nombre reservado con FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO JEAN GUSTAVE COURCELLE-SENEUIL, CIENTÍFICA Y CULTURAL

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron por el recurso, el abogado don Epiro San Martín Basualto; y contra el mismo, la abogado doña María Luisa Guzmán, ambos por 15 minutos. Santiago, 5 de agosto de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veinte.

Proveyendo a los escritos folios 16 y 17: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, por sí y a nombre de don nombre reservado, ingeniero comercial y de la empresa en la cual trabajo Felices y Forrados Spa, quien deduce recurso de protección en contra de la Fundación para el progreso, representada por su Gerente General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 3, 4 y 21 de la Constitución Política.

Pide que la recurrida elimine de su canal de YouTube y del resto de sus redes sociales o plataformas digitales el video de la charla de don nombre reservado denominada “Reforma a las pensiones en Chile”, como asimismo todos los comentarios que se hicieron a propósito de ella, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que la recurrida es una institución que promueve ideas de libertad económica y en virtud de ello tiene una canal en YouTube y en plataformas sociales donde publica charlas de distintas personalidades.

Precisa que, el 25 de enero de 2020 la recurrida subió un video a su canal de YouTube, que consistía en una charla del presidente de la asociación de AFP don nombre reservado quien, entre los minutos 23:00 a 27:30 de su charla, procede a realizar a lo menos 3 afirmaciones absolutamente agraviantes tanto para nombre reservado, dueño y fundador de “Felices y Forrados” ,como para la empresa para la cual trabaja “Felices y Forrados Spa”, al indicar que: “la empresa Felices y Forrados no puede ser fiscalizada por los organismos pertinentes porque su dueño amenaza a Ministros de Estado y a Superintendencias”. “hay una querella contra nombre reservado y que todos pueden verla”. “nombre reservado es socio de nombre reservado”.

Rechaza categóricamente estas afirmaciones por cuanto parece impensable que un emprendimiento familiar tenga tanto poder para amenazar a altas autoridades de la República sin recibir sanción o sin que se abriera siquiera un proceso penal o disciplinario en su contra.

Expone que, de alguna forma estos dichos también lo enlodan, ya que ostenta el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de esta empresa, y es altamente agraviante que una persona diga que es una sociedad que usa prácticas como amenazar autoridades y que incluso hay una querella contra el dueño de la misma.

Sostiene que es falsa la afirmación de la existencia de una querella contra nombre reservado y explica que nombre reservado no es socio, sino que solo prestó asesoría comunicacional a través de una empresa a Felices y Forrados entre junio de 2012 y agosto de 2014 y de forma muy baja el señor nombre reservado señaló que dicha calidad de socio para crear esa atmósfera de desprestigio en que se está tratando de hacer aparecer su trabajo como un centro delictual, puntualizando que en agosto de 2014, Garay dejó de brindar asesorías comunicacionales a Felices y Forrados, es decir, dos años antes de que salieran a la luz pública su caso penal y que en el mismo proceso, jamás siquiera se citó a nombre reservado ni a Felices y Forrados.

Afirma que el video en YouTube cuenta con 5717 visualizaciones y cada día que siga publicado en los canales de redes sociales de la recurrida, se vuelven a vulnerar una y otra vez el derecho a la honra de nombre reservado, como de la empresa Felices y Forrados Reproduce partes de la charla a que hace alusión y expone que una cosa es la acción penal que eventualmente se ejercerá contra quien profirió las agraviantes declaraciones, pero otra cosa es poder bajar este video desde las redes sociales de la recurrida que de forma permanente conculca su derecho al honor y que causa un perjuicio enorme y que eventualmente le puede hacer perder su fuente de trabajo, ya que nadie querrá contratar la asesoría de la empresa si se le califica como un organismo con prácticas delictivas y mafiosas de forma permanente.

