nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de nombre reservado, venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al detener su solicitud de retiro de fondos previsionales, pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N°s 2, 24 y 26 del artículo 19.

Señala que el 18 de julio de 2025 presentó ante la recurrida una solicitud formal de retiro de fondos (N°1284731), acompañando la documentación exigida por la normativa, entre ellos contrato de trabajo, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros vigente y certificado del sistema de seguridad social debidamente apostillado que acredita su afiliación.

Añade que con fecha 05 de agosto de 2025, AFP Provida le comunicó la detención de su solicitud, fundado en que el certificado de afiliación extranjero no cumplía con las formalidades del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, al no ser un documento que señale de forma específica las coberturas requeridas ni encontrarse apostillado por la autoridad venezolana competente.

Alega que dicho fundamento constituye una mala interpretación de la norma, pues desconoce el contexto actual de imposibilidad material para obtener apostillas de documentos venezolanos, derivada de la falta de representación consular de Venezuela en Chile, situación que configura un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Agrega que, en tales circunstancias, la constancia de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es verificable en línea (http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/) y cumple con los requisitos sustantivos al otorgar cobertura para las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía.

Refiere que la recurrida realiza una interpretación restrictiva y formalista, en contravención del principio de juridicidad y de la Ley N°19.880, lo que priva injustificadamente a la recurrente del derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, y vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, además de afectar la esencia de sus derechos al imponer requisitos no previstos en la ley. Sostiene haber dado íntegro cumplimiento a los requisitos de los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, y cita diversa jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema que, a su juicio, avalan su posición.

Segundo: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por el abogado Daniel Santoni Garrido, y solicita que la acción sea rechazada en todas sus partes, con costas.

En primer término, alega que el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar y de urgencia, no constituye la vía idónea para resolver una controversia como la planteada, que requiere análisis técnico o contradictorio, dentro de un juicio de lato conocimiento, pues lo que se persigue es la revisión de la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales en materia de pensiones, excediendo el marco limitado del recurso. Además, sostiene que no existe un derecho indubitado, sino controvertido.

En segundo lugar, expone que el actuar de su representada ha sido estrictamente conforme a derecho y a la normativa vigente dictada por la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en arbitrariedad ni ilegalidad alguna. En cuanto al fondo del asunto, explica que rechazó la solicitud del recurrente en virtud de que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada se encontraba vencida y no cumplía con las formalidades de legalización o apostilla, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Indica que la administradora está legalmente obligada a verificar rigurosamente cada requisito formal y material antes de aprobar la devolución de fondos previsionales, debiendo ajustar su actuación a las directrices regulatorias, acompañando al efecto el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia, que en un caso análogo determinó que no procedía autorizar el retiro de fondos por incumplirse las condiciones establecidas en la normativa, y reitera la exigencia de apostilla conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Afirma que la recurrente no acreditó válidamente la afiliación extranjera con la debida formalidad, concluyendo que no se configuraron los presupuestos necesarios para autorizar el retiro solicitado, limitándose su parte a aplicar la ley, sin exceder sus competencias ni interpretar discrecionalmente la norma. Cita abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que respaldan su proceder.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N°18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales y de fiscalización, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, exige que la certificación de cobertura previsional sea específica respecto a las coberturas y se encuentre debidamente legalizada o apostillada, según corresponda, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, reiterando que las certificaciones electrónicas que no cumplan con esta formalidad no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por la recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que el documento consistente en el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque verificable en línea, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los oficios e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular o apostilla de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que, si bien la situación descrita por la recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N°18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Sexto: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección para dirimir un asunto como el planteado, considera la Corte que esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como lo es la Superintendencia de Pensiones, facultada expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980.

La recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud de la recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-18285-2025.