nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago.

Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticinco Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de doña nombre reservado, ambas ya individualizadas en autos, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., representada por don nombre reservado, fundado en el rechazo de la Solicitud N° RUT reservado de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, presentada el día 24 de julio de 2025 y denegada por la recurrida mediante comunicación electrónica de 28 de julio de 2025, que expresa que la documentación acompañada “no cumple con los requisitos para esta solicitud”, refiriéndose especialmente al denominado “Certificado Institución de Seguridad Social”.

Expone la recurrente que es de nacionalidad venezolana, licenciada en Comercio Internacional, con residencia definitiva en Chile, y que en el marco de la relación laboral que ha mantenido en el país se le han practicado sistemáticamente descuentos previsionales, aun cuando en su contrato de trabajo figura la cláusula de exención prevista en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, manifestando su voluntad expresa de mantener afiliación previsional en el extranjero.

Sostiene que acompañó todos los antecedentes requeridos por la normativa vigente —contrato de trabajo, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano—, cumpliendo íntegramente los requisitos de la ley especial.

Argumenta que el acto recurrido carece de fundamentación suficiente, omitiendo precisar claramente las razones invocadas para rechazar la solicitud, limitándose a señalar que los documentos “no cumplen criterios de aceptación”.

Afirma que la constancia electrónica de afiliación previsional emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) constituye un documento válido, verificable a través del portal oficial de dicha institución y que permite constatar su afiliación y cobertura previsional en múltiples contingencias: maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, extremo que —dice— se ajusta a las exigencias de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156.

Sostiene que la AFP recurrida exige requisitos no contemplados por la ley, particularmente la apostilla o legalización consular del certificado de afiliación, sin que la Ley N° 18.156 establezca dicha exigencia, y que en el caso concreto se presenta, además, una imposibilidad material de cumplirla, toda vez que no existe representación consular venezolana en Chile que permita gestionar la apostilla o legalización correspondiente, configurándose un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Aduce que la recurrente ha acreditado de manera suficiente su calidad de extranjera técnica, la afiliación previsional extranjera y su voluntad contractual de mantenerla, de modo que la negativa de la AFP constituye un acto ilegal, al contravenir los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 11 de la Ley N° 19.880, y arbitrario, por basarse en una interpretación excesivamente formalista que desnaturaliza la finalidad de la Ley N° 18.156.

Alega que el acto recurrido vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, al exigir requisitos que no se imponen a otros técnicos extranjeros; 19 N° 24, por impedir el ejercicio del dominio sobre los fondos previsionales; y 19 N° 26, al imponerse condiciones no previstas que afectan la esencia del derecho.

En apoyo de su postura cita extensa jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, entre ellas los fallos roles 96.380-2021, 20.881-2024, 16-2025, 2.084-2024, 6043-2025, entre otros, que ordenan la devolución de fondos previsionales ante negativas fundadas en formalidades no exigidas por la Ley N° 18.156.

Solicita que se declare que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, se ordene tener por válidamente acreditada la documentación acompañada y disponer la devolución de los fondos previsionales, o al menos continuar la tramitación de la solicitud dentro de un plazo razonable, adoptándose todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condenación en costas, señalando que su actuación se ha ajustado estrictamente a las leyes previsionales, a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a los requisitos formales que rigen la presentación de documentos emitidos en el extranjero.

Afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues la decisión se fundamenta en la falta de acreditación válida de la afiliación previsional extranjera, requisito indispensable para la devolución de fondos conforme a la Ley N° 18.156.

Precisa que la recurrente inició el trámite el 24 de julio de 2025, acompañando contrato de trabajo, anexo, título profesional, apostilla del título, una constancia de cotizaciones y una declaración jurada; y que con fecha 28 de julio de 2025 se rechazó la solicitud, por cuanto el documento presentado como certificación de afiliación no cumplía con los criterios de validez exigidos por la normativa. Indica que dicha “constancia” no constituye certificación de afiliación previsional propiamente tal y carece de la legalización o apostilla requerida para producir efectos legales en Chile.

La AFP sostiene que el régimen general chileno se rige por el principio de territorialidad, de modo que los extranjeros que prestan servicios en Chile están sujetos a las leyes previsionales salvo que se encuentren en una de las dos excepciones: convenio bilateral de seguridad social o exención para técnicos extranjeros de la Ley N° 18.156.

Añade que esta última solo opera cuando se cumplen estrictamente las condiciones del artículo 1°: (a) calidad de técnico; (b) afiliación previa a un régimen de seguridad social extranjero con cobertura mínima; y (c) expresión contractual de la voluntad de mantener dicha afiliación.

Argumenta que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, de conformidad con el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Circular N° 553, y muy especialmente con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que exigen legalización o apostilla para que los instrumentos extranjeros tengan valor probatorio en Chile.

Cita además el Oficio Reservado N° 2966/2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalla la cadena de legalización aplicable, y el Oficio Ordinario N° 12.954/2025 de la Superintendencia de Pensiones, que señala expresamente que las constancias electrónicas venezolanas no apostilladas ni legalizadas no son medios idóneos para acreditar la cobertura previsional, por lo que no pueden ser aceptadas por las AFP.

Sostiene que la inexistencia de representación consular venezolana en Chile no habilita a la Administradora para prescindir de un requisito legal, ni le permite aceptar documentos no auténticos, pues carece de competencia para reemplazar o alterar las exigencias previstas en la ley y reglamentos. Enfatiza que incluso consultó a la Superintendencia sobre la posibilidad de aceptar verificaciones electrónicas en línea, y que tal propuesta fue rechazada por exceder la competencia del regulador.

Rebate los argumentos de la recurrente indicando que la exigencia de legalización no es caprichosa, sino un estándar mínimo razonable para asegurar la validez de los documentos y la integridad del sistema. Niega la existencia de vulneración del derecho de igualdad o de propiedad, indicando que la recurrente no ha sido privada de sus fondos, sino únicamente se ha impedido su devolución anticipada mientras no se acrediten los requisitos legales.

Cita jurisprudencia reciente de las Cortes de Valparaíso (Roles 1992-2025 y 1431-2025) y de San Miguel (1461-2025), así como el fallo de la Corte Suprema Rol 20177-2025, que sostienen que la constancia electrónica venezolana no cumple los requisitos legales y que las AFP actúan conforme al ordenamiento al exigir legalización o apostilla.

Concluye que la recurrente no ha acreditado ser titular de un derecho indubitado exigible por esta vía cautelar, que la acción pretende sustituir un procedimiento administrativo especial y que el recurso no cumple con ninguno de los requisitos del artículo 20 de la Constitución. Por ello solicita que se rechace el recurso, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP UNO S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento, aun cuando emanado de un organismo público, carece de firma de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas de manera integral (incluyendo médicas y pecuniarias para enfermedad) y tampoco se encuentra legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la constancia consular de febrero de 2024, si bien fue legalizada, la misma había perdido su vigencia temporal al momento de la solicitud de devolución.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no solo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980, y ratificadas por Oficio N° 12954-2025.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país. El argumento de fuerza mayor, si bien puede ser un antecedente, no exime a la AFP de cumplir con la normativa que exige la acreditación fehaciente de los requisitos para la devolución de fondos. La verificación en línea, por sí misma, no suple las exigencias de forma que el ordenamiento jurídico chileno impone a los documentos emitidos en el extranjero para que surtan plenos efectos probatorios.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 18288-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Soledad Krause Muñoz.