nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinte de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

1°.- Comparece don Gonzalo Pereira Puchy, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero informático, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de doña nombre reservado, Ministra de Transporte y de don nombre reservado, Encargado de Unidad de Administración de Personal de la Subsecretaría de Transporte, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por la dictación de la Resolución Exenta RA N° 288/305/2019 de fecha 7 de noviembre del año 2019, notificada al recurrente mediante carta de 11 de noviembre de 2019, la cual pone término anticipado a la designación del cargo que servía en calidad de contrata el recurrente, fundada en la reordenación de labores al interior de la División de Gestión, Tecnología y Procesos, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que solicita se ordene el reintegro de su representado a sus funciones y la renovación de su contrata para el año 2020, con pago de las remuneraciones que correspondan por el tiempo que haya estado separado del servicio.

En cuanto a los antecedentes señala ser ingeniero informático y haber ingresado en el año 2016 a la Subsecretaría de Transporte por concurso público en la modalidad contrata grado 4°, el cual fue prorrogado ininterrumpidamente en tres oportunidades, siendo calificado entre los años 2016 al 2018 en lista 1 con nota sobre 6, sin recibir sanciones disciplinarias.

En cuanto al término anticipado indica que la Resolución Exenta RA N° 288/305/2019 señala que mediante informe de desvinculación, de 7 de octubre de 2019, se ha solicitado poner término anticipado a la contratación de su representado, por no ser necesarios sus servicios. Dicha solicitud se fundamenta, en la reordenación de labores al interior de la División de Gestión, Tecnología y Procesos (DGTP) y que dichas modificaciones implican, la eliminación del rol de Encargado de la Unidad TIC, cargo que éste ejercía. Sin embargo, las funciones de la nueva estructura de la DGTP comprenden las funciones que desempeñó el señor nombre reservado. Es decir, si bien el cargo de “Encargado de la Unidad TIC”, como tal fue suprimido, las funciones de ésta pasaron a otra estructura que desarrollará las mismas funciones. Por lo tanto, la decisión de poner término anticipado a la contrata es ilegal y arbitraria, agregando que se desempeñó en sus funciones hasta el 18 de noviembre de 2019.

Refiere que corresponde hacer aplicación del Dictamen N° 85.700 del año 2016, de la Contraloría General de la República, sobre el principio de la confianza legítima en la renovación de la contrata, agregando que lo anterior también ha sido resuelto recientemente por la E. Corte Suprema, con sustento en el artículo 11 de la ley 19880.

La resolución que decide poner término anticipado a la contrata, si bien contiene hechos y fundamentos, estos son ilegales y arbitrarios por cuanto simplemente se intenta justificar formalmente la decisión con un cambio de estructura, que no implica que la labores que desempeñaba su representado no vayan a continuar requiriéndose en la Subsecretaría de Transporte. En efecto, las funciones principales del Encargado de la Unidad TIC, en lo general, dicen relación con la administración de la continuidad operacional de los sistemas de plataforma de servidores, la gestión de proyectos y sistemas computacionales, el soporte informático y la gestión de los compromisos gubernamentales del área TIC y el presupuesto Informático.

Las funciones antes descritas, se ejecutan a través de cuatro Sub áreas o Unidades, las cuales son: a) Infraestructura Tecnológica, b) Servicios (mesa de ayuda) c) Proyectos y d) Gestión.

Todas las funciones descritas se continuarán efectuando en el nuevo organigrama a través de las Unidades y Staff. La Unidad de Infraestructura y Servicios, realizará las funciones pertenecientes a las Unidades de Infraestructura Tecnológica y Servicios o Mesa de ayuda; La Unidad de Desarrollo de soluciones realizará las funciones pertenecientes a la Unidad de Proyectos; El staff Gestión realizará las funciones pertenecientes a la Unidad de Gestión. Indica que la doctrina administrativa también se ha pronunciado respecto a que la denominación formal de reestructuración en ningún caso supone una justificación por sí sola, toda vez que esta puede ser ficticia o basada en supuestos incorrectos. Cita el Dictamen Nº41.227 de 2017 de la Contraloría General de la República.

Agrega que las calificaciones del recurrente han sido sobresalientes en todo el período que se desempeñó en la Subsecretaría de Transporte, sin recibir sanción alguna por sumario administrativo. Indica que las funciones ejercidas al interior del área, ahora traspasadas a otra División, siguen siendo necesarias y expresamente señaladas por la autoridad en su resolución de reestructuración, por lo que no se ven razones objetivas para arribar a la conclusión de término anticipado de la contrata, cita jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema, fundando la arbitrariedad de esa forma.

