SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA DIALISIS COLINA SA con MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinte.

Visto y considerando.

Primero: Que, comparece nombre reservado, en su calidad de presidenta del Sindicato de Trabajadores de Empresa Diálisis Colina S.A, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, de Defensa Nacional, y del Trabajo y Previsión Social, por el acto arbitrario e ilegal materializado en la dictación conjunta de la Resolución Exenta N°269, que modificó la Resolución N°173, en el sentido de eliminar de la nómina de trabajadores que no tendrían derecho a huelga a la empresa de Diálisis Colina S.A., conforme lo dispone el artículo 362 del Código del Trabajo. Hizo presente que el obrar de los recurridos conculcó las garantías constitucionales de su representada en cuanto al derecho de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2, y el derecho de la negociación colectiva, consagrado en el artículo 19 N°16, ambos de la Constitución Política de la República. Pide se adopten todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y, en especial que se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N°269, de 3 de octubre de 2019, manteniendo vigente la Resolución N°173, de 31 de julio del 2019.

Explicó que la empresa Diálisis Colina S.A., entre julio del 2017 a julio del 2019, estuvo dentro del listado de 100 empresas que no tenían derecho a huelga, al tenor de lo dispuesto por el artículo 362 del Código del Trabajo. Luego, y pronto a vencer el bienio respectivo, el 31 de mayo de 2019 el sindicato presentó ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo un escrito pidiendo que se mantuviera a la empresa Diálisis Colina S.A. dentro de aquellas en que sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, para el período 2019 a 2021. Por su parte, el 4 de julio del 2019, la empresa solicitó a los ministerios recurridos no quedar incluida en la citada nómina. Finalmente, el 31 de julio del año 2019 se dictó la Resolución conjunta N°173, la que en lo pertinente incluyó en el listado de empresas que no podrían ejercer el derecho a huelga, a Empresas de Diálisis Colina. Contra esta decisión, la empresa de Diálisis Colina presentó reclamo judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que luego culminó por desistimiento del reclamante.

Refirió que la Resolución N°269 de 3 de octubre del 2019, que se fundó en la facultad del artículo 62 de la Ley N° 19.880, decidió eliminar de forma unilateral del listado a la Empresa de Diálisis Colina, por haberse estimado un error su inclusión en la lista. Lo precedente, sostiene la recurrente, constituye una abierta vulneración a su derecho de igualdad ante la ley.

En cuanto al derecho, afirmó que el obrar de los recurridos contravino derechamente el propio artículo 362 del Código del Trabajo, ya que entiende que se les eliminó del listado en el año 2019, sin haberse configurado una causa sobreviniente, y sin haberse pedido su eliminación dentro del plazo que correspondía para ello.

Agregó, que tampoco se observó correctamente lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 19.880, ya que dicho artículo solo alude a la facultad de la administración de rectificar errores de copia, y lo cierto es que la resolución impugnada por esta vía, la N°269 de 3 de octubre de 2019, en realidad hizo un pronunciamiento de fondo, momento en que también se encontraba vigente la reclamación judicial de la propia resolución N°269 al tenor del artículo 402 del código laboral.

Sostuvo que la indicada Resolución N°269 no contiene una correcta fundamentación, además de no ser congruente con lo informado por los mismos ministerios en la reclamación judicial.

Reprochó finalmente, una serie de vulneraciones a la Ley N° 19.880. Primero, que la indicada Resolución N°269 fuera notificada por el Diario oficial y no directamente a los involucrados, infringiendo así el artículo 48 de la Ley que establece la obligación de publicar en el Diario Oficial, pues no se dan los presupuestos para proceder como se hizo, en cambio, debió efectuarse como lo indica el artículo 45 de la Ley N° 19.880, o sea, notificando a los interesados directamente, por ser un acto de afectación individual. En segundo lugar, no se observó el artículo 53 de la Ley, por no iniciar un proceso de invalidación.

