nombre reservado con INTENDENCIA REGION METROPOLITANA-CARABINEROS DE CHILE VISTA EN POS DE LA ANTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 49, a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Camilo Lefort Valenzuela, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservado, representada por el Sr. nombre reservado; a la Intendencia Metropolitana, con domicilio en domicilio reservado, representada por el Sr. nombre reservado; y Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, representado por el Sr. nombre reservado, por haber infringido las garantías constitucionales de: a) El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; b) El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; c) El derecho de propiedad; d) El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; e) Derecho a la inviolabilidad del hogar.

Refiere que, con el espíritu colaborativo y para proteger a la comunidad se han aunado fuerzas y coordinando con distintas organizaciones, creando un Centro de Primeros Auxilios en la entrada del pasaje, trabajo realizado en colaboración con la ONG “Salud a la Calle” y al que después se sumaron el grupo “Rescatistas Voluntarios de Chile”.

Señala que la labor de los vecinos ha sido fundamental para poder organizar el Centro de Primeros Auxilios, ya que ha permitido otorgar seguridad y protección, mediante la presencia permanente de vecinos, al ingreso al Pasaje Nueva Bueras, permitiendo el correcto funcionamiento de los equipos médicos y la protección de los niños y adolescentes, adultos mayores y animales que habitan el sector.

En este contexto de manifestaciones sociales y colaboración vecinal, expone que los vecinos han sido víctimas y testigos del actuar ilegal, arbitrario y desproporcionado de Carabineros, que ha afectado la integridad, vida privada, vida en comunidad, propiedades y el uso de los espacios comunes, además del medio ambiente, provocando un estrés importante por el hecho de vivir permanentemente bajo disparos de armas no letales, chorros a presión del carro lanza agua y la exposición constante, desproporcionada y acumulativa de los gases lacrimógenos y pimienta del carro lanza gases y de policías a pie, además de los golpes que vecinos del sector han recibido por parte de Carabineros, por el solo hecho de desplazarse en la zona, lo que ha tenido repercusión en rutinas cotidianas, calidad de vida y, especialmente, sobre la salud de todos los habitantes del sector.

Agrega que los vecinos de la calle Coronel Santiago Bueras y el Pasaje Nueva Bueras, se han visto afectados de manera cotidiana por el uso desmedido de elementos disuasivos, gases lacrimógenos, balines, unidades blindadas y funcionarios a pies y han recibido impacto de balines y/o perdigones, golpes, agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios de Carabineros, problemas respiratorios producto de los gases lacrimógenos y pimienta, quemaduras producto del chorro de los carros lanza aguas.

Explica que estaban flameando la bandera con la Cruz Roja pintada, cuando pasa el "zorrillo" y baja la velocidad, se abre una de sus puertas asomándose un Carabinero que rocía un gas tóxico mediante una lata de spray, dañando a varios vecinos y vecinas que empiezan a estornudar y a botar saliva.

Refieren que Carabineros ingresó al Pasaje Nueva Bueras intimidando y amenazando a los vecinos y vecinas y en varias ocasiones, la comunidad ha sufrido intimidaciones y amenazas, ya sea apuntando sus armas antidisturbio, o acercándose amenazantemente al Centro de Primeros Auxilios que mantienen en la entrada del pasaje Nueva Bueras con la intención de "barrer con todo", como un día lo mencionó un carabinero.

Exponen que estos hechos han ocurrido el 2, 15 y 18 de noviembre, de los cuales se mantienen registros fotográficos, como también relatos de los vecinos que sufrieron las amenazas.

Reclaman una constante vigilancia de drones y helicópteros de Carabineros de Chile que atentan contra la vida privada de la comunidad, ya que desde que empezó el estallido social, la comunidad se ha visto afectada por la extrema vigilancia que cubre el sector de Plaza Italia. Esta sobre vigilancia es injustificada, sabiendo que las manifestaciones se encuentran en Plaza Italia y sus alrededores.

Luego, reproduce afectaciones particulares realizadas a los recurrentes, quienes recibieron impactos de balines; inhalación de gas pimienta y lacrimógeno; lacrimógenas en los departamentos; inhalación de dichos gases por menores; agudización del asma; ataque a transeúnte recibiendo a dos metros una bomba de gas, que le provocó alergia; intimidación y amenazas a vecinas, al ser objeto de fiscalizaciones y revisiones de sus pertenencias; intimidación y uso abusivo de la fuerza; entre otros.

Citan el Decreto N°1364 del Ministerio del Interior, la Orden General N°2635 y analizan las municiones que ha utilizado Carabineros en la represión realizada.

En cuanto al derecho a la vida, expone que el uso excesivo de la fuerza se ha concretado en ataques con balines y perdigones, gases lacrimógenos, polvos químicos y carros lanza agua, además de golpes y amenazas, lo que ha afectado la integridad y salud de todos los recurrentes, quienes han sufrido de fuertes dolores, molestias severas y hematomas debido a golpes y disparos de balines. Asimismo, los gases químicos utilizados han causado congestión en las vías respiratorias, alergias y asma en los recurrentes, sin considerar el impacto que pueden tener a largo plazo sobre todo en caso de niños y adultos mayores.

