nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de Ruthmavie nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no emitir la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización, realizada el 8 de julio de 2023, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que se pronuncie sobre la solicitud dentro de un plazo no mayor a 60 días.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana, ha residido más de cinco años en el país desde el otorgamiento de la visa que dio origen a su solicitud de residencia definitiva y que el 8 de julio de 2023 presentó su solicitud de nacionalización ante la autoridad migratoria. Sin embargo, a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

Sostiene que la omisión por parte del Servicio Nacional de Migraciones constituye una actuación ilegal y arbitraria que vulnera el principio de igualdad ante la ley, los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en la Ley N°19.880. Asimismo, señala que el plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie sobre este tipo de solicitudes no puede exceder los seis meses, conforme lo dispone el artículo 27 de la referida ley, plazo que en el caso de autos se encuentra largamente vencido.

Agrega que no resulta admisible la excepción de caso fortuito o fuerza mayor alegada por el servicio recurrido, por cuanto la situación invocada no reviste el carácter de imprevisible. Además, sostiene que en un Estado de Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, y que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional.

En este contexto, la recurrente estima que la omisión ilegal y arbitraria del Servicio Nacional de Migraciones en emitir un pronunciamiento respecto a su solicitud de nacionalización vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto importa una discriminación en su contra en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión pertinente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización dentro de un plazo no mayor a 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022.

Segundo: Que, evacuando el informe, el abogado del Servicio Nacional de Migraciones, Javier Muñoz Reyes, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó a Chile el 8 de abril de 2017, obteniendo una visa temporaria por un año y posteriormente, el 26 de agosto de 2019, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva en el país. Luego, el 8 de julio de 2023, solicitó mediante el Portal de Trámites Digitales del Servicio la carta de nacionalización. Sin embargo, el 21 de agosto de 2024 se le informó que su solicitud se encontraba incompleta, requiriéndole remitir su carpeta tributaria del Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo de 60 días hábiles, encontrándose actualmente pendiente dicho trámite.

Sostiene que la concesión de la carta de nacionalización es una gracia constitucional otorgada por el Estado de Chile, que la autoridad competente para su otorgamiento es el Presidente de la República, correspondiendo al Ministerio del Interior su tramitación. Agrega que las funciones del Servicio Nacional de Migraciones en este tipo de procedimientos se limitan a su tramitación, no extendiéndose a su resolución, la que corresponde en definitiva al Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Argumenta que, conforme al artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá exceder los 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, como ocurre en la especie a causa del aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, lo que ha provocado un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por la autoridad migratoria. Precisa que dicho plazo no es de naturaleza fatal para la Administración, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en tal sentido.

Finalmente, hace presente que el hecho que la recurrente cuente con residencia definitiva en el país, manteniendo una situación migratoria regular, obsta a que el estado de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización devenga en una efectiva vulneración de garantías constitucionales.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, la concesión de la carta de nacionalización constituye una gracia o concesión constitucional otorgada por el Estado de Chile, cuyo otorgamiento es facultad privativa del Presidente de la República, correspondiendo al Servicio Nacional de Migraciones únicamente su tramitación, la que debe ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Quinto: Que, en el caso en análisis y de los antecedentes expuestos en el recurso, así como en el informe evacuado por la recurrida, es posible establecer que no concurre en la especie una omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

En efecto, consta que la autoridad migratoria ha dado debido curso a la solicitud de carta de nacionalización efectuando los trámites que la ley le encomienda. Así, con fecha 21 de agosto de 2024, informó a la recurrente que su solicitud se encontraba incompleta, requiriéndole remitir su carpeta tributaria del Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo de 60 días hábiles, gestión que se encuentra actualmente pendiente.

Lo anterior constituye una decisión adoptada por el Servicio en ejercicio de sus potestades legales, tendiente a que la recurrente complemente su solicitud con la documentación necesaria para proseguir con su tramitación, la que no reviste el carácter de ilegal o arbitraria, por cuanto se enmarca dentro de las atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere a dicho organismo.

Sexto: Que, por último, se debe considerar que la recurrente mantiene actualmente una situación migratoria regular en el país, en su calidad de titular de un permiso de permanencia definitiva, por lo que el estado de tramitación en que se encuentra su solicitud de carta de nacionalización no importa una privación, perturbación o amenaza a sus derechos fundamentales que deba ser remediada por esta vía.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Ruthmavie nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18266-2024.