nombre reservado con JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO

Santiago, trece de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

1°.- Que comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Juzgado de Cobranza Laboral y nombre reservado, por haber incurrido este en un acto ilegal y arbitrario al impedir la ejecución del fallo dictado en su favor con fecha 12 de mayo de 2017 y hacer efectiva la liquidación del crédito de fecha 04 de septiembre de 2019, lo que vulnera sus garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita que se acoja la acción deducida, ordenando embargar los bienes de la Organización para las Migraciones por la suma de $60.594.076, con costas.

Fundando su recurso indica que el 11 de noviembre de 2019 la juez Gloria Marcela Cárdenas Quintero, del Juzgado de Cobranza Laboral y nombre reservado, dictó en la causa C-2293-2017, una resolución referente a la solicitud de embargo contra la Organización Internacional de Migraciones que dispuso “estése al mérito de lo resuelto con fecha 13 de marzo de 2019”, última resolución que a su vez no da a lugar a la solicitud de embargo de la ejecutada, haciendo imposible el cobro de su deuda.

Para contextualizar su acción, indica que en enero de 2017 interpuso una demanda en contra de la organización de que se trata, por nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones, generándose la causa RIT O-66-2017 ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Refiere, que el 12 de mayo de 2017 se dictó sentencia acogiendo su acción de cobro de prestaciones, condenando a la organización al pago del diferencial de su indemnización por años de servicio, debidamente reajustada. Agrega, que ante la falta de pago se inició el proceso de cobranza el 06 de junio de 2017, en el cual se han efectuado 3 liquidaciones de la deuda, la primera el 13 de junio de 2017, por la cual se requirió de pago el 16 de junio de dicho año y se trabó embargo el 1 de septiembre de ese año, no obstante el 27 de diciembre de 2017 el Tribunal alzó el embargo y ordenó que se notificara la liquidación antes referida y se efectuara un nuevo requerimiento a la demandada.

Señala, que requirió nuevamente que se trabara el embargo sobre bienes del demandado, pero que el 13 de marzo de dicho año, no se dio lugar a su solicitud fundándose en que los bienes de dicha organización serían inembargables, resolución contra la cual dedujo reposición, la que fue rechazada. Añade, luego de ello ante la nueva liquidación efectuada el 29 de agosto de 2019, por un monto de $60.594.076, volvió a solicitar el embargo de bienes de la ejecutada, particularmente los dineros que tuviera en sus cuentas corrientes del Banco de Chile y que se oficiara a la Tesorería General de la República para los efectos de proceder a la retención a que se refiere el artículo 467 del Código del Trabajo, petición que fue rechazada por la resolución de fecha 11 de noviembre de 2019 ya referida.

Refiere, que la ilegalidad y arbitrariedad se manifiesta en que Ia resolución de 13 de marzo se basa en argumentos entregados extemporáneamente por la ejecutada, por lo que no debían ser tomados en consideración al momento de resolver, ya que la reliquidación de la deuda fue puesta en conocimiento de la demandada el 17 de octubre de 2018 mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que la demandada respondiera de manera alguna u objetara la liquidación.

No obstante ello, indica que el 5 de noviembre de 2018, el juzgado de cobranza nuevamente confiere traslado a la contraparte para que se pronuncie ahora sobre dicha solicitud de embargo, a pesar que no existía oposición de su parte respecto de la reliquidación de la deuda, la que es notificado a la demandada mediante Ministerio de Relaciones Exteriores el día 15 de noviembre, por lo que conforme lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil el plazo para evacuarlo vencía el día 19 de noviembre, pero recién el 27 de noviembre evacúo el traslado mediante un oficio fechado el 22 de dicho mes.

Alega, que la recurrida ha obrado de manera ilegal y arbitraria pues aplicando el artículo 445 N° 18 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 3, 4 y 7 del Decreto Supremo N° 888, de 1993, Acuerdo relativo al Funcionamiento, Privilegios e inmunidades de la Organización Internacional para las Migraciones, declaró que los bienes y haberes de dicha organización son inembargables y están exentos de impuesto.

Refiere que con dicha resolución se infringe el artículo 469 del Código del Trabajo, pues este dispone que las objeciones respecto de la liquidación de la deuda y el embargo correspondiente, sólo pueden basarse en errores numéricos, alteración de las bases de cálculo o elementos o incorrecta aplicación de los índices de reajustabilidad o de los intereses emanados de los órganos competentes, por lo que las argumentaciones vertidas han sido extemporáneas, y se transgrede el artículo 465 del Código del Trabajo, dado que la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil tiene un requisito previo fundamental, esto es, que esa aplicación no vulnere los principios del derecho laboral, prerrogativa que no se cumple en el caso ya que se vulnera el principio protector en su regla “in dubio pro operario”, dado que existían suficientes argumentos para desestimar la inmunidad alegada por la organización, los que fueron esgrimidos en múltiples ocasiones por su parte.