En relación al derecho a reunirse pacíficamente, expresan que el actuar ilegal y arbitrario de Carabineros por el uso de elementos disuasivos en el barrio y al interior de las propiedades, significa un peligro para los habitantes además de un peligro de incendio que atenta contra el derecho de propiedad ante el uso indiscriminado de dichos dispositivos.

Relacionado con el derecho a la protección a la vida privada y su honra, expone que existe una desprotección total de la población en materia medioambiental, y su repercusión en los y las habitantes, ya que se convive a diario con los restos disuasivos químicos que permanecen en las calles y aceras durante días significando contaminación ambiental y foco de posibles enfermedades a corto, mediano y largo plazo dañando la salud de la población debido al uso masivo, indiscriminado e ilegal y arbitrario de bombas lacrimógenas por parte de Carabineros.

Analizando la igualdad ante la ley, solamente lo enuncia, pero no lo desarrolla en relación con los actores.

Segundo: Que, en apoyo de sus alegaciones, el recurrente acompañó los siguientes instrumentos: 1. Registro de fotografías de los relatos contenidos en el presente recurso; 2. Pendrive Maxell 8 GB, que contiene registros audiovisuales de los hechos relatados, identificado para ello el título de cada video.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogado, por el Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, don Felipe Guevara Sthepens, quien solicita el rechazo del recurso con costas.

En primer término, alega que a lo largo de su libelo, la recurrente, realiza aseveraciones que dan cuenta de que, sin duda, ha deducido una acción de protección en términos de una “acción popular” y a modo de ejemplo, se señala en la página 35 que, “Como se expresó en los hechos relatados, vecinos y vecinas del sector realizan actividades barriales y de reunión de manera constante, viéndose impedidos de poder realizar dichas actividades desde el inicio de la represión policial a causa del miedo y al riesgo para la integridad de todos y todas las habitantes del sector” (lo destacado es nuestro).

Señala que, la legitimación activa de la acción de protección, supone analizar la exigencia del artículo 20 de la Constitución Política, en cuanto a que se exige que se deduzca por “el afectado o cualquier persona a su nombre”.

A mayor abundamiento, es una exigencia básica para la procedencia de este remedio judicial que, se acredite al menos un interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, a sus mandatarios, o a quienes comparezcan determinadamente en su favor, cuestión que claramente no se verifica en la especie.

Concluye que, no cabe duda que el recurrente dedujo la acción de protección a favor de personas indeterminadas y en pos de fines difusos, materias, que no resultan ser objeto de tutela en esta instancia de protección de derechos constitucionales, lo que ha sido así expresado por esta misma Corte en la causa rol N°8.508-2010 Agrega que no se identifica acción u omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la Intendencia, al no haber referencia expresa alguna conducta (acción u omisión) que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por el recurrente y que pueda ser remediada a través de esta acción constitucional.

Luego de analizar el arco normativo vigente de la recurrida, puntualiza que, en el artículo 2° de la Ley N°19.175, se encuentran las atribuciones del Intendente, y entre las que dicen relación directa con orden y seguridad pública, encontramos las siguientes: b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley; h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes; y m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región.

Por su parte, los organismos encargados de garantizar el orden y la seguridad publica interior, de conformidad al inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.

Recuerda que, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el Decreto Supremo N°1.364, de 13 de noviembre de 2018, (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), estableció los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia.

Evidencia que el 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza, y (ii) la Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público; proceso, en el cual, participaron activamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Sociedad Civil que asesora a la Subsecretaría del Interior y la Defensoría de la Niñez.

Concluye que, las situaciones expuestas en la acción de protección de autos, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que hayan incurrido en los hechos que se mencionan; pero de ninguna manera, es el Intendente de la Región Metropolitana el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores operativas relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

Agrega que existen instrumentos normativos idóneos para abordar la pretensión de la recurrente, ya que dado el carácter cautelar que presenta la acción de protección, estima que no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción. Al respecto, al tratarse el personal de Carabineros de Chile de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento. En este punto entonces, interesa destacar que, ante eventuales infracciones a los deberes y obligaciones de estos servidores públicos, existe por un lado una estructura de control sobre el accionar del personal de Carabineros de Chile, y por otro, los canales y mecanismos establecidos 8 en la Constitución y las leyes que permiten dar cuenta, atender y resolver estas vulneraciones, entre otras, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, sus normas estatutarias y reglamentarias.

Resalta que, la acción constitucional de autos perdió oportunidad, toda vez que su pretensión principal ha sido satisfecha. Señala que, ante este tipo de solicitudes, esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N° 2202-2019, el 28 de noviembre de 2019, ha optado por su manifiesto rechazo.

Agrega agregar que, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, el 19 de noviembre pasado, comunicó a la ciudadanía en un punto de prensa que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como 11 una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Concluye que, la acción de protección debe ser rechazada, además, por no haberse acreditado, ni siquiera mínimamente, cómo estarían la Intendencia afectando los derechos constitucionales invocados por la recurrente, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar de la Intendencia Metropolitana.