Con todo, identificó la arbitrariedad del actuar de las recurridas, en no haber fundado correctamente su obrar.

En cuanto a las garantías que se dice vulneradas, afirmó que la igualdad ante la ley se vio afectada, toda vez que se acogió la solicitud de la empresa de excluir a Diálisis Colina del listado de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga, sin previo emplazamiento y sin poder ejercer sus derechos, lo que mermó sus posibilidades de defensa en igualdad respecto de su contraparte. Sobre la afectación al derecho de negociación colectiva, la fundó en el hecho que no se permitió al sindicato ejercer su propio programa de acción, cuestión que significa una intromisión ilegítima de la autoridad. Culminó solicitando que se acoja el recurso, con costas.

Segundo: Que, informó por los ministerios recurridos Ruth Israel López, abogada del Consejo de Defensa del Estado, quien pidió el rechazo del recurso.

En cuanto a la formalidad, alegó la extemporaneidad de este, toda vez que habría transcurrido con creces el plazo de 30 días para su interposición. Aseveró que la Resolución N°269 fue publicada en el Diario Oficial el 19 de octubre del 2019, oportunidad en que el recurrente pudo tomar conocimiento de esta. A su turno, el recurso se presentó recién el 9 de diciembre del 2019, por tanto, fuera del plazo de “30 días corridos”.

Agregó que la vía cautelar de protección es improcedente para los efectos que se pretende en el recurso, no siendo el camino idóneo para dejar sin efecto una resolución de los Ministerios recurridos, por cuanto, la requirente no detenta indubitadamente los derechos que invoca.

Sostuvo que el caso de autos es bastante especial, ya que es la primera vez que ocurre que el Sindicato expresamente pide renunciar a su derecho de Huelga, y que la propia Empresa, en cambio, pide que no se les excluya del derecho de huelga a los trabadores, por estimar que no se daban los presupuestos que establece el propio artículo 362 del Código del Trabajo. En este aspecto, hizo presente que tanto la empresa como el sindicato mantenían a la época de los hechos un acuerdo a través del arbitraje, el que a la fecha está vigente y rige hasta diciembre de 2020, período que coincide con la vigencia de la Resolución N° 173 en comento.

Pronunciándose sobre la alegación de falta de notificación, se remitió a recordar que el propio artículo 362 del Código del Trabajo señala que la resolución que se pronuncia sobre el ingreso al listado de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga deberá publicarse en el Diario Oficial y podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 402.

Concluyó afirmando que, en la especie, los ministerios que participaron en la dictación de la resolución conjunta, no han incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad, ya que no hizo más que cumplir precisamente con la ley, actuando en uso de las facultades que la misma le entrega.

Tercero: Que, haciéndose parte en el recurso, informó por Diálisis Colina S.A., el abogado José Luis Muñoz Eyquem, quien pidió el rechazo del presente recurso básicamente porque nunca fue la intención de su representada ser calificada como empresa esencial, como erróneamente se estimó en la Resolución N°173, lo que hubiese impedido al sindicato ejercer su derecho constitucional a la huelga, y que por lo mismo se pidió revocar tal decisión administrativa.

Luego explicó que el derecho a la huelga es reconocido internacionalmente como un derecho fundamental que debe ser reconocido en favor en los trabajadores, por lo que, en caso de restringirse, la razón debe ser excepcional y suficiente. En ese escenario, su representada fue del parecer de manifestar a la autoridad que no quería excluir a sus trabajadores del derecho a la huelga.

Agregó que tampoco se cumplen con los presupuestos que el propio artículo 362 del Código del Trabajo consagra, ya que la empresa Diálisis Colina S.A., no es un servicio de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

Finalmente, afirmó que no es procedente impugnar las resoluciones Nº177 y Nº269, por la vía de un recurso de protección, pues existe una acción especial en el artículo 362 del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, como se ha dicho reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Se trata de un remedio de urgencia ante actuaciones u omisiones de hecho, vulneratorias de las garantías protegidas expresamente por este arbitrio constitucional, autorizándose a la Corte respectiva, a dictar las medidas conducentes a poner fin al estado de cosas que afectan a uno o mas de los derechos que la Carta Política precisa.

