nombre reservado con SERVICIO AGRIOLA Y GANADERO

Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Felipe Andrés Salazar Latorre, abogado, en representación de doña nombre reservado, médico veterinaria, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, por haber dictado la Resolución TRA N° 110664/2/2025 de 22 de julio de 2025, notificada el 7 de agosto de 2025, que declaró la vacancia de su cargo por supuesta salud incompatible con el desempeño de sus funciones. Actuación que considera ilegal y arbitraria, en contravención a lo dispuesto en la Ley N° 18.834, la Ley N° 21.050 y la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema, vulnerando con ello los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3 inciso cuarto, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, relativos a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, por lo que solicita que se acoja el presente recurso ordenando reincorporación inmediata al servicio en cargo de igual grado, remuneraciones y funciones en condiciones que resguarden su salud mental; pago de todas las remuneraciones y beneficios que dejó de percibir debidamente reajustados con intereses y recargos legales; y condena en costas al recurrido.

Expone la recurrente que es Médico Veterinaria, con vínculo laboral vigente a contrata con el Servicio Agrícola y Ganadero, donde se desempeñaba como Inspectora Oficial. Refiere que desde hace un tiempo, fue víctima de acoso, hostigamiento y maltrato laboral por parte de compañeras y con omisión de intervención de sus jefaturas, lo que derivó en un cuadro de trastorno mixto ansioso-depresivo, constatado por diversos profesionales de la salud mental.

Señala que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emitió resolución, firme y vigente, señalando expresamente que su salud es recuperable para efectos estatutarios, sin haber declarado en ningún momento la incompatibilidad con el cargo. Añade que tras su mejoría constatada se reincorporó a sus funciones en marzo de 2024, desempeñándose normalmente hasta julio de 2025 sin objeciones médicas ni administrativas, demostrando inexistencia de incompatibilidad actual entre su salud y las funciones del cargo al dictarse la resolución impugnada.

Sin embargo, indica que el Servicio Agrícola y Ganadero, invocando el artículo 151 del Estatuto Administrativo, dictó la Resolución N° 110664/2/2025, que declaró la vacancia de su cargo por “salud incompatible”, fundando dicha decisión en el uso prolongado de licencias médicas -más de seis meses continua o discontinua en un periodo de dos años- y una genérica referencia a que su ausencia afectaba la continuidad de la atención interna y al público.

Sostiene que la autoridad administrativa no recabó evaluación de la COMPIN sobre la compatibilidad de la salud con el cargo, requisito indispensable según la Ley N° 21.050, contradijo el pronunciamiento vinculante de dicha institución que declaró la salud recuperable, no otorgó instancia para que ejerciera derecho a defensa previo al acto, y motivó la resolución con antecedentes vagos e imprecisos, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

En cuanto a los fundamentos de su recurso, argumenta que el artículo 63 de Ley N° 21.050 reformó el artículo 151 del Estatuto Administrativo, estableciendo que el Jefe Superior del Servicio sólo podrá declarar salud incompatible cuando exista evaluación previa de COMPIN determinando irrecuperabilidad de salud que impida desempeñar el cargo. Aduce que dicho pronunciamiento técnico constituye requisito habilitante y vinculante limitando la discrecionalidad administrativa.

Precisa que la resolución impugnada reconoce que COMPIN declaró salud recuperable, pero contradictoriamente utiliza este antecedente para justificar la causal de salud incompatible, apartándose de la ley y jurisprudencia uniforme.

Afirma que se vulneran derechos constitucionales consagrados en artículo 19 numerales 1, 2 y 24. El derecho a igualdad ante la ley resulta afectado al ejercerse facultad discrecional sin fundamentación adecuada tornándose arbitraria, existiendo trato diferenciado respecto de otros funcionarios en igual situación no objeto de idéntica medida. El derecho a integridad psíquica y física se ve gravemente afectado considerando diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo derivado de hostigamiento laboral, pudiendo la desvinculación ilegal agravar su cuadro clínico. El derecho de propiedad resulta vulnerado pues el cese implica privación del derecho sobre el cargo, afectando estabilidad en el empleo al fundarse en causal jurídicamente improcedente dado que COMPIN determinó salud recuperable.

Segundo: Que, el Servicio Agrícola y Ganadero evacuó el informe solicitado señalando que no ha ejecutado actuación ni ha incurrido en omisión alguna que pueda ser considerada arbitraria o ilegal en contra de la recurrente, atendido que el acto impugnado, esto es, la Resolución Afecta N° 110664/2/2025 emanada de la Dirección Regional Metropolitana del SAG, se encuentra plenamente ajustada a derecho y responde al ejercicio legítimo de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico.

En cuanto al contexto que sirvió de base para la dictación de la resolución recurrida, indica que el 14 de marzo de 2024 el Director Nacional dictó la Circular N° 192/2024, estableciendo el procedimiento para declarar vacancia de un cargo por salud incompatible o irrecuperable; por lo que en cumplimiento de dicha circular, el Director Regional mediante hoja de envío N° 11870/2024 de fecha 23 de abril de 2024 instruyó el análisis de casos de licencias médicas que en dos años sumen más de 180 días de reposo laboral. En ese sentido, refiere que el Encargado Regional informó mediante hoja de envío N° 13006/2024 que la recurrente presentaba 271 días de licencias autorizadas en el periodo; razón por la cual con fecha 24 de mayo de 2024, mediante Ordinario N° 832/2024, se solicita a COMPIN la revisión de los casos para determinar irrecuperabilidad de salud; requerimiento que fue respondido el 31 de marzo de 2025 mediante la Resolución de Evaluación Folio N° 18667388, indicando que la recurrente presenta condición de salud recuperable para los fines estatutarios correspondientes.