Al respecto, se invocan como vulnerados, por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente y el de emitir opiniones, siendo un hecho público y notorio que, en estas últimas semanas y prácticamente todos los días, la ciudadanía en su mayoría se ha volcado multitudinaria y pacíficamente a expresarse y copar los espacios públicos en las principales ciudades del país; hechos que demuestran que las alegaciones vertidas en este sentido por la recurrente, simplemente no se condicen con la realidad.

Cuarto: Que, evacua el informe requerido el General Inspector de Carabineros don nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Señala que, desde el 18 de octubre, debido al estallido social registrado en la región, Carabineros de Chile desplegó diversos servicios policiales para mantener y controlar el orden público, pues tanto en la capital regional como en las demás ciudades, se han registrado graves situaciones que han afectado la tranquilidad y la seguridad de la población; en ese contexto, se ha estado aplicando el protocolo para el mantenimiento del orden público y se han utilizado los distintos elementos disuasivos que permite la norma.

Indica que, las acciones desplegadas no pueden considerarse ilegales, pues una de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, es el resguardo del orden público, así lo señala el inciso segundo del artículo 101°, de la Constitución Política de la República, que señala “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Este mismo imperativo está en el artículo 1°, de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

Expone que, para mantener el orden público, se ejecutan acciones de carácter preventivo y otras que son necesarias para restablecerlo cuando se producen alteraciones; en este último caso, según las circunstancias, se utiliza la fuerza que contempla: a) El Decreto Supremo 1.364 del año 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N° 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y; c) La Orden General N° 2.635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público, la cual se utiliza bajo los parámetros que establece el Derecho Internacional en sus dos principales instrumentos; el primero, corresponde al denominado Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley , que en su artículo 3° señala que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y, el segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Placer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto", es decir, el uso de los elementos disuasivos se ejecutan sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad. El conjunto de estas disposiciones configuran el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Refiere que, los elementos que se emplean para el control del orden público, según el mismo protocolo, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Todos estos mecanismos, son utilizados bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que, como ya se indicó, están definidos en la Orden General N°2635; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que las operaciones lo permitan, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo podrá realizarse y sus resultados pueden ser exitosos, lo que, a contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, como primera cuestión hay que precisar que la acción deducida, en parte alguna explica cómo se han amenazado, perturbado o conculcado las garantías constitucionales denunciadas por el recurrente, desde que no se explica de qué forma, el presunto actor, detenta el carácter de afectado por los hechos que denuncia, ni tampoco se explicita pormenorizadamente la relación de causalidad entre los dañinos efectos de los hechos denunciados en relación con su persona.

Más bien, el presente recurso reviste la naturaleza jurídica de una verdadera acción popular, intentada por quien no justifica ningún derecho amagado con la denuncia realizada en estos autos. En efecto, no existe ni un párrafo del libelo de protección que establezca que el actor haya sido afectado personal y directamente con los hechos que denuncia, sino que de manera genérica, hace presente aislados hechos delictivos provocados por personal policial actualmente investigado, que ocurrieron con ocasión de las protestas callejeras suscitadas a partir del 18 de octubre del año recién pasado.

De lo anterior, fluye que afecta al actor la falta de perjuicio, amenaza o perturbación en los derechos por los cuales recurre, careciendo, por tanto, de legitimación activa para deducir la presente acción y ha sido la Excma. Corte Suprema la que ha sentado uniforme doctrina en este sentido, indicando que el recurso de protección no es de acción popular, sino que el recurrente debe sufrir o padecer algún perjuicio para poder deducirlo legalmente.

Octavo: Que, siendo las razones esgrimidas en el motivo anterior razón más que suficientes para desestimar la presente acción, igualmente, existe otro argumento que también conlleva al rechazo de la presente acción y dice relación con la pérdida de toda oportunidad de la presente acción constitucional.

En efecto, por el empleo de las escopetas antidisturbios por parte de personal de Carabineros para disipar a los manifestantes y que, en su uso, no se observaron los protocolos vigentes a esa fecha, dicha actuación irregular no sólo motivó la interposición por parte del Instituto de Derechos Humanos de las querellas respectivas (2499), sino que provocó las investigaciones a cargo del Ministerio Público de las cuales, a nivel nacional, hay 28 causas formalizadas, 68 personas imputadas: 64 funcionarios de Carabineros y 4 de las Fuerzas Armadas (3 militares y 1 miembro de la Infantería Marina) (Dato obtenido el 17 de septiembre de 2020 en https://www.indh.cl/balance-indh-a-11-meses-del-18-o-2499-querellas-y-28-causas-formalizadas/).

No obstante lo anterior, dicho anómalo actuar provocado en casos determinados, propició que Carabineros de Chile modificase el protocolo para el mantenimiento del orden público y actualizó el protocolo 2.8 sobre Empleo de Escopeta Antidisturbios, fundado, como se señala en la letra h) de lo resolutivo del referido protocolo, en “(…) las observaciones generales y recomendaciones específicas recibidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y del área temática de Seguridad Pública del COSOC de la Subsecretaría del Interior, como representantes de la sociedad civil, y a los procesos de capacitación y perfeccionando que conjuntamente ha desarrollado la Institución con el Ministro del Interior y Seguridad Pública”.

