nombre reservado con CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

Santiago, seis de abril de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que recurre de protección el abogado don José Elías Makluf Freig, domiciliado en domicilio reservado, en representación del señor nombre reservado, funcionario público, y en contra del SAMU Metropolitano, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N° 737 de 27 de noviembre de 2019, mediante la cual se decidió no prorrogar su contrata para el año 2020, lo que conculca sus garantías establecidas en los números 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Refiere lo que sigue:

1.- Su parte ingresó a prestar servicios para el SAMU Metropolitano el 1 de diciembre de 2018 como funcionario a contrata, de acuerdo a la Resolución RA 445/90/2019 de 17 de abril de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que sus servicios como técnico en enfermería fueren necesarios. Esta contrata le fue renovada por Resolución RA 445/57/2019 de 17 de abril de 2019, desde el 1 de enero de 2019 al 31 de marzo del mismo año. Registra una nueva renovación por Resolución RA 445/587/2019 de 4 de septiembre de 2019 y, la última, la RA 616/2019 de 27 de noviembre de 2019, para contratarlo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019.

2.- Refiere luego que siempre fue bien evaluado y que hizo los cursos que indica en su presentación.

3.- La Resolución que decide ponerle término a su contrata refiere en su considerando 9° que “…mediante informe de evaluación de su superior jerárquico se solicita que no se prorrogue la contrata debido fundamentalmente a su comportamiento funcionario, su mala relación y conducta con sus compañeros, no acorde con su investidura institucional. Que no ha sabido afiatarse al equipo de trabajo”. Tal conclusión no se desprende ni de su hoja de vida ni de ninguna anotación de demérito, tampoco de un proceso disciplinario, de modo que la Administración ha obrado, en realidad, por mero capricho.

4.- Se refiere luego a la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata y se explaya, enseguida, en los derechos que dice conculcados.

Pide que se acoja su recurso de protección y se deje sin efecto la Resolución que puso término a su contrata, su reintegro a sus labores y que se le paguen las costas de la causa.

2°) Que informa el SAMU de la siguiente forma:

1.- El Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria, SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) Metropolitano, depende de la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Central, cuyo Director, el 24 de abril de 2017, mediante Resolución Exenta N° 1041, delegó sus facultades relativas a la administración de personal en el director del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria, 2.- El recurrente fue designado funcionario a contrata mediante Resolución TRA N° 445/90/2019 de 17 de abril de 2019, a contar del 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, renovándose dicho empleo desde el 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, del 1 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019, del 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 y del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

3.- Su parte decidió no renovar la contrata para el año 2020, lo que se materializó mediante Resolución Exenta N° 737 de 27 de noviembre de 2019.

4.- Esta materia es de competencia de la Contraloría General de la República de acuerdo al artículo 6° de la ley 10.336.

5.- No existe acto ilegal o arbitrario pues la Resolución Exenta N° 737 de 27 de noviembre de 2019, que no prorrogó la contrata del recurrente se fundamenta en su desempeño deficiente, según transcribe, de manera que ha durado hasta el 31 de diciembre de 2019 y la Administración hizo constar en el acto administrativo la razón de su decisión.

Pide el rechazo del recurso.

3°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que el SAMU Metropolitano no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio. Lo cierto es que el acto está motivado -en el motivo 10° de la resolución impugnada se lee que el recurrente no realizó sus labores o lo hizo en forma deficiente, habiendo señalado en el motivo anterior que tiene una mala conducta y relación con sus compañeros- y el hecho que el señor nombre reservado no comparta los argumentos del SAMU Metropolitano no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrente, se tiene desde el 1 de diciembre de 2018, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía no renovar la última contrata, que venció el 31 de diciembre de 2019.

5°) Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el SAMU Metropolitano “y mientras sean necesarios sus servicios”, primero por un lapso de un mes, luego por otros períodos de tiempo, venciendo la última prórroga el 31 de diciembre de 2019. La Resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el período siguiente, esto es, a contar del 1 de enero de 2020, pero, en realidad, fue el sólo transcurso del tiempo lo que puso fin a su empleo a contrata, y bien pudo el SAMU Metropolitano no dictar decreto alguno y se hubiera producido el mismo efecto jurídico.

6°) Que, en consecuencia, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución Exenta 737 de 27 de noviembre de 2019 la que puso fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido el SAMU Metropolitano dictar el decreto impugnado, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del mes de diciembre de 2019.

7°) Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la Resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una Resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880 y, en realidad, obedece al sólo transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la última renovación.

8°) Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, el derecho a la vida e integridad física y psíquica no se advierte cómo ha podido ser amenazado por el SAMU Metropolitano al decidir no renovar la contrata del señor nombre reservado; en cuanto a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; y el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Se previene que la ministra Leyton Varela concurre a la decisión pero sin compartir lo razonado en los fundamentos 5° y 6° del fallo.

Acordado, en cuanto a la decisión de absolver del pago de las costas al recurrente, con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien estuvo por condenarlo a soportar esa carga.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N° 182.634-2019.