Protección contra Municipalidad de Cerro Navia

C.A. de Santiago Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 15: téngase presente.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que, comparece Natalia Fernández Oyarce, abogada, en representación de nombre reservado, Auxiliar de Servicios, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Cerro Navia, por haber dictado el Decreto Alcaldicio número 3205 de fecha 25 de julio de 2025, mediante el cual se declaró la vacancia del cargo titular del recurrente por salud incompatible. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que comenzó a prestar servicios para la demandada el día 1° de marzo de 2021, como Auxiliar de Servicios, con una jornada de 44 horas semanales y que mediante el Decreto Alcaldicio N°3205 de fecha 25 de julio de 2025 (notificada el 30 de julio de 2025), el Alcalde de la comuna don nombre reservado, declaró la vacancia de su cargo titular por salud incompatible.

En cuanto a la ilegalidad del acto impugnado, señala que está desprovisto de toda fundamentación o motivación y que además ha sido dictado sin un previo procedimiento administrativo que le permitiera defenderse del acto expropiatorio y/o sancionatorio, infringiendo así el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880.

En cuanto a la vulneración de garantías fundamentales, alega que se han infringido los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Sostiene que el acto impugnado carece de razonabilidad, puesto que se le removió de su cargo sin respetar las garantías constitucionales, causándole un grave perjuicio patrimonial al ser privado de su fuente de trabajo. Además, se le aplicó una medida expulsiva sin procedimiento administrativo previo que satisfaga los estándares mínimos requeridos, sin la debida fundamentación, presumiendo su responsabilidad de pleno derecho e impidiéndole ejercer su derecho a defensa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare nulo el acto impugnado contenido en el Decreto Alcaldicio número 3205 de fecha 25 de julio de 2025; se deje sin efecto la declaración de vacancia del cargo por salud incompatible de don nombre reservado; se ordene la mantención de su calidad de funcionario de la institución recurrida, procediéndose a su reincorporación inmediata; se ordene el pago de sus remuneraciones desde la fecha de separación del funcionario hasta su total reincorporación; y se condene expresamente en costas a la parte recurrida.

SEGUNDO: Que informa la Municipalidad de Cerro Navia, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En primer término, relata que el recurrente ingresó a prestar servicios a la extinta Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia mediante contrato a plazo fijo bajo la Ley N° 19.378, desde el 1 de julio de 2016, desempeñándose inicialmente como chofer en el Cesfam Dr. Arturo Albertz.

Posteriormente, con fecha 12 de enero de 2022, suscribió un contrato indefinido bajo el mismo régimen estatutario, sancionado por el Decreto Alcaldicio N°189/2022, para continuar ejerciendo funciones de chofer en el mismo establecimiento, sin solución de continuidad.

En cuanto al contexto institucional, expone que hasta el 30 de junio del año 2023, la extinta Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia administraba la atención primaria de salud de la comuna. A partir del 1º de julio de 2023, la Municipalidad de Cerro Navia recuperó la administración directa de la atención primaria de salud.

Consecuentemente, mediante Decreto Alcaldicio N° 2151 de fecha 03 de julio de 2023, se decretó el traspaso de la totalidad de los funcionarios y funcionarias contratados por la Corporación bajo las normas de la Ley Nº19.378, siendo este decreto posteriormente rectificado por el Decreto Alcaldicio N° 2228 de fecha 06 de julio de 2023.

En ese contexto el 10 de junio de 2024, mediante el Decreto Alcaldicio N°03030/2024, se resolvió la destinación del recurrente al Departamento de Recursos Físicos, Mantención e Infraestructura de la Dirección de Servicios Traspasados. Esta decisión, según explica, obedeció a la ausencia de vehículos municipales para el desarrollo de la función de chofer en el Centro de Salud Familiar Dr. Arturo Albertz. Atendida la naturaleza de su contratación en la categoría F del Estatuto de Atención Primaria, le fueron asignadas las funciones de Maestro de Mantención.

No obstante lo anterior, destaca que con fecha 27 de mayo de 2025, el propio recurrente solicitó formalmente el cambio de funciones, señalando motivos de salud que le impedían continuar desempeñándose como maestro de mantención, según consta en correo electrónico dirigido a su jefatura. En respuesta a dicha solicitud, mediante Decreto Alcaldicio N° 2883/2025, de fecha 2 de julio de 2025, rectificado posteriormente por el Decreto N°2915/2025, se dispuso la destinación del funcionario como Auxiliar de Aseo, categoría F, en el Centro de Salud Familiar Cerro Navia.

En lo concerniente al procedimiento que condujo a la declaración de vacancia del cargo, la recurrida explica que, como administradora de los servicios de salud para la comuna de Cerro Navia, se encuentra en la obligación de otorgar dicho servicio de forma continua y permanente, de acuerdo a lo mandatado por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y lo dispuesto por la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República, para lo cual se requiere contar permanentemente con personal idóneo para el cargo a desempeñar, siendo necesario que su salud sea compatible con la función pública.