En este punto, en el nuevo instrumento reglamentario se estableció que: “El empleo de la escopeta antidisturbios será preferentemente defensivo, sobre todo para aquellos casos en que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles especialmente si éstas se efectúan con armas de fuego, y deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como agua, gases y otros resulten o puedan resultar insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de éstos no fuere posible para el caso específico.

Conforme a la Circular N° 1832, de fecha 01 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5, “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada. Si al funcionario le constare que la persona contra quien se tuviera que utilizar el arma fuere un niño, niña o adolescente, una mujer embarazada, un adulto mayor o una persona notoriamente con problemas de salud o discapacidad, sólo podrá utilizarla en el nivel 5”.

Un aspecto importante que incorpora el protocolo dice relación con el uso de determinados cartuchos en la escopeta, al indicarse que: “Previo a su uso, deberá verificar que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, de conformidad a la normativa vigente, y que se encuentran en condiciones de ser utilizados, debiendo tratarse de munición con proyectiles menos letales, tales como perdigones de goma u otros”.

Para el resguardo del personal policial y poder contar con elementos de prueba que demuestren que el uso de la escopeta se motiva por situaciones violentas que atenten contra su vida, el actual protocolo exige que: “Todo el personal que emplee escopeta antidisturbios deberá contar con una videocámara corporal, debiendo entregar sus registros al finalizar su servicio para su resguardo y archivo”.

Se impone, además, como obligación al funcionario policial en el empleo de la escopeta que: “(…) deberá considerar en todo momento las circunstancias de cada caso específico, especialmente aspectos tales como la distancia entre el tirador con el o los sujetos cuya agresión se intenta repeler o evitar, la presencia de otras personas ajenas al hecho, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.), o si le constare que entre los sujetos participantes hubiere niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, o personas notoriamente con problemas de salud o discapacidad, lo anterior con la finalidad de evaluar la conveniencia de su uso (…)”.

En cuanto al daño posible de ocasionar con el uso del armamento en estudio, se ha establecido que: “Si, considerando todas las circunstancias previamente señaladas el funcionario policial debiese usar la escopeta antidisturbios para repeler o evitar un ataque, lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler. En particular, deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”.

Noveno: Que, conforme con el instrumento analizado previamente, dictado el 14 de julio de 2020 por Carabineros de Chile, precisamente, a sugerencia del Instituto de Derechos Humanos y otros organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía, se ha restringido el uso de la referida escopeta para casos eminentemente defensivos y no disuasivos, cuando existan agresiones contra la integridad física de terceros o del propio personal de Carabineros y con todas las limitaciones y exigencias ya estudiadas, decisión que, también hace perder oportunidad el recurso intentado, al haberse adoptado las medidas por parte de la autoridad policial, tendientes a resguardar la vida de las personas y evitar, con ello, la provocación de daños a terceros.

Décimo: Que, no puede perderse de vista que las manifestaciones ocurridas en el país fueron de una violencia y entidad inusitada, que no fue posible de prever por parte de las autoridades administrativas y policiales respectivas, ya que los antiguos protocolos no estaban diseñados para enfrentar la violencia de los desmanes, la destrucción a la propiedad pública y privada, los saqueos y en general, un actuar antijurídico desmedido y, es por ello que, ante el uso irregular del armamento de fuego, es que se están substanciando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar la comisión de eventuales delitos en el errado ejercicio de la función policial respectiva.

Pese al lamentable desenlace que determinados sujetos sufrieron con el actuar policial cuestionado, estos hechos no tienen la virtud de sustraer el uso de la fuerza legítima en los agentes que la sociedad, el constituyente y el estado de derecho han acordado radicar.

En este punto, no puede perderse de vista que el “Poder”, en tanto atributo del Estado, es una fuerza al servicio de una idea. Una fuerza nacida de la voluntad social preponderante, destinado a conducir al grupo hacia un orden social que estima benéfico y, llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que dicha búsqueda impone (V. Burdeau, George, Método de la ciencia política, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 188).

El poder estatal representa, precisamente, el factor permanente de cohesión social y en este punto no puede pretenderse sustraer, por medio de la presente acción cautelar, el uso de la fuerza legítima a los agentes del Estado que, constitucional y legalmente, están llamado a resguardar el orden público social e institucional.

Undécimo: Que, el lamentable desenlace en actos violentos por parte de algunos ciudadanos no puede ser una justificación para impedir el uso del armamento o elementos disuasivos propios de los organismos policiales, menos cuando dichos cuerpos policiales han reglado y ajustado sus protocolos de acuerdo a los estándares internacionales de las policías, respetando las garantías fundamentales de todo sujeto de derecho, situación que incluso se endureció más, con el dictado de la Orden General N°2780, de 14 de julio de 2020, que actualizó el protocolo del uso de la escopeta antidisturbios.

