nombre reservado con MINISTERIO PUBLICO

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Santiago, veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Vistos:

Primero: Que a fs. 6 doña nombre reservado, soltera, funcionaria pública, en su calidad de Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público de Chile, con domicilio en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Ministerio Público, representado por el Sr. Fiscal Nacional don Sabas Chahuan Sarrás, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por no considerar como trabajado el tiempo de postnatal parental para efectos de determinar la base de cálculo de Bono de Gestión del año 2014, pagado en virtud del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Institucional correspondientes al año en curso, acción que vulnera el artículo 19, números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare la arbitrariedad e ilegalidad del acto descrito, mediante el que se adoptó la decisión de reducir la base de cálculo utilizada para determinar los montos que por concepto de bonos de gestión institucional y de desempeño individual, les correspondía percibir de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 18 de la ley N° 20.240.

Sostiene la recurrente que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 18 de la ley N° 20.240, sobre el Sistema de Incentivos al Desempeño de los Fiscales y de los Funcionarios del Ministerio Público, los funcionarios que hayan prestado servicios durante un plazo no inferior a seis meses en el año calendario reciben los beneficios señalados, en tanto que la ley N° 20.545, modificó las normas sobre protección a la maternidad incorporando el permiso postnatal parental, consagrando el derecho de las funcionarias que hagan uso del mismo a no ser discriminada e impide el ejercicio por parte de los empleadores de cualquier práctica arbitraria o abusiva que tenga por objeto dificultarlo o hacerlo imposible, normativa que le es aplicable al Ministerio Público.

Agrega que el Ministerio Público estableció el Reglamento de bonos para los fiscales y funcionarios de la institución, el que no ha sido adecuado a los textos legales que han entrado en vigencia con posterioridad a la dictación de la ley 20.240.

En consecuencia sus asociadas al verificar sus liquidaciones de remuneraciones tomaron conocimiento que ellas experimentaron detrimentos económicos, el que no afectó a sus compañeras de trabajo que no hicieron uso de tal permiso postnatal, descuentos que son una acción arbitraria y discriminatoria, puesto que no se condicen con la ley 20.545, texto legal de igual rango jerárquico que la ley 20.040, hecho que fue posible por aplicación del reglamento antes indicado, el que ha quedado obsoleto.

La Asociación Nacional, con el propósito de colaborar en la solución del conflicto producido, requirió al señor Fiscal Nacional información sobre la base de cálculo, solicitándole un ajuste de la misma, recibiendo una respuesta negativa del director ejecutivo de la institución, por lo que al no acomodarse la normativa a los textos legales vigentes se configura una omisión, ya que el Fiscal Nacional está en la obligación legal y constitucional de actualizar la normativa reglamentaria que ha dictado, por el carácter discriminatoria que ella tiene. Este actuar vulnera el derecho de igualdad consagrado en el artículo 19 N° 2° de la Constitución Política, pues en forma arbitraria no se reconocen en favor de las recurrentes las disposiciones de la ley 20.545, para lo cual se toma por base una normativa derogada tácitamente y en un reglamento que no se corresponde con la entidad jerárquica de dicho texto legal. Se vulnera también el derecho que consagra el numeral 24 del mismo texto constitucional, que garantiza el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Solicita que se acoja el recurso y se declare que el Ministerio Público ha incurrido en una acción y/o omisión ilegal y/o arbitraria, disponiéndose el restablecimiento del derecho y de las garantías conculcadas.

Segundo: Que a fs. 24 evacua informe el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público quien solicitó el rechazo del recurso por no existir actuación arbitraria o ilegal de su parte, puesto que lo que se impugna son actuaciones hechas en estricto cumplimiento de la ley.

Manifiesta que en conformidad a la ley 20.040 existen dos tipos de bonos, siendo el de mayor entidad el que corresponde a la Gestión Institucional, que se determina según el grado de cumplimiento de las metas institucionales que año a año debe acordar el Fiscal Nacional con el Ministro de Hacienda. Por su parte, el bono de Desempeño Individual se descompone en un porcentaje fijo que se recibe mes a mes y un porcentaje variable, determinado en relación a la evaluación individual de fiscales o funcionarios.