Estima que, la actuación de la recurrida transgrede el derecho a la honra, ya que se exhibe de forma permanente en sus redes sociales, un video en donde se los menoscaba señalando que amenazan a autoridades, imputando el delito de amenazas, señalando que existe una querella contra el dueño de felices y Forrados e intentando señalar que es socio de “Felices y Forrados” nombre reservado pese a que todos saben que fue condenado por estafa, en circunstancias que prestó asesorías, pero jamás fue socio de ella.

Añade que se conculca el debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que al acusarlos del delito de amenaza sin que exista ninguna investigación en su contra, se convierte en una comisión especial de facto que los juzga por el delito de amenazas, vulnerando, además, el derecho a defensa porque no tienen como controvertir lo expuesto.

Finalmente, se violenta el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, ya que Felices y Forrados es una sociedad que cumple con la normativa que las rige. Sin embargo, al haber subido un video a sus redes sociales absolutamente agraviante, la recurrida conculca este derecho vulnerando la libertad económica que ella tanto dice defender, ya que nadie va a querer contratar los servicios de una empresa que se imputan prácticas mafiosas o delincuenciales.

Adicionalmente, además, de ilegalidad en el actuar de la recurrida, también existe “arbitrariedad”, por cuanto, la actuación carece de todo sentido lógico.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Pendrive que contiene el video de la charla subida el 25 de enero de 2020 al canal de YouTube de la recurrida; 2. Copia de escritura de “Modificación de Sociedad Felices y Forrados SpA” de 10 de octubre de 2019 en donde aparecen los socios de dicha Sociedad.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña María Luisa Guzmán, abogado, en representación de Fundación para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil Científica y Cultural, quien pide que el recurso sea rechazado íntegramente, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que la Fundación, es un centro de estudios independiente y sin fines de lucro, formado por profesionales, jóvenes, líderes de opinión, académicos e intelectuales públicos en Chile y con el objeto de difundir ideas, reconocer la libertad de opinión y promover un pensamiento crítico, es que organiza charlas y debates, publica libros y revistas, desarrolla conversatorios y diversas actividades culturales y de formación, entre otros.

Expone que, durante enero del presente año, la Fundación organizó un ciclo de 5 sesiones para abordar temas discutidos y polémicos suscitados en el último tiempo en Chile, las que contaron con la participación de diversos invitados quienes expusieron sobre los temas a tratar, contando con la participación de los abogados Marcelo Montero y Ramiro Mendoza con nombre reservado y nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, entre otros.

Expone que todas estas conferencias eran de asistencia gratuita y abiertas al público general y fueron grabadas y subido luego el video de cada sesión al canal YouTube de la Fundación, reclamándose por la sesión denominada “Reforma a las pensiones en Chile”, que contó con la participación de don nombre reservado, presidente de la asociación de AFP.

Señala que, en la referida sesión, el señor nombre reservado concede la palabra al público y responde las preguntas que se le plantean, sin intermediarios ni diálogos previamente estructurados y de lo indicado en el recurso se entiende claramente que la actuación que habría vulnerado a los recurrentes, corresponde a las frases de nombre reservado en su charla del 21 de enero de 2020 y no a una acción de la Fundación ni de ninguno de sus representantes o trabajadores, ya que el Sr. nombre reservado fue solo invitado a exponer sobre el sistema de pensiones.

Resalta que la Corte Suprema, ha señalado en la causa rol 1961-2003 que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso.

Explica que, la Fundación en el cumplimiento de su objeto de difusión de ideas, invita a distintos expositores especialistas en temas contingentes, como el caso del Sr. nombre reservado en materia de pensiones y en estas conferencias, los asistentes plantean sus inquietudes, sin intervención alguna de personal de la Fundación, y el expositor responde las consultas planteadas, sin censura previa de quienes participan, por lo que la recurrida no ha podido cometer acto ilegal o arbitrario alguno al invitar a un expositor especializado para exponer sobre un tema contingente de interés para la ciudadanía y luego publicar la referida exposición en sus redes sociales.