Duodécimo: Que, por su parte, en relación con la recurrida Intendencia de la Región Metropolitana, de la lectura del libelo de autos no existe ni un solo acto que pueda serle atribuido y que revista las características de arbitrariedad o ilegalidad que motiven la adopción de medida alguna, desde que todo el reproche descansa en el uso de armamento de forma antijurídica por parte del personal de Carabineros, lo que, también, conlleva al rechazo del arbitrio a su respecto por absoluta falta de motivación, participación y provocación de perjuicios.

Por el contrario, la autoridad gubernamental ha colaborado con el Ministerio Público en la investigación de todas las actuaciones antijurídicas por parte del personal de Carabineros involucrado, siendo un hecho público conocido por los constantes comunicados efectuados a la ciudadanía en el período álgido de las protestas, permitiendo, además, la participación de organizaciones internacionales en la indagación de los hechos que pudieran haber vulnerado algún derecho fundamental.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, por todo lo antes razonado, es que la presente acción no puede prosperar y debe ser desestimada, tanto por no ser la vía idónea para la solución de acciones de índole popular, como por haber perdido toda oportunidad.

Por estas consideraciones, normas legales y reglamentarias citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Camilo Lefort Valenzuela, en contra de Carabineros de Chile y de la Intendencia de la Región Metropolitana.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección N° 182.515-2019 deducido por el abogado Camilo Lefort Valenzuela, en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, y de don nombre reservado, General Director de Carabineros, sólo en cuanto a ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo; y además de disponer que tanto el recurrido Director General de Carabineros como el personal a su cargo, realicen cursos de inducción sobre Derechos Humanos, ante alguna Universidad acreditada o ante una entidad independiente de la institución de Carabineros, considerando para ello lo siguiente:

1).- Que, atendido los hechos en que se funda el recurso, se considera que se encuentra acreditado el acto arbitrario e ilegal que se reclama, no solo por el contexto que se describe, el último boletín del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las fotografías, videos y antecedentes que se acompañan, sino que también porque las recurridas no han dado una respuesta adecuada sobre los fundamentos de las medidas y su proporcionalidad, ni de las razones para no dar cumplimiento real y efectivo a los Protocolos sobre el uso de la fuerza, limitándose a citar la normativa aplicable respecto a la cual siempre estarán obligadas a cumplir y hacer cumplir, por lo que es posible sostener su real existencia, siendo por lo mismo determinante ese sustrato fáctico que se esgrime para adoptar medidas cautelares urgentes por esta Corte, para evitar que se sigan repitiendo hechos de similar naturaleza, siendo razonable y legítimo el temor de los recurrentes, que en el marco de manifestaciones pacíficas y sin armas, se les lesione, mutile sus ojos y viole sus derechos fundamentales. Como lo alegan los recurrentes, existe un serio e inminente riesgo que se sigan repitiendo esos actos ilegales y arbitrarios que enfrentarán las personas que hagan uso del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, consagrado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República.

2).- Que, en efecto, las recurridas no han hecho cargo de la multiplicidad de hechos que se le imputan, sino que se han limitado a realizar alegaciones formales, asilándose sólo en lo que disponen diversos cuerpos normativos, cuyo contenido no se ha cuestionado por el recurrente, sino que su cumplimento efectivo por parte de la fuerza pública, y del Ministerio encargado de fiscalizar su cumplimiento, señalando el recurso como fundamento fáctico, entre otros:

“Que, con el espíritu colaborativo y para proteger a la comunidad se han aunado fuerzas y coordinando con distintas organizaciones, creando un Centro de Primeros Auxilios en la entrada del pasaje, trabajo realizado en colaboración con la ONG “Salud a la Calle” y al que después se sumaron el grupo “Rescatistas Voluntarios de Chile”. La labor de los vecinos ha sido fundamental para poder organizar el Centro de Primeros Auxilios, ya que ha permitido otorgar seguridad y protección, mediante la presencia permanente de vecinos, al ingreso al Pasaje Nueva Bueras, permitiendo el correcto funcionamiento de los equipos médicos y la protección de los niños y adolescentes, adultos mayores y animales que habitan el sector. En este contexto de manifestaciones sociales y colaboración vecinal, expone que los vecinos han sido víctimas y testigos del actuar ilegal, arbitrario y desproporcionado de Carabineros, que ha afectado la integridad, vida privada, vida en comunidad, propiedades y el uso de los espacios comunes, además del medio ambiente, provocando un estrés importante por el hecho de vivir permanentemente bajo disparos de armas no letales, chorros a presión del carro lanza agua y la exposición constante, desproporcionada y acumulativa de los gases lacrimógenos y pimienta del carro lanza gases y de policías a pie, además de los golpes que vecinos del sector han recibido por parte de Carabineros, por el solo hecho de desplazarse en la zona, lo que ha tenido repercusión en rutinas cotidianas, calidad de vida y, especialmente, sobre la salud de todos los habitantes del sector. Los vecinos de la calle Coronel Santiago Bueras y el Pasaje Nueva Bueras, se han visto afectados de manera cotidiana por el uso desmedido de elementos disuasivos, gases lacrimógenos, balines, unidades blindadas y funcionarios a pies y han recibido impacto de balines y/o perdigones, golpes, agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios de Carabineros, problemas respiratorios producto de los gases lacrimógenos y pimienta, quemaduras producto del chorro de los carros lanza aguas. Estaban flameando la bandera con la Cruz Roja pintada, cuando pasa el "zorrillo" y baja la velocidad, se abre una de sus puertas asomándose un Carabinero que rocía un gas tóxico mediante una lata de spray, dañando a varios vecinos y vecinas que empiezan a estornudar y a botar saliva. Que Carabineros ingresó al Pasaje Nueva Bueras intimidando y amenazando a los vecinos y vecinas y en varias ocasiones, la comunidad ha sufrido intimidaciones y amenazas, ya sea apuntando sus armas antidisturbio, o acercándose amenazantemente al Centro de Primeros Auxilios que mantienen en la entrada del pasaje Nueva Bueras con la intención de "barrer con todo", como un día lo mencionó un carabinero. Que estos hechos han ocurrido el 2, 15 y 18 de noviembre, de los cuales se mantienen registros fotográficos, como también relatos de los vecinos que sufrieron las amenazas. Que existe una constante vigilancia de drones y helicópteros de Carabineros de Chile que atentan contra la vida privada de la comunidad, ya que desde que empezó el estallido social, la comunidad se ha visto afectada por la extrema vigilancia que cubre el sector de Plaza Italia. Esta sobre vigilancia es injustificada, sabiendo que las manifestaciones se encuentran en Plaza Italia y sus alrededores.