Quinto: Que, constituyendo el recurso de protección una acción cautelar que tiene lugar cuando ha mediado un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amenace o perturbe alguna de las garantías que se señalan como vulneradas al amparo de lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el artículo 1° del Acta N° 94/2015 de la Excelentísima Corte Suprema, exige además, que el recurso se ejerza ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, en el plazo fatal de treinta días corridos, término que se cuenta desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sexto: Que, de la revisión de los antecedentes que obran en el expediente digital de estos autos, sumado a la revisión que se ha realizado al ingreso laboral de esta Corte, rol N° 2472-2019, a través del sistema de tramitación de causas de libre acceso al público, permiten concluir que el conocimiento indubitado que tuvieron los interesados en el respectivo procedimiento administrativo destinado a cumplir los fines establecidos en el artículo 362 del Código del Trabajo, de lo resuelto en la Resolución Exenta materia de este arbitrio, lo fue con mérito del informe evacuado, en su oportunidad, por las reclamadas, el 13 de noviembre de 2019 en dichos autos. Tan es así, que al momento de desistirse la reclamante de su acción, esto es, Diálisis Colina S.A., lo hace considerando el hecho de que la resolución impugnada en estos autos, “no le había sido notificada a su parte” (sic), de lo que fluye, entonces, que tanto la reclamante como el Sindicato recurrente, que a la sazón se hizo parte en dicha reclamación, tomaron conocimiento cierto de los efectos de la antedicha Resolución Exenta, en la fecha en que fue emitido el respectivo informe, por lo que la alegación esgrimida por las recurridas en torno a la extemporaneidad de este recurso, debe ser rechazada, atento que el plazo, contado de ese conocimiento real y efectivo, a la fecha de presentación del recurso. aún estaba vigente.

No puede contabilizarse el plazo, como lo plantean las recurridas, desde que se publicó en el diario oficial la Resolución N°269, el 19 de octubre del año 2019, en que se habría tomado conocimiento de ella, toda vez que el auto acordado exige una noticia o conocimiento cierto, voz que conforme al Diccionario de la Lengua Española (Edición 2001), significa “conocido como verdadero, seguro, indubitable”. lo que implica que ese conocimiento no sólo debe ser efectivo, sino que demostrable, lo que no ocurre con una publicación en el diario oficial, cuyo objetivo, conforme al artículo 362 del Código del Trabajo, es establecer una forma de notificación colectiva genérica, para deducir una reclamación, totalmente diferente al objetivo de este arbitrio constitucional.

Séptimo: Que, conviene insistir, amén de lo dicho, que estimar que la notificación a las partes interesadas se ha cumplido con el solo mérito de haberse publicado en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 269, no resulta idóneo. Si bien el artículo 362 del Código laboral en su inciso final ordena la notificación de la respectiva resolución, a través de dicho medio, es del caso que la decisión de autoridad impacta entre dos interesados: la parte empleadora, y la parte trabajadora, que en el caso sublite corresponde al Sindicato. Sobre este punto, conociéndose el domicilio de la contraparte en cuestión, resultan en la especie aplicables lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 19.880, a fin de asegurar a las partes involucradas en el respectivo proceso administrativo una debida notificación de las decisiones de la autoridad, a fin de hacer valer sus derechos.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, no por nada la Resolución Exenta N° 41 de 31 de Marzo de 2017, que Aprueba el mecanismo de coordinación para calificación de las Corporaciones o Empresas en las que no se podrá ejercer el Derecho a huelga, exige que las solicitudes que se dirijan a la autoridad en su artículo primero letra a) , señalen “el nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones”.