Respecto a la afectación de los derechos que invoca el recurso, no corresponde que se refieran al contenido de las expresiones emitidas por el señor nombre reservado, puesto que es un tercero independiente a la recurrida.

En cuanto al derecho a la honra, señala que, la conferencia se origina en el contexto de una serie de charlas sobre hechos de evidente relevancia pública y la jurisprudencia ha señalado que “debe primar la libertad de información del medio de comunicación social recurrido por sobre la eventual afectación del derecho al honor (…) en atención al derecho que se reconoce a la ciudadanía a conocer aquellos hechos y conductas de relevancia pública debido a la importancia o trascendencia general que ellos presentan en sí.” (Corte Suprema Rol Nº 31.815 – 2019).

Expone que, si hubiera alguna afectación a la honra del recurrente, la recurrida la acción no debió haber sido dirigida en su contra, ya que el eventual agravio provino de las declaraciones de una persona que no forma parte de la Fundación.

Resalta que, la publicación de las charlas constituye el legítimo ejercicio del derecho de libertad de opinión sin censura previa consagrado en el art. 19 Nº12 de la Constitución y en la Ley 19.733.

En relación con el debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, yerra la recurrente en hacer referencia a esta garantía que se refiere al ejercicio de los derechos ante la autoridad en procedimientos judiciales o administrativos que culminan con una resolución de efectos obligatorios. En este caso, se trata de una conferencia y conversatorio en el cual se da un libre debate de ideas sin efectos jurídicos obligatorios que afecten el ejercicio de algún derecho. De hecho, entre los comentarios que se han hecho en el mismo sitio digital en que fue publicado el video por la Fundación, existe uno del señor nombre reservado y otro de nombre reservado, quienes rebaten lo comentado en el conversatorio sobre la empresa Felices y Forrados al respecto.

Destaca que el actor indica que eventualmente ejercerá una acción penal contra quien profirió las agraviantes declaraciones, reconociendo que el agravio no provino de la Fundación.

En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, precisa que el sentido de la norma es muy diverso al que plantea el recurrente y que la publicación de una conferencia sobre el sistema de pensiones no tiene la finalidad ni la aptitud de vulnerar la libre iniciativa privada.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, para una acertada resolución del presente arbitrio, se debe establecer que en este caso se encuentran en tensión, por una parte, los derechos fundamentales que el recurrente estima conculcados a su respecto, y por la otra, la libertad de expresión que reclaman los recurridos, sin perjuicio de las alegaciones de falta de ilegalidad o arbitrariedad en los actos reclamados.

Séptimo: Que, en este escenario, se debe determinar cuál de aquellos derechos ha sido violentado en su esencia, para luego, establecer cuál garantía prevalecerá respecto de la o las otras y así, asignar el amparo correspondiente.

Octavo: Que, para comenzar el análisis de la presente acción, conviene precisar que el derecho a la honra debe ser entendido en sentido objetivo y por ello, ha de establecerse como la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que goza una persona en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general. Como se comprende, la honra se halla íntima e indisolublemente unida a la dignidad de las personas y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por eso, es acertado también calificarla de un elemento del patrimonio moral del sujeto, de un derecho suyo de índole personalísima (V. nombre reservado, nombre reservado, Derecho Constitucional Chileno, T. II, 2° edición, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2012. p. 201).

Noveno: Que, el respeto a la honra de la persona que asegura la Carta Fundamental es sinónimo de derecho al respeto y protección del “buen nombre”, de una persona, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana reconocida y consagrada en el artículo 1° del texto constitucional.

Por su parte, la conculcación denunciada por el actor, en relación con el derecho a la vida, en su dimensión de integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y la libertad religiosa, se fundamentan en los mismos hechos y alegaciones en que se hizo consistir el respeto a la honra, agregando, como componente adicional, la lesión explícita a las garantías que reclama vulneradas.