3).- Que, respecto al informe de la recurrida Director de Carabineros de Chile, y de lo que alegó en estrados su abogado, se reduce a invocar argumentos meramente formales, asilándose en la existencia de una nueva normativa, de Protocolos del uso de la fuerza, siendo lo único determinante para que esta Corte adopte medidas cautelares, que del sustrato fáctico que reseña el recurrente en su libelo, emanan indicios de la existencia de actos –arbitrarios e ilegales-, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Por lo mismo, resulta relevante lo que se ha alegado por el recurrente, que pese a la existencia de dicha normativa, ella no se cumple, no existiendo proporcionalidad en el uso de esos elementos disuasivos, no utilizándose solo en el caso de legítima defensa de Carabineros.

Lo mismo es posible sostener respecto a la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que informando alegó que no se identifica un acto u omisión atribuible a su parte; que existen instrumentos normativos idóneos para abordar las pretensión del recurrente; la falta de oportunidad y otras alegaciones meramente formales, porque es a esta recurrida que le corresponde controlar la política de seguridad interior, y no al Director General de Carabineros, para establecer sólo ante sí qué es lo necesario para compatibilizar el orden público con las garantías fundamentales de las personas, no siendo sólo un problema de existencia de normas y Protocolos, sino que también se debe fiscalizar que ellos se cumplan, no pudiendo dejarse a Carabineros a su suerte, mucho menos en la ponderación del uso de armas, que han ocasionados el gran número de personas lesionadas y mutiladas, como se denuncia en esta acción constitucional.

Al respecto resulta conveniente considerar lo que la abogada Paula Vial en el recurso visto antes que esta causa, dado que se vieron uno en post de otro, quien señaló que el Ministerio del Interior no ejerce un control efectivo de Carabineros; que los Protocolos entregan una apariencia de fantasía, no limitándolos; que es importante que la autoridad civil los regule; que lo haga por sobre una apariencia normativa, porque ellos no cuentan con el control de la autoridad civil; que la autoridad civil no tiene función real y operativa respeto de Carabineros; que ellos mismos lo han señalado es así; que por eso es importante que la Corte lo establezca, porque lo que no se ha subsanado hasta hoy; que los Protocolos son insuficientes; que existe una falacia en lo que informan; que también es una falacia que lo único que tienen sean las municiones que han utilizado, para no tener que llegar a la utilización de armas de fuego; solicitan que la Corte mandate, de forma que esos Protocolos no sean sólo formales, sino que exista operatividad; que en información obtenida a través de transparencia, se da cuenta que no hay auto regulación en Carabineros, no hay instrucción o cultura que limite la intervención y el uso de la fuerza; que en ese informe aparece que solo once sumarios han terminado con sanciones contra Carabineros; que es ésta la oportunidad para cumplir con el mandato constitucional, para que el Estado de Chile regule el uso de la fuerza” (sic).

4).- Que, por lo mismo, en lo que respecta a la alegación de las recurridas de “pérdida de oportunidad”, se concuerda con los recurrentes que corresponde a otro argumento meramente formal que soslaya el fondo del asunto y la grave vulneración de derechos fundamentales que se denuncian, siendo además una cuestión que tampoco atañe a los afectados, porque toda persona tiene el derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito, no siendo atribuible a los recurrentes -sino que a los respectivos órganos del Estado- que siendo ésta una acción cautelar destinada a estos fines, no se resolviera con prontitud ni se adoptaran oportunamente las medidas urgentes que el caso ameritaba. Por lo demás, en el presente recurso se pide se abstenga de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando), además de lanzar gas lacrimógeno, en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán, porque las personas tienen derecho a manifestarse.