Alega, que se burló la normativa laboral chilena y sus derechos humanos sin aplicar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, que establece en su artículo 41 que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y que dichas normas se erigen como principios generales y normas de derecho internacional consuetudinario que son aplicables a las Organizaciones Internacionales.

Refiere, que en el caso era inaplicable acoger la alegación de inmunidad, conforme lo dispone el artículo 105, párrafo primero, de la Carta de las Naciones Unidas.

Por otra parte, refiere que la resolución indica que en el referido Decreto 588 se establece especialmente que la organización tomará las medidas que sean necesarias para la solución de las controversias, señalando que pese a existir una sentencia firme y ejecutoriada se debía someter a un procedimiento establecido por la misma parte ejecutada.

Agrega, que negar lugar a la jurisdicción de los tribunales de cobranza y dar lugar a Ia inmunidad de jurisdicción implica la privación de una Tutela Judicial Efectiva, vulnerando el artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución Política de la República.

Manifiesta que además, la resolución es incoherente respecto al mismo procedimiento de cobranza laboral, toda vez que en esta misma etapa de ejecución el tribunal en su oportunidad había dado lugar previamente al embargo.

Afirma, que todo ello tiene como directa consecuencia que se amenacen, perturben y priven del derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. En cuanto a la igualdad, pues se dota de mayor protección a una organización internacional en base a argumentos totalmente ilegales y que se le sitúan en una posición de desventaja manifiesta, contraria a los principios orientadores del derecho nacional. Respecto al derecho de propiedad, dado que se le priva de bienes corporales e incorporales ya incorporados en su patrimonio, cual es del derecho a obtener el cumplimiento de la sentencia sobre las prestaciones que la demandada le adeuda.

2°.- Que comparece doña nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Cobranza Laboral y nombre reservado, subrogando a la Magistrada Gloria Cárdenas, quien evacuando el informe al tenor del recurso, indica que en la causa RIT C-2293-2017, se tramita un juicio de cumplimiento laboral cuyo título ejecutivo es la sentencia definitiva dictada por el Primer Juzgado Laboral de Santiago, el 12 de mayo de 2017, mediante la cual se acogió la acción de cobro de prestaciones interpuesta por el recurrente en contra de la Organización Internacional para Migrantes, condenándola, en lo recurrido, al pago de $7.008.429.- por diferencia de indemnización por años de servicio.

Refiere, que se requirió a la demandada para que dentro de plazo de 5 días pagara al trabajador la suma de $23.223.754, correspondiente a la deuda liquidada, la que se realizó por oficio mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Añade, que el 27 de noviembre de 2018, la demandada expuso que nuestro país es un Estado miembro de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 1954, y que aquellos gozan de un estatuto especial en virtud del acuerdo suscrito el año 1991 relativo al funcionamiento, privilegios e inmunidades de la organización y la República de Chile, el que fue aprobado en el Congreso Nacional el año 1992.

En razón de ello, indica que el referido acuerdo establece en su artículo 3° que dicha Organización, como sus bienes y haberes, en cualquier parte, en poder de cualquier persona, gozan en Chile de la inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, a menos que ella sea renunciada, y que por su parte el artículo 4 dispone que los locales utilizados por dicha organización, sus bienes y haberes están exentos de registro, confiscación, expropiación, embargo y de cualquier otra forma de aprehensión o injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa. Asimismo, agrega, que tiene su propio marco normativo y regulatorio y que reconocen la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, destinado a resolver los conflictos que se susciten entre miembros del personal y ellos.

Señala, que tras dicho informe la recurrente volvió a reiterar la solicitud de embargo de las cuentas bancarias y añadió dos inmuebles de propiedad de la demandada, a lo que se le proveyó que acompañara los certificados correspondientes y se notificó a la demandada, quien informó el 6 de febrero de 2019 en los mismos términos antes referidos y solo añadió que el Estado no puede excusarse de su responsabilidad en el cumplimiento de la normativa internacional.

Añade, que tras ello el 1 de marzo de 2019, el demandante solicitó que se diera curso progresivo a los autos, reiterando su solicitud de embargo y requiriendo que se oficiara a Tesorería General de la República para efectos de retener los impuestos conforme lo dispone el artículo 467 del Código del Trabajo, lo que es proveído el 13 ese mismo mes y año, no dando lugar a los mismos, al concluir que se trata de bienes inembargables, por lo que se encuentran excluidos del derecho de prenda general.

Argumenta, que el fundamento de dicha resolución que es objeto de protección se basa en que el procedimiento de que se trata es uno de cobranza, respecto del cual conforme lo dispone el artículo 462 del Código del Trabajo, se aplican supletoriamente las normas de Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra el artículo 237, norma que ordena la aplicación de las normas dispuestas para el juicio ejecutivo cuando el juicio se verifique ante un Tribunal distinto del indicado en el 235 N° 5 del mismo cuerpo legal.