En este orden de ideas, refiere que el Departamento de Gestión de Personas de la Dirección de Servicios Traspasados realizó regularmente la revisión de los antecedentes de la dotación de la Red de Atención Primaria de Salud, constatando que a la fecha en que se remitió solicitud de pronunciamiento a la COMPIN, es decir, en marzo de 2025, existía un total de 25 funcionarios que habían hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años. Precisa que para dicho cálculo solo se consideraron las licencias médicas por enfermedad común, tal como lo indica la normativa vigente del ramo.

Arguye que la prolongada ausencia de los funcionarios indicados, dentro de los cuales se encuentra el recurrente, generó un impacto significativo en la continuidad del servicio público de salud prestado por la Red de Atención Primaria Comunal, puesto que no se cuenta con la dotación completa de funcionarios en los cargos respectivos. Durante todo este período, la municipalidad ha debido solventar la totalidad de remuneraciones íntegras desde las arcas municipales, en circunstancias que en cada uno de estos casos se estaría cumpliendo cabalmente con los requisitos dispuestos en el artículo N°148 de la Ley N°18.883 en concordancia con lo establecido en el artículo 48 letra g) de la Ley N°19.378.

Consecuentemente, con fecha 25 de julio del presente año, se dictó el Decreto Alcaldicio Nº3205/2025, mediante el cual se declaró la vacancia del cargo de don nombre reservado, notificada personalmente al recurrente con fecha 28 de julio de 2025. Destaca que don nombre reservado prestó servicios al municipio en calidad de indefinido, categoría F, desde el día 12 de enero de 2022 hasta el 28 de julio de 2025, y que en los últimos 2 años hizo uso de licencia médica por un total de 220 días por enfermedad común, cumpliendo a la fecha de dictación del Decreto Alcaldicio Nº3205/2025 un total de 220 días de licencia médica.

La entidad edilicia refiere que, previo a la dictación del acto administrativo cuestionado, remitió los antecedentes a la COMPIN mediante Oficio Nº 00589/2025, de fecha 05 de marzo de 2025, organismo que emitió la resolución Nº19045835, de fecha 26 de junio de 2025, concluyendo que el funcionario presenta un estado de salud recuperable. Adicionalmente, señala que recientemente la Asociación Chilena de Seguridad, mediante resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley N°16.744, de fecha 27 de agosto de 2025, resolvió que la enfermedad de don nombre reservado corresponde a una enfermedad común.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de la declaración de vacancia, la recurrida invoca el artículo 4 de la Ley N° 19.378, que establece la aplicación supletoria de las normas de la Ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales. Cita el artículo 144 letra c) de la Ley N° 18.883, que establece como causal de cesación en el cargo la declaración de vacancia, en concordancia con el artículo 147 letra a) del mismo cuerpo legal, que contempla como causal de vacancia la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

Asimismo, invoca el artículo 148 del referido estatuto, que define como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, excluyendo del cómputo las licencias otorgadas por las causales del artículo 114° de dicho Estatuto y el Título II del Código del Trabajo. Complementariamente, cita el artículo 48 letra g) de la Ley N° 19.378, que establece como causal de cesación en la dotación municipal de salud la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley 18.883.

Enfatiza que en estos autos no se ha demostrado la existencia de arbitrariedad o ilegalidad alguna, rebatiendo la alegación del recurrente respecto a que se habría dictado el acto impugnado sin previo procedimiento administrativo que le permitiera defenderse, y que se habrían transgredido los principios del procedimiento, contradictoriedad e imparcialidad reconocidos en la Ley N°19.880.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio, notificado válidamente, se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable del Sr. nombre reservado y en el hecho de haber hecho uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses, de conformidad a la normativa vigente que regula dicho procedimiento.

Destaca que, si bien la normativa no exige como requisito la justificación de la incompatibilidad del estado de salud del funcionario con las funciones del cargo por parte del Alcalde para sancionar la vacancia, en el Decreto Alcaldicio N°3205/2025, además de constatar los presupuestos legales establecidos en el artículo 148 de la Ley N°18.883, se explicaron suficientemente las razones por las que el estado de salud de don nombre reservado es incompatible con las funciones asignadas en la categoría F de la carrera funcionaria, ajustándose a derecho la decisión adoptada, en cumplimiento de la exigencia prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, citando específicamente la sentencia Rol Nº 15.478-2025, de fecha 23 de junio de 2025.

Respecto a las alegaciones del debido proceso, precisa que la normativa aplicable no contempla la sustanciación de un procedimiento contradictorio previo para la configuración de la causal de salud incompatible. Argumenta que el artículo 148 de la Ley N° 18.883 establece una hipótesis de carácter objetivo, cual es el uso de licencia médica por más de seis meses en un período de dos años, siempre que la COMPIN determine la recuperabilidad de la salud del funcionario. Sostiene que, a diferencia del procedimiento de invalidación regulado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, donde la audiencia previa es exigible respecto de actos que gozan de presunción de legalidad, en este caso la ley entrega a la autoridad edilicia una potestad reglada y directa frente al cumplimiento de la causal, no siendo jurídicamente procedente exigir un trámite adicional. Con todo, señala que la garantía de defensa del recurrente no se ve menoscabada, ya que el procedimiento administrativo contempla los recursos administrativos que la ley dispone.

