nombre reservado con SUBSECRETARIA DE INTERIOR

C.A. Santiago.

Santiago, veintidós de enero de dos mil veinticinco.

A los folios N° 32, 33, 34 y 35: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, actuando por don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eduardo Alejandro Cerna Lozano y de la Subsecretaría del Interior, por haber dispuesto el retiro temporal del recurrente mediante Oficio Reservado N°474 de 21 de junio de 2024 y Decreto Exento RA N° 280/1658/2024 de 10 de julio de 2024, respectivamente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se fundamenta en antecedentes e información obtenida al margen de los procedimientos establecidos, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°2 y N°3, por lo que solicita dejar sin efecto dichos actos administrativos y ordenar la inmediata reincorporación del recurrente.

Expone que el recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile en el año 2008, desempeñándose mayoritariamente en la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital. Señala que los hechos que motivaron su retiro temporal se relacionan con el supuesto hurto de un perfume de propiedad de un compañero de labores, don nombre reservado, ocurrido el 18 de abril de 2024, quien habría informado su extravío mediante una cuenta escrita.

Indica que, tras la revisión de cámaras de seguridad, se estableció que el recurrente habría sustraído el perfume, guardándolo en su mochila, para posteriormente devolverlo al escritorio del afectado. Sin embargo, alega que existía una relación de manifiesta amistad, cercanía y confianza con el señor nombre reservado, compartiendo una estación de trabajo conjunta, siendo habitual el uso compartido de estos elementos.

Argumenta que en el procedimiento se cometieron diversas irregularidades, entre ellas: la obtención ilegal del video de las cámaras de seguridad por parte del señor nombre reservado; la difusión indebida de dicho material; la intervención irregular de la madre del afectado, funcionaria de la PDI; la inobservancia del protocolo de primeras diligencias; y la falta de declaración del recurrente tanto en el procedimiento policial como en el sumario administrativo.

Así las cosas, sostiene que tanto el Oficio Reservado como el Decreto Exento carecen de fundamento legítimo, al basarse en información obtenida y procesada al margen de los procedimientos establecidos, constituyendo actuaciones arbitrarias e ilegales que vulneran el derecho a la igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias, y el debido proceso, al no respetar las garantías de un procedimiento racional y justo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto tanto el Oficio Reservado N°474 como el Decreto Exento RA N° 280/1658/2024, ordenando la inmediata reincorporación del recurrente con derecho a remuneración por el tiempo intermedio, y que las recurridas se abstengan de realizar nuevos actos u omisiones que perturben o priven las garantías constitucionales del recurrente.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la Subsecretaría del Interior, representada por el abogado Mario Pichara Musalem, solicita el rechazo del recurso, fundamentando su petición en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Expone que el retiro temporal del recurrente fue solicitado por el Director General de la Policía de Investigaciones mediante Oficio (R) N°474 de fecha 21 de junio de 2024, tras confirmarse, mediante revisión de cámaras de seguridad, que el Comisario nombre reservado sustrajo de manera disimulada un perfume de propiedad del Profesional nombre reservado desde su puesto de trabajo el 18 de abril de 2024, mientras este último se encontraba en comisión de servicio en Arica y Parinacota. Agrega que, posteriormente, al percatarse que el afectado consultaba por su perfume, el recurrente procedió a devolverlo, situación que fue descubierta por personal de aseo.

Señala que, producto de la gravedad de la conducta descrita, se instruyó sumario administrativo mediante Orden N° 331 de fecha 03 de mayo de 2024, decretándose la suspensión de funciones del recurrente. Asimismo, indica que el Director General de la PDI, considerando la inaceptable conducta del Oficial Policial, contraria a la doctrina institucional y al principio de probidad administrativa, solicitó su retiro temporal, el que se materializó mediante Decreto Exento RA N° 280/1658/2024 de 10 de julio de 2024.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que no existe vicio de ilegalidad en la tramitación del retiro temporal, por cuanto el artículo 90 letra b) del DFL N°1 de 1980 faculta al Presidente de la República, potestad hoy delegada en la Ministra del Interior y nombre reservado, para conceder o disponer el retiro temporal de Oficiales y personal de Apoyo Científico-Técnico.

Enfatiza que, según la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia judicial de la Corte Suprema, el retiro temporal no constituye una medida disciplinaria ni una sanción, sino el ejercicio de una facultad discrecional que no requiere esperar el resultado del sumario administrativo ni vulnera la presunción de inocencia.

Finalmente, argumenta que esta facultad responde a una potestad diversa a la disciplinaria, fundada en la atribución constitucional del Presidente de la República de ejercer la autoridad en todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público interior.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y decretar el rechazo del presente recurso de protección.

Tercero: Que, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, representado por el abogado Omar Alonso Castro Torres, al evacuar el informe solicitado, pidió el rechazo del recurso, planteando en primer término una alegación formal relativa a la falta de legitimación pasiva, fundada en que el acto impugnado corresponde al Decreto Exento RA N° 280/1658/2024 dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo este organismo quien dispuso el retiro temporal del recurrente, en ejercicio de la facultad discrecional del Presidente de la República.

En cuanto al fondo, expone que mediante Oficio (R) N° 474 de 21 de junio de 2024, el Director General de la PDI solicitó al Presidente de la República disponer el retiro temporal del recurrente, tras constatarse que este había sustraído un perfume de propiedad del Profesional nombre reservado desde su puesto de trabajo el 18 de abril de 2024, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la unidad. Agrega que, posteriormente, al percatarse que el afectado consultaba por el perfume, el recurrente procedió a devolverlo, siendo este hecho descubierto por personal de aseo.