Décimo: Que, por su parte, la doctrina explica que la libertad de expresión como principio y concepto genérico, quedan incluidas las libertades de emitir opinión y de informar. Esa libertad es básica y definitoria de un Estado de Derecho que, se desenvuelve en democracia. Pluralismo, transparencia y opinión pública, informada y alerta o evaluativa, son valores asociados a su disfrute real. Obviamente, de ambas libertades deben gozar siempre los medios de comunicación social y quienes trabajan en ellos, pero dejando nítido que nunca son ellos los titulares únicos del derecho.

La información es el caudal de conocimientos y pensamientos que incluyen tanto la narración objetiva de los hechos, como las imágenes, descripciones, signos símbolos, caricaturas, estadísticas, relatos y comentarios, sean subjetivos o no. En el proceso de comunicación social, la información cubre los denominados mensajes, los cuales se llaman noticias cuando se refieren a hechos de la actualidad, nacional o extranjera. La información es, sin duda, el supuesto o base de las opiniones, porque estas requieren la libre difusión de mensajes, como materia prima, para llegar a ser emitidas. Sin información previa, libremente emitida y recibida así, resulta inconcebible la posibilidad de formar opiniones.

En ocasiones, la información incluye comentarios subjetivos, es decir, una opinión sobre los hechos objetivos. No se trata, entonces, de un relato puro de los acontecimientos, porque el periodista o el medio de comunicación han introducido juicios o evaluaciones, a veces, imperceptibles por el receptor de tales mensajes. Sobre el particular no hay libertad de expresión allí donde solo se autoriza o se puede informar respecto de hechos objetivos, prohibiendo comentarlos, salvo que sea para aplaudirlos. Cuando así ocurre, se está ya en el camino de la censura. Aunque la línea que separa las opiniones de las informaciones suele ser tenue, ello no significa que pueda ser aceptada la tesis que mutila la expresión de juicios u opiniones, sin censura, aunque vayan entrelazados o inmersos en relatos descriptivos de noticias o mensajes (V. nombre reservado, nombre reservado, ob. cit. p. 386).

Undécimo: Que, asentados los conceptos previamente descritos, a juicio de esta Corte la afectación de la garantía de la honra no puede ser objeto de tutela por medio de la presente acción. En primer término, por cuanto los dichos que se estiman vulneradores de dicha garantía fueron expresados por un tercero que no es parte de la presente acción, desde que emanaron de don nombre reservado, quien no forma parte de la composición societaria de la recurrida y sólo tuvo una participación de una charla realizada, a propósito del sistema de pensiones en Chile.

Las expresiones que se estiman vulneradoras del derecho a la honra, sería que habrían amenazas del representante de la recurrente en contra de ministros; la existencia de una querella en su contra y la calidad de socio de nombre reservado.

En primer término, la mera afirmación de una amenaza no es constitutiva, per se, del delito de amenazas regulados en los artículos 296 a 298 del Código Penal, ya que el bien jurídico protegido es la seguridad individual del amenazado como presupuesto de la libertad y, eventualmente, contra la libertad de actuación, si las amenazas producen efecto en su voluntad. Una afirmación como la dada por el conferencista no explica en qué consistirían las referidas amenazas y la forma en que atentó contra la libertad de determinada persona. En consecuencia, las expresiones impugnadas son una mera afirmación que no tiene la entidad de conculcar el derecho a la honra pretendido.

Tampoco lo tiene el hecho de señalar que una persona tiene una querella, por cuanto dicha afirmación no es sinónimo de la imputación de un delito determinado, sino que el ejercicio de una acción jurisdiccional.

Finalmente, el hecho de haberse vinculado a un sujeto condenado por un delito de estafa con la sociedad recurrente no constituye, per se, ningún ilícito que justifique la conculcación del derecho a la honra en los términos previstos por el constituyente, salvo una mera imputación de descrédito argumentativo.