Finalmente, en cuanto a la inexistencia de derechos constitucionales infringidos, la recurrida sostiene que el recurrente alega vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº2, Nº3 y Nº24 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, argumenta que en caso alguno existe vulneración de dichas garantías, toda vez que la municipalidad ejerció una facultad que el mismo ordenamiento jurídico le otorga, actuando conforme a derecho y cumpliendo con su mandato legal de velar por la necesidad del servicio y satisfacer las necesidades de la red de Atención Primaria de Salud Municipal de la comuna de Cerro Navia. Sostiene que la causal de cesación objeto del presente recurso fue aplicada dándose estricto cumplimiento a los supuestos de los artículos 147 y 148 del Estatuto Municipal, normas que se encuentran conformes con la Carta Fundamental.

En virtud de todo lo expuesto, solicita el rechazo de la acción constitucional impetrada en autos, con costas, por carecer de manifiesta falta de fundamento y por no existir omisiones ilegales y/o arbitrarias que amenacen los derechos constitucionales del recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que el acto que por esta vía se impugna corresponde el Decreto Alcaldicio número 3205 de fecha 25 de julio de 2025, mediante el cual se declaró la vacancia del cargo titular del recurrente por salud incompatible, por haber constatado que había hecho uso de un total de 220 días de licencia médica en un lapso de dos años, con un estado de salud recuperable, declarando vacante su cargo, correspondiente a uno a plazo indefinido categoría f, nivel 11, lo que fue notificado personalmente, con fecha 30 de julio de 2025.

Por su parte, el artículo 48, letra g) de la Ley N°19.378 dispone que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales:

Letra g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”.

Por su parte, el citado artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal, prevé que “El Alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo El Alcalde para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Este inciso fue agregado por la Ley N°21.050 de 7 de diciembre de 2017.

El artículo 149 del mismo texto legal regula la situación de haberse declarado irrecuperable la salud del funcionario, disponiendo su retiro de la Municipalidad dentro del plazo señalado y regula sus efectos.

SEXTO: Que en los motivos del acto administrativo se consigna que la recurrente hizo uso de licencia médica por enfermedad común, en lapsos continuos o descontinuos, por un total equivalente a 537 días en los últimos dos años contados desde el 13 de diciembre del 2021 hasta el 13 de diciembre del 2023 y por ello, se satisfacen los presupuestos objetivos del artículo 148 de la Ley N°18.883, para declarar vacante el cargo por salud incompatible, hipótesis diferente a la vacancia por salud irrecuperable, la que únicamente debe fundarse en antecedentes médicos que así lo establezcan, debidamente evaluado por las entidades técnicas llamadas por ley a pronunciase sobre la materia.

De los antecedentes de la causa, consta que el recurrente efectivamente registra las licencias médicas que motivan el acto cuestionado y también se acompañó a la causa el informe de salud emitido por la COMPIN, Resolución de 26 de junio 2025, que evaluando la situación del recurrente, concluyó que su salud es recuperable A su turno el actor no desconoce el número de días de incapacidad laboral computado por el municipio, de descanso por enfermedad común, ni aduce estar en alguna situación de excepción.

SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, no se observa ilegalidad en el actuar del recurrido, por cuanto se trata del ejercicio de una facultad que el artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal autoriza expresamente tratándose de funcionarios regidos por dicha normativa y, en el caso de autos, la decisión se adoptó sobre la base de hechos objetivos y una vez cumplidos los requisitos que el artículo citado exige para tal declaración.

A lo anterior se agrega que la declaración de vacancia por salud incompatible difiere de la declaración de salud irrecuperable, por cuanto esta última sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada dicha declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo -que es la situación que afecta a la recurrente- no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso legal. afectando el Servicio y el fin público de la labor que el Estado debe dar a la comunidad. Así lo ha resuelto en un asunto similar la Corte Suprema en la causa Rol N° 819-2024, emitida con fecha 25 de enero de 2024.

OCTAVO: Que, por otro lado, la Resolución que se impugnan tampoco adolece de arbitrariedad, por cuanto el acto administrativo terminal aparece provisto de motivos suficientes, entendiendo éstos como los hechos objetivos correspondientes a los días de ausencia por uso de licencias médicas por enfermedad común, sin que tales antecedentes hayan sido desvirtuados en la presente causa.

NOVENO: Que, en estas condiciones, queda de manifiesto que la Resolución cuestionada, se ajusta a la legalidad vigente, en cuanto no se ha infringido norma legal alguna y tampoco corresponde al mero capricho de quien lo emite.

Por consiguiente, al no haber demostrado la parte recurrente estar en alguna de las condiciones de excepción prevista en la legislación, o que fue desvinculada por un motivo diverso al que se consigna en el respectivo acto, se concluye que el actuar de la recurrida se ajusta a derecho, pues su condición de salud resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un plazo de dos años, lo que amerita a la autoridad ejercer la facultad de su exclusiva competencia que le atribuye la ley, cumpliéndose como se ha dicho, los demás presupuestos legales.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18281-2025