentes a efectos que la Inspección del Trabajo tomara conocimiento de las elecciones de dirigentes gremiales lo que llevó a esa autoridad de control a otorgar certificados ajenos a la realidad gremial.

Como garantías constitucionales conculcadas señala el derecho a la honra consagrado en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el derecho a la igualdad ante la ley del número 2 y el derecho a un debido proceso del número 3, del mismo artículo precitado.

Segundo: Que a fojas 46 informa el Director de Nacional Gendarmería de Chile indicando -en el aspecto que se consulta- que a todos los funcionarios debidamente asociados se les efectúa un descuento mensual de 0,5% del total imponible y que el pago de las cuotas a la Asociación Gremial se realiza mediante un cheque nominativo a nombre del señor nombre reservado, el que es retirado en forma personal en dependencias de Gendarmerías de Chile, lo que se mantiene hasta el día del informe, ya que no se ha comunicado antecedente de apertura de cuenta corriente o de ahorro según lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley N° 19.296. En cuanto a la situación particular del recurrente indica que no se ha recibido en ese Servicio notificación alguna respecto de su expulsión por lo que se mantiene hasta el momento el descuento mensual de la cuota gremial.

A fojas 95 rola ampliación de informe de la Dirección Nacional de Gendarmería en el que indica que esa Dirección recibió el Oficio ORD. N° 85 de 18 de Febrero de 2016 de ANOPRO en el cual se incorpora nómina de funcionarios que renuncian y la expulsión del recurrente, pero no se acompaña ningún documento que acredite la notificación del hecho al recurrente. Agrega que la Dirección de Contabilidad y Presupuesto reembolsará al recurrente las cuotas sindicales de los meses de marzo y abril respectivamente.

Tercero: Que a fojas 89 informa la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmería de Chile, ANOPRO, señalando que el 1° de febrero de 2016 se recibió un reclamo contra el ex dirigente señor nombre reservado por parte de una asociada, la Teniente Segundo de Gendarmería señora nombre reservado, donde daba cuenta de un llamado telefónico del recurrente ofreciéndole el pago de un beneficio estatutario de parte del Director Nacional de Gendarmería si ella retiraba la querella criminal por omisión de denuncia que interpuso en su contra, debido al acoso laboral y hurto de especies por parte de oficiales masculinos de la institución, de los cuales habría sido víctima en el ciudad de Copiapó. Señala que el 4 de febrero del año en curso se le pidió cuenta al recurrente mediante correo electrónico, otorgándosele un plazo de 24 horas para que se pronunciara al respecto, cosa que hizo de la misma manera, argumentando que él habría recibido un llamado de parte de la oficial, que desconoce sus atribuciones como dirigente gremial y sus restricciones, por no contar con los estatutos de la directiva nacional.

Señala que lo anterior no es efectivo por cuanto los estatutos de un gremio son abiertos y de fácil acceso, prueba de ello es que el recurrente los adjunta en su recurso. Agrega que al tiempo de conformarse una asociación provincial o regional se aprueban y dan a conocer los Estatutos de la organización que se conforma y así se dejó constancia por Notario Público en el caso de la provincia del recurrente. Señala que la Ley N° 19.296 es clara respecto de los fueros gremiales y son los propios gremios los que los otorgan al momento de constituirse y no la Inspección del Trabajo que se limita a informarse y a publicar el acto. Agrega que con fecha 26 de enero de 2016 se realizó asamblea de acuerdo al artículo 5° de los Estatutos, pero no asistieron socios suficientes para sesionar, realizándose un segundo llamado para asamblea extraordinaria y ampliado nacional, que se llevó a cabo el 16 de febrero de 2016 con todos los presentes y comisiones especiales. En cuanto a la falta de quórum señalado en la ley, refiere que la norma es clara, al igual que los Estatutos, en cuanto a que se sesiona con quienes se encuentren en las dependencias. En cuanto a la falta de cargos refiere que el recurrente fue debidamente informado de lo que se le acusaba y que se le solicitó sus descargos lo cual realizó, pronunciándose con falsedad en sus dichos a lo menos en lo que respecta a desconocer sus atribuciones gremiales y los Estatutos de la Asociación. Añade que tomó inmediato conocimiento de lo obrado por la Comisión de Disciplina, constituida y debidamente informada a la Inspección del Trabajo, ratificada por la asamblea extraordinaria nacional.