En segundo lugar, tampoco puede haber afectación por cuanto dichos comentarios fueron realizados en el contexto de una consulta realizada por un asistente al evento mencionado, la que si bien pueden ser objeto de reproche e incluso, si así lo estima el recurrente, de una acción penal privada, lo cierto es que han sido manifestadas en el contexto de la libertad de expresión, sin censura previa y no tienen la entidad suficiente para estimar una lesión en el honor de los recurrentes, máxime cuando se tratan de personas públicas, expuestas, constantemente al escrutinio y apreciación y crítica social, lo que les impone tener que soportar cargas diversas a las del ciudadano común, precisamente, por la vida pública que llevan.

Proceder de la forma pretendida por el actor, dejaría a la sociedad, prácticamente, sin información disponible, toda vez que siempre en temas tan controversiales como el de las AFP y el sistema de previsión chileno, existen diferencias palmarias entre los diversos actores sociales.

Por otra parte, es necesario precisar que el recurso adolece de una grave falencia y es que ha sido dirigido contra quien no emitió las declaraciones objetadas y, asimismo, los recurrentes pudieron haber ejercido el derecho de aclaración y rectificación contenido en el Título IV de la Ley N°19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, el que no utilizaron.

Duodécimo: Que, en cuanto a una supuesta afectación al debido proceso y a ser juzgado por una comisión especial, las mismas también serán desestimadas, desde que el debido proceso, en tanto garantía constitucional se encuentra ínsita en el inciso 6° del numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que, contrastado a la luz del catálogo expreso que contiene el artículo 20, no se encuentra reconocido como una de aquellas que se encuentra amparada por el manto de la protección.

En relación con el supuesto juzgamiento por comisiones especiales, se debe establecer que dicha garantía reconoce a toda persona el derecho a ser juzgado por un juez natural y prohíbe que todo órgano al que la ley no le haya conferido atribuciones jurisdiccionales, las pueda ejercer.

En este sentido, no se entiende cómo una simple expresión de un particular pueda ser calificada como un acto jurisdiccional. En este punto, el recurrente confunde el juicio u opinión de una persona, con un acto de jurisdicción, conceptos totalmente diversos, desde que el primero, en caso alguno podría conllevar a la satisfacción del interés subjetivo de los sujetos en conflicto.

Décimo tercero: Que, en relación con la supuesta afectación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, conviene precisar que dicha garantía permite, en principio que exista igualdad en la ejecución de las actividades empresariales.

Como bien lo expresa el profesor Cea, “la Constitución asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, en su sentido empresarial y que es amplio. Trátese, entonces de integrar recursos humanos, financieros y técnicos en la empresa” (Ob. cit., p. 526).

En consecuencia, los dichos impugnados por el conferencista no tienen la virtud de conculcar la garantía en estudio, máxime cuando el propio constituyente estableció las excepciones al desarrollo de esta garantía, miradas siempre desde el prisma de la actividad empresarial, esto es, no desarrollar actividades contrarias a la moral, la seguridad pública o nacional.

Décimo cuarto: Que, conforme lo razonado, la presente acción constitucional no puede prosperar, tanto por defectos de forma en su interposición, al dirigirse contra una persona que no ha desarrollado ninguna acción u omisión en los términos del artículo 20 de la Carta Fundamental; como también en el fondo, por cuanto los dichos impugnados no tienen la entidad suficiente para ser considerados como atentatorios de la garantía de la honra, ni mucho menos son procedentes en relación con las demás garantías denunciadas, que no fueron establecidas por el constituyente para la protección del fin pretendido.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por sí y a nombre de don nombre reservado y de la empresa Felices y Forrados Spa, en contra de la Fundación para el progreso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18.207-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Abogado Integrante señora Carolina Andrea Coppo Diez. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, cinco de agosto de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.