Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Franco Brunetti Arredondo, abogado, en representación de don nombre reservado y doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitraria, consistente en haber dictado con fecha 19 de julio de 2025 la Resolución Exenta NUM000 y NUM001, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se otorgue la correspondiente visa temporaria de refugio.

Relata que los actores son ciudadanos venezolanos que se vieron forzados a escapar de su país de origen debido a amenazas contra su libertad y seguridad, producto de la violencia generalizada, conflictos internos y violación masiva de derechos humanos que perturban gravemente el orden público en Venezuela, y que su salida tuvo lugar el 25 de mayo de 2023 y su arribo a Chile se materializó el 10 de junio del mismo año, ingresando por pasos no habilitados.

Menciona que una vez en territorio nacional, y tras recabar información sobre su situación, acudieron el 18 de marzo de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, ubicada en domicilio reservado, donde solicitaron el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad fueron atendidos, les fue facilitado el formulario correspondiente, procedieron a su llenado y entrega, y se recibió su respectiva declaración sobre los hechos que fundamentan su solicitud.

Sostiene que, no obstante lo anterior, con fecha 19 de julio de dos mil 2025, recibieron las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001, respectivamente, que resolvió tenerlos por desistidos de su solicitud, sin haber efectuado la derivación previa de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. La autoridad migratoria fundamentó su decisión en dos argumentos: primero, que la solicitud fue presentada fuera del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430; y segundo, que habiendo ingresado por paso no habilitado, no se presentaron antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, puntualizando que realizaron la subsanación correspondiente de su solicitud, previo a la dictación de la resolución impugnada.

Argumenta que no ha existido desistimiento efectivo de la solicitud, toda vez que la recurrente jamás manifestó expresa ni tácitamente su voluntad de abandonar su pretensión, y que el desistimiento, conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, debe ser individual, expreso y voluntario, requisitos que no concurren en la especie. Asimismo, alega que la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, al otorgar mayor importancia a aspectos formales que a la grave situación humanitaria de los recurrentes, quienes han sido víctimas de una agrupación delictual conocida como "los Colectivos" en su país de origen, detallando que la decisión de la autoridad resulta desproporcionada y arbitraria, ya que podría derivar en la eventual expulsión de la recurrente, exponiéndola nuevamente a los peligros que motivaron su solicitud de refugio.

Adiciona que se ha vulnerado el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, aplicable en materia de sanciones administrativas conforme a abundante jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial, enfatizando que los actores no pudieron conocer ni prever las consecuencias de sus actos al momento de su ingreso al país, resultando injusto aplicarle retroactivamente exigencias normativas que impidan el reconocimiento de su condición de refugiado.

Manifiesta que no les ha sido otorgado el visado de residente temporario prescrita en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430, norma de carácter imperativo que ordena extender dicha visa una vez presentada la solicitud, sin establecer requisitos, exigencias o condiciones previas, y que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al dispensarse a los recurrentes un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros, impidiéndoles ejercer efectivamente su derecho fundamental a solicitar refugio, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales ratificados por Chile.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que se ordene al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se otorgue la correspondiente visa temporaria de refugio;

SEGUNDO: Que, informan don nombre reservado y nombre reservado, abogados, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Expone que los actores no registran ingreso formal al país, presumiéndose su entrada por paso no habilitado para tales efectos, agregando respecto del recurrente nombre reservado, que no cuenta con registros de que el actor hubiese manifestado a la autoridad contralora su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 36 del Decreto N°837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, y que el 18 de marzo de 2025 solicitó al recurrido la condición migratoria de refugiado, bajo la solicitud ID NUM002.

Relata que mediante Oficio Ordinario Folio NUM003, de la misma fecha, el Servicio Nacional de Migraciones le comunicó al correo electrónico DIRECCION000 que debía concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional ubicada en San nombre reservado N°580, comuna de Santiago, el día 24 de junio de 2025, para dar inicio a su solicitud, concurriendo el recurrente a la oficina señalada, oportunidad en la cual el funcionario habilitado levantó un acta donde el protegido acompañó copia de su cédula de identidad venezolana e imagen de un correo electrónico en que se menciona que su declaración voluntaria de ingreso clandestino habría sido recepcionada correctamente por parte de Policía de Investigaciones de Chile el 9 de mayo de 2023, puntualizando que ingresó a Chile por paso no habilitado del 5 de diciembre de 2021, por paso fronterizo no habilitado, en Colchane, siendo realizada el mismo día la entrevista de admisibilidad.

Agrega que realizada la primera revisión de los documentos aportados, mediante Resolución Exenta NUM004, de 24 de junio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones le informó que no se ha podido dar lugar a la solicitud, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos de la Ley y Reglamento de Refugio, por exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el recurrido, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430; y mantener ingreso al país por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N° 20.430 de 2010.