5).- Que, por otro lado, independiente de cualquier defecto meramente formal de que podría adolecer el recurso de protección interpuesto, lo concreto resulta ser que los órganos del Estado estamos obligados a permitir el acceso a la justica de todas las personas a través de un recurso expedito, siendo esta acción constitucional la vía más idónea para reclamar esa protección, cuando ha existido una vulneración de garantías fundamentales imputable a un agente del Estado, para disponer de manera expedita las medidas cautelares reparativas o correctivas que correspondan, por lo que siempre corresponderá que la respectiva Corte de Apelaciones adopte las medidas que considere adecuadas para restablecer el imperio del derecho y la adecuada protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República, en este caso, en lo que se refiere a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión.

6).- Que, desde este punto de vista, resulta trascendente para el acogimiento de medidas cautelares, el establecimiento de hechos que provienen de la existencia de actos u omisiones ilegales y de indicios suficientes de vulneración de garantías fundamentales, atendida la circunstancia que describen los recurrentes, bajo la cual funda substancialmente su acción constitucional. La primacía de la realidad establecida por los antecedentes aportados por los recurrentes, desborda todas las alegaciones formales que hacen las recurridas, resultando atingente a este respecto lo que alegó en estrados la abogada de los y las recurrentes, según se ha expuesto anteriormente.

7).- Que, desde este punto de vista, es posible sostener que lo que se denuncia, no es solo la inexistencia de una normativa que obligue al Estado y sus agentes a respetar los derechos fundamentales de todas las personas, aun cuando formalmente en su texto los Protocolos se conformen al estándar del derecho internacional humanitario; ni tampoco se reclama un error de interpretación dogmático de la legislación o de esos Protocolos vigentes; ni que la utilización de armas no letales se encuentre excepcionalmente permitida bajo ciertos supuestos de legalidad, proporcionalidad y progresión, y sólo para los casos de legítima defensa personal, sino que sustancialmente se reclama la falta de una aplicación práctica y adecuada por parte de personal de Carabineros de Chile, de esos Protocolos que regulan su actuar en las manifestaciones públicas, cuando deben cumplir su obligación de mantener el orden público. Por lo tanto, no basta que los agentes del Estado se limiten a citar esos Protocolos y/o normas que reconocen derechos y garantías en favor de las personas, sino que están obligados a justificar ante esta Corte, que efectiva y realmente los conocen y han dado cumplimiento a ellos, lo que no es posible establecer en este caso con lo que se ha informado, atendida la multiplicidad de hechos y su progresividad temporal, según se da cuenta en este y en los restantes recursos de protección que se han alegado de manera sucesiva en la vista de la causa, todo lo cual desvirtúa las alegaciones formales que realiza la recurrida en su informe.

8).- Que, es bajo ese estándar normativo, que la obligación de cuidado de la integridad de las personas que participan en una manifestación pública, corresponde cumplirla a las autoridades superiores encargadas del orden público, correspondiendo al recurrido General Director de Carabineros al informar este recurso, haber justificado que ha empleado la diligencia debida en cuanto jefe superior del servicio, respecto al cumplimiento de esa legislación que regula la materia por parte del personal a su cargo, disponiendo la realización oportuna de las debidas inducciones a ellos; o justificar que adoptó otra medida similar y adecuada, para verificar que Carabineros que interviene en la mantención del orden durante una manifestación pública, antes de recibir una escopeta antidisturbios o alguno de los disuasivos químicos, efectiva y realmente ha comprendido y conocido -por su asistencia a algún curso certificado e impartido por alguna institución de educación independiente y otra forma que permita acreditarlo-, el contenido y las exigencias que le imponen los Protocolos de actuación, los principios que los informan, la mejor forma de ejecutar de manera práctica esas normas, y las consecuencias que podrían generarle el no acatarlos.

9).- Que, en la vista de este recurso, se han alegado catorce recursos de protección sobre esa materia, uno en post de otro, los que han sido interpuesto por múltiples personas, organizaciones e instituciones, siendo común en todos ellos, el sustrato fáctico referido a la gran cantidad de personas lesionadas y mutiladas en sus ojos, sustrato fáctico que ha sido puesto en conocimiento de esta Corte para que adopte las medidas cautelares adecuadas, precisamente para evitar que se vuelvan a repetir, siendo un antecedente relevante la progresividad en el aumento de casos al no disponerse orden de no innovar, señalándose ejemplos de Cortes que sí las decretaron, en que el efecto fue diferente al haberse accedido a ellas.