Señala que, dada la gravedad de la conducta, se instruyó sumario administrativo mediante Orden N° 331 de 3 de mayo de 2024, decretándose la suspensión de funciones del recurrente. Asimismo, indica que el Director General se formó la convicción de que el oficial tuvo una conducta inaceptable, contraria a la doctrina institucional, que vulneró el principio de probidad administrativa y los principios del Código de Ética institucional.

Respecto a las alegaciones del recurrente, sostiene que las circunstancias relativas a la supuesta relación de confianza con el afectado constituyen cuestiones de fondo que deben ser conocidas en sede penal y administrativa. Agrega que el retiro temporal es independiente de la responsabilidad civil, penal y administrativa que pudiera afectarle al recurrente.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, argumenta que respecto a la igualdad ante la ley, el recurrente no ha acreditado un trato diferenciado respecto de otros funcionarios en situación idéntica. Sobre el debido proceso, indica que no se ha constituido ninguna comisión especial, sino que se ha aplicado una facultad legal contemplada en el artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980.

Fundamenta su posición citando jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que reconocen que el retiro temporal constituye una facultad discrecional del Presidente de la República, que no constituye una sanción disciplinaria ni una resolución expulsiva definitiva. Asimismo, cita dictámenes de la Contraloría General de la República que han precisado que esta facultad es privativa del Presidente de la República, quien puede ponderar libremente los antecedentes que fundan su decisión.

Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que consta que, el Director General de la Policía de Investigaciones envió el Oficio Reservado Nº 474 de 21 de junio de 2024, a la señora Ministra del Interior y nombre reservado, solicitando que se disponga el retiro temporal de la institución del Oficial Policial Profesional Comisario nombre reservado, por los motivos expresados en el párrafo 2° del fundamento tercero.

Sexto: Que, por Decreto Exento RA N° 280/1658/2024 de 10 de julio de 2024, se dispuso el retiro temporal explicitando los motivos de hechos y de derecho, que justificaron su decisión.

En efecto, en su considerando c) se establece: “Que, cabe agregar, que en razón de los hechos expuestos, los cuales fueron cometidos por el Comisario nombre reservado, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, en el desempeño de sus funciones y que afectaron al Profesional (A/C) nombre reservado, funcionario de menor jerarquía, quien se encontraba en cometido en otra región del país, realizando este último una denuncia por hurto en la Brigada de Investigación Criminal Santiago”.

Asimismo, cabe destacar que en el motivo contenido en la letra f) se dejó establecido: “f) Que, sobre la base de la naturaleza de los hechos conocidos, analizados y ponderados, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile se formó la convicción de que el referido Oficial Policial tuvo una conducta inaceptable y contraria a la doctrina institucional, vulnerándose con ello el principio de probidad administrativa contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 61 letra g) del Decreto con Fuerza de Ley N.° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y en el artículo 136 bis del Decreto con Fuerza de Ley N.° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, como así también, a los principios y las normas consagradas en el Código de Ética de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden General N.° 2.186 de 28 de mayo de 2008, inhabilitándolo para seguir perteneciendo a la institución, especialmente en lo relativo a la “Lealtad con la Misión Institucional”, “Honor y Responsabilidad Profesional” y “Principio de Honestidad”.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 90, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el retiro temporal de los Oficiales y personal de Apoyo Científico-Técnico procederá respecto de quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro; como ha ocurrido en la especie.

En efecto, se trata de una potestad otorgada al Presidente de la República que se ejerce a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública mediante la respectiva delegación de facultades; por lo que le corresponde valorar los antecedentes del caso concreto y su mérito, lo que es independiente de la responsabilidad disciplinaria y penal que pudieren acreditarse en los respectivos procesos pendientes.

Octavo: Que, de lo que se viene razonando, el llamado a retiro temporal constituye el ejercicio de una facultad privativa de la recurrida, fundada en la grave e inaceptable afectación del principio de la probidad administrativa, para lo cual se pueden ponderar libremente los antecedentes tenidos a la vista. Entre las razones contenidas en la resolución que se reclama, aparece que el recurrente se encuentra sometido a una investigación de carácter penal y a un sumario administrativo.

El retiro temporal no voluntario aplicado al Sr. nombre reservado, no constituye, entonces, la aplicación de una sanción disciplinaria, sino la manifestación de una facultad legal provisional, por lo que no es necesario el procedimiento sumario previo al ejercicio de tal atribución como podría ocurrir en otros casos, puesto que la decisión adoptada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, resulta independiente del proceso penal o del sumario, procesos que tienen su propia tramitación.

Noveno: Que, de lo que se viene razonando, es dable concluir que no se observa la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia, por cuanto el recurrido al emitir la resolución que dispone el retiro temporal, se ajustó a la legalidad vigente y dicha decisión tampoco obedece al mero capricho de la autoridad, pues satisface el estándar de fundamentación de la Ley N° 19.880.

Décimo: Que, en las circunstancias referidas, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, puede concluirse, que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan acoger la presente acción de cautela de derechos constitucionales, al no haberse constatado los supuestos exigidos para la procedencia del recurso cuales son, precisamente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, por lo que resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-18288-2024.