El artículo 2° de esta ley señala que el bono de gestión institucional puede alcanzar hasta un 10.7% según el grado de cumplimiento de los compromisos de gestión, que se paga en una sola cuota al mes de marzo del año siguiente, estableciendo su inciso segundo que este bono se determinará aplicando los porcentajes señalados sobre el total de la remuneración bruta anual de carácter permanente correspondiente a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, percibidas durante el año inmediatamente anterior a su pago. En cuanto al bono por desempeño individual establece el artículo 18 que éste se determinará aplicando el porcentaje señalado en el artículo 16, sobre el total de la remuneración bruta anual de carácter permanente correspondiente a los funcionarios, percibidas durante el año inmediatamente anterior a su pago.

Agrega que la ley 20.545 que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental, introduce modificaciones al Código del Trabajo incorporando el artículo 197 bis, que establece que las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de 12 semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195. También se sustituyó el artículo 198 del mismo código, que en su nuevo texto señala que la mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad a que se refiere el artículo 195, de descansos suplementarios y de plazo ampliado señalados en el artículo 196, como también los trabajadores que hagan uso del permiso postnatal parental, recibirán un subsidio calculado conforme lo dispuesto en el D.F.L. 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1978 y en el artículo 197 bis. Por otra parte, el artículo sexto de la ley 20.045 señala que las y los funcionarios del sector público a que se refiere el inciso primero del artículo 194 del Código del Trabajo tendrán derecho al permiso postnatal parental y al subsidio que éste origine en los mismos términos del artículo 197 bis del mismo código, aplicándosele a este subsidio las normas correspondientes al D.F.L. 44 antes referido; agrega esta norma que a este permiso no le será aplicable el artículo 153 del D.F.L. N° 1 del Ministerio de Salud de 2006, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 27 63 de 1979 y de las leyes 18933 y 18.469, textos legales que establecen el derecho de los trabajadores del sector público a percibir el total de sus remuneraciones cuando hacen uso de licencias médicas o permiso postnatal, a diferencia de los trabajadores del sector privado que tienen derecho a los subsidios del D.F.L. 44. Por lo tanto, los funcionarios del sector público cuando hacen uso del permiso postnatal parental, perciben subsidios determinados conforme este último texto legal y no tienen derecho a percibir sus remuneraciones.

Como consecuencia de todo lo dicho, sostiene el recurrido que sólo cabe una forma de determinar los montos de los bonos a que tuvieron derecho los funcionarios que hicieron uso de permiso postnatal parental durante el año 2012, esto es, aplicando los porcentajes que corresponden sobre el total de la remuneración bruta anual de carácter permanente percibidas durante el año inmediatamente anterior, no siendo procedente considerar el tiempo que hicieron uso de permiso postnatal parental durante el cual no percibieron remuneraciones, lo que significó que tuvieran bonos parcialmente menores.

Estima que no resulta posible reprocharle que no haya adecuado el reglamento de bonos a esta ley, no existiendo una omisión de su parte toda vez que el cálculo de los bonos queda determinado por la ley, cuyo texto no puede contravenir en virtud del principio de legalidad a que está sujeto, no habiendo en su decisión nada de ilegal o caprichoso por lo que el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que como queda de manifiesto, lo planteado en el recurso dice relación con la interpretación y alcance que debe darse a la normativa que se invoca y con el deber del Ministerio Público de actuar en consonancia con ella.

Quinto: Que del análisis de los textos legales en cuestión, no existe una infracción legal, sino, por el contrario, un estricto apego a los mismos, que constituye, en definitiva, la falta que se imputa por el recurso. La interpretación extensiva que se requiere de la recurrida, aún cuando pudiera estimarse deseable, no puede llegar a convertirse en una omisión de su parte que importe un reproche de ilegalidad o arbitrariedad.

Sexto: Que, tampoco se trata de derechos indubitados que se hayan conculcado, afectándose así garantías constitucionales, generándose un estado de cosas que requiera una intervención pronta, que constituyen los supuestos esenciales de la acción intentada.

Séptimo: Que por lo razonado se procederá al rechazo del recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fs. 6.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la abogado integrante sra. Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N° 18.221-2014 Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Gloria Solís Romero e integrada, además, por el Ministro (S) señor Humberto Provoste Bachmann y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintiséis de mayo de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.