Noveno: Que, en cuanto al fondo de la acción constitucional impetrada, es dable consignar que conforme a lo prescrito en el artículo 362 del Código Laboral, las recurridas dictaron con fecha 31 de julio de 2019, la Resolución Exenta N° 173, que califica y determina las Empresas o Corporaciones cuyos Trabajadores no pueden ejercer el Derecho a Huelga. En lo que importa a la situación de marras, el considerando 10° de la antedicha resolución expone que dentro de plazo legal se recibieron 91 solicitudes, entre otras, de Diálisis Colina S.A. Luego, el motivo 14°, señala haberse recibido dentro del plazo legal la oposición de los sindicatos allí señalados, esto es, de Diálisis Colina S.A. Luego, el resuelvo primero de la misma Resolución Exenta, estima acoger la solicitud entre otras, de Diálisis Colina S.A. como empresa cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga por el plazo de dos años.

Décimo: Que, con posterioridad, con fecha 3 de octubre de 2019, las recurridas dictaron la Resolución Exenta N° 269, que rectificó la señalada en el motivo precedente, entre otros puntos, haciendo referencia en los considerandos 6, 7, y 8, a la situación de haberse recibido, con fecha 4 de julio de 2019 la manifestación de Diálisis Colina S.A. de no ser calificada en tal calidad, y que “por un error de copia esa voluntad no quedó reflejada en la resolución de término del procedimiento” (sic), plasmándose en el resuelvo segundo, la decisión de excluir del referido listado a la empresa Diálisis Colina S.A.

Aún más, la autoridad administrativa, con su proceder, intervino expresamente en un juicio vigente, desde que alteró una situación de hecho vigente, que estaba sometida a decisión de la judicatura (reclamo artículo 402 del Código del Trabajo), afectando gravemente la igualdad ante la ley, respecto de una de las partes (recurrente de autos), ya que en definitiva significó que quien reclamó de la Resolución 173, resultó ganancioso con la dictación de la Resolución 269 (por una vía inidónea), que implicó se desistiera de su reclamo, perjudicando abiertamente a la contraparte, causando un desequilibrio de tal envergadura, que cambió radicalmente el statu quo vigente.

Undécimo: Que, así las cosas, esta Corte es del parecer que en la especie se verifica una vulneración a la garantía Constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas la igualdad ante la Ley, garantía que, en lo medular, asegura que no se pueden establecer diferencias arbitrarias o carentes de razonabilidad.

En efecto, el error de copia o referencia al que hacen alusión las recurridas en la resolución objeto de esta acción, en realidad lo que hace es omitir un pronunciamiento formal respecto de la solicitud formulada en su oportunidad por la protegida. Se aprecia que el error en la Resolución Exenta N° 173, se da en el hecho de consignar erróneamente que la solicitud fue formulada por la empleadora, y la oposición por el sindicato, cuando la realidad es que la solicitud nació de ésta última y la oposición de la primera, la que plasmó en la presentación de 4 de julio de 2019, a la que hace alusión la referida Resolución Exenta.

Duodécimo: Que, al obrar así las recurridas, estás han establecido una diferencia arbitraria, toda vez que al estimar únicamente la presentación realizada por la empresa, han vedado el derecho que tienen las solicitantes e interesadas en el respectivo procedimiento administrativo, de obtener un pronunciamiento formal por parte de la autoridad, toda vez que la facultad contenida en el artículo 62 de la Ley N° 19.880, ejercida por la autoridad administrativa en la Resolución Exenta N° 269, está concebida para corregir meros errores de transcripción, de referencia, guarismos, o aclarar pasajes oscuros de un acto administrativo dictado por la autoridad, pero en ningún caso dicha facultad puede ser ejercida para resolver una situación planteada por los administrados, omitiendo derechamente un pronunciamiento formal por parte de la autoridad. Más aún, la rectificación, jamás puede modificar la decisión que se está rectificando, como ocurre en la especie, ya que se está alterando sustancialmente su contenido, lo que se aleja absolutamente del alcance y sentido de una simple rectificación de hecho.