10).- Que, en algunos de estos catorce recursos que se han visto uno en post de otros, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha pretendido desligarse de responsabilidad, deslizándola hacia el Director General de Carabineros, al alegar que su parte dispuso de aquellas medidas que estaban dentro de sus facultades al haber dictado el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018 y otros posteriores, uno de los cuales se publicó el mismo día de la vista de la causa, por el cual dispuso los lineamientos generales y perentorios que debían considerarse para el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, lo que se refuerza con lo que dispuesto en el artículo 2° del citado Decreto Supremo, en orden a que Carabineros debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes. Por consiguiente, es posible señalar que establecida y dictada dicha normativa por la autoridad de gobierno competente, efectivamente correspondía que su General Director dispusiera su ejecución, disponiendo que los principios que los informan y la reglamentación que en ellos se contiene, fuese conocida por todos los funcionarios policiales a su cargo, de forma tal que el uso racional de la fuerza se realizara como medida de último recurso, de manera proporcional, y sólo en caso de una legítima defensa, como expresamente lo disponen dichos Protocolos, y no como una forma de disolver una manifestación pública, lo que debió haber explicado y justificado ante esta Corte, lo que no ha hecho, pues su informe es formal y meramente normativo.

11).- Que, en este contexto, constituye un antecedente más a considerar para establecer la responsabilidad del recurrido, lo que alegó en estrados uno de los abogados recurrentes, cuando cita el audio de 13 de noviembre de 2019, en que el General nombre reservado señala que personal a su cargo “tienen todo mi apoyo y respaldo. A nadie voy a dar de baja”; y entre esos mismos antecedentes, es posible asentar una falta de reflexión y conocimiento a dichos Protocolos, porque cuando se transcribe un comunicado de prensa efectuado el día 19 de noviembre por el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, señala que “como una conducta de prudencia” –no porque exista una normativa que lo exija y regula- se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios, “la que sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa”. Sin embargo, como lo alegó en estrados la abogada de los recurrentes, eso no se ha cumplido, porque desde esa fecha siguen habiendo lesionados y mutilados. Existe una gran brecha entre la teoría y la supremacía de la realidad, porque los Protocolos disponen precisamente que las armas antidisturbios sólo se pueden utilizar en caso de legítima defensa, es decir, en caso que un funcionario policial sufra una agresión ilegítima –sin indicar el informe que exista un funcionario en esa circunstancia-, a lo que se agrega la exigencia que no exista otro medio proporcional disponible para repelerla, porque ningún funcionario del Estado, está autorizado para cometer delitos de lesiones gravísimas y mutilaciones, como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (artículo 7 del Estatuto de Roma).

12).- Que, bajo este contexto cobra relevancia para establecer la responsabilidad del recurrido, la alegación que ha realizado el Ministerio del Interior en otros recursos, cuando para deslindar responsabilidad señala que de asumirse “que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no legal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula –que es en definitiva lo que se denuncia en el recurso-, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación nacional y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla”. Lo anterior no es más que un fundamento adicional, para sostener que la autoridad civil alega exención de responsabilidad, por haber dispuesto oportunamente mediante un Decreto Supremo, que Carabineros actualizara sus Protocolos, pero su acatamiento posterior -a los cuales deben sujetarse todos los funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública-, corresponde a una cuestión de ejecución y cumplimiento efectivo que compete a su General Director y a las demás autoridades del orden superior, porque si el personal de Carabineros se aparta de ese contenido y exigencia reglamentaria mínima, se arriesgan a comparecer a justificar su actuar no solo ante esta Corte, sino que también ante la justicia penal, única que en definitiva podrá determinar la responsabilidad que les puede caber en el crimen de mutilación en los ojos de las víctimas que se describen en el presente recurso como heridas oculares de más de 197 personas, y que en las otras causas que se han visto en forma conjunta, se agrega ya exceden las 200.

13).- Que, en consecuencia, existiendo la obligación de ejercer control jerárquico, sin haber justificado ante esta Corte de Apelaciones el señor General Director de Carabineros de Chile en su informe, que efectivamente haya empleado la debida diligencia y cuidado debido para cumplir esta obligación de medio, por las inconductas en que han incurrido los funcionarios de Carabineros bajo su dependencia, es posible establecer que existe responsabilidad en los actos arbitrarios e ilegales que se denuncian en la presente causa, porque no es posible asentar en esta causa, que dicho personal policial esté verdaderamente instruido en la aplicación práctica de esos Protocolos, como tampoco es posible establecer que se manden solos. En ese mismo sentido, lo que informa el recurrido no es concordante con el número de personas lesionadas o mutiladas en sus ojos, en relación a un número similar de agentes del Estado, que se hayan visto obligados a utilizar las armas no letales, como una forma de defenderse de la agresión ilegítima de que fueron objeto por parte de los lesionados; nada indica el informe que se hayan realizado las denuncias correspondientes ante la jurisdicción; tampoco se aclara, si los integrantes de esas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se les han dado cursos sobre derechos humanos y si tienen un efectivo conocimiento que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados; que no es procedente la eximente de obediencia debida, para justificar la comisión de un crimen, por lo que si por ahora no se dan las condiciones para su juzgamiento, podrían ser posteriormente investigados y juzgados, por infringir normas ius cogens, por actos que se enmarcan dentro del estándar que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Redactada por el Ministro señor Muñoz Pardo y la disidencia por su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-182515-2019.