Alude a las irregularidades que el recurrente imputa a la directiva nacional las que califica de falsas. En cuanto a las infracciones contables refiere que el 26 de marzo del año en curso se dio cuenta de los dineros ingresados a la ANOPRO, sin reparo alguno y que si bien es efectivo que no mantiene cuenta corriente, ello lo es porque los bancos solicitan un año de movimientos contables del gremio para facilitarla. En cuanto a las infracciones estatutarias afirma que se han entregado los estatutos gremiales en la oportunidad que correspondía y que nunca se ha obligado a los socios a firmar renuncias anticipadas. En cuanto a las infracciones laborales señala que el secretario nacional de la Asociación ha obrado en todo momento de acuerdo a la ley e instrucciones de la directiva nacional y prueba de ello sería que el 19 de marzo de 2015, mediante los oficios números 11 y 12 informó al Inspector del Trabajo en Chillán y al Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo que el recurrente estima omitido y que el registro interno de la Inspección del Trabajo no es responsabilidad de la ANOPRO.

Finaliza señalando que es el recurrente quien ha realizado acciones perjudiciales para el gremio según consta del acta de asamblea que se adjunta donde se verificó toda la problemática del gremio y se adoptaron las medidas necesarias tendientes a su buen funcionamiento, designándose y aprobándose lo requerido por la ley para otorgar las herramientas a las respectivas comisiones de control, como son las de disciplina y de revisión de cuentas, hechos todos informados a la Inspección del Trabajo.

Cuarto: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

Quinto: Que de la prueba aportada, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

a) Según Acta de Asamblea Extraordinaria de la ANAPRO, en sesión de 16 de febrero de 2016, realizada en segunda citación, se procedió a la ratificación de la Comisión de Disciplina, se recibió informe y se acordó, por unanimidad de la asamblea, la desvinculación del recurrente conforme al artículo 45 del Reglamento, al concluir que sus descargos o defensas, sobre la denuncia efectuada por la asociada nombre reservado, no corresponde a la evidencia en su contra, al intervenir en asuntos que no estaban en su competencia. Se establece que la conducta del recurrente es destructiva de la unidad gremial y atentatoria contra el Gremio, la asociada involucrada y la Directiva Nacional;

b) Con fecha 1° de febrero de 2016, la asociada nombre reservado, puso en conocimiento del Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, hechos que involucrarían al recurrente, en tanto Director Provincial del Bio Bio de la ANAPRO, relacionados con un llamado telefónico de su parte, quien dijo hacerlo en presentación del Director Nacional;

c) La sanción que se cuestiona fue adoptada sobre la base del informe que le fuera solicitado al recurrente vía mail, por parte de nombre reservado en calidad de Presidente Nacional de ANOPRO, donde simplemente se dice que se le solicita “nos rinda explicaciones de las siguientes conductas”, otorgándosele un plazo de 24 horas, sin hacer referencia a la denuncia formal de la señora nombre reservado, documento de fojas 62.

d) El recurrente a través de un mail otorga las explicaciones que le fueron requeridas, documento de fojas 63, señalado que “se despide atento a sus comentarios”;

Sexto: Que en los Estatutos de ANOPRO, que en copia rolan a fojas 8, consta -artículo 5°- que “las citaciones para asambleas ordinarias y extraordinarias se harán por medio de carteles colocados con tres días de anticipación, a lo menos, en los lugares de trabajo y/o sede, con indicación del día, hora, materia a tratar y local de la reunión, como asimismo si la convocatoria es en primera u otra citación”. Por otro lado en el título X “De las sanciones”, el Estatuto en su artículo 45 dispone “La Asamblea, en reunión convocada especialmente, podrá aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a voto, por un máximo de hasta tres meses, dentro de un año, cuando la gravedad de la falta o de las reincidencias en ella así lo aconsejaran”. El artículo siguiente prevé: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hicieren necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse”.