Argumenta que para acompañar antecedentes que permitan subsanar tales situaciones, la autoridad otorgó un plazo de quince días hábiles, bajo el apercibimiento de tener por desistida la solicitud. Sin embargo, según consta en sus registros, el extranjero no acompañó documentación alguna a su solicitud, por lo que mediante Resolución Exenta NUM000, de 19 de julio de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que el extranjero no presentó documentación que permitiera entender por subsanados los requisitos formales faltantes, enfatizando el recurrido que el actor manifestó en su solicitud que el motivo por el cual solicita que se le reconozca la condición de refugiado en Chile es por motivos económicos, en búsqueda de mejores oportunidades, señalando además que en ningún momento vivió alguna situación de discriminación, violencia o de amenazas.

A su turno, en relación con la recurrente nombre reservado, la autoridad recurrida expone que según sus registros ésta habría ingresado por paso fronterizo no habilitado con fecha 10 de junio de 2023, y al igual que en el caso anterior, el recurrido no cuenta con registros de que la recurrente hubiese manifestado a la autoridad contralora su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 36 del Decreto N°837.

Expresa que con fecha 18 de marzo de 2025, la recurrente solicitó la condición migratoria de refugiado, bajo la solicitud ID NUM005, y que mediante Oficio Ordinario Folio NUM006, de la misma fecha, enviado al correo electrónico DIRECCION001, le fue comunicado que debía concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional el día 24 de junio de 2025, concurriendo en dicha fecha la protegida a la oficina señalada, oportunidad en la cual el funcionario habilitado levantó un acta donde la actora acompañó copia de su cédula de identidad venezolana, refiriendo que el 10 de junio de 2023 ingresó a Chile por paso fronterizo no habilitado, realizándole el mismo día la entrevista de admisibilidad.

Agrega que mediante Resolución Exenta NUM007, de 24 de junio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones le informó que no se ha podido dar lugar a la solicitud por los mismos motivos expuestos respecto del recurrente anterior, esto es, exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país y mantener ingreso por paso no habilitado sin presentar los antecedentes necesarios, otorgándole un plazo de quince días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud, no acompañando la actora documentación alguna a su solicitud.

Manifiesta que en estas circunstancias, y mediante Resolución Exenta NUM000, de 19 de julio de 2025, se hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por desistida la solicitud, enfatizando igualmente, tal como en el caso anterior, que la actora manifestó en su solicitud que el motivo por el cual solicita el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile es por motivos económicos, necesitando regularizar su situación para obtener trabajo, señalando además que en ningún momento vivió alguna situación de discriminación, violencia o de amenazas.

A continuación, expone detalladamente el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, refiriendo que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modificó la Ley Nº 20.430, estableciendo una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Dicha ley realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, argumentando en cuanto a la presentación de una solicitud de reconocimiento, que el artículo 26 de la Ley N° 20.430 regula especialmente esta materia, y que en virtud de esta norma, toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional. No obstante, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada conforme a los requisitos establecidos en los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, lo que en el caso de autos no se verificó, por cuanto no cumplieron con los requisitos legales en relación con sus respectivas solicitudes de refugio, establecidos en la mencionada Ley N° 20.430.

En estas circunstancias, concluye que no existen fundamentos que sustenten la pretensión de los recurrentes, toda vez que éstos no presentaron documentación que permita entender por subsanados los requisitos formales faltantes, por mantener ingreso al país por paso no habilitado, y exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, por lo que por estas consideraciones, y no existir infracción de garantías fundamentales, solicitan el rechazo de la acción de protección deducida en todas sus partes;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001, de 19 de julio de 2025, que resolvieron tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N° 20.430 dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”. Por su parte, el artículo 35 del Decreto N° 837, que establece el reglamento de la Ley N° 20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”. Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”;

SEXTO: Que no son hechos discutidos que doña nombre reservado ingresó a nuestro país el 10 de junio de 2023, mientras que, a diferencia de lo que afirma el recurso, don nombre reservado no ingresó en la misma fecha, puesto que consta en el formulario de primera atención para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que lo hizo el 5 de diciembre de 2021, manifestando ambos ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 18 de marzo de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de que los fundamentos de ambas solicitudes de refugio no dicen relación con circunstancias excepcionales en el sentido del arbitrio interpuesto, sino más bien determinado por la búsqueda de más y mejores condiciones de calidad de vida, desnaturalizando la finalidad de la condición que se pretende. De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N° 20.430, como a su Reglamento, atendido que los recurrentes no dieron cumplimiento a lo requerido en el plazo que les fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado;

SÉPTIMO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de los actores, hayan recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que las resoluciones impugnadas hayan privado, perturbado o amenazado a los recurrentes en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales;

OCTAVO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18268-2025.