En razón de ello, sostiene que el número 18 del artículo 445 del citado Código, prescribe la imprescriptibilidad de los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar. Refiere, que el Decreto Supremo N° 888 de 1993, referido al acuerdo relativo al funcionamiento, privilegios e inmunidades de la Organización en Chile, refiere en su artículo 4° que sus bienes están exentos de embargo y el artículo 7° prescribe la exención de pagar toda forma de impuesto, por lo que no es procedente aplicar el artículo 2465 del Código Civil.

Agrega, que además se indicó que se debía tener presente que el artículo 19 del decreto citado establece que la Organización de que se trata tomará las medidas necesarias para la solución de las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho en que sea parte, por lo que es dable concluir que dicha institución tiene procedimientos y protocolos para dar cumplimiento a ello.

Señala, que en contra dicha resolución se repuso con apelación en subsidio, confiriéndose traslado a la Organización Internacional de Migración quien no lo evacúo, la que fue rechazada concediendo la apelación subsidiaria, la que ingresó en el ROL IC 1015-2019 y fue declarada inadmisible el 14 de mayo de 2019, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 472 del Código del Trabajo.

3°.- Que para que proceda el recurso de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

4°.- Que en el caso de marras, efectivamente, de acuerdo lo establecen los artículos 3, 4 y 7 del Decreto Supremo N° 888 de 1993, la Organización Internacional para las Migraciones, gozan en Chile de inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos y, sus bienes son inembargables. Sin embargo, la recta interpretación de las señaladas normas debe hacerse considerando -por una parte- que el asunto de que se trata es de orden laboral y se vincula con la relación de trabajo que unió al recurrente con la Organización recurrida y -por otra- que la inmunidad alegada por el organismo internacional fue creada y destinada a la facilitación de su funcionamiento en el país y, en concreto, para el logro de sus objetivos, pero en manera alguna puede importar el desconocimiento absoluto el derecho al trabajo y la seguridad social.

5°.- Que sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que señala lo siguiente: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado,”

6°.- Que en caso alguno la Organización Internacional para las Migraciones goza de inmunidad absoluta respecto de las obligaciones laborales contraídas, debiendo respetar, como reza el artículo 41 citado precedentemente, las leyes y reglamentos del Estado receptor.

Cabe recordar que dicha organización contrató los servicios de un chileno y ha de regirse entonces por la normativa vigente en la materia, con la salvedad de que en la ejecución destinada al cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales adeudadas, resultan efectivamente inembargables los bienes que se vinculan directamente con la función y objetivos concretos de la Organización Internacional, siendo procedente entonces continuar la tramitación del juicio de cobranza respecto de aquellos otros bienes que por su naturaleza no son esenciales para ese fin y que se encuentren en el país.

7°.- Que a mayor abundamiento, las alegaciones formuladas por la demandada en la etapa de cumplimiento, esto es, que gozaba de inmunidad jurisdicción, no fue planteada en el juicio declarativo que iniciara el recurrente en su oportunidad y, aun cuando ha de reconocerse que la recurrida goza de prerrogativas en el procedimiento de apremio seguido ante el Tribunal de Cobranza, tales privilegios no pueden transformarse en el incumplimiento absoluto de una sentencia dictada en un procedimiento válido, respecto de un asunto de índole laboral.

8°.- Que así las cosas, el Juzgado de Cobranza Laboral incurrió en un acto arbitrario al considerar que la totalidad de los bienes de la demandada gozaban de inmunidad, toda vez que como se señaló, debió dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada que se pusiera en su conocimiento, excluyendo únicamente los bienes que permiten y facilitan la realización de los fines de la Organización Internacional, es decir, los esenciales para su correcto funcionamiento.

9°.- Que de los antecedentes aportados, apreciados conforme a las normas analizadas, es posible constatar que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que, en el presente caso, ha habido un acto arbitrario que priva al actor del legítimo ejercicio de derechos o garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en especial, el del N° 2 del artículo 19, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, que en este caso se desconoce por cuanto se priva al recurrente -como trabajador- de ejecutar en un tribunal de la República un crédito reconocido en una sentencia judicial ejecutoriada.

10º.- Por lo razonado procede acoger el recurso de autos, pero en los términos que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el deducido por don nombre reservado, solo en cuanto se dispone que el procedimiento seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral debe continuar en contra de la Organización Internacional para Las Migraciones, resultando inembargables únicamente los bienes de la recurrida destinados al logro de su función en el país.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra señora Gloria Solís R.

Protección Nº 182.750-2019.- No firma la ministra señora Solís, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por imposibilidad técnica.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso, conformada por las Ministras señora María Rosa Kittsteiner Gentile y señora Gloria Solís Romero.