nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por estimar que dicha entidad ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar la solicitud de retiro de fondos previsionales efectuada por su representado, infringiendo con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 15 de julio de 2025, su representado presentó ante la recurrida solicitud de devolución de sus fondos previsionales, al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156, acompañando para ello certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente apostillado y con fecha de emisión 10 de abril de 2024, cuya vigencia —según señala— se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, mediante comunicación electrónica de fecha 18 de julio de 2025, AFP Provida rechazó la solicitud, argumentando que el certificado se encontraba vencido por superar los 120 días desde su emisión y que no se acreditó la vigencia de la afiliación a un régimen extranjero a la fecha de presentación, ni se acompañó cédula de identidad vigente ni constancia de trámite de visa o pasaporte vigente.

Aduce el recurrente que cumplió cabalmente los requisitos previstos en el artículo 1° de la referida ley, aportando una constancia electrónica verificable mediante código en línea, cuya autenticidad puede comprobarse en el sitio oficial del IVSS, y que la exigencia de requisitos adicionales no contemplados en el cuerpo normativo aplicable configura una actuación formalista, carente de sustento legal, que deviene en arbitraria. Agrega que otras administradoras de fondos de pensiones han admitido documentos análogos, por lo que estima vulnerado el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, al fundarse el rechazo en una interpretación restrictiva e inmotivada, sin considerar el contexto diplomático ni los medios electrónicos de verificación disponibles. Solicita, en definitiva, que se declare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, ordenando que se reconozca la validez del certificado acompañado, se disponga un nuevo pronunciamiento fundado conforme a derecho, y se ordene, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales del recurrente, con las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, argumentando en primer lugar que el recurso de protección no constituye la vía idónea para controvertir materias que requieren un debate de lato conocimiento y carácter contradictorio. En subsidio, sostiene que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de su representada, ya que el rechazo de la solicitud se fundó en la inobservancia de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156 y la normativa administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Explica que el certificado de afiliación presentado por el recurrente se encontraba vencido al momento de la solicitud y no cumplía con las exigencias de legalización o apostilla establecidas, careciendo, por tanto, de valor probatorio suficiente para acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero. Agrega que, conforme al artículo 1° de la citada ley, la acreditación de dicha afiliación debe realizarse mediante certificación oficial legalizada y que, además, el solicitante debe haber manifestado su voluntad de mantener tal afiliación en su contrato de trabajo. Refiere que la actuación de la recurrida se ajusta a derecho, observando la normativa vigente y las directrices impartidas por la autoridad competente, no siendo constitutiva de ilegalidad ni arbitrariedad la exigencia de requisitos formales establecidos por la ley. Cita, en respaldo de su posición, jurisprudencia de la Corte Suprema y de distintas Cortes de Apelaciones que han rechazado acciones de protección en casos similares, por no haberse acreditado los presupuestos legales exigidos para el retiro de fondos previsionales por parte de trabajadores extranjeros.

Tercero: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. PROVIDA, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” vigente y con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

Sexto: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Parada, quien fue partidario de acoger la acción de protección impetrada, debido a que en su concepto sí se dan los presupuestos exigidos en la norma para la entrega de los fondos previsionales del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18287-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.