En cuanto a la ilegalidad, señala que la fundamentación de la Resolución busca únicamente dar cumplimiento formal, lo cual constituye una infracción de la debida fundamentación de los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Indica vulneración al artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuando existe un trato diferenciado hacia el recurrido, en relación a sus pares, cuyos actos administrativos han sido debidamente fundados. Indicando un trato discriminatorio, al resolver una cuestión tan gravosa como es el término anticipado de su contrata, dejando de lado la debida fundamentación. Adicionalmente, señala vulneración al artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, en cuanto se ha transgredido el derecho a la libertad de trabajo afectando el principio de confianza legítima, considerando las cualidades y calidad profesional del recurrente. Por último, entiende vulnerado el artículo 19 N°24, del mismo texto, al impedir al recurrente continuar con su ejercicio laboral y, por tanto, a percibir los beneficios de dicha actividad, en específico la remuneración mensual.

Solicita por tanto, se acoja la acción de protección por ser la Resolución Exenta un acto ilegal y arbitrario, que amenaza, lesiona, priva y vulnera el legítimo ejercicio de garantías fundamentales antes citadas, y se disponga el reintegro a las funciones u homólogas y la renovación de la contrata para el año 2020, y el pago de las remuneraciones que correspondan mientras estuvo separado de las mismas, con condena en costas.

2°.- Informando doña nombre reservado, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, solicita se desestime el recurso de protección deducido de contrario.

Funda su pretensión en la aplicación de los artículos 3 letra c) y 10 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en cuanto a los empleos a contrata y su carácter transitorio, indicando que la designación del recurrente se efectuó con sujeción a la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

En cuanto al argumento del principio protector de la confianza legítima, indica que se ha de tener presente el Dictamen N° 6.400 de 2018, que ha establecido que dicho principio no afecta las facultades de las autoridades en torno a las contratas, en especial la no renovación o término anticipado en aquellas en que rija la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” u otra similar, el cual debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado, conteniendo el razonamiento y la expresión de hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.

En el caso en particular –continúa- habiendo dejado de existir el cargo de encargado de la unidad de tecnologías de la información y comunicaciones de la división de gestión, tecnologías y procesos, por transformación digital de procesos, lo que se encuentra debidamente expuesto y fundamentado por el ministerio.

En cuanto a las circunstancias particulares de la modalidad contractual del recurrente, a éste se le aginaron funciones directivas, lo cual implica que las labores que realizaba debían estar contestes con las necesidades del Servicio, y en ese sentido la unidad de la cual el recurrente era encargado, fue reordenada a los fines de dar un eficiente uso de los recursos públicos, siendo imposible por limitación presupuestaria, poder reubicarlo, ya que las remuneraciones que percibía eran mayores a los otros encargados, y las competencias profesiones que posee son superiores a las que actualmente se requieren.

En cuanto a la legalidad y fundamentación de la Resolución recurrida, señala que esta cumple con requisitos legales y jurisprudenciales; por medio del informe de término anticipado de contrata, se informó a la autoridad ministerial que ya no serían necesarios los servicios del recurrente, en razón de principios orgánicos constitucionales de eficiencia y eficacia. Y que por lo demás se indican en la Resolución fundamentos de hecho y derecho.

Alega improcedencia del recurso e inexistencia de privación, perturbación o amenazada en los derechos garantizados por la Constitución. En específico de lo alegado por la recurrente indicando vulneración del artículo 19 N° 2, se ha acreditado la existencia de una Resolución Exenta fundada, dándose cumplimiento a la normativa legal. Respecto al 19 N°16, indica que la Resolución se apegó estrictamente a la normativa vigente, en cuanto los servicios que prestaba el ex funcionario fueron reordenados por parte de la autoridad para un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Por ultimo del artículo 19 N° 24, reitera la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, agregando que malamente puede entenderse dentro de la esfera de su propiedad un derecho que no ostenta.

3°.- Que no existe discusión que el recurrente por Resolución Exenta RA N° 288/278/2018, fue contratado desde el 1° de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del citado año o “mientras sean necesarios sus servicios” como profesional a contrata, asimilado a grado 4° EUS de la Planta de la Subsecretaría de Transportes, encomendándosele funciones directivas.

4°.- Que cabe tener presente que por expresa disposición del Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia esencial con los contratados radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. El artículo 10 de la Ley N°18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

5°.- Que en el caso de marras, la autoridad competente, en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los procesos internos de calificación y desempeño, considerando el interés del Servicio, determinó, contratar al recurrente en los términos señalados por existir justificación legal y presupuestaria para ello.

La autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues la expiración de sus funciones opera por el solo ministerio de la ley. Por otro lado, vigente la contrata hasta el 31 de diciembre, puede la autoridad anticipar su término si está expresamente facultada para ello, siempre que en el acto administrativo justifique tal proceder. En efecto, cuando ésta decide hacer uso de tal prerrogativa, es decir, cuando recurre al mecanismo de “mientras sean necesarios sus servicios”, debe en el acto administrativo que así lo decide, exponer la razones que justifican tal exoneración.

En la especie si bien la Resolución impugnada expone circunstancias que habrían llevado a la autoridad a decidir el término anticipado de la contrata del señor nombre reservado, el conflicto de autos importa determinar si esos hechos, a la luz de los restantes antecedentes que evidencia el desempeño profesional del recurrente, resultan suficientes para concluir que el acto administrativo se encuentra debidamente motivado.

6°.- Que lo anterior es relevante por cuanto aceptar que la decisión de permanencia de un empleado a contrata, se halla sujeta a la mera voluntad del Jefe del Servicio, es contrario a lo previsto en el artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, en cuanto dispone: “las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”. Con ello se busca evitar desvinculaciones basadas en circunstancias subjetivas por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública.

7°.- Que a mayor abundamiento ha de tenerse en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicables en forma supletoria a todo acto administrativo, se encuentra el inciso cuarto del artículo 41, que dispone que toda decisión enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, debe ser fundada.

8°.- Que tanto en el informe que se evacuara y de que da cuenta el motivo 2°) de la presente sentencia y reiterado en estrados, ha quedado de manifiesto que el término anticipado de la contrata del recurrente, no ha obedecido necesariamente a la frase “mientras sean necesarios sus servicios” sino, a la circunstancia de detentar el recurrente competencias profesionales superiores a las que actualmente se requieren en el plano de la reestructuración, siendo imposible su reubicación por la limitación presupuestaria. Por otro lado, tampoco consta de autos que las funciones ejecutadas por el recurrente hayan dejado de existir al interior del nuevo organigrama o su imposibilidad de reubicarlo sobre todo considerando sus competencias y el tiempo que restaba para concluir el cargo a contrata que servía.

9°.- Que, en estas condiciones, ha quedado de manifiesto que la acción descrita, aparece desprovista de razonabilidad y apoyada en motivaciones insuficientes que no resultan idóneas para prestarle un fundamento de legitimidad, lo que no importa desconocer la facultad de la recurrida, sino reprochar el incumplimiento de las formalidades de los actos administrativos y las normas de procedimiento en actual vigencia para su exclusión anticipada en sus funciones.

10°.- Que la conducta de la recurrida, vulnera el derecho de propiedad que respecto a su cargo a contrata tiene el recurrente, pues no se ha demostrado que la privación anticipada, en los términos en que se hizo, haya obedecido a una causa legal o al menos debidamente justificada. Con ello se ha producido una privación arbitraria del derecho a permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2019, ejercerlo y recibir las remuneraciones pactadas hasta esa fecha y a no ser removidos por procedimientos ilegítimos. Asimismo, los hechos llevan a sostener que el acto que se impugna ha conculcado el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política, igualdad ante la ley, desde que el recurrente ha sido discriminado arbitrariamente, por haber sido excluido de la Administración, en desmedro de otros empleados que nombrados en la misma calidad siguieron desempeñando sus cargos a contrata y permanecieron en ellos hasta el término del plazo legal o hasta que sus servicios sean efectivamente necesarios.

11º.- Que así las cosas, y por concurrir en la especie todos los presupuestos que estructuran el arbitrio cautelar instituido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, procede que éste sea acogido, respecto de lo que se indicará más adelante.

12°.- Sin perjuicio de lo que se viene razonando, improcedente resulta acceder a la renovación del cargo en calidad de contrata para el año 2020, por cuanto ello es ajeno al nombramiento que arbitrariamente expiró antes del plazo legal. Por otro lado, atendido la data en que por el solo ministerio de la ley el cargo concluyó no corresponde su reincorporación a la Subsecretaría de Transportes.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de las Recursos de Protección, se acoge el deducido por don Gonzalo Pereira Puchy, en representación de don nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que se deja sin efecto sin efecto la Resolución Exenta RA N° 288/305/2019, por la cual se puso término anticipado al cargo a contrata que desempañaba el recurrente nombre reservado en la Subsecretaría de Transportes, debiendo el servicio pagarle las remuneraciones correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2019, dentro de tercero día de que quede ejecutoriada esta sentencia.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción de la Ministro Sra. Gloria Solís R.

Protección N° Nº 182.554-19.

No firma la ministra señora Solís, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso e integrada por la Ministra señora Gloria Solís Romero y el Abogado Integrante señor Patricio Carvajal Ramírez.