Protección contra Fundación Arturo López Pérez

C.A. de Santiago Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Fundación Arturo López Pérez (“FALP” o la “recurrida”), representada por don nombre reservado, fundado en que la recurrida habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en denegar, mediante la Carta COF N°NUM000, de 17 de julio de 2026, la cobertura del Convenio de Protección Oncológica de que es beneficiario y en poner término anticipado a dicho convenio, invocando una preexistencia oncológica que, a su juicio, no concurre respecto de los carcinomas de labio y de pierna diagnosticados en el año 2026, los que corresponden a neoplasias primarias, nuevas e independientes del carcinoma de antebrazo extirpado con anterioridad a la suscripción del convenio.

Sostiene que dicho actuar priva, perturba y amenaza las garantías aseguradas en los números 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja el recurso, se deje sin efecto la referida carta, se ordene mantener la plena vigencia del convenio y se le otorgue íntegra y oportuna cobertura al siniestro reclamado.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña Beatriz Andrea Huerta Cáceres, abogada, en representación de la Fundación Arturo López Pérez, solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas. Funda su petición, en primer término, en que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, por tratarse de una controversia de naturaleza contractual, relativa a la existencia, interpretación y aplicación de las cláusulas del Contrato de Protección Oncológica Folio N°NUM001 y del Documento de Ingreso a Convenio Oncológico FALP Folio N°NUM002, ambos de 20 de mayo de 2025, suscritos por la afiliada titular doña nombre reservado, particularmente en lo relativo a la calificación de preexistencia y a la veracidad de la declaración de salud, cuestiones que exigen un debate de lato conocimiento ajeno a la naturaleza cautelar y sumaria de esta acción constitucional. En subsidio, alega que su parte no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, por cuanto se limitó a aplicar las cláusulas Cuarta y Décimo Sexta N°16.3 del referido contrato, que facultan a FALP para poner término anticipado al convenio y excluir de cobertura las enfermedades oncológicas cuando se hubiere omitido informar antecedentes reveladores de una predisposición o preexistencia, atendido que el recurrente registraría un diagnóstico de carcinoma epidermoide infiltrante de antebrazo derecho, de fecha 26 de febrero de 2025, no manifestado en la Declaración de Salud suscrita el 20 de mayo de 2025.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que lo debatido en estos autos tiene un origen y una naturaleza esencialmente contractual, en cuanto se relaciona directa y exclusivamente con la existencia, interpretación y aplicación de las estipulaciones del Contrato de Protección Oncológica Folio N°NUM001 y del Documento de Ingreso a Convenio Oncológico FALP (DICOF) Folio N°NUM002, particularmente en lo referido a las definiciones de preexistencia, predisposición y presunción (cláusulas 2.13, 2.14 y 2.15), a la Declaración de Salud (cláusula cuarta) y a las causales de terminación anticipada del convenio (cláusula decimosexta, N°16.3). No existe, entonces, un derecho indubitado que proteger.

QUINTO: Que, en efecto, la sola circunstancia de que las partes discrepen acerca de si el antecedente médico de febrero de 2025 —relativo a un carcinoma epidermoide de antebrazo, ya extirpado— guarda o no relación con las neoplasias diagnosticadas en el año 2026, y de si dicho antecedente debió o no ser declarado por la afiliada al suscribir el convenio, pone de manifiesto que se está en presencia de una controversia de relevancia jurídica cuya dilucidación exige un examen y ponderación de antecedentes médicos, documentales y contractuales que excede el ámbito breve, sumario y de urgencia que es propio de la acción de protección, la que, conforme lo tiene reiteradamente resuelto esta Corte y la Corte Suprema, no constituye la vía idónea para dirimir conflictos de naturaleza contractual ni para declarar derechos controvertidos, materias que deben ventilarse en el procedimiento de lato conocimiento que corresponda.

SEXTO: Que, en consecuencia, si se entiende que el Convenio de Protección Oncológica constituye un contrato que opera bajo la técnica de un fondo solidario y que reproduce en lo pertinente las instituciones propias del contrato de seguro —declaración de salud, preexistencia, predisposición, exclusiones y causales de terminación —, reguladas en el Libro II, Título VIII, del Código de Comercio, es la propia legislación especial la que determina la sede y el procedimiento por el cual deben resolverse las controversias que se susciten entre el beneficiario y la entidad que administra el convenio, conforme lo dispone el artículo 543 del Código de Comercio. En todo caso, sea cual fuere la naturaleza jurídica del aludido convenio, es en el juicio de lato conocimiento que corresponda, y no en la presente acción cautelar de urgencia, en el que corresponde ventilar, con la amplitud de debate y de prueba que resulta necesaria, la controversia relativa a la preexistencia invocada por la recurrida y a la procedencia de la cobertura reclamada por el recurrente, tal como lo señala el propio convenio que rige la relación de las partes en su cláusula vigésima: “Domicilio y resolución de controversias. Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en Santiago y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de acuerdo a la legislación vigente”.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, no encontrándose acreditado en la especie el presupuesto de que se trate de una acción u omisión ilegal o arbitraria que afecte el legítimo ejercicio de un derecho indubitado —por tratarse, como se ha razonado, de un asunto de naturaleza contractual que debe ser resuelto en la sede y de la forma que las partes han convenido y que la ley establece—, el recurso de protección deducido no podrá prosperar y será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, por estimarse que el recurrente tuvo motivo plausible para litigar, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Fundación Arturo López Pérez.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y archívense estos autos en su oportunidad.

N° 18.282-2026 (Protección).