Tolerar dicha situación, importaría silenciar al Sindicato recurrente, que, en tiempo y forma, planteó ante la Autoridad pertinente la respectiva solicitud, la que, en mérito de la Resolución dictada con posterioridad, los deja sin un pronunciamiento expreso. Además, quedan en desigualdad para haber reclamado de la misma, en la forma que la ley prevé, pues se consolidó en un procedimiento especial e ilegítimo, que coarta el ejercicio de un derecho recursivo.

Décimo tercero: Que, en cuanto a la alegación de que la solicitud intentada por el Sindicato recurrente no reúne los requisitos contemplados en el artículo 362 del Código Laboral, esgrimida tanto por las recurridas como por la empresa Diálisis Colina S.A., dicho pronunciamiento no ha sido emitido formalmente en el marco del procedimiento administrativo seguido a fin de obtener la calificación y determinación de las empresas o corporaciones cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, sino que han sido argumentos entregados recién, a propósito de este recurso de protección, fundamentos que deben plasmarse en el marco de la tramitación del respectivo procedimiento administrativo y no al margen del mismo.

Décimo cuarto: Que, en cuanto a la vulneración al artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, denunciado igualmente como vulnerado por la recurrente, no se aprecia que exista un atentado a la garantía denunciada como conculcada por parte de las recurridas. En efecto, se dice por la recurrente que hay afectación al derecho de negociación colectiva, que se basa en el hecho que no se permitió al sindicato ejercer su propio programa de acción, cuestión que significa una intromisión ilegítima de la autoridad.

En esta garantía, solo está cubierta por la acción cautelar, la libertad de trabajo, el derecho a la libre elección del mismo, a la libre contratación e inciso 4° del N°16, sin incluir la negociación colectiva, por lo que no tiene amparo constitucional. Y, en todo caso, no se aprecia cómo podría la Resolución impugnada amagar el derecho a negociar colectivamente.

Décimo quinto: Que, para sostener lo razonado en los acápites anteriores se tiene presente los siguientes antecedentes acompañados consistentes en: a) Ingreso de la reclamación laboral realizada por Diálisis Colina S.A. en los autos rol N° 2472-2019 de esta Corte; b) Escrito haciéndose parte de fecha 26 de octubre de 2019 del Sindicato empresa Diálisis Colina S.A. en los autor rol N° 2472-2019 de esta Corte; c) Resolución Exenta N° 269 de fecha 3 de octubre de 2019 suscrita conjuntamente por los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, del Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional.

Además, se ha tenido a la vista el expediente de la causa ingreso Laboral N° 2472-2019 de esta Corte, y en particular, el informe evacuado por las reclamadas de fecha 13 de noviembre de 2019 y la Resolución Exenta N° 173 de 31 de julio de 2019 acompañada conjuntamente con dicho informe.

Los demás antecedentes rendidos y no pormenorizados en nada alteran las conclusiones a las que arriba esta Corte.

Décimo Sexto: Que, estimándose en consecuencia, que el actuar de las recurridas resulta ilegal y arbitrario, al vulnerar la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental respecto de la recurrente, el recurso de protección será acogido, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en su calidad de presidenta del Sindicato de Trabajadores de Empresa Diálisis Colina S.A en contra de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, representado legalmente por nombre reservado; de Defensa Nacional, representado legalmente por nombre reservado; y del Trabajo y Previsión Social, representado legalmente por nombre reservado, y todos ellos por el Consejo de Defensa del Estado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 269 de fecha 3 de octubre de 2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, debiendo las recurridas dictar un nuevo acto administrativo que se haga cargo de forma adecuada y conforme a Derecho, de las alegaciones formuladas por la recurrente y la empleadora, Diálisis Colina S.A., que debe ser notificado legalmente a las partes interesadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nº 182429-2019 (Protección)

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada, además, por las ministras señora Elsa Barrientos Guerrero y señora Inelie Durán Madina.