Séptimo: Que los antecedentes acompañados a la causa demuestran que el recurrente no estuvo en condiciones de defenderse adecuadamente por cuanto el Director Nacional de ANOPRO no puso en su conocimiento la existencia de la denuncia presentada por la señora nombre reservado, no le fueron formulados cargos concretos acorde a las obligaciones impuestas en los Estatutos, en síntesis, no fue oído, pues no se verificó un procedimiento sancionatorio que respetara las reglas básicas de un debido proceso, como son la existencia de una imputación concreta y la posibilidad cierta de aportar prueba en defensa de sus derechos. Por otro lado, tampoco se acreditó que se diera cumplimiento a las exigencias formales en las citaciones a sesión de asamblea, ni que ella fuera convocada especialmente para resolver la situación disciplinaria del dirigente gremial.

Octavo: Que la norma contenida en el artículo 553 del Código Civil, establece que “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerla bajo las penas que los mismos estatutos dispongan”. En la especie, es un hecho cierto que contra el recurrente existió una denuncia presentada por una asociada, pero ello no basta para otorgar legalidad al procedimiento empleado. En efecto, la vía empleada por el Director Nacional -exenta de toda formalidad y claridad- se aparta de las reglas básicas de todo procedimiento sancionatorio. Así las cosas, la medida impuesta no es el resultado de un procedimiento apegado a la legalidad, en tanto se han incumplido normas Estatutarias y se ha desconocido el derecho a defensa del recurrente. La decisión si bien se adoptó en la Asamblea Extraordinaria ello es insuficiente para atribuirle legalidad al acto, en tanto se desconoce la forma de citación a las sesiones de la asamblea y la opinión de la Comisión Disciplinaria, organismo que al parecer habría estado por imponer la sanción más drástica de los Estatutos, de la cual ninguna noticia tuvo el recurrente. Así las cosas, el procedimiento empleado deviene en irregular, y la sanción carece de legalidad.

Noveno: Que, por otro lado, el conjunto de antecedentes allegados por el recurrido resultan insuficientes para tener por justificada la medida impuesta, desde que se desconoce el cargo imputado y, por ende, los hechos que se reprochan. Por tanto, la lógica conclusión lleva a sostener que la sanción impuesta, en los términos en que se procedió contra el recurrente, lo fue por una comisión especial y, por tanto, la decisión resulta arbitraria por carecer de fundamentos concretos que sustenten la medida disciplinaria aplicada. La autoridad llamada a conocer de las denuncias en el ámbito disciplinario de los asociados, debe evaluar los hechos con objetividad y está obligada a dar razón de sus dichos en relación a la conducta que estiman infraccional, nada de lo cual se cumplió. Por consiguiente, la sanción no fue impuesta en los términos que ordena la norma del artículo 45 del Estatuto. Y la decisión no satisface la exigencia legal, pues no expone de qué forma la supuesta conducta que se sanciona habría sido grave y, por ende, “destructiva de la unidad gremial y atentatoria contra el gremio, la asociada y la Directiva Nacional”.

Décimo: Que, finalmente, las facultades que pueden tener los órganos disciplinarios deben ejercerse con ponderación, razonabilidad y objetividad y en el presente caso no resulta razonable imponer a un dirigente gremial la expulsión de la Asociación, sin garantizar su derecho a defensa.

Undécimo: Que la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida afecta la garantía del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales del N° 3 inciso quinto del artículo 19 de mismo cuerpo normativo.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 32, por nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida disciplinaria impuesta por la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional de Profesionales de Gendarmería de Chile, ANOPRO.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora González Troncoso.

Rol Nº 18.291-2016.- Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado González Troncoso, e integrada por la Ministra señora Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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