Refiere que con fecha 11 de julio de 2025 se emitió la Resolución TRA N° 110664/2/2025 que declaró vacante el cargo por salud incompatible, siendo tomada de razón el 22 de julio de 2025 por la Contraloría General de la República. Aduce que ausencia de la recurrente afecta el funcionamiento del servicio, generando dificultades en la coordinación de turnos, sobrecarga laboral, redestinación de unidades sectoriales, afectación de procesos presupuestarios y postergación de verificaciones técnicas y administrativas en el equipo de inspección oficial.

Respecto de la existencia de motivación en la resolución impugnada, sostiene que el artículo 151 del Estatuto Administrativo en su primer inciso preceptúa que el Jefe superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; por otro lado, el inciso tercero, introducido por el artículo 63 de la Ley N° 21.050, dispone que para ejercer esta facultad deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud. Igualmente menciona dictamen N° 17.351 de 2018 de la Contraloría que expresó que si la COMPIN estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, mientras que si informa que la salud es irrecuperable, procederá el cese en funciones por tal causal.

Argumenta que habiendo considerado que la recurrente hizo uso de licencias médicas de más de seis meses en los últimos dos años y que el término "podrá" indica facultad exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia, se concluye que se cumplieron ambos presupuestos: uso de licencias tipo 1 más allá del lapso legal, y salud declarada recuperable por la COMPIN. Habiendo determinado la COMPIN que la salud es recuperable, aduce que el Servicio se encuentra facultado para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, lo que se materializó mediante la resolución tomada de razón por Contraloría.

Adicionalmente, señala que la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de febrero de 2025 confirmó sentencia que rechazó recurso de protección en causa Rol N° 1524-2025 en situación idéntica, donde estableció que los jefes de servicio tienen facultad legal de declarar vacancia por salud incompatible; que la incompatibilidad se traduce en que la condición médica puede resultar incompatible con el desempeño de la función pública; que los actos se encuentran correctamente motivados; y que no se divisa arbitrariedad debiendo resolverse bajo el prisma del principio de servicialidad. Destaca que los dictámenes N° E188441 de 2022 y N° 17.351 de 2018 de Contraloría contemplan que las modificaciones de la Ley N° 21.050 no derogaron la causal de vacancia por salud incompatible.

En cuanto a las conclusiones sobre la declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo, argumenta que la declaración por salud irrecuperable solo puede fundamentarse en antecedente médico específico permitiendo pago de remuneraciones durante seis meses; en cambio, la declaración por salud incompatible no otorga esos beneficios pues se dispone cuando la autoridad técnica establece que la salud es recuperable. La incompatibilidad se traduce en que, salvo excepciones legales, la condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función específica. En el caso específico, precisa que la recurrente acumuló 231 días de licencia médica tipo 1 desde el 14 de julio de 2023.

Respecto de la motivación del acto administrativo, señala que la resolución establece en sus considerandos que la COMPIN determinó estado de salud recuperable; que la incompatibilidad se traduce en que el estado de salud no permitió ejercer el cargo por más de seis meses; y que se presenta incompatibilidad sustentándose en que el SAG mantiene Equipos de Inspección Oficial en establecimientos de faenamiento siendo responsable de asegurar cumplimiento de normas técnicas del Ministerio de Salud. Indica que el Médico Veterinario Inspector Oficial tiene responsabilidad exclusiva de realizar inspecciones ante-mortem y post-mortem según el Código Sanitario, por lo que ausencia de la funcionaria afecta el funcionamiento del Servicio generando dificultades en coordinación de turnos, sobrecarga laboral derivando en aumento de enfermedades laborales, redestinación de unidades generando desajustes, afectación de procesos presupuestarios, y postergación de verificaciones técnicas comprometiendo fiscalización.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes con expresa condena en costas, toda vez que no han existido afectaciones a garantías constitucionales ni actuaciones arbitrarias o ilegales, advirtiéndose únicamente uso razonable de facultad legal ajustándose a derecho la decisión del Director Regional del SAG.

Tercero: Que conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, para resolver, se debe tener presente que dentro de la Administración del Estado, los jefes de servicios tienen la facultad legal de declarar la vacancia por “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, según disponen los artículos 150, letra a) del DFL N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Tratándose de la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, el inciso primero artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

En tanto, su inciso tercero, agregado por el artículo 63 de la Ley N° 21.050, añade: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

A su turno, el artículo 152 establece, para el caso de que la salud del funcionario sea declarada irrecuperable, una regla especial de retiro y otra de pago de remuneraciones: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador”.

Quinto: Que, en consecuencia, la normativa transcrita distingue entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable y lo incompatible.

En efecto, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Sexto: Que, asentado lo anterior, solo cabe concluir que el Servicio recurrido no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, toda vez que el acto impugnado se fundamenta en que la actora hizo uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses, incurriendo en la causal objetiva que permite establecer que la salud de aquella es incompatible con el cargo, sin que tenga relevancia que, requerida la declaración previa a la COMPIN, se haya concluido que esta es recuperable, puesto que esta es solo una exigencia que habilita a la jefatura superior del servicio para adoptar la decisión administrativa correspondiente, en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, descartada la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, el arbitrio en estudio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero.

Redactado por la Ministra señora Sandra Araya Naranjo.

Regístrese y comuníquese.

Rol Protección 18.278-2025 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y la abogada integrante señora Magaly Correa Farías.